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domingo, 18 de septiembre de 2011

El estado de la causa a cinco años de la desaparición forzada de Jorge Julio López

Autoras/es: Stella Maris Torre
Jorge Julio López, víctima de la represión de la última dictadura cívico-militar, y querellante en el Juicio al represor y genocida Miguel Etchecolatz, se encuentra desaparecido, sin tener noticias de su paradero, desde el lunes 18 de septiembre de 2006 a la madrugada, cuando debía presentarse en la Sala de Audiencias del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, para el desarrollo de los alegatos previos al histórico fallo que condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por crímenes cometidos en el marco del genocidio ocurrido entre los años 1976 y 1983.
(Fecha original del artículo: Septiembre 2011)


En la década del ’70, Jorge Julio López era albañil y militante de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP que funcionaba en el barrio de Los Hornos. El 27/10/76 fue secuestrado por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. López estuvo detenido desaparecido en varios Centros Clandestinos de Detención: el Destacamento y el Pozo de Arana, la Comisaría 5ta, la Comisaría 8va y la Unidad 9. Fue legalizado como preso político en el ’77 y recuperó su libertad en junio del ‘79.

Cabe destacar que Jorge Julio López asimismo declaró como testigo en la mencionada causa y participó de tres Inspecciones Oculares en los Centros Clandestinos de Detención en los que estuvo en cautiverio (“Destacamento de Arana”, Comisarías 5° y 8° de La Plata). Sus valientes y lucidos testimonios sobre esos crímenes en el Juicio por la Verdad y en el Juicio a Etchecolatz, ayudaron al avance de la investigación sobre el Terrorismo de Estado en La Plata, siendo además de vital importancia en la condena a cadena perpetua al represor Etchecolatz, Director General de Investigaciones y jefe de una de las patotas de la Bonaerense del genocida Ramón Camps. Asimismo, siguiendo una declaración del Consejo académico de la Facultad de Periodismo de la Plata contemporánea a su secuestro: “su testimonio fue de suma importancia para apaciguar el dolor por el aniquilamiento sistemático de una generación silenciada por las armas, y su vida es un ejemplo de solidaridad y compromiso con la Verdad y la Justicia de la etapa más oscura de nuestra historia”.
López, 77 años, albañil, vecino del barrio platense de Los Hornos, fue nuevamente secuestrado el 18 de Septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en Juicio contra Etchecolatz. HIJOS La Plata señala al respecto: “El secuestro de Julio López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo”.

Hay quienes aseguran que el secuestro de Jorge Julio López es una mentira[1]. Otros van aún más allá instalando la duda sobre si se trató de una fallida operación del gobierno, y concluyendo en que: “El kirchnerismo ha salido a "vender" al periodismo que la Policía Federal tiene destinadas a la pesquisa 15 brigadas (alrededor de 75 oficiales y suboficiales) y que la Bonaerense asignó a varios de sus equipos especializados y proveyó toda la tropa necesaria para los infructuosos rastrillajes.  De la misma manera, se asegura que la SIDE "tiene equipos dedicados a trabajar a tiempo completo sobre las pistas existentes, a buscar nuevas y a realizar todas las escuchas telefónicas imaginables." Algo realmente poco creíble.  Más preocupante que las mentiras oficiales es la idea de imaginar un Gobierno que utiliza sus recursos para actuar como si fuera una verdadera "mafia". Ya nadie cree lo sucedido con Gerez, pronto caerá la mentira sobre López. ¿Qué vendrá después?”[2].

