Autoras/es: Claudio Katz[1]
Enviado por: Movimiento de Participación Popular
No está definido aún si la desaceleración actual derivará en recesión. Pero el freno no se explica por la crisis global, que mantiene un efecto contradictorio sobre la economía nacional. Las comparaciones oportunistas con la periferia europea oscurecen este análisis. La aceleración de la inflación para mantener la rentabilidad, la salida de capitales para diversificar inversiones y el desequilibrio fiscal por ausencia de reformas impositivas progresivas son tres problemas de la coyuntura.
Los economistas de la derecha disfrazan su demanda de ajuste con llamados a "recuperar la confianza". En realidad exigen mayores protecciones a las ganancias de los acaudalados. El gobierno ensayó primero un recorte dosificado y ha optado luego por otro intento de reactivar la demanda. Esta misma oscilación explica la pesificación, el plan de viviendas, el manejo del Banco Central y la política energética. Se adoptan medidas tardías con el pretexto de la herencia recibida por los 90.
Los rasgos neo-desarrollistas del modelo se verifican en la política económica, la gestión del estado y los intereses dominantes capitalistas. Hay muchos vasos comunicantes con la ortodoxia neoliberal y poca disposición a reducir de la desigualdad. A diferencia del viejo desarrollismo se subordina la industrialización a la exportación de bienes primarios y se apuntala a los grupos que han internacionalizado su actividad.
Persiste el fallido ensayo de recrear la burguesía nacional. Las subvenciones generan despilfarro sin revertir la ausencia de inversión privada. Los escándalos de corrupción son un condimento insoslayable de este nuevo intento de modificar el comportamiento improductivo de los capitalistas argentinos. Pero no existen sólo dos opciones para el futuro económico. Un proyecto popular contrapuesto al neoliberalismo y al neo-desarrollismo surgirá con la maduración política de la lucha social.
La desaceleración
de la economía argentina es ya visible en muchos terrenos. La tasa del
crecimiento sufre una abrupta caída y en los próximos meses se sabrá si el
estancamiento desemboca en recesión. Hay un repliegue de la industria y la
construcción que acentúa la escasa creación de empleo de los últimos años y posibilita
la destrucción de puesto de trabajo.
COYUNTURA
Y PRONOSTICOS
Existen opiniones
contrapuestas sobre la duración e intensidad del freno económico. Algunos analistas
estiman que la paralización productiva será corta, si en el semestre en curso repunta
el nivel de actividad del principal socio del país. Consideran que las medidas
de estimulo fiscal adoptadas por el gobierno brasileño repercutirán
positivamente sobre Argentina. También pronostican que el ciclo ascendente se
reabrirá en el 2013, si se confirman las previsiones de cosecha récord con
precios elevados. El aluvión de dólares resultante de esas ventas aliviaría las
necesidades fiscales, en un ejercicio con menores vencimientos de la deuda
pública.
Otros economistas
describen un horizonte más sombrío, tanto por el agotamiento del ciclo
precedente como por la ausencia de inversión privada. Pero nadie avizora la
reaparición de una situación de colapso semejante al 2001-02. Se debate el
alcance que tendría una recesión, tomando la caída del 2009 como referencia
comparativa.
Resulta muy difícil
explicar la coyuntura actual partiendo de un diagnóstico oficial, que retrata
como “se nos cayó el mundo encima”. En los hechos ese impacto externo es
limitado. Es cierto que el estancamiento de Brasil afecta seriamente a la
exportación industrial. Pero la debacle europea tiene consecuencias reducidas y
el relativo aislamiento del sistema financiero local, neutraliza los efectos
del temblor bancario internacional.
Por otra parte, los
precios por tonelada de la principal exportación argentina se ubican en un
impensado récord de los 600 dólares por causas climáticas (sequía en Estados
Unidos) y financieras (especulación con las materias primas). La duración de
esa sorprendente apreciación es impredecible, pero contribuye a sostener la
mejora del 24% que han registrado los términos de intercambio comercial desde
el 2007.
Los economistas del
oficialismo relativizan estos datos y estiman que Argentina capea la tormenta
global por su acertado manejo de las variables macro-económicas. Contrastan este
comando con la desastrosa gestión que prevalece en la periferia europea.
Comparan ambas situaciones y remarcan la capacidad que ha exhibido el país para
enfrentar el mismo temporal, “sin recurrir al ajuste” [2].
Esta
caracterización no aclara por qué razón los gobiernos neoliberales de América
Latina (Chile, Colombia, México, Perú), tampoco atraviesan por un período de ajuste.
Afrontan una coyuntura parecida a la Argentina, aplicando estrategias
económicas de apertura, privatización y flexibilidad laboral semejantes a sus
pares europeos.
Es evidente que la
crisis global tiene impactos distintos en cada región, en función del ciclo o la
inserción financiero-comercial de cada país en la economía mundial. Por las
mismas razones que la crisis capitalista incide en forma divergente en Estados
Unidos y en China o en la India y
Francia, la situación de América Latina difiere de Europa. Para comprender este
contraste hay que evitar las analogías superficiales, que sólo buscan ponderar
los méritos de una política económica en desmedro de otra[3].
