El
Consejo Plurinacional Indígena y organismos de derechos humanos
denunciaron que el proyecto de Código Civil se contradice con toda la
legislación indígena vigente. Exigen que se respete el derecho a
consulta y advierten que se equipara a las comunidades indígenas con los
consorcios de edificios.
(Fecha original del artículo: Agosto 2012)
(Fecha original del artículo: Agosto 2012)
“El nuevo Código Civil enviado por la
Presidenta será un retroceso enorme para los pueblos originarios. Los
derechos ganados en años de lucha por nuestros pueblos, con éste
proyecto quedarían reducidos a simples inmuebles rurales”, denunció
Ignacio Prafil, werken (vocero) de la comunidad Fvta Anekon de Río Negro
e integrante del Consejo Plurinacional Indígena (CPI), que se reunió en
la puerta del Congreso Nacional para rechazar la reforma del Código
Civil. Mientras en el Congreso se desarrollaba la audiencia pública para
opinar sobre el proyecto, Prafil advirtió desde las escalinatas de
ingreso al histórico edificio: “Desde el actual Estado se habla de
derechos humanos, pero a la hora de los pueblos originarios parece que
se acabaron los derechos humanos. Legislan sobre nosotros, pero no
respetan nuestros derechos”. Acompañaron el reclamo la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia
(Serpaj) y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ya habían
expresado sus cuestionamientos al proyecto el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos
Indígenas (Odhpi) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena
(AADI). Exigen que los artículos vinculados a pueblos indígenas sean
tratados en una ley especial y con consulta a los pueblos.
Paz Argentina Quiroga, huarpe de San
Juan, aclaró que desde el Consejo Plurinacional no están contra la
reforma del Código Civil. “El actual es un Código obsoleto, hay que
modernizarlo, pero no estamos para nada de acuerdo con que incorporen
artículos que afectan directamente a los pueblos originarios y sin
consultar a los pueblos. Los artículos propuestos no se corresponden con
la legislación vigente, se contrapone con la misma Constitución
Nacional. De aprobarse así como está, será un Código Civil
anticonstitucional”, remarcó Quiroga.
La referente huarpe remarcó que en Argentina viven 35 pueblos indígenas, que ninguno fue consultado y –en un contexto de “agresión territorial en los cuatro puntos cardinales del país”–, el anteproyecto enviado por el Ejecutivo “hecha por tierra la legislación ganada en décadas de lucha”.
La referente huarpe remarcó que en Argentina viven 35 pueblos indígenas, que ninguno fue consultado y –en un contexto de “agresión territorial en los cuatro puntos cardinales del país”–, el anteproyecto enviado por el Ejecutivo “hecha por tierra la legislación ganada en décadas de lucha”.
“Nos ponen en un articulito que ni nos
reconoce como pueblos (como sí lo hace la Constitución Nacional), sino
como comunidades. Nos ubica como si fuéramos un inmueble que se compra y
se vende. No tiene nada que ver con nuestra cosmovisión. Nuestro
territorio no es un recurso, es nuestra vida, nuestra existencia”,
aclaró Quiroga.
Nilo Cayuqueo, mapuche de Los Toldos
(Buenos Aires), exigió que se respeta el Convenio 169 de la OIT (que
Argentina ratificó) y se proceda a realizar un proceso de “consulta
libre, previa e informada” con los pueblos indígenas. “No aceptamos esta
propuesta de Código Civil”, insistió Cayuqueo y lamentó, desde la
vereda del Congreso, que los legisladores “no bajen a dialogar” con los
pueblos indígenas.
Derechos humanos
Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), remarcó que la organización respalda el reclamo del Consejo Plurinacional Indígena y solicitó que la Comisión Bicameral del Congreso –a cargo de las audiencias públicas por el Código Civil– “escuche seriamente el pedido de los pueblos originarios”. Pidió por la seguridad del líder qom Félix Díaz (de Formosa) y recordó que las comunidades indígenas sufren “amenazas y persecuciones” por defender los territorios indígenas.
