Autoras/es: Héctor Giuliano
ADJUNTO UN NUEVO ARTICULO MIO, SOBRE "DEUDA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 2014".
CON PERMISO Y AGRADECIMIENTO POR SU DIFUSION.
CORDIALMENTE.-
HECTOR GIULIANO
BUENOS AIRES, 21.9.2013
(Fecha original del artículo: Septiembre 2013)
Hace pocos días el
Poder Ejecutivo (PEN) remitió al Congreso el Proyecto de Ley (PL) de
Presupuesto 2014, un proyecto que tendría trámite muy rápido por parte del
oficialismo dado que en la actualidad cuenta con mayoría propia en ambas
cámaras que puede perder con las elecciones parlamentarias del 27 de Octubre.
El objeto de este
trabajo es analizar específicamente el contenido de este PL en materia de Deuda
Pública.
Tal identificación del
tema no es algo secundario o marginal sino central dentro del análisis
presupuestario dado que los servicios de la deuda determinan un desequilibrio
financiero estructural en las cuentas del Estado y que ese desequilibrio se
cubre con más deuda.
I. EL MARCO
INSTITUCIONAL.
El proyecto de
presupuesto 2014 se presenta en un momento seriamente comprometido de las
finanzas públicas argentinas, tanto por razones endógenas (inherentes al
“modelo”) como exógenas (derivadas de la trampa de deuda perpetua inoculada en
las cuentas fiscales y de su agravamiento con la cuestión de los holdouts):
a) el país ya no cuenta con superávits gemelos
– fiscal y externo – sino lo contrario: tiene déficit fiscal creciente y
balanza de pagos neutra o negativa.
b) los pagos de la Deuda Pública aumentan: ya
sea con la eventual aceptación de los fallos de Nueva York a favor de los
holdouts (acreedores que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de
2005-2010) o con la re-apertura de dicho canje, lo que supone en ambos casos
importantes aumentos de los servicios de la deuda performing (en cumplimiento)
– por capital, intereses, atrasos, recargos, gastos y honorarios – servicios
éstos que implican erogaciones a cubrir en efectivo y/o con nuevos títulos; con
el agravante que los pagos al contado son todos en divisas.
Las circunstancias derivadas
de este segundo punto (b), sin embargo, no están contempladas en las cuentas del
PL de Presupuesto 2014.
Paralelamente a
este PL el PEN envió al Congreso otro proyecto, que prorroga una vez más la ley
de Emergencia Pública y varios impuestos conexos que vienen rigiendo en forma
“transitoria” desde hace diez años o más (como el caso del Impuesto al Cheque)
y sin los cuales la lógica práctica del Modelo K no podría sostenerse.
Este estado continuado
de Emergencia Pública, unido a las facultades extraordinarias y discrecionales
que las leyes anuales de presupuesto conceden al Ejecutivo a través de la
Jefatura de Gabinete no sólo desdibujan el sentido del presupuesto sino que
determinan a la vez un descontrol fiscal en su cumplimiento.
Formalmente la
Argentina se encuentra todavía bajo régimen legal de Emergencia Pública y el
proyecto de Presupuesto 2014 – lo mismo que los anteriores – mantiene y
actualiza esa delegación de facultades extraordinarias al PEN que le permiten
seguir usando tal procedimiento de excepción, que rige desde la caída de la
Convertibilidad, hasta fin de su mandato en Diciembre de 2015.
En este caso se
trata de una nueva prórroga de la Ley original 25.561 – de Enero/2002 – que se
hace por cuerda separada (es decir, por vía de otro PL) pero que tiene los
mismos efectos que las precedentes, que se fueron autorizando año a año manteniendo
la vigencia de tales disposiciones de excepción: leyes 25.820, 25.972, 26.077,
26.204, 26.339 y 26.456, que prorrogaron la 25.561 anualmente desde 2003 a 2009;
y leyes 26.563 y 26.729, que la prorrogaron cada una por dos años más, desde
2009 a Diciembre de 2013. A las que se agrega ahora la nueva prórroga solicitada,
por otros dos años más, hasta fin de 2015.