El
contrapunto entre Grecia o España con Argentina no es válido. Se equiparan economías
que afrontan contextos objetivos muy disímiles. Lo pertinente sería contrastar
la situación actual de esos países con nuestro colapso del 2001-02. Sólo en ese
momento Argentina soportaba un desmoronamiento equivalente y conviene recordar
que durante ese desplome, todos los oficialistas de turno (del PJ o la Alianza)
eran ejecutores del ajuste. Sólo adoptaron la bandera del crecimiento cuando la
crisis amainó.
El
uso de la tormenta financiera global como argumento político de ocasión, induce
a manipular las evaluaciones, en función de las conveniencias del momento. La
misma coyuntura es utilizada para magnificar el torbellino (y justificar por
ejemplo el adelantamiento de las elecciones) o para resaltar lo opuesto: la
fortaleza de un modelo “blindado” frente a cualquier avatar internacional.
El análisis serio
de lo que está ocurriendo exige, en cambio, constatar el efecto contradictorio
de la crisis mundial sobre la economía argentina y las grietas internas del
modelo actual. Este esquema ya dejó atrás el primer periodo de expansión sin
obstáculos (2003-2008) y la segunda etapa de acotados desajustes (2009-2011).
TRES
FOCOS DE TENSIÓN
La inflación es el
primer problema específico de la economía nacional. El absurdo encubrimiento de
la carestía que realiza el INDEC impide transparentar la gravedad de este
flagelo. Los índices provinciales ubican el ascenso de los precios en torno al
23% anual y otras mediciones (encuestadoras privadas, índices barriales,
cálculos del Congreso, consultoras oficialistas) estiman porcentajes
semejantes.
La inflación está
recreando un alarmante nivel de pobreza e indigencia y tiende a licuar la
asignación universal. Podría incluso impactar sobre los salarios del sector
formal, al des-actualizar los montos recientemente negociados en las
convenciones colectivas. Lo que se acordó en las paritarias perderá vigencia si
persiste la escalada de los precios. Este efecto puede ser muy significativo para
la mitad de los asalariados en blanco que gana menos de 4000 pesos.
Muchos determinantes
se conjugan para producir el resultado inflacionario, pero los precios
principalmente aumentan para mantener la rentabilidad de las grandes empresas.
Los grupos capitalistas concentrados aseguran sus beneficios con remarcaciones.
Desde el 2008 la
inflación ha reflejado fuertes restricciones de la oferta, que a su vez derivan
del reducido nivel de inversión. Los precios han ascendido por una baja
provisión de productos frente a una demanda recompuesta. Con la misma capacidad
instalada ya no se pueden satisfacer mayores pedidos de compra.
También la creciente
emisión monetaria comienza a emerger como un acelerador potencial de inflación.
El ritmo de creación de dinero se ha multiplicado y la cantidad de pesos en
circulación puede motorizar, como en el pasado, una inercia ascendente de los
precios.
El segundo problema
importante de la coyuntura es la continuada salida de capitales. Por pagos la
deuda y remisiones de utilidades, el año pasado emigraron 13.500 millones de
dólares, es decir el equivalente a todo el excedente comercial. Entre fines del
2007 y octubre 2011, el monto total de esos retiros alcanzó 80.000 millones de
dólares. Esta sangría sólo quedó neutralizada por los 100.000 millones de dólares
que generó la exportación.
La magnitud de esa
salida de capitales obedece a múltiples razones. Las filiales locales de las
empresas extranjeras transfirieron enormes sumas de dinero a sus casas
matrices, para compensar el deterioro imperante en las economías centrales. Además,
muchas empresas locales continuaron diversificando inversiones en el exterior,
mientras resguardan parte de su capital fuera del país.
La industria volvió
a enfrentar, por otra parte, el típico cuello de botella externo que irrumpe al
cabo de un ciclo de prosperidad. En esos períodos se acentúa el déficit
comercial de un sector que consume muchas divisas con la importación de componentes.
Finalmente, la inédita avalancha de compras externas de combustible que produjo
la decreciente provisión interna de petróleo, determinó otro caudal de dólares
perdidos.
La
continuada expectativa de devaluación que genera la brecha cambiaria acentúa la
emigración de capitales. El denominado “retraso del dólar” obedece en realidad
a un “adelanto de la inflación”, que ha desarticulado la relación entre ambas
variables. Desde el 2007 la cotización de la divisa se apreció un 43%, frente a
una escala de 189% de los precios internos.
El tercer problema
severo del contexto actual es el desequilibrio fiscal. El superávit fiscal
primario se ha esfumado, cualquiera sea la interpretación técnica del cómputo
del desbalance (por el financiamiento que realizan el Banco Central y el ANSES).
El excedente que rodeó al debut del modelo ha desaparecido y el gobierno
recurre a múltiples instrumentos para compensar esa pérdida.
La ausencia de
reformas impositivas progresivas es la principal causa del bache fiscal. Este
cambio en la recaudación resulta indispensable para equilibrar con nuevos
ingresos, la significativa ampliación del gasto público. La perdurabilidad del
viejo sistema regresivo ha dado lugar en los últimos años un desfasaje
insostenible, por la magnitud de los desembolsos oficiales en dos rubros muy
deficitarios (energía y transporte).
