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Vanesa
Orieta, en la puerta del ex destacamento
de Lomas del Mirador, con Pablo Pimentel,
de la APDH-La Matanza
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Detuvieron a un oficial de la Bonaerense acusado de torturar al joven unos meses antes de su desaparición
Autoras/es: Emilio Ruchansky para Página/12
Por orden de un juez de La Matanza, detuvieron al oficial Julio
Diego Torales, señalado por Luciano Arruga como quien lo torturó cuatro
meses antes de que fuera detenido y desaparecido. Los fiscales lo acusan
de “severidades” en lugar de “torturas”.
El oficial de la Policía Bonaerense Julio Diego
Torales fue arrestado el lunes por la noche e indagado ayer por el
delito de “severidades y vejaciones” contra Luciano Arruga, desaparecido
cuatro meses después de las torturas a Luciano ocurridas el 22
septiembre de 2008. Torales es el primer detenido en el marco de las
distintas denuncias hechas por el caso Arruga y ante los fiscales negó
haber golpeado al joven, pero confirmó su presencia ese día en la
seccional de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. “Es un paso
importante porque fortalece la hipótesis de la desaparición por mano de
la policía al revelar los hostigamientos previos que sufría Arruga”,
explicó Paula Litvachky, abogada del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS). La detención se produjo once días después de que este y
otros organismos defensores de los derechos humanos reclamaran
públicamente avances en la investigación.
La hermana de Arruga, Vanesa Orieta, recordó a Torales “como el que
ponía la cara y entraba y salía de la cocina donde lo torturaban a
Luciano”. El sospechoso trabajaba hasta el lunes en la comisaría segunda
de Gregorio de Laferrère, donde fue detenido el lunes a la noche por
agentes de Asuntos Internos de la misma fuerza. Torales no está
mencionado entre los ocho policías, aún en actividad, que estarían
involucrados en la desaparición de Arruga, el 31 de enero de 2009. Su
detención fue ordenada por el juez de Garantías 5 de La Matanza, Gustavo
Banco, a pedido de los fiscales Carlos Arribas y Celia Cejas, por una
causa derivada del expediente principal caratulado como “averiguación de
paradero” de Arruga. Torales fue puesto ayer en disponibilidad
preventiva.
“Se llegó a investigar estas torturas extrayendo tres testimonios de la causa principal: el de la hermana y la madre de Luciano y la médica que atendió a Luciano en el policlínico de San Justo. Son testimonios que ya estaban hace cuatro años”, explicó Juan Manuel Combi, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que representa a la familia Arruga junto al CELS. Ayer declaró en calidad de testigo una agente en la seccional de Lomas del Mirador, agregó Combi. El 22 de septiembre de 2008, Arruga fue detenido “por averiguación de antecedentes”, por una denuncia de robo de celulares a tres jóvenes. “Eso de llevarse a alguien por averiguación de antecedentes es ilegal pero además Luciano tenía 16 años, es decir, era menor y la seccional no tenía celdas, eran sólo un hall, dos oficinas, un baño y una cocina, donde lo terminaron torturando”, aclaró el abogado de la APDH. Arruga, comentó Litvachky, estuvo siete horas privado ilegalmente de su libertad y la paliza fue tan grande “que casi no podía caminar al salir”.
Orieta, junto a su madre Mónica Alegre, asistió a esa seccional para pedir que lo liberen. “El que nos atendió fue Torales. Era un teniente primero que iba y venía a la cocina, o sea, que sabía y nos maltrató bastante. A cada rato escuchábamos los gritos de Luciano cuando se abría la puerta. Fue un momento desesperante porque no nos dejaban verlo”, relató a Página/12 la hermana de Arruga. El joven tenía un certificado de documento en trámite, por lo que los policías sabían que era menor y no podían retenerlo. “Deberían haberlo llevado al hall y llamar a la familia”, dijo Orieta.
