Junto a otras colegas                  antropólogas de la UBA hemos escrito un comunicado de                  repudio contra la violencia que está padeciendo el                  Pueblo qom.                  
Debajo se encuentra el comunicado.
Si está de acuerdo y lo quiere firmar este es                      link para hacerlo:
Hay tiempo hasta HOY domingo 20  de enero. 
Se agradece difundir.
Atentamente,
Buenos Aires,                        enero de 2013
Repudio contra la violencia que padecen los                        miembros del Pueblo qom
A la opinión pública:
Ante las                        reiteradas muertes y episodios de violencia contra                        miembros del Pueblo qom,                        investigadores, docentes, graduados y estudiantes                        universitarios de diferentes universidades nacio
Esta                          comunidad                          padece una situación de vulnerabilidad asociada                          al hostigamiento que                          reciben desde que sostienen                          reclamos por la restitución de su territorio. El                          hecho emblemático y más grave ocurrió                          con la represión policial del 23 de noviembre de                          2010, que terminó con la vida                          del qom Roberto                          López, así                        como con graves                        heridos, entre los que se encontraron mujeres,                        ancianos y niños. En dicha represión                        las viviendas de los manifestantes fueron                        incendiadas por la policía provincial                        así como todas sus pertenencias. Este hecho tuvo                        grandes repercusiones a nivel                        nacional cuando Félix Diaz, qarashe de                        la comunidad, se trasladó a Buenos                        Aires para pedir justicia al gobierno nacional. A                        mediados del 2011 el gobierno                        nacional acordó avanzar en la resolución del                        conflicto territorial y garantizar                        la seguridad de la comunidad.
No                        obstante, en                        estos dos años no se ha avanzado en la restitución                        del territorio usurpado a la                        comunidad. El territorio tradicional de la                        comunidad continúa ocupado por una                        familia no-indígena, por la provincia de Formosa y                        por el Estado Nacional, a través del                        Parque Nacional Río Pilcomayo.
A su vez,                          en                          estos dos años numerosos miembros de la                          comunidad han sufrido agresiones y amenazas                          de manera constante y creciente. A ese cuadro de                          situación se suma el hecho de                          que los miembros de esta comunidad siguen                          enfrentando múltiples investigaciones                          penales en las que resultan criminalizados por  las                        luchas y protestas que emprendieron.
Los                        permanentes                        actos de violencia que padecen difícilmente pueden                        ser desvinculados de su reclamo                        por la restitución de su territorio tradicional.                        La falta de implementación del                        derecho a la propiedad comunitaria de su                        territorio ha generado las condiciones                        para la reiteración de agresiones contra la                        comunidad. Desde entonces, la                        persecución, las amenazas y las agresiones físicas                        contra miembros de la                        comunidad se incrementaron de forma alarmante.                        Cabe señalar que esta situación                        ha llegado a la Comisión Interamericana de                        Derechos Humanos, la cual el 21 de                        abril de 2011 exhortó al Estado a proteger la vida                        de Félix Diaz,                        su familia y los                        miembros de la comunidad "contra posibles                        amenazas, agresiones u hostigamientos por                        miembros de la policía, de la                        fuerza pública u otros agentes estatales". No                        obstante, la violencia contra la                        comunidad continua.
Gran parte                        de los                        territorios donde se asientan comunidades                        indígenas están siendo disputadas por                        intereses ligados al modelo de desarrollo extractivista en                        su modalidad agroindustrial y                        a los negocios inmobiliarios,                        incluso estando vigentes leyes nacionales que                        protegen a los territorios indígenas.                        Los derechos territoriales quedaron plasmados en                        el derecho argentino cuando en                        1994 se incorporó el nuevo art.                        75 inc.                        17 a la                        Constitución Nacional y con la ratificación o                        adopción de un conjunto de                        instrumentos de derechos humanos entre los que se                        destacan el Convenio 169 de                        la OIT y                        la Declaración de Naciones Unidas                        sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin                        embargo, lo que prevalece es                        una brecha de implementación entre la normativa                        indígena y la realidad que                        viven los Pueblos indígenas en nuestro país.
Claro                          ejemplo de                          ello lo constituye la falta de implementación en                          la provincia de Formosa de                          la ley 26.160/26.554 de Emergencia                          Territorial de las Comunidades Indígenas que                          dispuso el inicio de un proceso de relevamiento dominial de                          las comunidades indígenas y la                          suspensión del desalojo de sus tierras. Las                          comunidades indígenas de la                          provincia continúan reclamando que se realice el relevamiento                          territorial                          con participación indígena                          y bajo la modalidad                          centralizada, sólo a cargo del INAI dada                          la desconfianza en                        las autoridades provinciales.
Finalmente,                        queremos denunciar que la violencia que padecen                        los indígenas qom no                        se manifiesta sólo en la agresión                        física y el hostigamiento.                        También es ejercicio de la violencia la                        discriminación y la vulneración de sus                        derechos más básicos como el acceso al agua, a la alimentación,                        a la                        salud, a la justicia, a la educación y a la libre                        determinación de sus                        autoridades. Esta es una situación extendida y                        lejos de vivirse con                        pasividad, es el foco de reclamos                        de las comunidades y sus líderes, en distintos                        puntos de la región Chaqueña,                        quienes                        generan modos de auto organización                        logrando resolver algunos de los problemas                        puntuales con escasos recursos.
A raíz de                        la ola                        de violencia contra el Pueblo qom queremos                        manifestar nuestra                        preocupación por la situación de los integrantes                        de la comunidad Potae Napocna Navogo
Por todo                        ello                        reclamamos:
‐ La                          inmediata                          investigación de las muertes y accidentes                          ocurridos en los últimos días.
‐ La                          intervención de organismos públicos nacionales y                          de derechos humanos para                          garantizar la transparencia de las                           investigaciones sobre dichos casos.
‐ El                          cese de las persecuciones y amenazas a los                          integrantes de la comunidad Potae Napocna                            Navogoh.
‐ Que                          las autoridades garanticen la seguridad de todos                          sus miembros.
‐ Se                          respete el derecho territorial de la comunidad Potae Napocna Navogo
‐ La                          implementación de la Ley 26.160/26.554 con                          efectiva participación indígen
‐ El                          respeto irrestricto a                          los derechos indígenas.
‐ La                          implementación de programas nacionales que                          promuevan el etno-desarrollo                          de la                          vida comunitaria indígena.
La                        violación y/o                        el no cumplimiento de                        los derechos de los Pueblos                        indígenas consagrados en la Constitución Nacional                        Argentina, constituyen un                        grave retroceso en la vida democrática de la sociedad                        argentina. Como ya lo hemos manifestado en                        otras oportunidades, mediante la presente, ponemos                        a disposición nuestras                        experiencias de investigación a fin de efectuar                        los aportes que contribuyan a lograr                        una solución definitiva a la vulneración del                        estado de derecho que ha afectado                        no sólo a los qom de                        la comunidad Potae Napocna Navogo

 

 
 
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