El uso progresista de la Gendarmería

Autoras/es: Esteban Rodríguez para Revista Crisis

(Fecha original del artículo: Enero 2013)

El despliegue aparatoso de las fuerzas de seguridad ya forma parte de nuestra vida cotidiana. El autor, que fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante 20 meses, sostiene que con el objetivo de disminuir la sensación de inseguridad el gobierno profundiza el control poblacional y la militarización. Para eso, utiliza una fuerza todo terreno que se despliega en cualquier circunstancia. El extraño comodín que, cuando se insubordina, nos recuerda su esencia.

En los últimos dos años el Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó gendarmes en distintos puntos del Conurbano bonaerense, la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Cruz, Chubut, en las líneas del ferrocarril Sarmiento y Mitre y en las rutas nacionales. La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) se convirtió así en el caballito (¿de batalla?) del gobierno nacional.


La intervención de la Gendarmería en las conflictividades sociales no es nueva, más bien se remonta a sus orígenes. Tampoco es cierto que su surgimiento haya tenido como objetivo la custodia de fronteras. La Gendarmería fue concebida especialmente para acabar con el bandidaje que estaba ganándose la devoción popular y echando raíces entre el campesinado de la región. Los golpes que los bandoleros Mate Cocido y Eusebio Zamacola, “ese vasco con ideas anarquistas”, le propinaban a las acopiadoras de cereales Bunge & Born y Dreyfus, allá por 1935 en la provincia del Chaco, fueron el detonante para que el presidente Justo enviara al Congreso el proyecto de creación de la GNA. El antecedente de esta fuerza fue la Gendarmería Volante, un cuerpo armado costeado por la compañía La Forestal para reprimir la huelga de los trabajadores en sus feudos en 1921.

Durante los ´90, cumplió un papel protagónico en la represión del conflicto, especialmente en regiones como Cutral-Có, Tartagal, Mosconi y Corrientes. Las gestiones de Menem y la Alianza la utilizaron como rueda de auxilio para gobiernos provinciales que debían medirse con protestas que excedían sus capacidades de persuasión y control. Cuando las movilizaciones se volvían disruptivas, las provincias solicitaban “refuerzos” al poder central. Desde entonces, la Gendarmería se convirtió en una fuerza ambulante de despliegue con capacidad para intervenir rápidamente en cualquier momento de “peligro”, sobre todo cuando la protesta amenazaba con desmadrarse y ponía en crisis la “gobernabilidad”.

Al mismo tiempo, por tratarse de una fuerza de seguridad con inscripción territorial en casi todo el país, se le encargó el combate al tráfico de drogas, que empezaba a arraigarse en Argentina. Ante la ausencia de una agencia especializada para perseguir las distintas expresiones del delito complejo y su vinculación con las economías informales y formales, el evidente crecimiento del narcotráfico se carga a la cuenta de la “falta de preparación” de la Gendarmería.

La novedad introducida por la gestión Garré en Seguridad consiste en otorgarle a la Gendarmería la función de prevenir el delito. Y prevenir implica dos cosas: vigilar la pobreza y, sobre todo, controlar a los jóvenes de los barrios marginales.

Control poblacional

El punto de partida fue el Operativo Centinela en la provincia de Buenos Aires. De allí pasaría a la CABA, y meses más tarde sería emplazada en el Gran Rosario. El telón de fondo implícito que justifica el despliegue es la corrupción en la Policía Federal Argentina (PFA) y la desconfianza de la población a las policías locales. En el caso de la Bonaerense la suspicacia alcanza al funcionariado nacional, que posee razones suficientes para desconfiar de la capacidad del gobernador Scioli para mantenerlos en caja, sobre todo en aquellos territorios donde la violencia que orbita en el delito organizado se viene multiplicando, agitando otras conflictividades sociales. En tiempos electorales la Bonaerense puede convertirse en el peor aguafiestas, un mono con navaja bien entrenado y letal. Tras el asesinato del militante Mariano Ferreyra, y a pocos días de la represión conjunta entre la PFA y la Policía Metropolitana contra los ocupantes del Parque Indoamericano, la ministra de Seguridad Nilda Garré firmó con la provincia un acta complementaria al Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica suscrito en su momento por el Ministro de Seguridad bonaerense Ricardo Casal y el entonces Secretario de Seguridad Interior de Nación, Héctor Masquelet, una normativa que no se condice con el paradigma de la seguridad democrática que pretende enmarcar su gestión. Entre sus objetivos se consigna el “fortalecimiento de las tareas de prevención de los delitos por medio de la presencia disuasiva”, “la intensificación de operativos públicos de control vehicular y poblacional”, “la multiplicidad de allanamientos simultáneos así como la materialización de operativos cerrojos o de saturación en zonas específicas.”