Angélica Mendoza, del Serpaj, hizo llegar la adhesión de Adolfo Pérez Esquivel. Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, vinculó el nuevo Código Civil al avance de industrias extractivas: “En la marcha indígena del Bicentenario, la Presidenta marcó la cancha. Les avisó a los dirigentes indígenas que si hay petróleo en una comunidad iban a correr la comunidad. Los derechos humanos se respetan o se violan, y con los pueblos originarios se están violando sistemáticamente”.
Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), remarcó que la organización respalda el reclamo del Consejo Plurinacional Indígena y solicitó que la Comisión Bicameral del Congreso –a cargo de las audiencias públicas por el Código Civil– “escuche seriamente el pedido de los pueblos originarios”. Pidió por la seguridad del líder qom Félix Díaz (de Formosa) y recordó que las comunidades indígenas sufren “amenazas y persecuciones” por defender los territorios indígenas.
Angélica Mendoza, del Serpaj, hizo llegar la adhesión de Adolfo Pérez Esquivel. Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, vinculó el nuevo Código Civil al avance de industrias extractivas: “En la marcha indígena del Bicentenario, la Presidenta marcó la cancha. Les avisó a los dirigentes indígenas que si hay petróleo en una comunidad iban a correr la comunidad. Los derechos humanos se respetan o se violan, y con los pueblos originarios se están violando sistemáticamente”.
Silvina Ramírez, presidenta de la
Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), remarcó que “no
existió el derecho a consulta” de los pueblos indígenas. “Esa
vulneración de derechos no se suple con las voces que puedan ser
escuchadas en estas audiencias testimoniales sobre un Código Civil que
parece ya estar decidido”, advirtió y evaluó que el articulado del
proyecto “muestra la incomprensión del Estado respecto a los pueblos
indígenas, pueblos que son sujetos políticos y con quienes se debe
construir una relación distinta para un Estado plurinacional y
pluricultural”.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, resumió: “El proyecto de Código Civil muestra
desprecio por la vida de nuestros hermanos. Hay un abandono del Estado
para los pueblos originarios. Hay un Gobierno que dice defiende los
derechos humanos, hemos tenido avances hasta acá, pero tenemos que tener
todos los derechos humanos y hoy no es tan así. No sólo los Qom, todos
los pueblos originarios están siendo perseguidos, violados sus derechos y
se les apropian las tierras”.
Cortiñas llamó a actuar a “todos los organismos” de derechos humanos. “No pueden mirar para otro lado. No pueden decir que reclamar lo que corresponde es voltear un Gobierno, no es verdad. El Gobierno va por un camino equivocado si no escucha”, afirmó la Madre de Plaza de Mayo.
Propuso solicitar una entrevista con la Presidenta. Y de inmediato se autorespondió: “A Félix Díaz no le dio la entrevista, no sé si nos dará la entrevista”.
Y, al estilo de Madres, terminó con una arenga: “¡Vamos con fuerza. Hasta vencer!”.
Cortiñas llamó a actuar a “todos los organismos” de derechos humanos. “No pueden mirar para otro lado. No pueden decir que reclamar lo que corresponde es voltear un Gobierno, no es verdad. El Gobierno va por un camino equivocado si no escucha”, afirmó la Madre de Plaza de Mayo.
Propuso solicitar una entrevista con la Presidenta. Y de inmediato se autorespondió: “A Félix Díaz no le dio la entrevista, no sé si nos dará la entrevista”.
Y, al estilo de Madres, terminó con una arenga: “¡Vamos con fuerza. Hasta vencer!”.
Congreso
El Consejo Plurinacional Indígena presentó un documento ante la Comisión Bicameral del Congreso (leer documento presentado). Detalla las irregularidades que contiene la propuesta del nuevo Código Civil: viola el derecho a consulta, evita legislar sobre territorio, ignora a los pueblos indígenas urbanos y periurbanos y no reconoce a los indígenas como pueblos (sólo lo hace como comunidades).
