Recopilación y edición: Cecilia Chérrez; César Padilla; Sander Otten; Maria Rosa Yumbla; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, www.ocmal.org); ACCIÓN ECOLÓGICA (Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca; Quito – Ecuador, www.accionecologica.org)
Fotografías: Sander Otten; Juan Pablo Barragán
Con el apoyo de: Broederlijk Delen; Appleton Foundation; Entrepueblos – Entrepobles; Global Greengrants Fund
(Fecha original: Quito, Ecuador - Noviembre 2011)
3. LA CRIMINALIZACION, UN FENOMENO REGIONAL
3.3 BOLIVIA
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| Bolivia: mujeres y niños indígenas del TIPNIS reprimidos durante la VIII Marcha en 2011 |
Bolivia es considerado un país tradicionalmente minero. Desde la época incaica y luego desde la colonia, la minería siempre ha sido una de las principales actividades económicas del país. Sin embargo, pese a esta larga historia minera, Bolivia es uno de los países más pobres de la región, por lo cual se evidencia que esta actividad extractiva no ha contribuido al desarrollo ni a la economía nacional, más bien todo lo contrario, ha generado una enorme deuda socioambiental y pasivos imposibles de remediar.
En los últimos años, la minería ha retomado un rol importante en la economía, principalmente por el incremento de los precios internacionales de varios minerales, por lo que este país sigue siendo un productor de peso internacional de minerales como estaño, oro, plata, plomo, zinc, antimonio, tungsteno, indio y bismuto y posee depósitos probados e inexplorados de litio, hierro y potasio.
La minería aurífera es conocida en territorio boliviano desde el imperio incaico aun cuando durante la época colonial fue menos importante que la de la plata (por ejemplo Cerro Rico en Potosí). Recién en los últimos treinta años la minería aurífera está ganando importancia en el sector minero industrial.
Gran parte de la producción de oro viene de la pequeña minería, organizada en cooperativas mineras que existen desde la revolución del año 1954. En los años ‘80 las cooperativas auríferas aluviales prosperaron en el departamento de La Paz (río Tipuani), y desde 1985 la pequeña minería aurífera se expande en casi todo el territorio nacional particularmente en los yacimientos primarios, casi siempre organizada en cooperativas mineras. Éstas suelen ser legales, es decir que explotan su propia concesión minera, pero tienen grandes dificultades para atenerse a la legislación ambiental.
Si bien en los últimos años ha aumentado la participación privada en el sector de la minería, favoreciendo el crecimiento de la minería mediana, la minería chica y las cooperativas, el Estado impulsa la mayor presencia estatal a través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
El arribo al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el dirigente cocalero Evo Morales a la presidencia, y el intelectual y ex guerrillero Álvaro García Linera a la vicepresidencia, generó enormes expectativas en amplios sectores de la población boliviana y en vastos sectores de América Latina. La reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y luego un avanzado discurso dirigido a realzar el cuidado de la Pachamama agregaron valor a la gestión del mandatario Morales.
A pesar del claro y energético discurso del presidente Morales en espacios internacionales, al interior del país las expectativas respecto al ejercicio de derechos y respeto a los pueblos originarios y su relación con la Pachamama han ido en decadencia. La contaminación ambiental y la falta de respeto a los derechos de las comunidades y poblaciones por parte de las empresas mineras ha sido una constante en diversos departamentos de Bolivia.
En el departamento de Oruro, por ejemplo, se estableció un área declarada en emergencia ambiental a solicitud de las comunidades afectadas por la actividad minera, especialmente de la estatal minera de estaño Huanuni, no obstante nada concreto se avanzó en los años posteriores a la declaratoria. Reuniones, comisiones y viajes al Ministerio de Recursos Naturales y Biodiversidad no han tenido resultados reales que den cuenta del enorme problema provocado por la contaminación y los pasivos mineros.
No hace mucho en el departamento de La Paz las comunidades originarias afectadas por la reactivación del proyecto minero Coro Coro fueron tratadas de manipuladoras tras exigir la consulta previa derivada del Convenio 169 de la OIT. La reactivación a cargo de la estatal COMIBOL y la coreana Kores requería de la consulta a las comunidades aledañas ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, no obstante el gobierno se reusó a organizar dicha consulta generando reacciones diversas en las comunidades originarias afectadas. Ello constituyó un nuevo atropello a los derechos indígenas en el país.