Pero no es ésta precisamente la perspectiva predominante en cuanto a la desaparición de Julio Jorge López. Un informe de HIJOS La Plata, del mes de agosto pasado, que presenta una síntesis de las irregularidades que atravesaron la causa judicial por esta segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, identifica como autor del secuestro al entorno policial bonaerense rechazando “la actitud pasiva y silenciosa de los gobiernos Nacional y Provincial que, viendo el tiempo trascurrido, es ya una posición de complicidad y encubrimiento de los sectores del aparato represivo de la dictadura que siguen impunes y en funcionamiento” y resaltando las siguientes cuestiones:
LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
La MULTISECTORIAL DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA ha denunciado reiteradamente que la actitud de encubrimiento que los sectores gobernantes desplegaron en el caso:
* El entonces Ministro del Interior Anibal Fernandez dijo que Julio se encontraba “asustado, escondido seguramente en la casa de alguna tía”.
* El entonces Gobernador de la Provincia Felipe Sola encomendó a la bonaerense para la investigación creando una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura[3].
* La Presidenta cada 24 de marzo habla de “avances” en materia de juicio y castigo contra los genocidas de la última dictadura, pero ya no menciona el nombre de Jorge Julio Lopez, “en claro signo de complicidad y encubrimiento del caso”.
* La Justicia Provincial durante un año y medio se negó a reconocer la desaparición limitándose a “buscar” a Julio “como si se tratara de un anciano enfermo que se hubiese perdido”.
* La Justicia Federal siguió las pistas más alocadas, guiadas por videntes, realizó allanamientos tardíos y mal hechos, no investigó a ninguno de los denunciados por Julio en su declaración en el juicio a Echecolatz[4].
* El juez federal Arnaldo Corazza perdió un tiempo irrecuperable con la causa en sus manos, y cuando por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, se excusó de seguir actuando.
* El juez Humberto Blanco nuevo responsable de la causa, apartó a la Secretaría especial dejando otra vez la causa paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales, el silencio y la pasividad palpables del Poder Ejecutivo y la indiferencia ostensible del Legislativo.
* El Gobernador Daniel Scioli y su superministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, se dedican a abonar el poder de mando de una Policía bonaerense “que se autogobierna, y está implicada en todos los grandes delitos que dice combatir: narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, piratería del asfalto, etc; y que es el brazo armado del Estado que criminaliza al pobre y al que se opone al modelo de hambre y exclusión.”
LA CAUSA
Cadáver encontrado en Punta Lara
A dos días del secuestro de Julio, apareció en la localidad de Punta Lara, un cadáver calcinado. Una persona que dijo llamarse Victoria Huck y ser miembro de la policía bonaerense, llamó al diario "Hoy" de La Plata e informó que el cadáver encontrado "era el de Julio López".
“Pusimos inmediatamente al tanto de ese hecho al Gobernador Felipe Solá y al Ministro León Arslanián, quién nos dio como respuesta que la Comisionado Huck (jefa Distrital La Plata ) dijo "que no había sido", sin que hasta el día de hoy se la haya llamado a declarar.”
A pesar de ello, tanto Arslanián como Solá, reconocieron la íntima relación de la aparición del cadáver con la desaparición de López, aceptando la hipótesis formulada por Justicia Ya! de que se trataba de un mensaje mafioso, propio de la policía bonaerense.
Seis meses después, y fortuitamente, “pudimos tomar conocimiento de que dos guardaparques habían declarado ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que el 19 de septiembre, un automóvil había ingresado al lugar donde luego se encontró el cadáver, aportando un identikit de las dos personas que ocupaban el auto y la descripción de dicho vehículo.”
A instancias de la querella de Justicia Ya!, los dos testigos declararon ante la justicia federal a fines de marzo de 2007. Nunca se cumplió con el pedido de adjuntar la desgrabación de la llamada recibida al "911" en que dejaron indicado el lugar para que el cadáver sea encontrado.
La justicia provincial
Durante los tres meses en que la causa transitó en la justicia provincial, se siguió una línea de investigación, determinada políticamente, tendiente a instalar la idea del extravío o la ausencia voluntaria de Jorge Julio López. La investigación fue llevada adelante por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la SIDE en forma muy poco seria[5].
La Policía Federal reconoció por escrito que nunca investigó a esos represores, y por otra parte, tomaron 600 declaraciones que no adjuntaron a la causa.
“Cada vez que esta parte se presentó al fiscal provincial Martini, su respuesta fue: "la causa la tiene la DDI ", el organismo que dependió de Etchecolatz durante la dictadura y en el que muchos de sus subordinados siguen en funciones. “
La SIDE, la bonaerense y la Federal , actuaron SIN CONTROL JUDICIAL y sin compartir entre las distintas fuerzas la información obtenida.
Un hecho importante es que, a pocos días de la desaparición de López, en dos procedimientos diferentes con perros de la policía provincial en la primera oportunidad y de la policía federal en la segunda, los perros marcan un rastro de López en la puerta de una vivienda ubicada a 8 cuadras de su casa. Notablemente, se restringe la investigación al funcionamiento de esa vivienda y no se amplía al de las casas linderas.
Irregularidades del procedimiento en Atalaya
En esta "actuación" participaron cinco policías, en un auto sin identificación y con ropas de civil. Inexplicablemente, aún hoy se desconoce la identidad de estos agentes.
Según los testimonios policiales los perros se dirigieron desde la ruta directamente hasta la finca del Sr. Rubén Darío Durso. Violando las más elementales normas de procedimiento, más aún cuando un rastro da positivo, los policías reconocen que aceptaron la invitación a merendar en el interior de la vivienda.
De la actividad no se labró acta, “lo que demuestra la clara intención de encubrir el irregular accionar policial.”
Posteriormente se constituyó en la casa del Sr. Durso, una mega-comisión[6], con el apoyo de helicópteros y perros.
Ingresan a la vivienda y los perros reconocen lugares, prendas y un colchón con rastros de López. Luego comienzan a seguir un rastro que los lleva al campo de enfrente. Increíblemente, la policía y los fiscales deciden detener el rastrillaje argumentando "lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante".