Una de las mayores críticas es que se ubica a los pueblos indígenas dentro del derecho privado (como un consorcio de edificio o una cooperativa). El Consejo Plurinacional advierte que se contradice toda la legislación de derechos humanos de pueblos indígenas vigentes y se contradice escritos de la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco. El proyecto de Código Civil incluso se opone con una de las banderas del kirchnerismo: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entiende a los pueblos indígenas como personas de derecho público no estatal (y no dentro del derecho privado, como intenta el Gobierno con el proyecto del Código Civil).
El Consejo Plurinacional Indígena presentó un documento ante la Comisión Bicameral del Congreso (leer documento presentado). Detalla las irregularidades que contiene la propuesta del nuevo Código Civil: viola el derecho a consulta, evita legislar sobre territorio, ignora a los pueblos indígenas urbanos y periurbanos y no reconoce a los indígenas como pueblos (sólo lo hace como comunidades).
Una de las mayores críticas es que se ubica a los pueblos indígenas dentro del derecho privado (como un consorcio de edificio o una cooperativa). El Consejo Plurinacional advierte que se contradice toda la legislación de derechos humanos de pueblos indígenas vigentes y se contradice escritos de la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco. El proyecto de Código Civil incluso se opone con una de las banderas del kirchnerismo: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entiende a los pueblos indígenas como personas de derecho público no estatal (y no dentro del derecho privado, como intenta el Gobierno con el proyecto del Código Civil).
El Consejo Plurinacional solicita que
los artículos referidos a los pueblos indígenas sean retirados del
proyecto y se convoque a una consulta amplia, que respete los tiempos y
los derechos indígenas, para sancionar una ley especial en materia de
propiedad comunitaria indígena.
Notas Publicadas en Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, http://odhpi.org/2012/08/nuevo-codigo-civil-un-retroceso-para-los-pueblos-indigenas/ y http://odhpi.org/2012/08/perez-esquivel-no-hay-voluntad-politica-de-respetar-a-los-pueblos-originarios/ respectivamente
Pérez Esquivel: “No hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios”
El Premio Nobel de la Paz afirmó que el
Gobierno tiene una mirada acotada de los derechos humanos y remarcó que
el modelo extractivo avanza con represión. El rol de los organismos de
derechos humanos, el Pueblo Qom, Gildo Insfrán, La Cámpora y quiénes son
funcionales a la derecha.
Se autodefine como “militante por los
derechos humanos”. Y deja en segundo plano el Premio Nobel de la Paz,
con el que fue reconocido en 1980. Adolfo Pérez Esquivel comenzó su
militancia en 1971, dos años después fundó el periódico “Paz y
Justicia”, espacio de encuentro para organizaciones y militantes. En
1975 participó de la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH) y, entre 1977 y 1978, estuvo preso en Argentina por
orden de la dictadura militar. Desde la década del 70 acompaña a los
pueblos indígenas de América y, desde 2010, tuvo activa participación en
el acompañamiento de la comunidad qom de Formosa Potae Napocna Navogoh
(Puño de oso hormiguero – La Primavera). “El gobierno nacional no
quiere solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales”,
resume sobre la situación en Formosa y no le escapa a la mirada global
del modelo extractivo (minería, soja): “Los pueblos dicen no a esas
actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice
sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida
del pueblo”. Pérez Esquivel advierte sobre la mayor represión sobre
quienes se oponen al modelo extractivo, denuncia que el INAI “no trabaja
para los pueblos originarios, sino para los intereses de los
gobiernos”, cuestiona que el kirchnerismo acota los derechos humanos al
periodo 76-83 y descree que el nuevo Secretario de Derechos Humanos
(Martín Fresneda) acompañe a las actuales víctimas de la represión.