Son diez años
continuados de régimen excepcional de facultades parlamentarias delegadas al
Ejecutivo – todo el tiempo de la gestión Kirchner - en función de apelar a un
estado de emergencia económica y financiera que paralelamente el gobierno, en
forma pública, desmiente que exista.
Dentro de la misma
línea financiera y legal están también las suspensiones que se han producido de
las leyes 25.152 de Solvencia Fiscal y 25.917 de Responsabilidad Fiscal, que
establecen restricciones expresas al endeudamiento público.
Este tema de la
emergencia financiera fiscal es muy especial y tiene una faceta interna y
también otra externa, que tocan a las finanzas públicas y a la estrategia
seguida frente a los holdouts en forma concurrente:
-
Por un
lado, la administración Kirchner ha aceptado en forma irrestricta la
legitimidad de las deudas del Estado que se arrastran de administraciones
anteriores – desde el Proceso Militar hasta nuestros días – y además ha venido
agregando una alta cuota de endeudamiento propio[1], hoy en su mayoría Deuda
intra-Estado.
Estos hechos agravan el cuadro de situación de la Deuda Pública, el
Déficit Fiscal en general y, particularmente, la posición de reservas
internacionales netas del Banco Central (BCRA).
El gobierno no reconoce públicamente la gravedad de esta situación y
eleva al Congreso un nuevo PL presupuestario que la soslaya.
-
Pero, por
otro lado, en forma paralela solicita al Congreso la continuidad del estado de
emergencia financiera, que se explica en la práctica por la incapacidad de
repago de la deuda pública y que ha constituido – por eso mismo - el argumento
básico de la estrategia jurídica de defensa del Estado frente a los reclamos de
los acreedores externos (los holdouts), apelando precisamente a este desfavorable
estado de excepción producido por la Crisis de Deuda de 2001, su arrastre y
agravamiento hasta nuestros días.
Esta postura ha
sido reiteradamente objetada por parte de todos los reclamantes (desde los
tenedores personales a los “fondos buitre”) aduciendo que los buenos resultados
fiscales que proclama la administración K le permitirían pagar a los acreedores,
cosa que le da así argumento a los holdouts pese a que en la práctica no es
cierta.
El gobierno queda
así entrampado en su contradicción interna de sostener una aparente solvencia
fiscal que no tiene en la práctica.
Dicho con otras
palabras: que la posición oficial ante los holdouts es contraria a lo que dice
la propaganda oficial porque la continuidad de este régimen legal de excepción
en materia de finanzas públicas (la emergencia económico-financiera) – renovado anualmente y ahora otra vez prorrogado
hasta fines del mandato en 2015 - no se compadece con el discurso oficial de la
“década ganada”.
II. LOS SERVICIOS
DE LA DEUDA PÚBLICA.
En función del
esquema institucional de la Emergencia Financiera del Estado – analizado en el
acápite anterior - y el desequilibrio estructural de las Finanzas Públicas
provocado por el problema de la Deuda, el PL de Presupuesto 2014 propone metas
de cumplimiento tan discutibles en sus números de base como en la probabilidad
de sus resultados.
Lo que sigue es sólo
una serie de breves observaciones y/o comentarios sobre los puntos concretos
clave del PL en materia de Deuda a los fines de dar un cuadro de situación del
endeudamiento público conforme surge del citado proyecto.
AUMENTO DE LA
DEUDA.
Según el PL está
previsto que el stock de Deuda Pública aumente unos 12.700 MD[2] durante 2014 (80.300 M$,
al tipo de cambio de 6.33 $/US$), como producto de 57.000 MD (360.700 M$) de
Endeudamiento Público contra 44.300 MD (280.400 M$) de Amortizaciones de Deuda.[3]
O sea, que la
totalidad de los vencimientos de capital se refinancia y además se toma más
deuda. Con el agravante que los desvíos por superación de estas cifras de mayor
endeudamiento son cada vez más relevantes en los hechos.
En los últimos
ejercicios, en efecto, el aumento real de la deuda fue muy superior a las
previsiones presupuestarias originales: en 2011 se previó un aumento del stock
de deuda de 9.400 MD (27.400 de Amortizaciones contra 36.800 de Endeudamiento)
y el incremento real fue de 14.600 MD; y en 2012 el aumento previsto era de
11.700 MD (40.100 de Amortizaciones contra 51.800 de Nueva Deuda) pero el
incremento real fue de 18.800 MD.