El deterioro fiscal
afecta duramente a las provincias, que incrementaron sustancialmente el empleo
público (de 764.000 a 1,2 millones de empleados entre 2003 y 2012) y ahora no
pueden financiar esa expansión. La plantilla salarial absorbe más de la mitad
de esos presupuestos. El des-financiamiento provincial se acentuó, además, por la
pérdida de los porcentuales recibidos en concepto de coparticipación federal.
Este ingreso se redujo primero del 50,6% del total (1993), al 34 % (2009) y
últimamente al 32,7% (2011)). Frente al enorme rojo que afecta a las cuentas
públicas de todo el interior resulta poco creíble la explicación presidencial,
que atribuye el desbalance a la ineficiencia de los gobernadores.
Esa
interpretación omite que las mismas limitaciones fiscales golpean al gobierno
nacional. Estas dificultades ejemplo han determinado, por ejemplo, el retraso en
la adaptación del mínimo no imponible al aumento de los salarios. Por esta
razón la incidencia del impuesto a las ganancias sobre los sueldos se ha transformado
en un problema de envergadura. Más de 3 millones de trabajadores tributan un
gravamen formalmente destinado a los beneficios empresarios. En muchos casos ese
pago absorbe un aguinaldo entero.
Las
consecuencias de preservar un sistema tributario tan regresivo saltan a la
vista. Las exenciones a la renta financiera y a las industrias promocionadas le
restan anualmente al fisco 8900 millones de pesos. Esta suma supera con creces
el costo fiscal de 3000 millones de pesos, que implicaría eliminar un gravamen
a salarios tipificados como beneficios.
Pero
lo peor es la justificación oficialista de este impuesto como una penalidad a
la “aristocracia obrera”. Afirman que este sector mejoró su nivel de ingresos y
debe ampliar su contribución impositiva. Con ese criterio se supone que la
equidad avanzará con tributos a los trabajadores calificados y eximiciones a
los financistas.
Hace algunos se
utilizaba el mismo razonamiento para avalar el arancelamiento de las
universidades estatales. Se afirmaba que la clase media debe pagar más que los
pobres por el uso de un servicio público. De esta forma se iguala para abajo y elude
eliminar los privilegios impositivos que amparan a los grupos enriquecidos.
EL
DISFRAZ DEL AJUSTE
La inflación, la
salida de capitales y el déficit fiscal han complicado el escenario económico.
El establishment presiona al gobierno para que implemente un fuerte atropello
contra los trabajadores. Desde noviembre pasado hacen valer esa exigencia en el
mercado cambiario, a través de grandes compras de dólares.
Los hombres de
negocios plantean tres reclamos -corte de la emisión, devaluación y
re-endeudamiento- a través de viejos voceros, que han vuelto a la pantalla (desde
Broda hasta Cavallo). Despliegan sus recomendaciones apostando a la amnesia
colectiva de lo ocurrido en los 90.
Los antiguos
expertos de la Convertibilidad despotrican contra restricciones a las
libertades económicas individuales, como si la economía capitalista funcionara
sin estrictas regulaciones. Repiten la trillada comparación de la economía
doméstica con su equivalente nacional, para recordar que “no se puede gastar
más de lo que ingresa”. Pero no sólo olvidan sus récords de endeudamiento.
Omiten la diferencia cualitativa que separa a una familia -con recursos
acotados- de un estado, con capacidad para incidir sobre el nivel general de
actividad mediante políticas macro-económicas.
Los derechistas
pronostican el “rodrigazo” y lo impulsan en la práctica. Buscan la
auto-destrucción del gobierno actual, fantaseando con el retorno del
neoliberalismo ortodoxo. Ante el desmoronamiento de las economías que elogiaban
en la década pasada (como España o Irlanda), ahora convocan a imitar el modelo chileno,
peruano o colombiano.
Pero
lo más chocante es su despliegue de hipocresía. Los apologistas del
libre-comercio cuestionan la “soja-dependencia” (Melconian). Los antiguos
voceros de las AFJP alertan contra el “derroche del dinero de los jubilados”.
Los emporios periodísticos que lucraban con la privatización del sistema
previsional titulan con las desgracias de la clase pasiva (Clarín). Los ex gerentes
de bancos norteamericanos denuncian el aumento del endeudamiento público (Prat
Gay).
Algunos
ajustadores reclaman directamente la devaluación (López Murhpy). Otros proponen
lo mismo con fórmulas más elegantes. Hablan de “corrección cambiaria” (Frenkel),
“ordenamiento de las variables desajustadas” (Lavagna) o eliminación del “cepo
cambiario” (Llach). Todos ocultan que esa medida provocaría un deterioro
inmediato de los ingresos populares[4].
Ninguno
propone reducir la inflación acotando la rentabilidad de los capitalistas.
Recetan un enfriamiento de la economía que denominan “política
antiinflacionaria eficaz” (Rapaport Luis), o “sinceramiento de los precios”
(Frigerio). Tampoco se les ocurre corregir el déficit fiscal cortando las
subvenciones a los grandes grupos. Sólo convocan a terminar con “la fiesta del
gasto público” (Oppenheimer). Su verdadero objetivo es anular las mejoras
sociales logradas en los últimos años[5].
Los derechistas
consideran pecaminoso reducir el desbalance de las cuentas públicos con algún
impuesto a los acaudalados. Por esta razón pusieron el grito en el cielo, ante
el tibio revalúo rural realizado en la provincia de Buenos Aires, para
actualizar valores de terrenos que tributaban siete veces menos que en 1984.
