CUANDO TIEMBLAN LOS DERECHOS: EXTRACTIVISMO Y CRIMINALIZACION EN AMERICA LATINA. Capitulo CINCO. 2da. Parte

Recopilación y edición: Cecilia Chérrez; César Padilla; Sander Otten; Maria Rosa Yumbla; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, www.ocmal.org); ACCIÓN ECOLÓGICA (Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca; Quito – Ecuador, www.accionecologica.org)

Fotografías: Sander Otten; Juan Pablo Barragán

Con el apoyo de: Broederlijk Delen; Appleton Foundation; Entrepueblos – Entrepobles; Global Greengrants Fund

(Fecha original: Quito, Ecuador - Noviembre 2011) 

5. UNA MIRADA A L A CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA DESDE LA RED DE MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIOAMBIENTALES CONTRA LA MINERIA 

5.2 PERU49

Durante la intervención policial las mujeres fueron agredidas y detenidas al intentar defender a los varones de la comunidad El Perú se encuentra entre los principales exportadores de cobre y de oro del mundo. En Cajamarca, a partir de la década de 1990, con el inicio de operaciones de la gran minería, los conflictos socio-ambientales se han incrementado, Cajamarca es actualmente una de las regiones de mayor conflictividad socio-ambiental en todo el país.

La Criminalización de la Protesta

Durante el gobierno de Alan García (2006-2011) se promulgaron 11 Decretos Legislativos anunciados oficialmente como mecanismos para la lucha contra el crimen organizado (22 de Julio 2007), pero que en realidad fueron diseñados para criminalizar las protestas sociales que se incrementaron sustancialmente como consecuencia de las facilidades que el gobierno otorgaba a la expansión de las actividades extractivas en todo el territorio nacional.
Sin embargo, la criminalización de la protesta social no inició en el gobierno de García, ya en tiempos de Alberto Fujimori se dictaron normas sumamente represivas bajo el aparente propósito de luchar contra el “terrorismo agravado”. El régimen de Alejandro Toledo derogó las normas autoritarias dictadas por Fujimori, pero el afianzamiento del modelo económico generó fuertes protestas sociales, como las ocurridas en Arequipa (en 2006) frente a los intentos de privatizar las empresas eléctricas. En ese periodo ocurrieron también muchas protestas debido a problemas ambientales (APRODEH, 2007).
Ante este incremento de las protestas, el régimen de Toledo promulgó diversas normas que buscaban criminalizar las principales formas de protesta de la población.
Entre las modalidades actuales de criminalización a los movimientos sociales está la persecución intencionada a líderes de las comunidades por parte del Estado. Los líderes que han sido víctimas de estas leyes son principalmente aquellos que se oponen a los proyectos mineros.
A pesar de la severidad de las leyes no se detuvieron las protestas sociales, esto llevó al Congreso de Alejandro Toledo a aprobar normas aún más represivas como la modificación de la Ley 28820 publicada el 22 de julio de 2006 que incrementa las penas y las hace aún más severas.

Caso Cajamarca

Cajamarca comprende un área de 33 248 km², con una población que reside mayoritariamente en el área rural (67,3%), tiene un índice de desarrollo humano (IDH) de 0,5633 ocupando el puesto 20 (entre 25 regiones) en el ranking nacional. Junto con Huancavelica, Apurimac, Puno y Ayacucho, Cajamarca se encuentra entre los departamentos con IDH más bajos del país. A partir de 1990, en Cajamarca se hace presente la actividad minera a gran escala con la empresa Newmont Mining que explota la mina Yanacocha, una de las más rentables del mundo, en donde el costo de producción por Onza de oro se estima en US$ 110 cuando actualmente el precio de la onza de oro ha llegado a más de US$ 1800. (GoldMoney, 2011) Afirmamos con Tatiana Acuario que la mujer rural indígena y amazónica es la más afectada por la pobreza y la violencia, al tener menor nivel educativo y mayor tasa de analfabetismo e índices altos de mortalidad materna. Su esperanza de vida en el Perú es 7 años menos que el de las mujeres urbanas, con menos oportunidades de acceso a empleo y mayores niveles de desnutrición y anemia.”(Acuario, 2010).
La actividad minera no ha beneficiado a los más pobres en Cajamarca, por el contrario, estas poblaciones han tenido que soportar impactos sobre todo ambientales producto de esta actividad. Los impactos más significativos están relacionados con el acceso y el uso del agua lo que provoca una conflictividad social, ya que gran parte de la población concentra sus actividades económicas en la agricultura y en actividades pecuarias, que son altamente dependientes del agua.