Dentro de este
esquema, la totalidad de los vencimientos de capital se cubren tomando nuevas
deudas, que es en su gran mayoría deuda intra-Estado, y además se toma deuda
adicional, fundamentalmente para cubrir el déficit fiscal, que es fuertemente
creciente.[4]
Por ende, no es
cierto que la Argentina se esté des-endeudando.[5]
VENCIMIENTOS DE
CAPITAL.
Las amortizaciones
previstas para el 2014 son de unos 44.300 MD.
Esta cifra difiere fuertemente (es más del doble) de la mostrada en el
cuadro de perfil de vencimientos del Ministerio de Economía (MECON)[6], que para el año que viene
estaba estimada en 20.100 MD.
Si al saldo de
deuda total de fines de 2012 en cabeza del Estado Central – última información
oficial disponible, que era entonces de 209.000 MD – se le suma la previsión de
aumento para el corriente año (asumiendo que se cumpla lo consignado en el
presupuesto en curso, que es de 12.100 MD: 36.500 de Amortizaciones contra
48.600 de Endeudamiento) el saldo de la deuda subiría hoy en día a 221.100 MD para
fines del 2013 y pasaría a 233.800 MD a fines de 2014.
Como hemos dicho,
la totalidad de esta deuda por principal se refinancia y además se toma nueva
deuda, de modo que el stock no baja sino que es creciente.
PAGO DE INTERESES.
A diferencia de los
vencimientos de capital, que no se pagan sino se refinancian íntegramente, los
intereses sí se abonan y forman parte del Gasto Público Corriente.[7]
Según el PL en 2014
está previsto pagar por este concepto 77.300 M$ (12.200 MD).
Es el 9.0 % del
Gasto Público Total (859.000 M$), el 10.1 % del Gasto Público Corriente y el
16.9 % – prácticamente el 17 % - del Gasto de la Administración Central, lo que quiere decir que casi 1/5 de
las erogaciones del Gobierno Central se destinan al pago de intereses (sin
contar los cupones PBI).
Comparativamente a
las otras jurisdicciones del Presupuesto 2014 los gastos por intereses a pagar
en el año – los 77.300 M$ citados – son muy elevados frente a los de
Interior/Transporte (29.500 M$), Seguridad (36.300 M$), Defensa (35.100 M$), Educación
(45.700 M$), Ciencia/Técnica (5.600 M$), Salud (16.300 M$) y Desarrollo Social
(48.800 M$).
La partida
presupuestaria para el pago de Intereses es fuertemente creciente dentro del
Gasto Total y constituye el rubro de gasto con mayor aumento en el ejercicio:
su incremento contra el 2013 es del 73.2 % (44.500 versus 77.300 M$), lo que
supera ampliamente el aumento general de gastos del Presupuesto 2014, que es
del 19.2 % (721.200 versus 859.500 M$).
Es decir, que el
aumento del gasto por pago de intereses es de casi 4 veces (3.8) el aumento del
promedio general de gastos en el presupuesto 2014.
Para tener una idea
gráfica del costo comparativo y alternativo de los intereses de la Deuda
Pública – los 12.200 MD en el año – hay que considerar que este importe significa
un promedio de 33.4 MD por día: 1.4 MD por hora que pasa de nuestra vida
(estimativamente, el costo equivalente a la obra civil de una sala médica
asistencial).
PROYECCIONES
TRIENALES.
Conforme la
información disponible dada a conocer por el gobierno a la fecha de escribir
este trabajo el capítulo del Presupuesto sobre proyecciones plurianuales, a
diferencia de otros años, no contiene esta vez información sobre el trienio 2015-2016.[8]
Las cifras se
comparan aquí sólo 2014 contra 2013, con lo cual se incumple el artículo 5 de
la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal, que fuera respetado en los últimos
proyectos de presupuesto.
CUPONES PBI.
Dado que las
proyecciones macro-económicas del PL prevén un aumento del PBI durante 2013 del
5.1 %, este coeficiente implica que en el 2014 se abonarán nuevamente los
cupones PBI (VLPBI o Valores ligados al PBI) ya que los mismos se pagan sobre
el excedente de crecimiento del 3.2 % del año anterior.