Los economistas del
establishment han hecho también un escándalo por el control de las
importaciones (Sturzenegger), omitiendo que estas restricciones son la norma en
sus ponderadas economías centrales. Algunos diarios (La Nación) llegan al
extremo de advertir contra represalias norteamericanas o europeas, ignorando
las barreras arancelarias que traban el ingreso de exportaciones argentinas a
esos países[6].
Para enmascarar el
programa de ajuste los medios de comunicación utilizan un concepto mágico: “recuperar
la confianza”. No aclaran que esa ansiada seguridad está exclusivamente
dirigida a los grandes capitalistas. Su obsesión es “mejorar el clima de los negocios”
con mayores protecciones a las ganancias.
Los derechistas hacen
campaña para reemplazar “la mala praxis” de la gestión actual por el manejo
experimentado de los viejos gerentes del poder económico. Suponen que la
satisfacción de los banqueros y los industriales asegura el funcionamiento
óptimo del sistema. Todavía no han percibido que la crisis global estalló con
la aplicación de esas recomendaciones, durante dos décadas de irrestricta
práctica neoliberal.
LAS
OSCILACIONES DEL OFICIALISMO.
El gobierno ignora
públicamente los problemas de la economía y difunde un imaginario escenario de
prosperidad. Pero en los hechos toma en cuenta la agenda de los poderosos y ha
oscilado entre el ajuste dosificado y acotado (“sintonía fina”) y el reciclaje
de la reactivación con inflación. Vacila entre ambos rumbos y desenvuelve una
administración a los tumbos, con gran dosis de improvisación.
Hasta marzo pasado impulsaba
el torniquete, mediante la fijación de estrictos techos a los aumentos
salariales (18%). Los discursos contra los sindicatos y las huelgas
pavimentaban ese camino. Con ese propósito se descalificó la lucha social y se
multiplicaron las convocatorias a la pasividad de los trabajadores (“en Europa
no bloquean el Palacio de la Moncloa”).
Pero la suscripción
de los convenios colectivos con aumentos superiores al 23% debilitó esa
estrategia. Los indicios de resistencia popular y un contexto adverso a la
confrontación con los asalariados, indujo al gobierno a cajonear su proyecto
inicial. La conmoción creada por la tragedia de Once definió el viraje que debutó
con la postergación del tarifazo al transporte.
La “sintonía fina”
ha quedado reemplazada por un nuevo ensayo de reactivación basado en el consumo.
La creciente gravitación del equipo de Kicilof confirma la preeminencia de esta
opción. Apuestan a una desaceleración corta de la economía y a superar el bache
actual con la misma política anti-cíclica que se aplicó en el 2009.
Pero la viabilidad
de esta repetición es dudosa. Hace tres años existían amplios recursos fiscales
y recién comenzaba la salida de capitales y la aceleración de la inflación. El
colchón para adoptar medidas de gran impacto (como fue la asignación por hijo)
se ha reducido y las negociaciones con las empresas -para limitar los despidos
a cambio de subsidios- serán complejas. Estas tratativas no han servido,
además, para atenuar la remarcación de precios o remontar la caída de la
inversión privada.
El gobierno intenta
incentivar la demanda, regulando el ciclo y alentando la producción. Pero se
han acumulado demasiados antecedentes de aplicación tardía y eficacia
decreciente de esas medidas. No es lo mismo ensayar en el 2012 lo que debía
instrumentarse en el 2005 o el 2007. Este desfasaje se verifica en numerosos
terrenos.
El equipo
gobernante ha decidido, en primer lugar, eludir la devaluación mediante una
mayor pesificación de la economía. El objetivo declarado es canalizar los
dólares circulantes hacia la actividad productiva y resguardar las divisas.
Algunos economistas realzan, además, la necesidad patriótica de recuperar la
primacía de la moneda nacional y convocan a ignorar los vaivenes del mercado
paralelo[7].
Pero la pesificación
comienza cuando ya salieron gran parte de los dólares que debían custodiarse.
Se toleró la fuga de capital, la remisión de utilidades y las erogaciones
multimillonarias para adquirir combustible importado. Es indudable que el
control de cambios es el punto de partida de una política de protección de la
economía nacional frente a la inestabilidad global. Pero ese objetivo no se
logra con acciones espasmódicas, arbitrarias y provisionales.
Un segundo ejemplo
de reacción tardía es el anuncio de un plan de créditos para las viviendas,
luego de años de aliento a construcciones de lujo, que encarecieron la
propiedad urbana imposibilitando su acceso a los sectores populares. El nuevo
programa no se financiará con impuestos a los capitalistas que se enriquecieron
con la expansión inmobiliaria, sino con fondos del ANSES. Se argumenta que
volcando esa reserva a la construcción habrá reanimación de la economía y mayor
caudal de dinero para pagos futuros de las jubilaciones. Pero los mayores de
edad necesitan mejoras inmediatas y no pueden esperar los frutos de esa
prosperidad.