Algunos casos de criminalización de la protesta social en Cajamarca:

• Caso Canal Quilish-Porcón Chilincaga

El Centro Poblado Menor de Porcón Bajo está compuesto por pequeños asentamientos humanos rurales dispersos. Sus pobladores son indígenas descendientes de los Cañari de Ecuador que mantiene vivas sus tradiciones indígenas. Sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería.
Por su cercanía a las actividades mineras en Yanacocha, los pobladores de Porcón han sufrido directamente los impactos de esta actividad como es la disminución significativa del caudal en el canal de agua denominado “Canal Quilish, Porcón- Chilincaga”. Este canal es abastecido por más de 30 manantiales que debido al avance de la actividad minera ha quedado ubicado dentro de las zonas de influencia directa de la misma. En julio del 2007 varios de estos manantiales se vieron afectados por la perforación adyacente a las fuentes de un pozo tubular por parte de la Newmont Mining para extraer aguas subterráneas.
El 11 de Septiembre de 2007, después de varios intentos de diálogo solicitados por la población con representantes de la empresa minera y autoridades, se despliega un operativo policial con la finalidad de detener a 32 campesinos, 6 de los cuales eran mujeres, por el delito de atentar a la seguridad pública en su modalidad de entorpecimiento de las vías públicas, disturbios y bloqueo de carreteras. Durante la intervención policial las mujeres fueron agredidas y detenidas al intentar defender a los varones de la comunidad que sufrieron agresión violenta de parte de la policía.
• Caso Miski Mayo-Vale, en San Marcos

A partir del año 2003 la empresa minera Miski Mayo S.A.C., subsidiaria de la empresa Vale50 inicia bajo el nombre “La Morada”, un emprendimiento minero en Cajamarca. Desde el inicio de las operaciones se han suscitado diversos hechos que evidencian un conjunto de malas prácticas contra la población.
El 28 de Septiembre de 2007, la población inicia un paro interprovincial solicitando la intervención de una comisión de alto nivel. A raíz de esta medida 10 líderes fueron denunciados, incluyendo a una mujer. En el 2009, después de dos años, el Fiscal solicitó al Juzgado Mixto de San Marcos penas privativas de libertad de seis y siete años para los 10 líderes denunciados, acusándolos de la toma de una carretera, por lo que además se les imponía una reparación civil de S/. 20,000.00 Nuevos Soles que deberá ser cancelada de manera solidaria por los sentenciados.
Con la nueva normatividad y la modificación del Código Penal peruano en julio del 2007, los delitos que se derivan de protestas sociales tienen penas de hasta 25 años de prisión y la policía está facultada para el uso de armas de fuego contra los manifestantes.

Temas importantes

• Las normas legales son una manifestación de las relaciones del poder entre los actores sociales, políticos y económicos. Es evidente que en Perú se está consolidando mediante normas un modelo económico basado en las industrias extractivas con amplio respaldo del gobierno central sin importar que se violenten los derechos de las poblaciones más vulnerables.
• Una dimensión de género en el análisis implica asumir que la posición social de la mujer es desigual, y que su experiencia de pobreza y exclusión puede ser más aguda que la de los hombres, en virtud de la discriminación y violencia que vive cotidianamente. (BUHL,2008)

• La transformación hacia modelos de desarrollo más justos y sustentables, pasa por transformar la desigualdad y asimetría en que viven las mujeres, y consolidar colectivos sociales capaces de construir un futuro diferente.
• Aunque las experiencias mostradas plantean situaciones de opresión también son testimonios de resistencia y de la posibilidad efectiva de cambios. Los mismos casos, entre otros, han motivado la acción de diversos colectivos y organizaciones que luchan hoy por la derogatoria de estas normas.
 

49. Contribución de Ofelia Vargas, GRUFIDES, Cajamarca, Perú

50. Empresa de origen brasileño Vale actualmente denominada "Vale-Perú" conduce minas de clase mundial siendo actualmente la mayor productora de fierro y la segunda productora de manganeso y níquel. Tiene inversiones en los campos de logística, trasportes y energía. En el Perú desde el año 2005 Miski Mayo conduce el megaproyecto "Bayóbar" en Sechura, Piura con la finalidad de explotar yacimientos de fosfatos. En Cajamarca el ámbito del proyecto incluye áreas de los distritos de Pedro Gálvez, Cachachi y Jesús, provincias de San Marcos, Cajabamba y Cajamarca, respectivamente.