Se estima que el
importe a pagar el año que viene – en 2013 no se abona porque la tasa de
crecimiento económico fue del 1.9 % en 2012 – será superior a los 4.000 MD,
puesto que se trata de un coeficiente acumulativo desde el año base 2005.
Por este rubro de
VLPBI ya se habrían pagado hasta hoy unos 9.000 MD – sin contar los compromisos
de recompra efectuados – y ahora se estima que los pagos para el bienio
2014-2015, tomando las proyecciones oficiales de crecimiento del PBI de 5.1 % y
6.2 % para 2013 y 2014, serían del orden de los 4.300 y 7.000 MD respectivamente.
FONDO DE
DESENDEUDAMIENTO.
El PL de
Presupuesto 2014 autoriza el pago de nuevos servicios de la Deuda Externa
Pública con Reservas Internacionales del
Banco Central (BCRA): en este caso, por 9.855 MD.
Estos pagos, que se
realizan en función del Decreto 298/2010 (ratificado por la Ley N° 26.739,
modificatoria de la Carta Orgánica del BCRA) se efectuarán a tenedores privados
de bonos, lo cual – según hemos observado en trabajos anteriores – transgrede
el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad 23.928, que sólo autoriza el uso de
Reservas de Libre Disponibilidad (RLD) para el pago de obligaciones contraídas
con organismos financieros internacionales o de deuda externa oficial
bilateral.
La nueva
autorización presupuestaria del uso de divisas para el pago de deuda externa
debilita aún más la posición de Reservas Netas del BCRA: al 31.8.2013 el stock
de Reservas Brutas era de 36.700 MD que, si le restamos 8.300 MD de Cuentas
Corrientes en Otras Monedas y 4.600 MD correspondiente a otros pasivos (que son
préstamos de otros bancos al Central) dejan el saldo de Reservas Netas en unos
23.800 MD. Y si a esto se le restan los 9.900 MD de la afectación de pago con
reservas prevista para el 2014 el stock quedaría reducido a menos de 14.000 MD
(13.900).
Esto agrava aún más
sensiblemente la situación financiera y patrimonial del BCRA porque baja los
niveles de respaldo en divisas y consecuentemente coloca al Banco en el dilema
de tener que seguir emitiendo más dinero para reponer las que se prestan al
Tesoro, lo que a su vez deriva en el aumento de la deuda cuasi-fiscal por
Lebac/Nobac que se utilizan para esterilizar la mayor parte de ese dinero que
se emite.
Sin contar con la
presión sobre el circulante y sobre el tipo de cambio que se genera con el
aumento de ese stock de letras/notas, que equivale actualmente a unos 22.500 MD
(127.800 M$) y por el que el BCRA paga hoy tasas de interés del 18 % anual.
El esfuerzo fiscal
para seguir pagando deuda externa compromete así no sólo las finanzas del
Estado – por falta de capacidad de repago – sino también la posición financiera
del BCRA.
DEUDA INTRA-ESTADO.
Conforme la última
información oficial disponible – MECON, al 31.12.2012 – el 58 % de la Deuda
Pública (medida sobre 197.500 MD) está constituida por obligaciones contraídas
con otras agencias del Sector Público.
Esta modalidad se
mantiene según las previsiones del PL de Presupuesto 2014, tanto por la
continuidad de uso del mecanismo de pago con reservas del BCRA – que se hace contra
entrega de Letras intransferibles - a tasa negativa y a 10 años de plazo - como
por la continuidad del uso de bonos y letras de Tesorería (que son obligaciones
a corto plazo pero de renovación continua) con otros organismos oficiales.
Al problema del uso
en gran escala de los recursos propios y/o fondos administrados por el Estado
(caso ANSES) que son utilizados para el pago de servicios de la Deuda Pública
(por Capital, Intereses y cupones PBI) ya nos hemos referido en numerosas
oportunidades. Sólo cabe recordar aquí que toda esta deuda acumulada no tiene
capacidad de repago demostrada por parte del gobierno.
AVALES DEL TESORO.