Las zonas elegidas para emplazar a la GNA fueron villas miserias, asentamientos y barrios monoblock como Fuerte Apache (Ciudadela), La Cava (San Isidro), José León Suárez (San Martín) o Don Orione (Almirante Brown). El objetivo es hacer control poblacional. No se trata de perseguir el delito sino de prevenirlo situacionalmente a través de la saturación o presencia permanente. Y prevenir significa poner el ojo en aquellas conductas incivilizadas que si bien no constituyen delito crean, supuestamente, las condiciones para que tenga lugar. Los colectivos juveniles de los barrios pobres referenciados como productores de miedo juegan en este esquema, previsiblemente, un papel destacado. El objeto de control son las “paradas” de los jóvenes en el espacio público, pero también su “desplazamiento” hacia las zonas comerciales.

A diferencia de la Policía Bonaerense que no patrulla las villas o asentamientos porque negocia no entrar –si lo hace, nunca bajan del móvil, salvo que necesiten “reventar” a alguien–, la Gendarmería ingresa discrecionalmente para correr de lugar a los pibes que estaban “haciendo esquina”. No dialoga, no le da cabida a que los jóvenes puedan “explicarse”, preguntar, objetar o discutir. Cualquier palabra, cualquier “berretín”, merece un “correctivo” que repone la relación desigual y jerárquica entre ellos. Las denuncias de los jóvenes de distintos barrios parecen calcadas. “Cuando vienen las tortugas ninjas tenemos que mover sin chistar”. “A las aceitunas negras no les gusta que les digas nada. Y si decís o preguntas algo, enseguida te fajan”. “Le dicen al resto de los pibes que se vayan corriendo y vos te quedás solito con ellos y te dan una paliza ahí mismo”.

Los testimonios marcan una tercera característica que advierten los agredidos: “La Gendarmería te pega en el lugar, no te lleva a ningún otro lado”. Para los jóvenes, es una ventaja porque cuando la Policía los detiene y pasea en patrullero o traslada a la comisaría, nunca se sabe qué puede pasar: “Te pueden matar a palos o te pueden meter en un calabozo con pibes que te la tienen junada, o que no conocés pero la policía les dijo que te asusten un rato”. Una temporada en la comisaría casi nunca es gratis, porque allí se desatan los aprietes para extorsionarlos o los amenazan con “armarles una causa” si no aceptan trabajar en sus negocios.

Esto explica el consenso que despierta la GNA entre las generaciones mayores de aquellas comunidades donde prima la fragmentación social, es decir el deterioro de los consensos comunitarios que pautaban la vida de los diferentes actores. La estigmatización de los pibes (“vagos”, “drogadictos”, o “pibes chorros”) es una de las estrategias securitarias de muchos vecinos para imprimirle certidumbre al cotidiano. Una de las respuestas de los jóvenes es el bardeo, y el gesto de transformar el estigma en emblema. Los desencuentros se profundizan, el miedo crece, y la “presencia policial” deja de ser algo intolerable para volverse un reclamo vecinal. La gente de esos mismos barrios, dicen los intendentes, quieren más gendarmes. En Fuerte Apache, donde la Gendarmería interviene desde 2002, cada vez que se evaluó su retirada fueron recolectadas miles de firmas para clamar por su permanencia.