Entonces, se abren dos posibilidades: la policía "plantó" una prueba o frustró la producción de la misma.
También señalamos que el funcionario policial designado por el Ministerio de Seguridad (bonaerense) para dirigir la investigación fue en esta etapa el Superintendente Roberto Silva, ingresado a la policía el 1º de marzo de 1977.
La “in” Competencia
Ante la insistencia de Justicia Ya! de que la causa pase a la justicia federal para que el hecho sea investigado como desaparición de persona, se plantea un conflicto de competencia que es resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con más de 20 días de retraso. Hasta el Procurador General de la Nación , Esteban Righi se opuso alegando la inexistencia de elementos para afirmar que López hubiera sido víctima de algún delito.
Actuación de la justicia federal
Una vez radicada la causa en la justicia federal el juez Corazza continúa delegando la investigación en la Policía Federal, la provincial y la SIDE sin dirigirla ni siquiera controlarla.
“Sólo ante el pedido de esta parte querellante, el juez se anoticia de la existencia de un expediente paralelo en poder de la Delegación La Plata de la Policía Federal. Corazza solicita que se le remita el expediente, medida que inicialmente es resistida por la Policía Federal. “
Idéntica situación se produjo con investigaciones paralelas realizadas por la policía provincial. “Ante nuestros insistentes reclamos se adjuntaron a la causa federal informes acerca de cruces telefónicos, organigramas de las personas investigadas y sobre las visitas que recibieron los represores recluidos en el penal de Marcos Paz.” No consta en el expediente que el juez haya realizado un análisis serio de esta información.
Constan en la causa detalladísimos informes de inteligencia llevados a cabo por la SIDE durante el año pasado respecto de familiares, vecinos y amigos de López pero no aporta ningún informe sobre investigaciones al entorno de Etchecolatz. Desde hace cuatro meses la SIDE no entrega ningún otro dato a la causa.
“Debemos denunciar que existe una mecánica de "blanqueo" de las investigaciones realizadas en forma paralela por las fuerzas de seguridad e inteligencia”. Una de las personas investigadas tiene relación familiar con miembros de la fuerza en actividad con acceso a la causa. Hasta hoy no se ha plasmado ningún avance en la referida pista.
Cabe destacar que la dirección de esa investigación le fue asignada a Oscar Alberto Farinelli, quien ingresó a la policía bonaerense el 12 de marzo de 1973, se retiró el 4 de febrero de 1975 y se reincorporó el 17 de junio de 1976. A partir de esa fecha, hizo toda su carrera en la Dirección General de Inteligencia (DIPBA) con lo que estaba en esa función cuando López fue secuestrado y desaparecido por primera vez.
Es necesario destacar un caso surrealista: el 25 de diciembre de 2006 se realizó un procedimiento en base a las declaraciones de una persona de origen peruano, residente en Argentina, quien se comunicó telefónicamente con una amiga que vive en Perú la que, según el declarante, por la noches se convierte en águila. En uno de sus vuelos nocturnos la mujer-pájaro avistó a Julio López en un campo cercano a La Plata. Esta declaración provocó la movilización de tres comisarías y un procedimiento que incluyó decenas de traslados, móviles, identificación de personas y declaraciones testimoniales.
Requisa en el penal de Marcos Paz
Desde el primer momento, Justicia Ya! sostuvo que había que investigar a los represores recluidos en el penal federal de Marcos Paz. El procedimiento se realizó seis meses después y en las peores condiciones. El juez Corazza resolvió no realizar un allanamiento, medida judicial que se lleva a cabo sin previo aviso al Servicio Penitenciario Federal, en la que puede participar el juez y la querella. El 23 de marzo se realizó una requisa a cargo del Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial.
Según trascendió por medios periodísticos, los reclusos sabían con 48 hs. de anticipación que se realizaría dicha requisa. Desde el 14 de marzo constaba en la causa una denuncia sobre el trato preferencial que en el penal de Marcos Paz reciben los represores. Ni el juez Corazza ni el Ministro Iribarne tomaron ninguna medida al respecto.
El “avance”
El único pretendido “avance” que se dio este año en la causa López fue la declaración en marzo del médico policial Carlos Osvaldo Falcone, que fue citado porque en su casa de Mar del Plata se halló en el 2009 un automóvil en el que se sospecha habría sido secuestrado López. En su declaración dijo que se lo habían prestado, que “no sabía que era robado” y negó haber dicho que en ese auto fue secuestrado López. Falcone figura en la agenda que se le secuestró a Etchecolatz tras la desaparición de López y visitó a este genocida en la cárcel de Marcos Paz en al menos dos oportunidades.
Las pruebas ya obrantes en la causa eran contundentes como para comenzar esta indagatoria un año atrás, sin embargo la causa circuló por los pasillos judiciales mientras jueces y fiscales se la sacaban de encima.
El circo de Parque Pereyra
Tras una larga quietud en la causa, recién en febrero de este año se hizo un rastrillaje en la zona de la estación Pereyra del FFCC Roca. Esta búsqueda comenzó a partir de la denuncia de un supuesto testigo de identidad reservada, que habría tenido datos sobre la posibilidad de que el cuerpo de Lopez estuviera enterrado en las inmediaciones de la estación de trenes.
En realidad el “testigo” era un apadrinado o bien un alter ego del abogado Sánchez Kalbermaten, conocido en el ámbito judicial por ser un denunciador compulsivo profesional.
En las tareas, un sofisticado geo-radar localizó 8 puntos donde podría haber habido remoción de tierra, pero dadas las imprecisiones que tuvo el “testigo” al señalar el lugar, la tarea era inmensurable y rápidamente perdió credibilidad. Lo que llamó la atención en el hecho, fue el despliegue periodístico realizado ante la nueva pista: muchos medios conocían el dato antes de que el Superministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, llegara con la denuncia a la justicia. El oportunismo mediático del abogado Kalbermaten y del superministro Casal fue claro: la pista era una más de las cientas de la causa y jamás justificaba l movilización de recursos por ser tan vaga. De hecho, luego de 3 días de actividad en la zona, no sólo no se encontró a Lopez, sino que ni siquiera se confirmaron indicios que correspondieran con la declaración del “testigo”, que además nunca fue citado a declarar, tampoco su alter ego Kalbermaten, para explicar el origen de su “información”. Una vez más quedó demostrada la falta de profundidad con que la investigación se realiza.