El PL de
Presupuesto 2014 autoriza que el Estado Nacional otorgue avales o garantías por
valor de 37.580 MD.
Estas operaciones
tocan a financiamiento de obras de infraestructura y/o equipamiento cuyos
principales entes avalados son el Banco Nación Argentina (BNA) por 7.650 MD
para las represas Kirchner y Cepernic (en Santa Cruz), Energía Argentina SA por
2.000 MD, Nucleoeléctrica SA por 6.000 MD para la Central Atómica Embalse,
CAMMESA por 5.000 M$, BNA para obras de Gas por 5.500 MD, etc.
Se trata de fondos
que garantiza el Estado Central sobre financiamientos obtenidos por Entes del
Estado y/o Empresas, por los que el gobierno queda obviamente comprometido en
caso de dificultades de pago de los entes de respectivos.
No se tiene idea ni
informaciones parciales o provisorias respecto de la Deuda Pública Indirecta
(DPI) en la Argentina, que es aquélla tomada por Empresas del Estado,
Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios.
La DPI constituye
una suerte de “agujero negro” o gran interrogante que – como ha ocurrido otras
veces en nuestro país – supone un riesgo altísimo para las finanzas públicas en
la medida que la rentabilidad de los proyectos a financiar no cubran los
niveles mínimos de rentabilidad para poder atender después los servicios del
endeudamiento que se contrae para desarrollarlos.
La historia
reciente – particularmente durante el Proceso Militar y luego durante la década
menemista de la Convertibilidad – demuestra claramente la generación de
altísimas deudas indirectas (en especial, de Empresas del Estado) que
terminaron a cargo del Fisco.
Hasta aquí las
principales observaciones y/o comentarios sobre el PL de Presupuesto 2014 en
materia específica de Deuda Pública.
EN CONCLUSION:
El círculo vicioso
de la deuda pública perpetua – una deuda impagable que determina la
refinanciación permanente de las obligaciones y la toma de más deuda – sigue
vigente en la Argentina y condiciona totalmente el PL de Presupuesto 2014
enviado por el gobierno Kirchner al Congreso.
El oficialismo está
dispuesto para aprobar el proyecto de referencia en forma rápida pero los
supuestos macro-económicos y financieros de este presupuesto y el grave cuadro
de situación de la Deuda Pública hacen más que dudoso su cumplimiento.
Las posibilidades
de ejecución del programa gubernamental para el año 2014 quedan así
condicionadas totalmente por una encerrona financiero-fiscal derivada de la
Deuda, de la que la administración Kirchner no podría escapar sin tener que
tomar importantes decisiones a cortísimo plazo:
- La prórroga de la Emergencia Pública por la crisis de Deuda y la reiteración de facultades delegadas le permitirían a la presidenta seguir contando con instrumentos de decisión propios pero esta concentración de poderes no garantiza la corrección de sus decisiones y, por el contrario, puede volverse rápidamente en su contra porque la sobre-responsabiliza en estas delicadas circunstancias que vive el país.
Dicho con otras palabras: que los super-poderes con que cuenta el
Ejecutivo pueden ser hoy un boomerang o convertirse en un arma de doble filo
frente a las graves decisiones que hay que tomar bajo responsabilidad propia y
exclusiva.[9]
- Los servicios de la Deuda Pública son fuertemente crecientes y no existe capacidad de repago para atenderlos, estos servicios devienen el factor determinante clave del déficit fiscal y ese déficit fiscal se cubre con más deuda.
La nueva crisis de Deuda desdibuja el Presupuesto porque el presupuesto
cierra con deuda y porque la deuda condiciona sus pautas financieras centrales
– recursos disponibles, presión tributaria, inversión pública, gasto corriente,
tipo de cambio, inflación, balanza de pagos, etc. – de modo que el problema de
la deuda retro-alimenta la crisis financiera argentina.