-Félix Díaz sufrió la última
semana un “accidente” en Formosa. Lo rozó una camioneta cuando iba en
moto y terminó en el hospital. Díaz aseguró que no fue un accidente.
-Hablé con Félix. Es terrible lo de
Formosa, un gobierno feudal que atenta contra todo aquel que exija sus
derechos. En muchas provincias, sucede lo mismo en Salta y Neuquén, los
gobiernos hacen lo que quieren, no reconocen los derechos de los pueblos
originarios y esto tiene relación directa con las políticas del
gobierno nacional.
-¿Qué políticas del gobierno nacional?
-La política de no reconocimiento de los
pueblos originarios. Un ejemplo claro es el INAI (Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas), no trabaja para los pueblos originarios, sino para
los intereses de los gobiernos, ya sea de las provincias o Nacional,
pero no para el desarrollo de los pueblos originarios.
-Usted vivió de cerca la conformación de la mesa de diálogo por la comunidad La Primavera, a fines de 2010.
-Fue lamentable la política del Gobierno
para con el Pueblo Qom de Formosa. No reconoció a Félix Díaz como líder
qom a pesar de que la comunidad lo eligió por amplia mayoría. Permitió
el avance de Parques Nacionales sobre la comunidad y encima terminó
suspendiendo la mesa de diálogo.
-¿Por qué un gobierno que ha
demostrado sensibilidad con los derechos humanos y que ha tomado esa
bandera toma la decisión de no respetar los derechos de los pueblos
indígenas?
-El gobierno nacional no tiene
sensibilidad, tienen interés político en los derechos humanos que
abarcan el periodo 1976-1983. Ni siquiera aborda lo actuado por la Tripe
A. El Gobierno no quieren entender de derechos humanos de antes del 76
ni posterior al 83. La política de derechos humanos está restringida a
la última dictadura militar.
-¿Cómo debieran entenderse los derechos humanos?
-Nosotros entendemos los derechos
humanos desde su integralidad, lo que claramente debe incluir los
derechos de los pueblos originarios, los derechos de quienes luchan
contra la minería. Por eso no entiendo un proyecto que se dice “nacional
y popular” y no aborde esas situaciones. En cuanto a derechos humanos,
hay más discursos que políticas.
-En el marco del juicio por
fumigaciones del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) usted dijo que el
modelo agropecuario viola derechos humanos fundamentales. Algo similar
dijo Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)…
-Es que no se puede entender de otra
manera. Es no respetar a poblaciones enteras, no respetar culturas,
devastar el ambiente, cambiar la forma de vida de las comunidades y
provocar enfermedades son claras violaciones a los derechos humanos. No
comprendo que se pueda entender de otra manera. Los pueblos dicen no a
esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les
dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la
vida del pueblo.
-¿Por qué otros organismos de derechos humanos no denuncian el extractivismo?
-Hay dos cuestiones. Muchos organismos
provienen del drama de la última dictadura. Justicia por esos hechos es
su objetivo último, y está bien, no lo digo como crítica. Y también hay
otros organismos de derechos humanos que no denuncian la violencia
actual porque son aliados del Gobierno y reciben fondos del Gobierno.
Son opciones. Nosotros estamos convencidos de que las políticas de
derechos humanos son integrales. Sin hay niños muriendo de hambre, no
hay respeto a los derechos humanos. Y en Argentina mueren chicos de
hambre. Hace dos semanas estuve con médicos de Córdoba que relataban con
tristeza la cantidad de chicos desnutridos que hay.
-Más allá de los gobiernos, la
misma opinión pública o la misma sociedad pareciera que hay una negación
respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Un ejemplo, cuando
asesinaron a Mariano Ferreyra hubo 50 mil personas en Plaza de Mayo.
Cuando mataron al qom Roberto López no había más de 600 personas frente a
la Casa de Formosa.
