Autoras/es: Gastón Sardelli* para ANRed
El pasado 28 de noviembre, se aprobó en el Senado la Ley de la Música. Mientras que para muchos es una conquista en el avance de los derechos de los músicos, para otros es una ley de tipo patronal que no sólo no combatirá a las empresas gigantes de entretenimiento (sean nacionales o extranjeras) sino que también abrirá el juego al manejo de fondos públicos en función del posicionamiento político de los artistas.
(Fecha original del artículo: Diciembre 2012)
Probablemente, tiempo atrás, con la democracia emergiendo, esta ley hubiera sido un buen paso. Pero hoy esta ley tiene un profundo carácter conservador. En un mundo donde la representatividad - fortaleza del capitalismo - está en crisis, donde se cuestiona la delegación y se reclama participación, donde las instituciones pierden legitimidad ante su incapacidad de resolver los problemas que les son asignados, y teniendo en cuenta que nuestro país no es una excepción a esta realidad, llegamos a una ley que excluye por completo al músico en la participación real: de la elección de autoridades, propuesta y aprobación de medidas o proyectos y, uno de los puntos más importantes, de la remoción de los cargos.
Para llevar a la práctica los efectos de la ley se crea el INAMU (Instituto Nacional de la Música). De este organismo depende que la ley cumpla sus objetivos. Consta de 3 autoridades. La máxima autoridad es el Directorio, y como era de esperar, el Director y Subdirector, sólo serán designados por el Poder Ejecutivo con una duración de 4 años.
Luego en autoridad le sigue la Asamblea Federal, que consta de representantes gubernamentales de las distintas provincias más el Director. Es decir, nuevamente, los músicos no tienen su lugar.
Recién en el Comité Representativo aparecen, si es que aparecen. El Comité consta de 16 miembros de los cuales 5 son designados por la Asamblea Federal, es decir, en lugar de los músicos elegir a sus delegados músicos, los funcionarios eligen a los músicos designados para representar a los cientos de miles. De los 11 miembros restantes sólo 3 son músicos: el resto son representantes de diferentes entidades y productores de la industria musical. De esta manera el poder político y económico tiene garantizado una mayoría en la única autoridad donde participan artistas.
Está claro que tenemos ante nosotros una ley que deja totalmente afuera a los artistas, que termina devorado por los minotauros de saco y corbata en los laberintos de las instituciones. ¿Cómo nos aseguraremos que los grandes grupos de entretenimientos, grandes empresas de la industria y empresarios amigos, no sean los beneficiarios? ¿Si la idea es quitarle al arte la soga del mercado que ahoga su creatividad, qué mecanismos empleamos para que los fondos públicos no sean utilizados como herramientas de cooptación política? Así, se le estaría colocando al arte una doble soga, que siempre es aliada a un sector del mercado hegemónico, si la esencia del INAMU deja de lado la participación activa en la toma de decisiones de los cientos de miles de artistas que hay hoy en el país.
La terminología usada para definir a los músicos es obsoleta, como si no se tratase de trabajadores, casi con una concepción metafísica del artista, así como la absurda insinuación a "las comunicaciones digitales clandestinas" respecto a las posibilidades de compartir y difundir a través de las nuevas tecnologías.
Es importante remarcar que muchos puntos de la ley suponen un avance -aunque sinceramente no es necesario hacer una ley de este tipo para construir centros culturales o promover el arte musical- pero está claro que cuando un sistema de dominación da un paso para reestructurarse, debe conceder algún beneficio para así lograr un consenso.
Lo que debemos preguntarnos es qué efectos puede tener lo objetivamente negativo de una ley sobre lo potencialmente positivo. Qué potencialidades y limitaciones presenta esta ley. El enemigo del músico, en cuanto trabajador de la cultura, está donde estuvo siempre: en las grandes empresas y el Estado burgués, que ahora están más juntos y legitimados que nunca con esta Ley. Y por el contrario, el músico tan lejos de la toma de decisiones como antes.
Quien crea en las promesas que llegan desde arriba ha olvidado como terminan las historias.
* Gaston Sardelli es bajista y vocalista de la banda Airbag
Publicado en ANRed el 10 de diciembre de 2012: http://www.anred.org/spip.php?article5643
Luego en autoridad le sigue la Asamblea Federal, que consta de representantes gubernamentales de las distintas provincias más el Director. Es decir, nuevamente, los músicos no tienen su lugar.
Recién en el Comité Representativo aparecen, si es que aparecen. El Comité consta de 16 miembros de los cuales 5 son designados por la Asamblea Federal, es decir, en lugar de los músicos elegir a sus delegados músicos, los funcionarios eligen a los músicos designados para representar a los cientos de miles. De los 11 miembros restantes sólo 3 son músicos: el resto son representantes de diferentes entidades y productores de la industria musical. De esta manera el poder político y económico tiene garantizado una mayoría en la única autoridad donde participan artistas.
Está claro que tenemos ante nosotros una ley que deja totalmente afuera a los artistas, que termina devorado por los minotauros de saco y corbata en los laberintos de las instituciones. ¿Cómo nos aseguraremos que los grandes grupos de entretenimientos, grandes empresas de la industria y empresarios amigos, no sean los beneficiarios? ¿Si la idea es quitarle al arte la soga del mercado que ahoga su creatividad, qué mecanismos empleamos para que los fondos públicos no sean utilizados como herramientas de cooptación política? Así, se le estaría colocando al arte una doble soga, que siempre es aliada a un sector del mercado hegemónico, si la esencia del INAMU deja de lado la participación activa en la toma de decisiones de los cientos de miles de artistas que hay hoy en el país.
La terminología usada para definir a los músicos es obsoleta, como si no se tratase de trabajadores, casi con una concepción metafísica del artista, así como la absurda insinuación a "las comunicaciones digitales clandestinas" respecto a las posibilidades de compartir y difundir a través de las nuevas tecnologías.
Es importante remarcar que muchos puntos de la ley suponen un avance -aunque sinceramente no es necesario hacer una ley de este tipo para construir centros culturales o promover el arte musical- pero está claro que cuando un sistema de dominación da un paso para reestructurarse, debe conceder algún beneficio para así lograr un consenso.
Lo que debemos preguntarnos es qué efectos puede tener lo objetivamente negativo de una ley sobre lo potencialmente positivo. Qué potencialidades y limitaciones presenta esta ley. El enemigo del músico, en cuanto trabajador de la cultura, está donde estuvo siempre: en las grandes empresas y el Estado burgués, que ahora están más juntos y legitimados que nunca con esta Ley. Y por el contrario, el músico tan lejos de la toma de decisiones como antes.
Quien crea en las promesas que llegan desde arriba ha olvidado como terminan las historias.
* Gaston Sardelli es bajista y vocalista de la banda Airbag
Publicado en ANRed el 10 de diciembre de 2012: http://www.anred.org/spip.php?article5643
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