Autoras/es: Servindi-Perú
Viernes
25
de enero de 2013 » Ayer, jueves 24 de enero, la policía dispersó con gases lacrimógenos a unos 400 pobladores del distrito alto andino de Cañaris, Lambayeque, en Perú cuando se dirigían a tomar el campamento minero de la empresa Candante Cooper, en rechazo a los trabajos de exploración que realiza en dicha zona. A pesar de la represión policial y las acusaciones de ‘terrorismo’ por parte de funcionarios públicos y representantes de Candente Copper, cientos de comuneros de San Juan de Cañaris mantienen el paro indefinido en protesta por el proyecto minero Cañariaco en Lambayeque.
(Fecha original del artículo: Enero 2013)
Las demandas de los pobladores del distrito de Cañaris, en Lambayeque, que se oponen al proyecto minero Cañariaco, no interesan al gobierno que lejos de tomar medidas al respecto anunció la instalación de frentes policiales en zonas mineras para garantizar las inversiones.
A esta conclusión se llega luego de ver cómo representantes del gobierno como el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dejan de lado el tema social y ambiental para afirmar orondamente que detrás de la protestas se encuentran “los mismos que se opusieron al proyecto Conga en Cajamarca”.
En esa misma línea de razonamiento se pronunció el presidente de la Oficina de Diálogo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros Vladimiro Huaroc, quien luego de formar parte de una “mesa de desarrollo” en Chiclayo sostuvo que detrás de las protestas se encuentra una “minería radicalizada”.
Ambas declaraciones ignoran por completo la consulta realizada el 30 de setiembre de 2012 , en la que participaron cerca de dos mil pobladores de San Juan de Cañaris, en la que un 97 por ciento se manifestó en contra del proyecto minero de la canadiense Candente Cooper, en fase de exploración.
Las autoridades pretende soslayar que la actividad minera es una
decisión impuesta sin consulta a una comunidad originaria quechua que
reivindica su derecho a defender los bosques húmedos, las cuencas de
agua, la agricultura orgánica y su cultura ancestral. Ignoran y hacen tabla rasa de que se trata de una comunidad
originaria que reivindica su derecho colectivo al amparo del Convenio
sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que tiene fuerza jurídica en el Perú como tratado de
derechos humanos y como tal está por encima de las normas legales y
administrativas.
Ignora también que la actividad minera se pretende realizar sobre el territorio ancestral del pueblo Kañari, la cual afectará de una manera importante e irreversible su modo de vida, y que la mesa de desarrollo oficial pretende imponer una visión de desarrollo ajena a partir de la actividad minera.
Por eso, declaraciones como las antes citadas pretenden deslegitimar desde el inicio las protestas emprendidas desde el domingo 20 de enero en los alrededores del campamento minero de Candente Cooper, las mismas que ya obtuvieron respuesta de parte de efectivos policiales –más de doscientos cincuenta– que resguardan el lugar.
Sobre el conflicto también se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Otto Zoeger, quien señaló que su región no se puede dar el gusto de desperdiciar casi 1.800 millones de dólares directos o indirectos que genera la minería formal, por lo que pidió “se establezca el diálogo”.
En las últimas horas, el gerente de exploraciones de la Candente Cooper, Enrique Bernuy, opinó en la misma dirección que el titular del MEM al asegurar que en la reunión que celebró la comunidad de Cañaris en setiembre para rechazar el proyecto minero encontraron panfletos del MRTA y del Movadef.
Al margen de las declaraciones que evidencian sesgos interesados de parte lo que queda claro hasta el momento es que el proyecto minero no cuenta con el consentimiento de las comunidades afectadas y así lo confirma el creciente descontento de los pobladores locales, de los que no se puede decir -sin ofender a la verdad- que se trata de un puñado de “antimineros”.
Gracias a informaciones difundidas por fuentes locales como, por ejemplo, el área de estudios sociales y ambientales del Instituto de Desarrollo Regional (INDER) en los últimos días se han podido ver imágenes de los comuneros que han llegado a las inmediaciones del campamento minero para conversar con representantes de la empresa.
En el video se aprecia a una pobladora explicando por qué se oponen a la actividad minera y cómo es que sistemáticamente las autoridades hacen oídos sordos a sus demandas. Explica asimismo su preocupación por un recurso como el agua, fundamental para la agricultura y la ganadería.