Si bien la
cobertura total de la población se elevó significativamente (del 68% en el 2005
al 91% en el 2010), las jubilaciones promedio rondan el 40-50% del sueldo
medio. El 75% cobra la mínima y muchos padecen la licuación de haberes sufrida
entre el 2002 y el 2006. Existen, además, 266.000 juicios en espera de
resolución y cada año se abona sólo un cuarto de las sentencias firmes. Es
cierto que el dinero del ANSES debe ser invertido en actividades productivas
internas, pero la prioridad es saldar las deudas pendientes con los mayores.
Si continúa, además,
la utilización de los recursos de la previsión social para los gastos
corrientes del estado (asignación universal, programa conectar, déficit de
provincias), el Fondo de Sustentabilidad corre un serio riesgo depreciación. El
año pasado aumentó 12,1% frente a una inflación de 24%.
La decisión de
obligar a los bancos a destinar un porcentaje de su cartera a los créditos de
inversión, constituye un tercer ejemplo de medidas tardías e insuficientes.
Durante años el discurso industrialista no tuvo eco real en la actividad
financiera. Los bancos ganaron fortunas con préstamos al consumo y operaciones
de intermediación con títulos públicos.
Algunos economistas
señalan que las nuevas medidas de orientación crediticia son factibles recién
ahora, que concluyó la reforma a la carta orgánica del Banco Central. Afirman
que estos cambios amplían la posibilidad de utilizar las reservas en políticas
anti-cíclicas. Sostienen que se puede finalmente adaptar la cantidad de dinero
a las necesidades de la economía y no sólo a las metas de inflación[8].
Cumplir con esos
objetivos exigiría nítidas prioridades productivas para el uso de las reservas.
Es cierto que se han eliminado los vestigios de convertibilidad y los ficticios
criterios de independencia del BCRA. Pero se aceptan otros condicionamientos de
gran envergadura, como son los pagos de la deuda externa con dólares atesorados.
Se utiliza, además, una retórica engañosa para justificar esas erogaciones. La
reciente la cancelación del BODEN 2012 constituye el ejemplo más reciente de
esta actitud.
La medida fue presentada
como un acto patriótico (“sin deuda somos más libres”), que zanja una herencia
ajena (“terminamos de pagar el corralito que nos dejaron otros”). Pero en los
hechos se convalidó la socialización de pérdidas que ocasionó la devaluación
con pesificación asimétrica del 2002. Esta compensación favoreció mucho más a
los bancos que a los ahorristas, puesto que sólo el 23% del segundo grupo pudo
retener los títulos. La mayoría debió liquidarlos a bajos precios.
El pago de ese
emblemático bono efectivamente aumentó la autonomía del gobierno para gestionar
las finanzas públicas. Lo mismo ocurrió con la cancelación anticipada de la
deuda al FMI. Pero lo importante es notar como ese margen de acción es
utilizado para favorecer a los grupos capitalistas más concentrados.
El manejo de la
actividad petrolera constituye un cuarto ejemplo de abordaje a destiempo de los
problemas, achacando la culpa a otros. Durante ocho años el gobierno desoyó las
incontables denuncias del saqueo perpetrado por REPSOL. Se elogiaba a la
empresa, convalidando un vaciamiento que sólo en la Cuenca Neuquina dejó una
deuda ambiental 5000 millones de dólares. La estatización sobrevino cuando la
pérdida del auto-abastecimiento, la caída de las reservas y los gastos de
importaciones crearon una situación insostenible.
La estrategia
petrolera actual constituye una gran incógnita. Por un lado, se designó al
frente de YPF a un gerente de las petroleras privadas (Gallucio), que aspira a concertar
contratos privilegiados con esas compañías, aumentando los precios en boca de
pozo. Por otra parte, se ha extendido el control estatal sobre todas las
inversiones y ganancias del sector, revirtiendo la libre-disponibilidad del
crudo, mientras se suscriben interesantes convenios de asociación con PDVSA.
Estos vaivenes en el manejo de los hidrocarburos siguen la misma pauta ambivalente
que impera en el ámbito de la moneda, la producción o las finanzas.
AFINIDADES
ENTRE DOS MODELOS
La política
económica del kirchnerismo oscila junto a los grandes desequilibrios que
afectan a la economía argentina. El oficialismo intenta gestionar estas
tensiones sin revertir sus causas. No modifica la fragilidad de la estructura
productiva nacional y en varios terrenos acentúa esa vulnerabilidad.
El modelo avala la
creciente dependencia de un mono-cultivo que expande su preeminencia. La soja se
extiende con deforestación y agro-tóxicos hacia toda la superficie agrícola,
generando desalojo de campesinos, concentración de tierra y reducción del
número de explotaciones.
El mismo impacto
produce la ampliación de la mega-minería a cielo abierto, que amenaza la
provisión del agua proveniente de los glaciares. Esta actividad destruye
cultivos tradicionales y afianza “economías de enclave” manejadas por compañías
transnacionales, que no generan empleo, ni pagan impuestos acordes a su
actividad. Este perfil extractivo ha quedado agravado por la escasez de
combustible, que sucedió a la pérdida del auto-abastecimiento. La falta de
petróleo y gas obstruye el desenvolvimiento de la economía.
Al cabo de ocho
años de alto crecimiento tampoco se observa un efectivo repunte de la
industria. El sector manufacturero se ha expandido bajo el impulso de los
vaivenes cíclicos, sin corregir su escasa diversificación, elevada
concentración, continuada extranjerización y sistemática transferencia de
utilidades al exterior.