Otra práctica humillante que fuera denunciada por la revista ¿Todo Piola? (número 12, octubre-diciembre de 2011) es el corte de las viseras, que remite a las películas americanas cuando el ejército cortaba las trenzas de los indios que aprendía. Sabido es que a través del uso de ropa deportiva, que incluye la visera, los jóvenes imprimen un sentido al estar ahí, subrayan el tiempo muerto (el ocio forzado) con el que se miden diariamente. Los gendarmes vienen del interior y tienden a leer cada una de las situaciones que atraviesan desde sus propias idiosincrasias, lo cual sumado a la falta de voluntad para comprender los códigos de los jóvenes, su lenguaje y modismos, hace que toda interpelación sea escuchada como una falta de respeto. La fuerza es entonces la respuesta natural, legitimada ante las formas variadas de una interacción concebida como irrespetuosa. Un ingrediente más a tener en cuenta es la rotación. Ya sea porque el destacamento puede mudarse en cualquier momento, o porque el contingente que lo compone estará afectado al lugar sólo una temporada, los gendarmes están de paso. Eso explica la falta de compromiso y cierta voluntad de no entender, que los diferencia de la Bonaerense, pues incluso cuando hay policías que son desafectados de su repartición o jurisdicción, las redes permanecen y pasan a ser gestionadas por su reemplazante.

Ausencia de controles y dirección política

El Plan Cinturón Sur fue la aplicación del Centinela a la ciudad de Buenos Aires. La diferencia radica en la presencia de las Mesas Barriales de participación ciudadana, que recupera la experiencia de los Foros Vecinales de seguridad creados por la segunda gestión de León Arslanián en la provincia. Por primera vez aparecía el Estado nacional diciendo que la seguridad no era un problema exclusivo del gobierno de turno, que en una democracia había que convocar a la sociedad civil organizada para debatir y pensar colectivamente las conflictividades sociales con las que se medían diariamente los distintos actores urbanos. Se trataba de pensar la prevención desde la participación comunitaria.

En la Ciudad, donde también la GNA era solicitada por las organizaciones que representan a los vecinos, las Mesas operarían como un mecanismo de control informal externo de la actuación de los gendarmes. Es prematuro anticipar conclusiones, pero se ha podido constatar que los gendarmes tienden a comportarse de otra manera. Las denuncias que se escuchan en la provincia no se repiten en el sur de la ciudad, donde fue emplazada la GNA junto a la Prefectura Nacional.

Allí donde los gendarmes están más allá de cualquier control por parte de la sociedad civil, tampoco tienen que rendir exámenes ante las autoridades nacionales, toda vez que no existen controles internos y externos institucionalizados para testear la actuación de los uniformados. Y podría decirse que carecen también de una dirección política que precise sus tareas, quedando muchas veces librados a operar según sus propios criterios. Por ejemplo, en los operativos realizados durante todo 2011, el 95% de la droga incautada en la zona sur provenía de los operativos de patrullaje o control poblacional, es decir que la GNA detuvo fundamentalmente a las personas que tenían drogas para consumo personal. De esa manera la gestión reformista del Ministerio se ponía en la vereda de enfrente de la jurisprudencia que tiende a la despenalización del consumo personal y de muchos legisladores que presentaron proyectos en ese sentido.

La naturalización de la violencia estatal

El despliegue aparatoso de las fuerzas de seguridad en la Ciudad es una postal que está empezando a formar parte de nuestra vida cotidiana. Atravesar puestos militares con cierta regularidad o cruzarse con soldados en función de patrullaje ostentando armas largas nos retrotrae a otra época. Y constituyen en sí mismo un nuevo problema antes que una solución. De allí al uso de las fuerzas militares en el control interno hay un paso cada vez más corto.

La premisa en esta espiral del control es una sospecha de sentido común, difícil de rebatir: si saturamos las calles con fuerzas policiales va a disminuir la cantidad de delitos. Pero lo único que disminuye, por un tiempo, es el delito callejero, mientras las organizaciones criminales se mantendrán en pie. No hay que perder de vista que el delito es móvil y tiende a correrse de lugar.