Hasta este momento centenares de pobladores ratificaron continuar con su medida de fuerza y no han descartado trasladarse hasta las instalaciones de Candente Cooper para exigir el respeto de sus derechos. Mientras, el Ministerio del Interior respondió con la creación de un frente policial para resguardar las inversiones.
Iniciativas policiales como esas parecen estar diseñadas únicamente para reprimir y ahogar la voz de las comunidades que defienden su derecho a vivir sin contaminación y sin perder su identidad cultural ancestral. Mientras que a la vez se protege la inversión privada minera aún a costa de destruir la vida, las culturas, el hábitat y su diversidad.
Para más información sobre el caso pueden dar clic en los siguientes enlaces:
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Cañariaco
Informe del INDER sobre consulta realizada el 30 de setiembre de 2012
Comunera explica por qué se oponen a la minería
Plataforma de Lucha de la Comunidad Campesina “San Juan Bautista” de Cañaris
1) Exigimos al Gobierno de Ollanta Humala que Respete la Consulta Comunal del 30 de setiembre, respaldados por el Convenio 169 de la OIT como Pueblo Originario Quechua hablante, donde el 97 % de la población DECIDIÓ CON LIBERTAD NO DARLE LA LICENCIA SOCIAL a la minera Candente Copper y su proyecto Cañariaco.
2) Rechazamos el permiso oficial de uso de agua que la Autoridad Nacional del Agua le ha concedido a la minera.
3) Rechazamos la Resolución Ministerial N° 002-2013-PCM que forma una “Mesa de Trabajo” a espaldas de la comunidad y con mayoría de representantes pro mineros del gobierno y de Lambayeque, para quebrar nuestra justa lucha.
4) SI al Dialogo que respete los acuerdos de la Asamblea de la Comunidad:
a.- Que el Gobierno plantee a la minera Candente que paralice sus trabajos en Cañaris.
b.- Que se instale una Mesa de Dialogo en Cañaris con representantes del Gobierno que tomen decisiones vinculantes y con la participación del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.
c.- Que la Mesa de Dialogo se instale después del inicio del Paro Indefinido el 20 de Enero.
¡Defendamos nuestros Bosques Húmedos, las cuencas de agua, la agricultura orgánica y nuestra cultura ancestral del Buen Vivir!
¡Cañariaco No Va, Ahora, Ni Nunca!
¡Exigimos al Gobierno que respete el Convenio 169 de la OIT como Pueblo Originario Quechua hablante! Fuente: http://servindi.org/actualidad/80951
Video de TelesurTV:
Las demandas de los pobladores del distrito de Cañaris, en Lambayeque, que se oponen al proyecto minero Cañariaco, no interesan al gobierno que lejos de tomar medidas al respecto anunció la instalación de frentes policiales en zonas mineras para garantizar las inversiones.
A esta conclusión se llega luego de ver cómo representantes del gobierno como el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dejan de lado el tema social y ambiental para afirmar orondamente que detrás de la protestas se encuentran “los mismos que se opusieron al proyecto Conga en Cajamarca”.
En esa misma línea de razonamiento se pronunció el presidente de la Oficina de Diálogo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros Vladimiro Huaroc, quien luego de formar parte de una “mesa de desarrollo” en Chiclayo sostuvo que detrás de las protestas se encuentra una “minería radicalizada”.
Ambas declaraciones ignoran por completo la consulta realizada el 30 de setiembre de 2012 , en la que participaron cerca de dos mil pobladores de San Juan de Cañaris, en la que un 97 por ciento se manifestó en contra del proyecto minero de la canadiense Candente Cooper, en fase de exploración.
Las autoridades pretende soslayar que la actividad minera es una
decisión impuesta sin consulta a una comunidad originaria quechua que
reivindica su derecho a defender los bosques húmedos, las cuencas de
agua, la agricultura orgánica y su cultura ancestral. Ignoran y hacen tabla rasa de que se trata de una comunidad
originaria que reivindica su derecho colectivo al amparo del Convenio
sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que tiene fuerza jurídica en el Perú como tratado de
derechos humanos y como tal está por encima de las normas legales y
administrativas.Ignora también que la actividad minera se pretende realizar sobre el territorio ancestral del pueblo Kañari, la cual afectará de una manera importante e irreversible su modo de vida, y que la mesa de desarrollo oficial pretende imponer una visión de desarrollo ajena a partir de la actividad minera.