Por estas razones
reaparecieron las viejas restricciones que afectan a un sector altamente
dependiente, sectorialmente fracturado y comercialmente deficitario. Las
importaciones aumentan a un ritmo superior a las ventas externas y perdura la
decreciente integración de componentes nacionales.
El modelo funciona
convalidando una lógica capitalista de alta rentabilidad, que promueve la
fabricación de autos en lugar de trenes y la construcción de torres
residenciales, en desmedro de complejos habitaciones populares. Se ha
privilegiado el consumo de altos ingreso y no el desarrollo productivo.
Es cierto que en
este marco se consumó la recuperación de importantes conquistas populares. La
política oficial convalidó, en este terreno, la vigencia de relaciones sociales
de fuerza más favorables a los asalariados. Por esta razón los sueldos del
sector formal aumentaron al compás de la inflación. Pero esos logros de los
trabajadores registrados no se han extendido al resto de los asalariados. Al
contrario se afianza la fractura entre empleados inscriptos con protección
social y precarizados carentes de cualquier cobertura.
La masa de
informales continúa padeciendo terribles condiciones de explotación laboral y
paupérrimos ingresos. La existencia de un gasto social mayúsculo confirma la
gravitación del asistencialismo y la escasa inclusión de los desamparados. La
desigualdad se mantiene en niveles semejantes a la mitad de los 90 y sería
ingenuo suponer que el modelo es ajeno estos resultados.
Algunos
partidarios del oficialismo ignoran estos problemas, otros repiten el
latiguillo de la “herencia recibida” y ciertos analistas estima que las
dificultades son mucho menores que los logros alcanzados. Sustentan esta
opinión en el fuerte rechazo que suscita el modelo entre los críticos
derechistas y el significativo elogio que despierta entre los economistas
progresistas del exterior. Estiman que ambas reacciones corroboran el tránsito
por el buen sendero[9].
Pero
este contrapunto sólo ilustra cómo se han polarizado las opiniones entre
el esquema neo-desarrollista vigente y
los planteos de la ortodoxia neoliberal. Estas dos opciones son vistas como los
únicos cursos factibles y por eso se debate exclusivamente las diferencias
entre ambos modelos. Las distinciones más resaltadas son la política económica
(tracción de la economía por la demanda o la inversión), la gestión del estado
(regulación o privatización) y los intereses dominantes en disputa (grupos
agro-industriales versus financistas)[10].
Pero
al enfatizar sólo esas divergencias se pierde de vista los múltiples vasos
comunicantes que enlazan a los dos proyectos. Este parentesco obedece en gran
medida a la impronta conservadora que presenta el neo-desarrollismo
contemporáneo. Esta corriente es reacia a cualquier redistribución real de los
ingresos, que mejore el nivel de vida popular a costa de los beneficios
empresarios. Por esta razón no reduce la desigualdad con medidas de progresividad
impositiva.
La brecha social no
podrá achicarse sin afectar las ganancias que el modelo actual promueve, como
un motor del desarrollo económico. Los teóricos neo-desarrollistas desconocen
este hecho porque mantienen una mirada idílica del capitalismo y suponen que el
aliento del lucro es plenamente compatible con mejoras significativas y sustentables
de las mayorías populares. Pregonan el avance hacia el bienestar de todos los
ciudadanos mediante el perfeccionamiento de las instituciones políticas
vigentes, como si los conflictos sociales y los antagonismos de clases fueran
anécdotas del pasado.
El
neo-desarrollismo argentino constituye la avanzada regional de una concepción que
está ganando terreno en varios países latinoamericanos, ante el creciente
desprestigio del neoliberalismo. Comienza incluso a prosperar en Brasil, a
través de una modalidad hibrida que despuntó en el segundo mandato de Lula[11].
A diferencia del viejo desarrollismo,
sus promotores actuales subordinan la industrialización a la exportación de
bienes primarios y no canalizan la renta captada por el estado, hacia el desarrollo
de empresas públicas. Tampoco jerarquizan el mercado interno y aceptan la
reinserción pasiva de América Latina como proveedor internacional de minerales,
alimentos o combustible.
El neo-desarrollismo sintoniza con los
sectores de las clases dominantes que han internacionalizado sus fuentes de
lucro. Promueve los negocios de estos grupos mediante intervenciones más activas
del estado, mayor coordinación regional y creciente autonomía financiera.
Inscribe todos sus proyectos en la nueva etapa de mundialización capitalista y
abandonó las veleidades antiimperialistas del pasado.
¿RESURGIRÁ LA BURGUESÍA NACIONAL?
Los defensores del
modelo ponderan la recuperación de un manejo soberano de la economía, pero
nunca aclaran quiénes son los principales beneficiarios de esa gestión. En
lugar de especificar estos sujetos responden con generalidades (toda la
sociedad), con reminiscencias nacionalistas (el país, la patria) o con
alusiones tangenciales a las mayorías (el pueblo). Sólo algunos economistas
reconocen que el principal objetivo social del esquema en curso es recrear la
burguesía nacional, que tantas veces ponderó Kirchner.
Pero este propósito
choca con la inexistencia de grupos capitalistas de envergadura exclusivamente
centrados en la acumulación local y el mercado interno. Los distintos segmentos
de ese empresariado ya no ocupan lugares preeminentes en la cúspide del poder
económico. El establishment ha quedado muy configurado por grupos exportadores
y firmas diversificadas, con grandes capitales e intereses en el exterior.