- En estas circunstancias, frente al dilema igualmente inafrontable de acatar los fallos de Nueva York o reabrir el Megacanje, teniendo que sostener servicios de deuda creciente por capital y por intereses, refinanciando permanentemente los vencimientos de principal y tomando más deuda, con la perspectiva de tener que disponer pagos adicionales por más de 10.000 MD por VLPBI hasta el fin de su mandato en 2015 y habiendo llegado prácticamente al límite de sus posibilidades de Deuda intra-Estado, la administración Kirchner no tendría otro remedio que aplicar el tercer paso de la hoja de ruta Boudou: después de resolver – de grado o por fuerza - el problema de los Holdouts y después de arreglar la Deuda Externa con los países del Club de París – que estarían interesados en acelerar los tiempos para volver a financiar inversiones de sus empresas en la Argentina – tiene que venir el próximo paso, que es el objetivo del programa trazado desde el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005, con el regreso al Mercado Internacional de Capitales ... precisamente para volver a endeudarse en el exterior.
El gobierno CFK ha
logrado hasta ahora su objetivo de llegar a las elecciones del 27.10 sin tener
que tomar antes medidas drásticas, que son tan necesarias como importantes, pero
algo concreto tiene que hacer en materia de Inflación, Tipo de Cambio, Déficit
Fiscal, Subsidios, Importaciones, Balanza Comercial y Cuenta Corriente – por
Intereses y giro de Dividendos – Inversión Extranjera Directa y, sobre todo,
Deuda Pública.
De ello depende,
por otra parte, su estabilidad financiera y política hasta fines del 2015.
Se da así la paradoja
que después de una supuesta década ganada el gobierno K se encuentra hoy frente
a la encrucijada de tener que resolver con urgencia problemas parecidos a los
que existían en la época de su inicio.
Y todo indica que
CFK ha decidido postergar hasta después de las elecciones parlamentarias de
Octubre las decisiones y los anticipos sobre lo que va a hacer luego de las
mismas, con lo que se volverá a dar el caso que la gente primero es convocada a
votar y luego se enterará por los diarios acerca de las decisiones del
gobierno.
Lic. Héctor L.
GIULIANO
Buenos Aires, 20.9.2013.
Archivo: GIULIANO
ARTICULO 2013 09 20 DP Y PPTO 2014
NOTAS:
[1] Al momento de asumir el gobierno Kirchner
la Deuda Pública era de unos 170.000 MD. En 2005 su administración dijo haber
obtenido una quita relevante con el Megacanje de ese año (lo que no era cierto
porque lo que se reducía por quita se compensaba con VLPBI) y hace pocos días
la presidenta informó que la Argentina pagó deuda por 173.000 MD durante la
década 2003-1012.
Sin embargo, pese
a estos elevadísimos pagos realizados el último stock oficial de deuda – al
31.12.2012 – muestra que el saldo de la misma es hoy de 209.000 MD (más que
antes); y sin contar los 72.000 MD de intereses a pagar en el futuro ni los
pagos faltantes por cupones PBI.
Lo que pasa es
que CFK no dijo que esos pagos fueron efectuados con deuda (deudas que el
gobierno viene transformando en obligaciones intra-Estado que son impagables),
que no hizo referencia a que su administración sigue tomando deuda adicional y que
los vencimientos de capital y los pagos de intereses son hoy fuertemente
crecientes.
[2] Las abreviaturas MD/M$ significan Millones
de Dólares/Pesos respectivamente y las cifras están expresadas siempre con
redondeo, por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria
de términos.
Los importes se
indican indistintamente en dólares y en pesos para uniformizar el tratamiento
de las cifras pero las obligaciones no están en una única moneda: la deuda en
moneda extranjera es algo mayor al 60 % de la deuda total (especialmente en
dólares y en euros) y el 40 % restante está en pesos.
[3] Las cifras del PL de Presupuesto 2014 difieren de
las que aparecen en el cuadro de Perfil de Vencimientos del Ministerio de
Economía (MECON), que para el año 2014 – según el último Informe trimestral de
Deuda Pública (al 31.12.2012) – prevén
vencimientos de capital por “sólo” 20.100 MD.
Estas diferencias –
que son relevantes - se deben fundamentalmente a que el MECON aplica el falso
supuesto que las deudas se cancelan a su vencimiento, lo que es inexacto porque
las mismas sólo se renuevan - y en su totalidad – a través de operaciones de
“administración de pasivos” (pago con nuevas deudas), sin que existan
cancelaciones netas.