El verdadero objetivo de la militarización de la ciudad, además de certificar un clima de caos que legitime el estado de excepción y habilite el poder punitivo, es la disminución de la sensación de inseguridad. Cuando la ciudadanía tiene pánico, constatar que hay policías en el barrio o ver en cada esquina a un efectivo con handy en mano, inspira cierta sensación de protección. El sentimiento de seguridad, nuevo fetiche de las democracias postmodernas, aflora como consecuencia de la puesta en escena de la fuerza.

La violencia en juego en estos operativos es apenas un disfraz de seguridad pública. Su problema no es el delito sino el miedo al delito. La policía no está para perseguir el crimen (inseguridad objetiva) sino para preservar el orden público (inseguridad subjetiva), lo cual significa evitar las situaciones problemáticas que aunque no constituyen un delito crean las condiciones –reza el sentido común– para que el mismo se produzca. No es casualidad entonces que las personas detenidas por averiguación de identidad, o demoradas en requisas y retenes, casi siempre pertenezcan a ese sector de la población compuesto por jóvenes, morochos y pobres.

La inseguridad para la opinión pública argentina aparece asociada a los territorios de la pobreza, señalados como “usinas del miedo”, lugares de producción de peligro, “infiernos urbanos”, “depósito de miserables”, selva de cemento donde el vicio, la droga, la promiscuidad, la migración, lo ilegal, la contaminación, la ignorancia, el mal gusto y el desorden están a la orden del día. Casi todos los males que aquejan a la ciudad del consumo suelen cargarse a la cuenta de los habitantes de esos barrios, y especialmente a los más jóvenes. “Nuevos bárbaros” que han sido desposeídos de los recursos para vivir dignamente y, lo que es peor, han sido expropiados del dominio sobre sus propias representaciones e identidades colectivas.

Según los funcionarios del Ministerio de Seguridad, es necesario sobre-asegurar esos territorios porque los sectores populares son las principales víctimas de delitos contra la vida y la propiedad privada. Aun si esto fuera cierto, se debería intervenir con cuidado, sin mandarse la parte, sin festejar, sin tanto bombo y platillo. Los spots publicitarios (www.minseg.gob.ar/multimedia...) que muestran a gendarmes “desembarcando” para la guerra, con armas largas, o aterrizando en helicópteros, utilizando en las conferencias frases que aluden a lo violento que son estos barrios, tienden a certificar las propias narrativas del crimen (repleta de asociaciones ligeras) que hacen los mass media.

No hay inocencia en el uso del espectáculo de la seguridad. Su consecuencia es una fuerte impugnación moral respecto a determinados perfiles poblacionales.

Los estigmas producen “efectos de realidad” toda vez que profundizan el aislamiento racial y social al que están confinados, por ejemplo, los inmigrantes bolivianos, peruanos o paraguayos. La distancia entre el “nosotros” y el “ellos” constituye una brecha generacional y xenófoba, pero sobre todo supone una discriminación moralista entre lo que está bien y lo que está mal. Los jóvenes de zonas marginadas son doblemente víctimas de los procesos de estigmatización. Afuera del barrio por el solo hecho de ser habitantes de las villas; adentro porque se transforman en chivos expiatorios que explican la estigmatización externa. Las barras de jóvenes, la mendicidad y el trabajo informal callejero, son considerados colectivos productores de riesgo. La vida cotidiana de estos grupos de pares se considera problemática toda vez que aparecen como productores de incivilidades, dueños de estilos de vida que ofenden las buenas costumbres y alarman a los argentinos.

Gendarmería y protesta social

Uno de los criterios adoptados por el gobierno desde 2003 es la no criminalización y represión de la protesta. Algunas declaraciones y un par de operativos comandados por el nuevo súper-secretario de Seguridad del Ministerio nos obligan sin embargo a estar alertas. “Se trata de un conflicto político”, “los activistas fueron traídos en colectivos”, “esta gente utilizaba a las mujeres y a los niños de escudos humanos”, fueron algunas frases utilizadas por el coronel Sergio Berni para justificar la intervención y el “profesionalismo” de la GNA en un corte de la Panamericana en agosto pasado, protagonizado por trabajadores de cooperativas de movimientos sociales que solicitaban un aumento de los beneficios. No hubo heridos pero sí más de sesenta detenidos, incluidos niños que fueron luego trasladados a Campo de Mayo, permaneciendo muchos de ellos incomunicados arriba de un colectivo casi toda la noche. El Ministerio había actuado de oficio, sin una orden de desalojo de la justicia, impulsando la judicialización de los manifestantes. Lo dijo el propio Berni el día de su asunción: “nosotros no venimos a negociar”.