Por eso, declaraciones como las antes citadas pretenden deslegitimar desde el inicio las protestas emprendidas desde el domingo 20 de enero en los alrededores del campamento minero de Candente Cooper, las mismas que ya obtuvieron respuesta de parte de efectivos policiales –más de doscientos cincuenta– que resguardan el lugar.
Sobre el conflicto también se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Otto Zoeger, quien señaló que su región no se puede dar el gusto de desperdiciar casi 1.800 millones de dólares directos o indirectos que genera la minería formal, por lo que pidió “se establezca el diálogo”.
En las últimas horas, el gerente de exploraciones de la Candente Cooper, Enrique Bernuy, opinó en la misma dirección que el titular del MEM al asegurar que en la reunión que celebró la comunidad de Cañaris en setiembre para rechazar el proyecto minero encontraron panfletos del MRTA y del Movadef.
Al margen de las declaraciones que evidencian sesgos interesados de parte lo que queda claro hasta el momento es que el proyecto minero no cuenta con el consentimiento de las comunidades afectadas y así lo confirma el creciente descontento de los pobladores locales, de los que no se puede decir -sin ofender a la verdad- que se trata de un puñado de “antimineros”.
Gracias a informaciones difundidas por fuentes locales como, por ejemplo, el área de estudios sociales y ambientales del Instituto de Desarrollo Regional (INDER) en los últimos días se han podido ver imágenes de los comuneros que han llegado a las inmediaciones del campamento minero para conversar con representantes de la empresa.
En el video se aprecia a una pobladora explicando por qué se oponen a la actividad minera y cómo es que sistemáticamente las autoridades hacen oídos sordos a sus demandas. Explica asimismo su preocupación por un recurso como el agua, fundamental para la agricultura y la ganadería.
Hasta este momento centenares de pobladores ratificaron continuar con su medida de fuerza y no han descartado trasladarse hasta las instalaciones de Candente Cooper para exigir el respeto de sus derechos. Mientras, el Ministerio del Interior respondió con la creación de un frente policial para resguardar las inversiones.
Iniciativas policiales como esas parecen estar diseñadas únicamente para reprimir y ahogar la voz de las comunidades que defienden su derecho a vivir sin contaminación y sin perder su identidad cultural ancestral. Mientras que a la vez se protege la inversión privada minera aún a costa de destruir la vida, las culturas, el hábitat y su diversidad.
Para más información sobre el caso pueden dar clic en los siguientes enlaces:
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Cañariaco
Informe del INDER sobre consulta realizada el 30 de setiembre de 2012
Comunera explica por qué se oponen a la minería
Plataforma de Lucha de la Comunidad Campesina “San Juan Bautista” de Cañaris
1) Exigimos al Gobierno de Ollanta Humala que Respete la Consulta Comunal del 30 de setiembre, respaldados por el Convenio 169 de la OIT como Pueblo Originario Quechua hablante, donde el 97 % de la población DECIDIÓ CON LIBERTAD NO DARLE LA LICENCIA SOCIAL a la minera Candente Copper y su proyecto Cañariaco.
2) Rechazamos el permiso oficial de uso de agua que la Autoridad Nacional del Agua le ha concedido a la minera.
3) Rechazamos la Resolución Ministerial N° 002-2013-PCM que forma una “Mesa de Trabajo” a espaldas de la comunidad y con mayoría de representantes pro mineros del gobierno y de Lambayeque, para quebrar nuestra justa lucha.
4) SI al Dialogo que respete los acuerdos de la Asamblea de la Comunidad:
a.- Que el Gobierno plantee a la minera Candente que paralice sus trabajos en Cañaris.
b.- Que se instale una Mesa de Dialogo en Cañaris con representantes del Gobierno que tomen decisiones vinculantes y con la participación del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.
c.- Que la Mesa de Dialogo se instale después del inicio del Paro Indefinido el 20 de Enero.
¡Defendamos nuestros Bosques Húmedos, las cuencas de agua, la agricultura orgánica y nuestra cultura ancestral del Buen Vivir!
¡Cañariaco No Va, Ahora, Ni Nunca!
¡Exigimos al Gobierno que respete el Convenio 169 de la OIT como Pueblo Originario Quechua hablante! Fuente: http://servindi.org/actualidad/80951
Video de TelesurTV:
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