En medio de la discusión con los policías, contó la hermana de Arruga, oyó gritar a Luciano: “¡Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos!”. En medio de toda la tensión, dijo Orieta, ella y su madre optaron por mantener la calma. “En la comisaría mandan ellos. Si hacés más escándalo puede que lo liberen pero también que le peguen más”, explicó la joven. A la salida, Luciano se negó a hacer la denuncia porque lo habían amenazado de muerte y Orieta lo convenció de ir hasta el policlínico de San Justo para que lo revisaran y tener alguna constancia de lo ocurrido. “Obviamente, no es lo mismo que una persona sea revisada por un médico legista que por un médico de guardia, que cura y sólo pone generalidades en la historia clínica”, observó Litvachky. Luego de la desaparición, ocurrida el 31 de enero de 2009, Orieta pidió hablar con la fiscal Roxana Castelli –quien tiene un jury de enjuiciamiento pedido por la querella por su labor en esta causa– para contarle éste entre otros hechos de hostigamiento de la policía hacia su hermano, pero no fue recibida. “La fiscal le mandó a presentar una denuncia por escrito, en la que constan esa detención y otras detenciones y la tortura”, recordó la abogada del CELS.
Esa mención escrita fue recogida luego por la fiscal Cejas, quien confirmó las lesiones con el centro médico. Hace cuatro meses, agregó Litvachky, el CELS y los familiares de Arruga se presentaron ante la fiscalía para pedir que avance al menos esta causa en particular porque había suficientes elementos de prueba. “A Torales se le imputa el delito de ‘severidades’ cuando en el mismo relato de la familia queda claro que se trató de torturas. Un delito más grave, que incluye la prisión preventiva y tiene penas de cumplimiento efectivo”, señaló la letrada.
El Código Penal establece para las “severidades y vejaciones” penas de uno a cinco de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena recibida. Por torturas las penas van de 8 a 25 años, como en casos de homicidios. “Además, si se encuadra en torturas, el solo hecho de presenciarlas y no impedirlas o denunciarlas se toma como comisión por omisión y el castigo se equipara con los previstos para la tortura”, explicó el abogado Combi.
Para Litvachky, el Ministerio Público Fiscal bonaerense y la cartera de Seguridad de esa provincia deberían acercar los registros del personal policial que trabajó en la seccional la noche de la golpiza, si es que tienen voluntad política para impulsar la investigación. “Sabemos que había más agentes ese día pero la planilla no sabemos si existe, por las irregularidades que ya notamos cuando investigamos la desaparición. Muchas planillas estaban fraguadas”, dijo la abogada. Según evaluó, esta detención en el marco de una causa más pequeña “puede mover información y revelar cosas propias del expediente principal”.
Torales se declaró inocente ayer y si no cambia su imputación, su defensa seguramente solicitará su libertad, ya que el delito que se le imputa es excarcelable. Combi no descartó que este acusado pueda tener relación con la desaparición posterior, aunque no figure entre los ocho uniformados denunciados. “Yo no creo que ignorara lo que pasaba, más allá de que haya participado o no. Sería bueno ahora que aporte más información a la causa principal”, dijo Orieta.
“Se llegó a investigar estas torturas extrayendo tres testimonios de la causa principal: el de la hermana y la madre de Luciano y la médica que atendió a Luciano en el policlínico de San Justo. Son testimonios que ya estaban hace cuatro años”, explicó Juan Manuel Combi, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que representa a la familia Arruga junto al CELS. Ayer declaró en calidad de testigo una agente en la seccional de Lomas del Mirador, agregó Combi. El 22 de septiembre de 2008, Arruga fue detenido “por averiguación de antecedentes”, por una denuncia de robo de celulares a tres jóvenes. “Eso de llevarse a alguien por averiguación de antecedentes es ilegal pero además Luciano tenía 16 años, es decir, era menor y la seccional no tenía celdas, eran sólo un hall, dos oficinas, un baño y una cocina, donde lo terminaron torturando”, aclaró el abogado de la APDH. Arruga, comentó Litvachky, estuvo siete horas privado ilegalmente de su libertad y la paliza fue tan grande “que casi no podía caminar al salir”.