-En Argentina hay una negación histórica
y cultural hacia los pueblos originarios, no se los reconoce, hay una
enorme discriminación hacia los pueblos originarios. La Argentina no
mira sus raíces, sigue el discurso de que “somos un país de
inmigrantes”, cuando en realidad esa es sólo una parte de la historia.
Es tanta la discriminación que hasta las universidades públicas
nacionales, de Formosa y La Plata, le sacan tierras a comunidades
originarias.
-El respeto a los derechos de
indígenas y campesinos es uno de los puntos más débiles del Gobierno.
¿Qué expectativa tiene para los próximos años?
-Son asignaturas pendientes. Y lamento
decir que no tengo expectativa de que este Gobierno cumpla con las
comunidades originarias y con los campesinas.
-¿Por qué?
-Porque no hay políticas que vayan más allá del periodo 76-83.
-¿Y con el nuevo Secretario de
Derechos Humanos (Martín Fresneda)? Es hijo de desaparecidos, proviene
de la militancia y conoce de cerca las consecuencias del modelo de
agronegocios en Córdoba.
-Lo conozco, me vino a ver. Hasta ahora
no ha hecho absolutamente nada por los pueblos originarios. No tengo
expectativa que haga cumplir los derechos humanos en su integralidad. No
lo veo. Si en el futuro lo veo en hechos concretos, lo diré de
inmediato. Pero este Gobierno ni siquiera tiene diálogo con los pueblos
originarios. El INAI juega contra las comunidades, el INADI (Instituto
Nacional contra la Discriminación) ni juega. El gobierno nacional y los
provinciales, como el de Formosa, juegan al desgaste duro.
-¿Desgaste duro?
-Reuniones que no resuelven nada, sin
avances. Un día, junto a Félix (Díaz) estuvimos desde las 17 hasta las 2
de la mañana en la mesa de diálogo con el Gobierno. Y (Florencio)
Randazzo (ministro del Interior) nos decía “somos un país federal, no
podemos meternos en la provincia”. ¡Por favor! ¡Somos grandes como para
que nos digan eso! El gobierno nacional no quiere solucionar el
conflicto, prioriza a sus aliados provinciales. La verdad es que no hay
avances porque en el Gobierno no hay voluntad política de respetar a los
pueblos originarios. Es duro, pero no me lo contaron, lo viví.
-¿El “desgaste duro” incluye represión?
-El avance de la soja y de la minería
incluye amenazas, persecuciones y claro que incluye represión. Sólo hay
que mirar Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. Y es claro
que los gobiernos provinciales que reprimen son aliados del gobierno
nacional. Exigimos que se deje de perseguir y de reprimir a quienes
luchan, pero no somos optimistas en ese sentido. Ver a La Cámpora
haciendo campaña contra Félix (Díaz), y apoyando al que apadrina Gildo
Insfrán, no es como para esperar un cambio positivo.
-La Cámpora, con el actual
diputado Andrés Larroque al frente, fue quien desalojó a los Qom de
Avenida de Mayo y 9 de Julio en mayo de 2011.
-Recuerdo ese desalojo. La Cámpora como fuerza de choque contra los pueblos originarios.
-Por sus críticas lo van a acusar de “hacerle el juego a la derecha”.
-No me pueden correr con eso. El juego a
la derecha lo hacen quienes miran para otro lado. Nosotros denunciamos
injusticias porque queremos un país mejor, para todos y con verdadero
respeto por los derechos humanos, de todos. Y siempre, desde hace
décadas, estamos del lado de los que sufren. En este caso estamos junto
al Pueblo Qom. ¿De qué lado está La Cámpora? ¿De qué lado está el
Gobierno?
Notas Publicadas en Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, http://odhpi.org/2012/08/nuevo-codigo-civil-un-retroceso-para-los-pueblos-indigenas/ y http://odhpi.org/2012/08/perez-esquivel-no-hay-voluntad-politica-de-respetar-a-los-pueblos-originarios/ respectivamente
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