Este estilo vehemente e hiperactivo, que busca aumentar la eficacia operativa de la función policial asumida por el Estado, corre el riesgo de pensar la seguridad desde la tapa de los diarios, barrenando sobre cada nueva ola de delitos sin atender a las múltiples causas estructurales de las muy distintas conflictividades sociales.

Qué Gendarmería incubamos

La protesta que protagonizaron los prefectos y gendarmes a principios de octubre venía cocinándose en el tiempo y se respiraba en el ambiente, pero que fue avivada por las cúpulas de las fuerzas y el personal retirado que tenían el interés concreto de mantener sus altísimos salarios. Se sabe: los sueldos se habían judicializado y el monto que ganaban dependía de la capacidad de lobby de los estudios de abogados contratados –compuestos por exgendarmes– para obtener medidas cautelares de jueces afines en el interior del país. Casi el 80% de los sueldos de las fuerzas (el 95% de los sueldos de la alta oficialidad, que llegaban hasta 95 mil pesos por mes) habían sido fijados por aquellos magistrados. El Ministerio de Seguridad, a partir del fallo Zanotti de la Corte, elaboró un decreto para recuperar la dirección de la política salarial. También en Defensa se midieron con dilemas parecidos. Sin embargo, la visibilidad que adquirió el conflicto, en una coyuntura política tensada por los grandes medios de comunicación, creo oportunidades para que se plegaran reclamos muy distintos. No todos estaban pidiendo lo mismo, no estaban en juego los mismos intereses. El conflicto es salarial pero también para obtener mejores condiciones de trabajo. Cuando los gendarmes fueron movilizados hacia al gran Buenos Aires o la CABA, la promesa era estar sólo una temporada que luego se fue prolongando en el tiempo. El malestar creció porque estaban alojados en condiciones deplorables, en lugares no aptos para vivir. A lo que hay que sumar el maltrato en las negociaciones salariales por parte de los funcionarios, las fuertes tensiones entre la cúpula y los efectivos rasos, la mala administración salarial, y la casi nula comunicación entre la Ministra Garré y Berni, el verdadero jefe operativo de la fuerza.

El conflicto puso sobre el tapete hasta qué punto la seguridad democrática y las fuerzas de seguridad corren por andariveles separados. Si un grupo potencialmente armado se convierte en un peligro para el gobierno cuando se insubordina, es porque esa fuerza constituye un peligro para la sociedad cuando cumple funciones de policía. Una fuerza sospechada de continuar haciendo inteligencia sobre organizaciones políticas y sociales, que fue adquiriendo cada vez más centralidad en el gobierno de la seguridad, termina convirtiéndose en otro dolor de cabeza. No hay que perder de vista que la GNA, al igual que la PFA y la Bonaerense, tiene una inscripción territorial cotidiana que merece no ser subestimada, que exige ser dirigida políticamente y controlada desde la propia sociedad.
el martillo y la política

Mi abuelo solía decirme que cuando la única herramienta que tenemos es un martillo, todos los problemas se parecen a un clavo. Una gestión que se pretende reformista debería crear nuevas herramientas para hacer frente a las complejas conflictividades sociales que están emergiendo. Por el contrario, cierta falta de imaginación política, así como la necesidad de dar respuestas rápidas y contundentes, han convertido a la GNA en el comodín de la gestión Garré-Berni, una fuerza todo terreno susceptible de ser emplazada en cualquier momento y lugar cuando las circunstancias lo “necesiten”. La Gendarmería es la contradicción principal de una gestión que pretendió calar hondo, despolicializando la seguridad con una mirada multiagencial, pero que puede terminar adhiriendo a los términos simplificados que impone la demagogia punitiva. De confirmarse esta tendencia volveremos a padecer la falta de decisión política para avanzar en procesos de reformas democráticas profundas en materia de seguridad ciudadana.