Lo que ha sucedido en otros departamentos del país no ha sido diferente. Durante la visita de Morales a Uyuni, la empresa minera japonesa Sumitomo que explota el yacimiento de plata y plomo San Cristóbal, el dignatario felicitó a dicha empresa por su labor y gestión, especialmente respecto al medio ambiente. De esta manera, Morales ignoró las demandas permanentes de la población originaria local por el riesgo de perder sus fuentes de agua a manos de la transnacional. Ello a pesar de las diversas solicitudes realizadas por gremios como Frutcas que incluso con la ayuda de técnicos nacionales y extranjeros demostraron la vulnerabilidad de las aguas subterráneas que usa la empresa en desmedro de las actividades agrícolas y ganaderas de los campesinos de la zona.
Más recientemente, en torno a la construcción de una carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, más conocido como TIPNIS, Morales declaró inicialmente que el proyecto se realizará aunque se opongan los indígenas de las tierras bajas que ven amenazado su territorio ancestral. La vía beneficiará principalmente a empresas brasileras. Mientras se escribe este texto, la caminata hacia La Paz que busca presionar al gobierno para que cancele la obra fue reprimida de manera brutal por la fuerza pública. En estas condiciones, y tras la renuncia de varios funcionarios del régimen en solidaridad con las víctimas, a más de la campaña internacional de repudio a esta acción, el presidente detuvo el proyecto, pero en forma provisional, lo que pone en serias dudas el compromiso del gobierno con los derechos de los pueblos indígenas y con la Madre Tierra.
Por su parte, el vicepresidente García Linera publica un artículo denominado “El ‘oenegismo’, enfermedad infantil del derechismo”, en el que culpa a las ONG de valerse de dirigentes para criticar al gobierno. (Linera, 2011). Como si esto fuera poco, el gobierno acaba de dar a conocer el resultado de su espionaje telefónico donde registra llamadas de la embajada de Estados Unidos a algunos dirigentes convocantes de la marcha por el TIPNIS. Con ello se hace pública la intención del gobierno de encontrar argumentos para perseguir a los dirigentes indígenas acusándolos de aliados de los enemigos principales del país. Esto constituye una flagrante violación a los derechos de las personas y una maniobra para poder atacar de forma “legítima” las acciones de resistencia de la dirigencia originaria que se opone a algunos planes del gobierno que atentan contra los derechos de los indígenas y la pachamama.
Pensamos que está llegando la hora de preguntamos ¿cuán compatible es hablar en los foros internacionales sobre el cuidado de la pachamama, el “Vivir Bien” por un lado y el neo extractivismo depredador e irrespetuoso de aquellos grupos originarios que sólo exigen el respeto de sus derechos, por otro?. Y la pregunta siguiente es ¿que pasará cuando las organizaciones indígenas -con o sin acompañamiento de esas “malas” ONG- continúen con su oposición al extractivismo y el desarrollo de infraestructura por áreas protegidas y territorios indígenas? ¿Estaremos frente al inicio de prácticas de criminalización provocando un mayor desencanto del proyecto político boliviano y el repudio nacional e internacional frente a escenarios de este tipo? Es un problema de tiempo, ya que la defensa de derechos ciudadanos y originarios se torna cada vez más incompatible con el énfasis extractivista en Bolivia. Criminalizar no debiera resultar tan fácil como en Ecuador o Perú y se espera que las acusaciones de Evo Morales a los pueblos originarios de querer manipular al gobierno al exigir el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT no sea el preludio de procesos de intervención legal en las comunidades impidiéndoles por esa vía el ejercicio y recuperación de sus derechos frente a las obras que garantizan el extractivismo.
En los últimos años, la minería ha retomado un rol importante en la economía, principalmente por el incremento de los precios internacionales de varios minerales, por lo que este país sigue siendo un productor de peso internacional de minerales como estaño, oro, plata, plomo, zinc, antimonio, tungsteno, indio y bismuto y posee depósitos probados e inexplorados de litio, hierro y potasio.
