Autoras/es: Trabajadores de la Gerencia Operativa de Investigación y Estadística (UTE)
Los trabajadores de la Gerencia Operativa de
Investigación y Estadística, encuadrados gremialmente en UTE denunciamos
el vaciamiento del Sistema de Información y Estadística del Ministerio
de Educación de la Ciudad.
Ante la inminente
noticia de que ha sido presentado ante la Legislatura de la CABA un
proyecto de Ley que versa sobre la creación del Instituto de Evaluación
de la Calidad Educativa, impulsado por la Dra. Silvia Montoya, es
nuestro deber informar al Sistema Educativo y a la Ciudadanía sobre la
gestión de la Directora General de Evaluación en relación a los sistemas
de información e investigación educativas.
A
partir del año 2012, cuando se produce la desvinculación de la
Dirección de Investigación y Estadística de la Dirección General de
Planeamiento, y su pertenencia funcional pasa a la Dirección General de
Evaluación de la Calidad Educativa (en adelante, DGECE), la Directora
General, Dra. Silvia Montoya, se ha arrogado la transferencia de la
misión y funciones que tradicionalmente tenía la Gerencia Operativa de
Investigación y Estadística, lo que ha impactado en forma negativa en el
funcionamiento de todas las áreas de la mencionada Gerencia.
El
Área de Estadística de la GOIyE es la que ha visto más notoriamente
recortada sus funciones debido a que, a poco de asumir su gestión, la
Directora General sustituyó el nombre de la Gerenta Operativa, Dra.
Silvia Lepore, por el suyo en el convenio que se suscribe anualmente
ante el Ministerio de Educación de la Nación, (en virtud de la
realización del Relevamiento Anual) arrogándose así las atribuciones y
funciones como referente de la unidad estadística. A partir de esta
enajenación, todos los procesos relacionados con la planificación y
participación de la Ciudad en este relevamiento estadístico nacional, se
han visto entorpecidos o directamente impedidos, como producto de la
gestión totalmente centralizada que pretende implementar la Dra.
Montoya, con el agravante de que, incluso la Gerente Operativa no tiene
permitido dirigirse a su superior en forma directa, sino sólo a través
de sus asistentes. De esta manera, al no contar con ninguna acultad
resolutiva y trabajando en un contexto signado por la incomunicación, se
han suscitado numerosas dilaciones innecesarias y dificultades en el
cumplimiento de las tareas.
En
relación a la implementación del Relevamiento Anual 2013, a la fecha
aún no se ha firmado el convenio debido a que la Directora General
cuestiona la obligatoriedad de efectuar dicho relevamiento estadístico
por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Así, desconoce la existencia de
compromisos contraídos por la Nación y las veinticuatro jurisdicciones
que integran la Red Federal de Información Educativa (REDFIE) desde su
creación en 1995, que se expresan en numerosas resoluciones del Consejo
Federal de Educación e inclusive Leyes Nacionales.
Asimismo,
después de variadas intermitencias e indecisiones, la DGECE ha
discontinuado otros dos relevamientos propios de la Ciudad,
implementados desde 1980, sin siquiera comunicarlo a la GOIyE ni a
ninguna de las áreas ministeriales. Los trabajadores de la GOIyE han
sido informados de esto por los secretarios de los establecimientos
educativos, provocando de esta forma una profunda mella en la confianza
que éstos depositan en esta área, la que es base ineludible de la
producción de información válida y oportuna.
Con
respecto al Área de Investigación, la situación no es mejor: durante el
2012, y como resultado de decisiones tomadas unilateralmente por parte
de la Dirección General de Evaluación, se modificaron a medio camino
proyectos cuya realización ya había sido acordada al inicio del año y,
en algunos casos, hasta se impidió la realización de trabajo de campo en
las escuelas, hecho inédito que afectó el cumplimiento de los objetivos
propuestos, los cronogramas de trabajo y los resultados obtenidos.
A
esto se suma la existencia de obstáculos constantes para promover un
trabajo articulado entre las diversas áreas del Ministerio, ya que la
Gerente Operativa de Investigación y Estadística no cuenta con la
autorización de la Directora General de Evaluación para convocar
autoridades y referentes del sistema, atribuciones de las que gozaba
todo anterior responsable de la GOIyE. Este modo de funcionamiento
impide avanzar más formal y sistemáticamente en el abordaje de las
diversas problemáticas educativas que son el objeto de estudio de los
investigadores.
En
enero de 2013, los equipos de investigadores elevaron sus planes de
trabajo a la Gerenta de la GOIyE, quien los integró en un Plan Anual que
intentó poner a consideración de la Dirección General de Evaluación,
sin éxito. En síntesis, a prácticamente tres meses de iniciada la
actividad del año, aún no se ha recibido directiva alguna acerca de las
líneas de trabajo sobre dicha planificación.
Asimismo,
se ha verificado una indebida apropiación de la autoría en las
producciones elaboradas por el equipo de profesionales del Área de
Indicadores socioeducativos y que se ha dado la orden de que aparezcan
publicados únicamente en la página web de la DGECE. En estos trabajos,
todo el proceso ha sido desarrollado por el personal de la GOIyE, la que
sin embargo se identifica en una nota al pie, como "fuente".Para
concluir, es necesario destacar que la información estadística y la
investigación educativa, además de resultar un insumo fundamental para
la toma de decisiones por parte de las áreas de gestión del Ministerio
de Educación, debe poder seguir dando respuesta a las demandas de
múltiples actores sociales, quienes son habituales usuarios de las
producciones de la GOIyE: académicos, periodísticos, gubernamentales y
no gubernamentales, de empresas privadas, ciudadanos particulares.
Contar
con un sistema estadístico sólido ha sido considerado como una política
pública de alta prioridad en toda área de gobierno y como tal, requiere
imprescindiblemente de continuidad, acumulación de saberes y
estabilidad institucional. Dicho sistema se encontraba en funcionamiento
de manera eficaz hasta el año 2008, año en el que se inició un proceso
de desmantelamiento que se ha intensificado a partir de 2012.
Por
lo tanto, debe alertarse profundamente sobre la autoritaria visión
acerca de la gestión que detenta la Directora General de Evaluación de
la Calidad Educativa, quien parece confundir sistemáticamente la
potestad sobre las decisiones coyunturales que implica toda gestión
ejecutiva con el avasallamiento ante políticas de Estado, que largamente
exceden los objetivos y el dominio de un área de Evaluación.
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