Autoras/es: A. del Campo
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas se ha dirigido reiteradamente al Gobierno español sin obtener respuestas concretas.Derechos humanos de la ONU visitará España en 2013 para averiguar si se cumplen las obligaciones de investigar los crímenes franquistas.El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas anunció el pasado fin de semana en Ginebra que visitará oficialmente España en 2013, para determinar si nuestro país cumple o no con sus obligaciones internacionales en relación con la investigación de los crímenes del pasado. Lydia Vicente, directora ejecutiva de la organización de derechos humanos Rights International Spain, ha manifestado a ELPLURAL.COM que “en el grupo de desapariciones forzadas de la ONU hay preocupación. Visitarán España porque hay falta de información”. Por otra parte, hoy en Buenos Aires y en Madrid, se entregaban ante la judicatura y la Embajada 2.000 testimonios de apoyo a la querella argentina que estudia los crímenes del franquismo.
(Fecha original del artículo: Noviembre 2012)*
Como antecedente a esta visita decidida por el comité de la ONU, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y Rights International Spain asegura que expresaron ya el pasado 12 de marzo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU en Ginebra sus preocupaciones “sobre los obstáculos que persisten en España para llevar a cabo investigaciones efectivas, independientes y exhaustivas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, sin las cuales no puede haber acceso a la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de estos crímenes, incluidas las 114.266 víctimas de crímenes de desaparición forzada y los 30.000 niños desaparecidos”, explican ambas organizaciones en un comunicado.
Derogar la ley de amnistía
“Como ya lo hiciera el Comité de Derechos Humanos dela ONU el 30 de octubre de 2008 -continúan- la AEDIDH espera que el Grupo de Trabajo recomiende a España que establezca una comisión de expertos independientes, encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura”. Además, el Comité había pedido a España que sus tribunales garanticen el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y que se derogue la ley de amnistía de 1977, por cuanto obstaculiza seriamente el derecho de las víctimas de desapariciones forzadas a mecanismos efectivos de acceso a la verdad, la justicia y la reparación. La AEDIDH espera que “el Grupo de Trabajo revise su decisión de 2002 a la luz de los criterios legales en vigor, de modo que se declare competente para examinar casos individuales de desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista (1936-1945)”.
Desde el 2002 reclamando una investigación
Las víctimas acudieron al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU por primera vez en 2002. Según explicó Lydia Vicente a ELPLURAL.COM, “desde ese año, el GTDFI ha estado en comunicación con el Gobierno español. En su informe anual de 2004, el GTDFI dice que, respecto de los tres casos pendientes (una desaparición ocurrida en 1947 y otra en 1949, más una desaparición de 1950), no puede informar sobre la suerte o el paradero de las personas desaparecidas. Normalmente, si los casos siguen pendientes o abiertos es porque o bien los Estados no responden a los pedidos del Grupo o la información aportada es insuficiente precisamente para aclarar los casos. En 2005, el GTDFI indicaba que no se había recibido información de la Administración sobre los casos que seguían sin ser resueltos”.
España, años sin respuestas
El GTDFI en el informe anual de 2007 afirmaba que “el Gobierno respondió en relación con los tres casos sin resolver y declaró que había recibido la carta anual de recordatorio del Presidente-Relator del Grupo de Trabajo y que su contenido se había transmitido a las autoridades españolas competentes, y que esperaba poder facilitar al Grupo de Trabajo la información solicitada pronto”. “Tras cuatro años de intercambio de comunicaciones, España ‘esperaba poder responder’”, comenta Lydia Vicente.
Informaciones gubernamentales insuficientes
En febrero de 2009 un nuevo informe apuntaba que “se volvieron a transmitir todos los casos sin resolver y no se recibió ninguna respuesta del Gobierno”. En el siguiente documento del Grupo publicado en diciembre de 2009, recuerda la jurista. “el GTDFI concluía recordando al Gobierno sus obligaciones con arreglo a la Declaración, en particular, la tipificación y sanción del delito de desaparición forzada y el deber de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición”. Tanto en 2011 como en 2012 el GTDFI concluyó que las informaciones suministradas eran insuficientes para esclarecer los casos. El grupo de trabajo también expresó sus preocupaciones en relación con las implicaciones que tendría el caso Garzón.