En los últimos ocho años se utilizaron
cuantiosos recursos del estado para alentar el resurgimiento de la burguesía
nacional, esperando que apuntale el desenvolvimiento del modelo. Esas
subvenciones fueron íntegramente costeadas por los sectores populares y el
resultado ha sido decepcionante. Nuevamente se repitió la infructuosa
experiencia de un “capitalismo de amigos”, que dilapida recursos y obstruye la
industrialización. Analistas muy afines al esquema actual reconocen este fallido
resultado [12].
La sucesión de
escándalos de corrupción constituye una expresión de este fracaso. Las coimas
son un condimento insoslayable de cualquier estrategia de forjar una clase
capitalistas con prebendas del sector público. Pero el montaje de negocios
paralelos a la regulación estatal ha florecido, sin ninguna contrapartida de
inversión privada o expansión productiva.
El caso Ciccione representa el más reciente de
estos negociados. Como involucra al vicepresidente -en un tema tan sensible
como es la impresión de moneda- alcanzó gran resonancia. El choque entre el
grupo apadrinado por Boudou y el sector competidor de Boldt (protegidos por
varios gobernadores) ha sido acompañado por la secuencia habitual de
enriquecimiento de altos funcionarios. El ruido que han hecho los medios de
comunicación enemistados con el gobierno (como Clarín) es proporcional al
silencio que mantienen, cuando los negociados afectan sus propios intereses
(fondos de pensión, agro-industria, papel prensa).
En cualquier caso, lo
importante es notar la existencia de un gran entramado de grupos capitalistas,
que lucran con el modelo neo-desarrollista sin recrear la esperada burguesía
nacional. Esos sectores son agraciados con subvenciones oficiales que atesoran,
despilfarran o fugan, sin consumar las inversiones que prometen.
Frente a estos
desengaños la reacción oficial ha sido el reemplazo de un incumplidor por otro sustituto
de la misma especie. Últimamente habrían quedado desplazados Britos, Eurnekian
y Mindil, mientras Cristóbal López sigue en carrera y se buscan nuevos aliados
para los baches dejados en varias actividades (petróleo, electricidad,
carreteras)[13].
Lo
ocurrido con el ferrocarril es particularmente ilustrativo de esta tendencia
oficial a sustituir un socio en desgracia por algún reemplazante de la misma
plantilla. Luego de la tragedia de Once le quitaron la concesión a Cirigliano
para transferírsela a Roggio-Romero. Este enroque preserva la misma estructura vigente
desde hace décadas, con el auspicio mafioso de los mismos funcionarios y
burócratas sindicales integrados a la UGOFE. Se demostró que un “estado
presente” puede resultar tan pernicioso como su contraparte “ausente”, si contribuye
a organizar negociados (Jaime) y a convalidar complicidades (Schiavi).
Los
economistas K continúan debatiendo por qué razón está bloqueada la reaparición
de los empresariados virtuosos que observan en otras latitudes. Algunos
consideran que existe un determinante histórico difícil de remover, en un país
conformado en torno a la renta agraria. Otros estiman que perfeccionando los
sistemas de control estatal, se logrará modificar el patrón de capitalistas
argentinos reacios a la inversión o al riesgo y acostumbrados al lucro de corto
plazo.
Nadie sabe si
alguna vez reaparecerá la esperada burguesía nacional. Pero desojar la
margarita tiene su costo, ya que el gobierno destina monumentales subvenciones a
ese proyecto. Si transparentaran esas cifras resultaría muy difícil defender
públicamente semejante dispendio. En última instancia, el problema económico y
social de Argentina no radica en la modalidad de capitalismo predominante, sino
en la continuidad de un sistema que genera explotación, sufrimientos e
injusticias. Los males del capitalismo no se corrigen buscando otro
capitalismo.
CONFUSIONES
Y OPORTUNIDADES
La prioridad que
asigna el neo-desarrollismo al fortalecimiento de los grupos empresarios
locales, obliga a postergar la satisfacción de muchas demandas sociales. Los
fondos públicos derivados a la actividad privada son retraídos de su
utilización popular. Afortunadamente los trabajadores y los movimientos
sociales continúan con sus peticiones, sin quedar paralizados por las metas
burguesas que auspicia el oficialismo.
Esta
intensa práctica de movilizaciones, piquetes y huelgas continúa junto al
importante nivel de combatividad que caracteriza a los trabajadores argentinos.
Pero esta acción no se traduce proyectos propios, contrapuestos a las distintas
vertientes políticas que propician estrategias neoliberales o neo-desarrollistas.
La gestación de un tercer polo -que rompa el aprisionamiento a esas dos
opciones de las clases dominantes- es una asignatura pendiente de la izquierda
y del progresismo genuino.
Para
avanzar en esa construcción resulta indispensable evitar que las críticas al
gobierno se confundan con los cuestionamientos que propaga la reacción
neoliberal. Es vital explicitar esa diferenciación, en el actual contexto de
bombardeo mediático derechista. El establishment busca difundir la imagen de
objeciones uniformes, complementarias y compatibles de todos los opositores,
contra un enemigo gubernamental común. Esta estrategia de confusión privilegia
especialmente la temática económica.