Se trata de una
forma engañosa de presentación de los datos que sugiere que el stock de la
deuda pública – oficialmente de 197.500 MD (sin contar holdouts ni pago de
intereses) – se va extinguiendo en el tiempo cuando, por el contrario, crece
cada vez más.
[4] En 2011 el presupuesto original preveía un
superávit de 1.600 M$ y resultó un déficit de 31.700 M$; en 2012 la previsión
era de unos 1.500 M$ de superávit pero resultó un déficit fiscal de 55.600 M$,
y para el corriente ejercicio 2013 la previsión presupuestaria inicial era de
600 M$ positivo pero ahora las proyecciones oficiales se han ajustado a un
déficit de 44.600 M$ y estimaciones privadas especulan con un resultado
financiero final negativo del orden de los 60.000 M$ o más.
[5] Un agregado ampliatorio sobre el
endeudamiento durante el 2014.
El artículo 49
del PL autoriza la contratación de Operaciones de Crédito Público por un monto
total de 35.600 MD (225.200 M$) que se destinan, prácticamente en su totalidad,
a cubrir servicios de deuda y gastos no operativos (léase refinanciación de
vencimientos).
Estas operaciones
de financiamiento se escalonan en plazos que van de los 90 días a los 4 años y
se supone están comprendidas dentro de las nuevas deudas a contraer en el
ejercicio por el total de 57.000 MD.
Pero el
artículo 53 faculta al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito adicionales
por otros 34.100 MD, destinados a diversos proyectos de Obras Públicas y de
Infraestructura, como planes de equipamiento ferroviarios (correspondientes a
los acuerdos con China) por 3.100 MD, proyectos energéticos por 3.000 MD, obras
de Gas y Gasoductos por 2.500 MD, obras de infraestructura hidroeléctrica para
las represas Kirchner y Cepernic (en Santa Cruz) por 9.000 MD, Central Atómica
Embalse por 5.000 MD, proyectos energéticos con China por 2.000 MD, obras
hidroeléctricas con Paraguay por 2.340 MD, etc.
El Poder
Ejecutivo – como en el caso del artículo 49 - queda autorizado para determinar
las condiciones de todas estas operaciones de préstamo, que en su mayoría
exceden el término del año presupuestario.
[6] Los datos están tomados de la página web
del MECON – Secretaría de Finanzas (SF)/Subsecretaría de Financiamiento
(SSF)/Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) con fecha de corte al
31.12.2012, que es la última información oficial hoy disponible.
[7] Estrictamente hablando, una parte de los
intereses no se paga sino que se capitaliza por anatocismo, esto es, se
transforma en capital y devenga nuevos intereses.
Se trata de
una suma que hoy está en el orden de los 1.000 MD anuales, aunque por este
procedimiento ya se capitalizaron más de 10.000 MD en función del Megacanje
2005.
[8] Una información parcial sobre estas
operaciones de crédito plurianuales se encuentra en la planilla anexa al
artículo 55 del PL, que muestra los montos máximos autorizados para el año 2015
y siguientes.
En el cuadro
respectivo se listan los destinos del financiamiento para este tipo de
operaciones, que suman 13.800 MD para 2015, 11.300 MD para 2016 y 7.000 MD más
para los años subsiguientes. En total, unos 32.100 MD, que debieran
corresponderse con los 34.100 MD de operaciones de crédito adicionales
autorizadas por el artículo 53 del PL, según se explica en la nota 5.
[9] Ejemplo: la gran mayoría de la
partidocracia con representación parlamentaria le ha dado el apoyo al gobierno
para la reapertura del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 pero ahora es el
gobierno quien debe asumir las responsabilidades concretas de pago frente a
recursos que no tiene, con o sin dicha reapertura acordada.
En este
aspecto, es muy posible que los números del nuevo PL de Presupuesto 2014 no
tengan consistencia o validez por sí mismos y terminen siendo simplemente
cifras más que provisorias para contar con un presupuesto aprobado en forma lo
suficientemente amplia para que luego de las elecciones del 27.10 – por combinación
de Facultades Especiales y Ley de Emergencia Pública – pueda ser fácilmente
modificado como quiera por el gobierno K.
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