Obligación de amparar a las víctimas
¿Cómo obliga a España la recomendación o decisión de este grupo de trabajo? En palabras de Lydia Vicente: “España forma parte de la ONU, ratifica instrumentos internacionales de derechos humanos que tiene la obligación de cumplir de buena fe, es decir, forma parte de esa “comunidad internacional” de la que no debería apartarse y contribuir a hacer avanzar. Por tanto, España debería dar una imagen a la sociedad internacional de que cumple con sus obligaciones, de que respeta los mecanismos establecidos y que acata las recomendaciones de expertos independientes, y protege y ampara a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.
Imprescriptibilidad de los crímenes
En lo que se refiere a la recomendación de la imprescriptibilidad de estos crímenes y sobre la ley de amnistía, la directora ejecutiva de RIS dice que “fueron hechas por el Comité de Derechos Humanos al examinar el quinto informe periódico de España en 2008 y también por el Comité contra la Tortura al examinar igualmente el quinto informe periódico de España en 2009. Estas recomendaciones han sido recordadas al Estado español desde entonces. Es más, España tenía que haber presentado su sexto informe periódico al Comité de Derechos Humanos el 1 de noviembre 2012 y aún no lo ha hecho”.
No se cumplen las recomendaciones de Naciones Unidas
“En diciembre de 2008, -concluye Lydia Vicente- el Gobierno español aprobó el Plan de Derechos Humanos donde, por un lado, se comprometía a adoptar un Protocolo de actuación para dar cumplimiento a los Dictámenes y Recomendaciones de los distintos Comités de protección de los Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, las recomendaciones de los Comités en esta materia no han sido cumplidas a día de hoy”.
Querella argentina: Dos mil testimonios
Mientras este anuncio se producía, este lunes al mediodía en Buenos Aires, representantes de Madres de la Plaza de Mayo, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, de la Asociación de Abogados y otras asociaciones integrantes del grupo de apoyo, entregaban ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N-1, más de dos mil testimonios de apoyo recogidos en Madrid a la querella argentina contra los crímenes del franquismo que tramita la jueza María Servini de Cubría.
Acto de apoyo a la judicatura
A la misma hora, la Red Aqua, compuesta por cerca de 60 asociaciones o entidades relacionadas con las víctimas de estos crímenes entregaban una copia de esos testimonios en la Embajada de la República Argentina en Madrid. “Con este acto –explicaban- queremos expresar nuestro agradecimiento y apoyo a una judicatura que, en aplicación de los principios de la Justicia Universal, abrió una causa por genocidio o subsidiariamente los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista y sus autores durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.
* Publicado en El Plural | 12/noviembre/2012
La ONU investigará en España
la suerte de miles de desaparecidos
durante la Guerra Civil y posterior
represión franquista
para www.todoslosnombres.org/ Departamento de Comunicación/
AEDIDH / Ginebra, 9 de noviembre de 2012
Foto: Frente al teatro Maestranza (sevilla).
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas anunció el pasado dia 9 de noviembre de 2012, en Ginebra que visitará oficialmente España en 2013, para determinar si nuestro país cumple o no con sus obligaciones internacionales en relación con la investigación de los crímenes del pasado.
La AEDIDH celebra que una de sus viejas reclamaciones, formulada por primera vez el 27 de noviembre de 2008ante el mismo Grupo de Trabajo, se vea hoy atendida.
Se recordará también que el pasado 12 de marzo representantes de la AEDIDH y Rights International Spain (RIS)expresaron al Grupo de Trabajo en Ginebra sus preocupaciones sobre los obstáculos que persisten en España para llevar a cabo investigaciones efectivas, independientes y exhaustivas de los crímenes cometidos durantela Guerra Civil y la dictadura, sin las cuales no puede haber acceso a la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de estos crímenes, incluidas las 114.266 víctimas de crímenes de desaparición forzada y los 30.000 niños desaparecidos.
