(Fecha original del artículo: Noviembre 2016)
Invitamos a adherir a esta declaración que denuncia una ofensiva contra la educación publica estatal.
Agradecemos además la mayor difusión posible.
El fiscal Guillermo Marijuán presentó una denuncia por una supuesta malversación de fondos públicos en contra de 52 Universidades Nacionales (UUNN). Esta información se dio a conocer a través de algunos medios con un carácter general, sin dar ningún tipo de precisión sobre el contenido de la acción llevada a cabo por el funcionario judicial. Según señala la información periodística, la denuncia está basada únicamente en información publicada por un matutino. No existen precedentes de una denuncia de estas características contra todo el Sistema Universitario Público Nacional. Se trata, sin lugar a dudas, de un intento de desprestigio a una de las instituciones más valoradas por la sociedad, ya que la Universidad Pública Argentina juega un rol trascendente tanto en la formación profesional de las nuevas generaciones, como en la construcción de conocimientos y de la ciencia y la tecnología que permiten desarrollar un país más próspero, autónomo y justo.
Es el Congreso de la Nación el que aprueba cada año la Ley de Presupuesto, asignando un crédito global al Sistema Universitario Nacional y, en particular a cada institución universitaria, de acuerdo a finalidades y funciones. Al mismo tiempo se determinan recursos con asignación específica y programas especiales. Las Universidades Nacionales poseen, de acuerdo a nuestra Constitución, autonomía y autarquía plenas.
El complemento del presupuesto destinado a salarios y a Ciencia y Técnica, esto es, en general menos del 10%, se distribuye al interior de cada universidad con la discusión y aprobación por parte de su Consejo Superior con la participación de los claustros (estudiantes, docentes, graduados y, en algunas universidades, personal no-docente) y con la previa determinación de pautas por parte de los Consejos Directivos de las diferentes facultades que componen la institución. Cada universidad cuenta con una Unidad de Auditoría Interna (UAI) autónoma que audita cada año el conjunto de procedimientos, en particular el referido a presupuesto y genera un informe que se eleva a la Sindicatura General de la Nación de la cual depende.
Llama la atención que las declaraciones del fiscal se produzcan luego de la aprobación del presupuesto universitario por parte de la Cámara de Diputados con un fuerte recorte para el año 2017 para un importante número de universidades introduciendo lógicas de fractura en el sistema universitario nacional además de operar una baja en el presupuesto en el conjunto de la educación superior.
Estos recortes presupuestarios se suman a la disminución de los recursos- por la cancelación de las pautas de crecimiento previamente establecidas por Nación hasta el 2015- en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet), en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) entre otras dependencias del denominado Sistema Científico Técnico de la Argentina.
El fiscal Marijuán denunció malversación de fondos en 52 Universidades Nacionales con lo cual prácticamente, acusa de "corrupto" a todo el sistema universitario nacional. Esta absurda iniciativa del fiscal se inscribe en el contexto de una ofensiva global contra la Educación Pública Estatal en Argentina que opera con diferentes modalidades. Una de ellas es el ya descripto recorte presupuestario. Otra, es la de descalificación de las características gratuitas, de ingreso irrestricto y de esfuerzo por la inclusión que realizan la Universidades Públicas. La labor que realizan las Universidades y los cientos de miles de docentes, no docentes y estudiantes que las construyen diariamente con su dedicación exige que se respete y valore su accionar.
Las denuncias mediáticas, no realizadas con la seriedad administrativa que corresponde, sólo colaboran con la manifiesta campaña que pretende generar las condiciones para avanzar en la mercantilización del sistema educativo argentino, en particular de sus Universidades Nacionales. Llamamos a los claustros universitarios y a la comunidad científica a la defensa de la Universidad Pública a la que orgullosamente pertenecemos. Manifestamos nuestro más enérgico repudio a lo que consideramos un burdo procedimiento de persecución y "disciplinamiento" para acallar a la educación pública frente a los recortes presupuestarios y la actitud crítica que este sector viene manteniendo con las políticas del gobierno nacional.
Los interesados pueden adherir a esta declaración en http://bit.ly/2fWUj3p
Es el Congreso de la Nación el que aprueba cada año la Ley de Presupuesto, asignando un crédito global al Sistema Universitario Nacional y, en particular a cada institución universitaria, de acuerdo a finalidades y funciones. Al mismo tiempo se determinan recursos con asignación específica y programas especiales. Las Universidades Nacionales poseen, de acuerdo a nuestra Constitución, autonomía y autarquía plenas.
El complemento del presupuesto destinado a salarios y a Ciencia y Técnica, esto es, en general menos del 10%, se distribuye al interior de cada universidad con la discusión y aprobación por parte de su Consejo Superior con la participación de los claustros (estudiantes, docentes, graduados y, en algunas universidades, personal no-docente) y con la previa determinación de pautas por parte de los Consejos Directivos de las diferentes facultades que componen la institución. Cada universidad cuenta con una Unidad de Auditoría Interna (UAI) autónoma que audita cada año el conjunto de procedimientos, en particular el referido a presupuesto y genera un informe que se eleva a la Sindicatura General de la Nación de la cual depende.
Llama la atención que las declaraciones del fiscal se produzcan luego de la aprobación del presupuesto universitario por parte de la Cámara de Diputados con un fuerte recorte para el año 2017 para un importante número de universidades introduciendo lógicas de fractura en el sistema universitario nacional además de operar una baja en el presupuesto en el conjunto de la educación superior.
Estos recortes presupuestarios se suman a la disminución de los recursos- por la cancelación de las pautas de crecimiento previamente establecidas por Nación hasta el 2015- en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet), en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) entre otras dependencias del denominado Sistema Científico Técnico de la Argentina.
El fiscal Marijuán denunció malversación de fondos en 52 Universidades Nacionales con lo cual prácticamente, acusa de "corrupto" a todo el sistema universitario nacional. Esta absurda iniciativa del fiscal se inscribe en el contexto de una ofensiva global contra la Educación Pública Estatal en Argentina que opera con diferentes modalidades. Una de ellas es el ya descripto recorte presupuestario. Otra, es la de descalificación de las características gratuitas, de ingreso irrestricto y de esfuerzo por la inclusión que realizan la Universidades Públicas. La labor que realizan las Universidades y los cientos de miles de docentes, no docentes y estudiantes que las construyen diariamente con su dedicación exige que se respete y valore su accionar.
Las denuncias mediáticas, no realizadas con la seriedad administrativa que corresponde, sólo colaboran con la manifiesta campaña que pretende generar las condiciones para avanzar en la mercantilización del sistema educativo argentino, en particular de sus Universidades Nacionales. Llamamos a los claustros universitarios y a la comunidad científica a la defensa de la Universidad Pública a la que orgullosamente pertenecemos. Manifestamos nuestro más enérgico repudio a lo que consideramos un burdo procedimiento de persecución y "disciplinamiento" para acallar a la educación pública frente a los recortes presupuestarios y la actitud crítica que este sector viene manteniendo con las políticas del gobierno nacional.
Los interesados pueden adherir a esta declaración en http://bit.ly/2fWUj3p
Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Investigación y Desarrollo para la Inclusión
Miembros: Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Diego Tatian; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Federico Robledo; Felix Requejo; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Aliaga; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz; Mirta Susana Iriondo; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José; Sandra Carli
Nuestra Dirección es:
CyTA
Pabellón I
Ciudad Universitaria
Buenos Aires, Buenos Aires 1428
Argentina
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