Durante
los últimos años muchos críticos centroizquierdistas del kirchnerismo coquetearon
adrede o en forma involuntaria con ese operativo. Últimamente esta actitud se
ha modificado, pero no ha desaparecido. Algunos todavía resisten el registro de
las diferencias que separan al gobierno de los neoliberales. Ese
desconocimiento es fatal y conduce al desconcierto, cada vez que el oficialismo
adopta alguna medida limitadamente progresiva (como la reciente expropiación de
YPF). La desubicación es aún mayor entre quiénes repiten el libreto de los
medios contra el “autoritarismo”, la “caja” o el “populismo” presidencial.
En la izquierda se observan casos más
extremos de esta ceguera. Ciertos críticos han invertido por completo la
interpretación de los sucesos económicos y caracterizan a la pesificación, como
el debut de un “rodrigazo” y a la nacionalización de YPF, como un anticipo de la
reprivatización de esa compañía. Emiten, además, pronósticos de estallidos
financiero o cambiario en estricta sintonía con el guión del establishment[14].
Esta
confusión proviene de presentar los conflictos que involucran intereses
nacionales o populares, como simples disputas inter-capitalistas. También
deriva de la incapacidad para percibir las conquistas sociales o democráticas que
se han obtenido en los últimos años. Con esa postura no se pueden tender puentes
hacia las mayorías populares, que observan con simpatía al gobierno actual.
A pesar de la
polarización que se ha creado entre el universo K y anti-K, los sectores
politizados de la población escuchan con atención los mensajes de la izquierda
y progresismo. Pero la recepción efectiva de estos planteos en depende de la
calidad y la formulación que tienen esos mensajes[15].
Hay buenas
condiciones para avanzar hacia la construcción de una tercera alternativa
genuinamente popular. Pero hay que afinar la puntería, mejorar las propuestas
alternativas y profundizar la elaboración colectiva.
7-8-2012
[1] Economista, Investigador,
Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página web es: www.lahaine.org/katz
[2] Feletti Roberto, “Argentina redobla la
apuesta”, Página 12, 23-7-2012.
[3] Hemos explicado los impactos diferenciados de
la crisis en dos textos recientes. Katz Claudio, “El ajedrez global de la crisis”, Batalla de ideas, n 3, año 3, Buenos
Aires, 2012. Katz Claudio, “Los
atolladeros de la economía latinoamericana”, en El neoliberalismo y su crisis. Causas, Escenarios y
Posibles Desenvolvimientos, Santiago de Chile, 2012, ARCIS, REDEM.
[4] Melconian Carlos, “Otra vez la revolución
conservadora”, La Nación, 29-7-2012. Lavagna Roberto, “Estamos frente a una
economía en falsa escuadra”, Clarín, 6-6-2012. Llach Juan José, “Para no tentar
a una nueva crisis”, La Nación, 24-5-2012. López Murphy Ricardo, “Qué esconde
la reforma al Banco Central”, Clarín, 19-3-2012.
[5]Oppenheimer Andrés,
“Argentina economic fiesta is over”, Miami Herald, 18-6-2012. Rapaport Luis, “Cristina: con quién pesificará
sus dólares”, Clarín, 8-6-2012. Frigerio Rogelio, “Comparar a veces es
engañoso”, Clarín 11-5-2012.
[6] Sturzenegger Federico, “Los seis errores de
la economía K”, La Nación, 10-6-2012.
[7] Rofman Alejandro, “El dólar y una obligación
ciudadana”, Página 12, 1-6-2012, Scaletta Claudio, “Desdolarización y
tendencia”, Página 12, 15-7-2012
[8]Heller Carlos defiende el proyecto de reforma
de la Carta Orgánica. Telam, 14-3-2012.
[9] Aronskind Ricardo, “El rechazo de la derecha
empresaria”, Página 12, 25-3-2012.
Roffman Alejandro, “Una mirada distinta”, Página 12, 22-7-2012.
[10] Hemos presentado nuestra caracterización de
los rasgos neo-desarrollistas del modelo actual en Katz Claudio, “Los nuevos desequilibrios de la economía argentina”, Anuario EDI, n 5,
septiembre 2010, Buenos Aires.
[11] Boito Armando, “A economia capitalista está
em crise e as contradições tendem a se aguçar”, Jornal Brasil de Fato,
09/04/2012, www.brasildefato.com.br
. Saad Filho Alfredo, Morais Lecio, “Da economía política a política económica:
o novo-desenvolvimentismo e o governo Lula”, Revista de Economía Política, vol
31, n 4, outubro-dezembro 2011.
[12] Zaiat Alfredo, “Burguesía fallida”, Página
12, 1-4-2012.
[13] “La rueda de la fortuna de los empresarios
K”, La Nación, 17-6-2012
[14] Altamira Jorge, “El arte de pensar en pesos”,
Prensa Obrera 1224, 31-5-2012. Ramal Marcelo, “La izquierda independiente saluda
la nueva YPF”, Prensa Obrera 1219, 5-7-2012.
[15] El reciente documento de los Economistas de
Izquierda (EDI) se ubica en esta perspectiva. “Afloran floran los límites del
modelo”. www.rebelion.org/mostrar., 4-4.-2012
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