Como ya lo hiciera el Comité de Derechos Humanos dela ONU el 30 de octubre de 2008, la AEDIDH espera que el Grupo de Trabajo recomiende a España que establezca una comisión de expertos independientes, encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Además, el Comité había pedido a España que sus tribunales garanticen el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y que se derogue la ley de amnistía de 1977, por cuanto obstaculiza seriamente el derecho de las víctimas de desapariciones forzadas a mecanismos efectivos de acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
Por último, la AEDIDH espera que el Grupo de Trabajo revise su decisión de 2002 a la luz de los criterios legales en vigor, de modo que se declare competente para examinar casos individuales de desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista (1936-1945).
Solicitan al Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias
de la ONU que visite España
Las organizaciones españolas de derechos humanos RIS y AEDIDH
para www.todoslosnombres.org/ Rights International Spain, - 10 noviembre 2012
Organizaciones españolas de derechos humanos solicitan al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU que visite España, recomiende la creación de una Comisión de Verdad y la derogación de la Ley de Amnistía de 1977
Ginebra, 12 de marzo de 2012. –La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y Rights International Spain (RIS) se han reunido hoy con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) durante su 96 sesión para expresar sus preocupaciones en relación con los obstáculos en España para llevar a cabo investigaciones efectivas, independientes y exhaustivas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, sin las cuales no puede haber acceso a justicia, verdad y reparación para las víctimas de estos crímenes, incluidas las 114,266 víctimas de crímenes de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales y los 30,000 niños desaparecidos.
“Habiendo agotado todos los recursos legales y judiciales internos en España durante los pasados 76 años, las familias de víctimas de desapariciones sistemáticas ven en el Grupo de Trabajo la última oportunidad para re-establecer un canal de comunicación con el gobierno”, ha afirmado Carlos Villán, Presidente de la AEDIDH. El Grupo de Trabajo debería revisar su decisión interna de 2002 para, por razones humanitarias y legales, declarar su competencia para examinar aquellos casos individuales de desapariciones que tuvieron lugar durante los primeros años de la dictadura franquista (1936-1945). Además, como ha hecho el Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo debería recomendar que España establezca una Comisión de la Verdad.
“Los Estados tienen la obligación de garantizar que las víctimas de desapariciones forzadas tengan mecanismos efectivos de acceso a justicia. No obstante, ningún órgano jurisdiccional en España ha sido capaz de dar una respuesta adecuada y satisfactoria a las víctimas de desapariciones forzadas”, ha declarado Lydia Vicente, miembro de Rights International Spain. La reciente sentencia del Tribunal Supremo en el juicio de prevaricación contra el Juez Garzón en el caso de “Memoria Histórica” deja claro que los obstáculos legales internos prevalecen sobre las normas y principios de Derecho Internacional. Ello implica y significa el cierre de toda posibilidad de justicia para las víctimas de los crímenes del pasado en España. Además, el Tribunal Supremo ha justificado la legitimidad y vigencia de la Ley de Amnistía española de 1977, así como la aplicación de la prescripción a crímenes de derecho internacional, incluidos la desaparición forzada de personas y los crímenes contra la humanidad, lo que contradice abiertamente el Derecho internacional.
La AEDIDH y RIS también han denunciado el cierre de la Oficina de atención a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura creada en 2008 por el anterior gobierno. Ello es un ejemplo de la creciente desprotección así como de la ausencia de mecanismos efectivos que aseguren que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tengan acceso a justicia, verdad y reparación. Por lo tanto, ambas organizaciones han pedido al Grupo de Trabajo que visite España en misión oficial para examinar esta situación y determine si España cumple o no con sus obligaciones internacionales en relación con los crímenes del pasado.
Fuente: http://ris.hrahead.org/temas/guerra-civil-y-franquismo/comunicados_y_pronunciamientos/1203-comunicadodeprensa
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