Por su parte, Guadalupe Godoy, abogada querellante en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz y secretaria de Derechos Humanos de CTA La Plata-Ensenada, en diálogo con Equipo de Comunicación de dicha central obrera, cuenta cómo continúa la investigación de esta desaparición en democracia y qué cosas cambiaron en cuanto a la protección de los testigos:
El domingo va a haber un montón de movilizaciones en torno a la causa Julio López ¿Cuál es la característica de este nuevo aniversario?
Es un aniversario marcado por la impunidad. La causa está prácticamente paralizada y solo gracias a que hay un reclamo popular, que aunque no es masivo, en la Ciudad de La Plata es persistente, no está archivada. Por otro lado, este aniversario también está marcado por el inicio de un Juicio, como es el de Circuito Camps, donde la ausencia de López es bien palpable, porque hay imputaciones que tienen que ver con él, con lo que él testimonió y con su propio caso. Así que desde ese punto de vista, es un aniversario muy fuerte, muy especial.
¿La causa que investiga la desaparición de López en qué instancia está?
Sigue en instrucción, sin ningún imputado. Lo único que hubo durante este año fue alguna investigación de algún que otro anónimo. Lo que hubo desde siempre fue una resistencia muy grande a investigar donde se tenía que investigar, las líneas de qué sectores tienen interés y tienen capacidad como para realizar una desaparición en democracia. Pero obviamente una investigación de este tipo es una decisión política.
Julio López es un símbolo para los organismos de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto para el trabajo cotidiano que ustedes llevan a cabo en la búsqueda de testigos y en el tratamiento del material de la investigación de los juicios?
Fue muy complejo al inicio, luego obviamente como en todo, se generan estrategias y formas de sobrellevarlo. Pero hay un antes y un después en los juicios, que tiene que ver con todo lo que generan, no tanto el tema de seguridad sino el impacto emocional que produce en principio un testimonio y luego la dificultad mucho mayor, que se agrava no solo por la desaparición sino por la impunidad de la desaparición. El efecto ahí lo tiene más que el hecho en sí, la impunidad posterior.
Con respecto a la Justicia y el tratamiento de los testigos, ¿Cambió algo el trato hacia los que atestiguan?
Se crearon un montón de programas de contención y protección, pero en general nosotros consideramos que tienen un eje errado, que es centrarse en los testigos, cuando lo lógico sería que se controle la inteligencia sobre quienes pueden atentar contra los testigos y contra otros actores de los juicios. Hay una relación inversa que no hemos logrado desandar, fundamentalmente porque hay una resistencia que tiene que ver con la falta de decisión política.
¿Quiénes creen que fueron los que desaparecieron a López?
Creemos que tiene que ver con la realidad que había en ese momento en la provincia de Buenos Aires, mientras se desarrollaban los juicios existía una pelea feroz de la Policía tratando de mantener sus privilegios, frente a la reforma que se estaba llevando adelante, que implicaba el descabezamiento de la cúpula policial, ahí hubo dos cuestiones cruzadas. De hecho el propio gobernador de la Provincia de Buenos Aires en ese momento, Felipe Solá y su Ministro de Seguridad, León Arslanián, en su momento nos dijeron que la bonaerense estaba implicada y cuando le pedimos gestos fuertes, que eran precisamente echar a todos aquellos que viniendo del proceso todavía estaban en actividad, ahí se tomó la decisión de no enfrentarlos.