Orieta, junto a su madre Mónica Alegre, asistió a esa seccional para pedir que lo liberen. “El que nos atendió fue Torales. Era un teniente primero que iba y venía a la cocina, o sea, que sabía y nos maltrató bastante. A cada rato escuchábamos los gritos de Luciano cuando se abría la puerta. Fue un momento desesperante porque no nos dejaban verlo”, relató a Página/12 la hermana de Arruga. El joven tenía un certificado de documento en trámite, por lo que los policías sabían que era menor y no podían retenerlo. “Deberían haberlo llevado al hall y llamar a la familia”, dijo Orieta.
En medio de la discusión con los policías, contó la hermana de Arruga, oyó gritar a Luciano: “¡Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos!”. En medio de toda la tensión, dijo Orieta, ella y su madre optaron por mantener la calma. “En la comisaría mandan ellos. Si hacés más escándalo puede que lo liberen pero también que le peguen más”, explicó la joven. A la salida, Luciano se negó a hacer la denuncia porque lo habían amenazado de muerte y Orieta lo convenció de ir hasta el policlínico de San Justo para que lo revisaran y tener alguna constancia de lo ocurrido. “Obviamente, no es lo mismo que una persona sea revisada por un médico legista que por un médico de guardia, que cura y sólo pone generalidades en la historia clínica”, observó Litvachky. Luego de la desaparición, ocurrida el 31 de enero de 2009, Orieta pidió hablar con la fiscal Roxana Castelli –quien tiene un jury de enjuiciamiento pedido por la querella por su labor en esta causa– para contarle éste entre otros hechos de hostigamiento de la policía hacia su hermano, pero no fue recibida. “La fiscal le mandó a presentar una denuncia por escrito, en la que constan esa detención y otras detenciones y la tortura”, recordó la abogada del CELS.
Esa mención escrita fue recogida luego por la fiscal Cejas, quien confirmó las lesiones con el centro médico. Hace cuatro meses, agregó Litvachky, el CELS y los familiares de Arruga se presentaron ante la fiscalía para pedir que avance al menos esta causa en particular porque había suficientes elementos de prueba. “A Torales se le imputa el delito de ‘severidades’ cuando en el mismo relato de la familia queda claro que se trató de torturas. Un delito más grave, que incluye la prisión preventiva y tiene penas de cumplimiento efectivo”, señaló la letrada.
El Código Penal establece para las “severidades y vejaciones” penas de uno a cinco de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena recibida. Por torturas las penas van de 8 a 25 años, como en casos de homicidios. “Además, si se encuadra en torturas, el solo hecho de presenciarlas y no impedirlas o denunciarlas se toma como comisión por omisión y el castigo se equipara con los previstos para la tortura”, explicó el abogado Combi.
Para Litvachky, el Ministerio Público Fiscal bonaerense y la cartera de Seguridad de esa provincia deberían acercar los registros del personal policial que trabajó en la seccional la noche de la golpiza, si es que tienen voluntad política para impulsar la investigación. “Sabemos que había más agentes ese día pero la planilla no sabemos si existe, por las irregularidades que ya notamos cuando investigamos la desaparición. Muchas planillas estaban fraguadas”, dijo la abogada. Según evaluó, esta detención en el marco de una causa más pequeña “puede mover información y revelar cosas propias del expediente principal”.
Torales se declaró inocente ayer y si no cambia su imputación, su defensa seguramente solicitará su libertad, ya que el delito que se le imputa es excarcelable. Combi no descartó que este acusado pueda tener relación con la desaparición posterior, aunque no figure entre los ocho uniformados denunciados. “Yo no creo que ignorara lo que pasaba, más allá de que haya participado o no. Sería bueno ahora que aporte más información a la causa principal”, dijo Orieta.
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