También la la AEDD (Asociación de ex detenidos-desaparecidos) coincide en que la causa que investiga el secuestro y desaparición de López se encuentra paralizada desde hace al menos 2 años, añadiendo que cada tanto rebrota con algún montaje mediático y con continuas irregularidades que llegan al mismo  resultado negativo. En una reciente declaración de la AEDD se señala: “Cinco  años ya de complicidades políticas que refuerzan la impunidad de la que gozan los responsables de la desaparición de Jorge Julio López. Cinco años ya que exigimos rigurosidad en  las numerosas líneas de investigación que existen desde el inicio de la causa y se castiguen a todos los responsables, sean autores intelectuales, materiales o cómplices, del secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López”.

Muchas son las formas de expresar el repudio por este secuestro y el reclamo por la aparición con vida de Jorge Julio López: exhortar por todos los medios a los poderes del Estado para que intensifiquen la investigación y den respuesta urgente y efectiva, arbitrando los mecanismos necesarios para identificar a los responsables de este hecho repudiable; participar de las marchas y manifestaciones en reclamo de su aparición; mantener informados y unidos en esta causa a toda la comunidad (como es el caso de este pequeño intento de PyP).

Y remarcar, sobre todo, la necesidad de que este hecho no quede impune; Porque -lamentamos citarlo pero viene muy al caso- Yabrán dijo una vez: “El poder es impunidad”.

¡No permitamos que esta definición sea la acertada!


Fuentes:



[1] Por ejemplo, la Agencia Organización Periodística Independiente de Río Gallegos, Santa Cruz afirma como cierre a su nota “Christian Sanz echado de conferencia del hijo de Julio López” de septiembre de 2008: “La mentira por la desaparición del anciano albañil ha llegado a un nivel tal, que no puede sostenerse más. La sociedad comienza a desconfiar de la información oficial y la incomodidad se apodera de ciertos ‘cómplices’ de la trama. Lo mismo comienza a ocurrir con los medios de información, que cuestionan lo que se ha dicho hasta ahora.”

[2] Se trata ésta de una nota del polémico Christian Sanz, quien se presenta en Twitter como: “Periodista de investigación, docente y escritor. Director del periódico independiente Tribuna de periodistas y editor del diario MDZ On Line”. Venerado por algunos por su compromiso con la verdad y vapuleado por otros por charlatán.

[3] como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la Bonaerense en marzo del 77, Alberto Farinelli integrante de la Dirección de Inteligencia de la policía en plena dictadura, y el capitán Zaffino titular de la Comisaría de Los Hornos cuando fusilaron a Darián Barzabal dentro de un patrullero de la repartición.

[4] Garachico Urcola, Gomez, Gijena, Peralta, Ponce, Aguiar, algunos de ellos murieron en sus casas rodeados de impunidad.

[5] Se basó en datos extraídos de la guía telefónica y de preguntas genéricas realizadas a vecinos.

[6] Supuestamente integrada por los fiscales Martini y Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Medoro, el titular de la Comisaría 3ra, capitán Zaffino.

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