La minería aurífera es conocida en territorio boliviano desde el imperio incaico aun cuando durante la época colonial fue menos importante que la de la plata (por ejemplo Cerro Rico en Potosí). Recién en los últimos treinta años la minería aurífera está ganando importancia en el sector minero industrial.
Gran parte de la producción de oro viene de la pequeña minería, organizada en cooperativas mineras que existen desde la revolución del año 1954. En los años ‘80 las cooperativas auríferas aluviales prosperaron en el departamento de La Paz (río Tipuani), y desde 1985 la pequeña minería aurífera se expande en casi todo el territorio nacional particularmente en los yacimientos primarios, casi siempre organizada en cooperativas mineras. Éstas suelen ser legales, es decir que explotan su propia concesión minera, pero tienen grandes dificultades para atenerse a la legislación ambiental.
Si bien en los últimos años ha aumentado la participación privada en el sector de la minería, favoreciendo el crecimiento de la minería mediana, la minería chica y las cooperativas, el Estado impulsa la mayor presencia estatal a través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
El arribo al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el dirigente cocalero Evo Morales a la presidencia, y el intelectual y ex guerrillero Álvaro García Linera a la vicepresidencia, generó enormes expectativas en amplios sectores de la población boliviana y en vastos sectores de América Latina. La reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y luego un avanzado discurso dirigido a realzar el cuidado de la Pachamama agregaron valor a la gestión del mandatario Morales.
A pesar del claro y energético discurso del presidente Morales en espacios internacionales, al interior del país las expectativas respecto al ejercicio de derechos y respeto a los pueblos originarios y su relación con la Pachamama han ido en decadencia. La contaminación ambiental y la falta de respeto a los derechos de las comunidades y poblaciones por parte de las empresas mineras ha sido una constante en diversos departamentos de Bolivia.
En el departamento de Oruro, por ejemplo, se estableció un área declarada en emergencia ambiental a solicitud de las comunidades afectadas por la actividad minera, especialmente de la estatal minera de estaño Huanuni, no obstante nada concreto se avanzó en los años posteriores a la declaratoria. Reuniones, comisiones y viajes al Ministerio de Recursos Naturales y Biodiversidad no han tenido resultados reales que den cuenta del enorme problema provocado por la contaminación y los pasivos mineros.
No hace mucho en el departamento de La Paz las comunidades originarias afectadas por la reactivación del proyecto minero Coro Coro fueron tratadas de manipuladoras tras exigir la consulta previa derivada del Convenio 169 de la OIT. La reactivación a cargo de la estatal COMIBOL y la coreana Kores requería de la consulta a las comunidades aledañas ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, no obstante el gobierno se reusó a organizar dicha consulta generando reacciones diversas en las comunidades originarias afectadas. Ello constituyó un nuevo atropello a los derechos indígenas en el país.
Lo que ha sucedido en otros departamentos del país no ha sido diferente. Durante la visita de Morales a Uyuni, la empresa minera japonesa Sumitomo que explota el yacimiento de plata y plomo San Cristóbal, el dignatario felicitó a dicha empresa por su labor y gestión, especialmente respecto al medio ambiente. De esta manera, Morales ignoró las demandas permanentes de la población originaria local por el riesgo de perder sus fuentes de agua a manos de la transnacional. Ello a pesar de las diversas solicitudes realizadas por gremios como Frutcas que incluso con la ayuda de técnicos nacionales y extranjeros demostraron la vulnerabilidad de las aguas subterráneas que usa la empresa en desmedro de las actividades agrícolas y ganaderas de los campesinos de la zona.
Más recientemente, en torno a la construcción de una carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, más conocido como TIPNIS, Morales declaró inicialmente que el proyecto se realizará aunque se opongan los indígenas de las tierras bajas que ven amenazado su territorio ancestral. La vía beneficiará principalmente a empresas brasileras. Mientras se escribe este texto, la caminata hacia La Paz que busca presionar al gobierno para que cancele la obra fue reprimida de manera brutal por la fuerza pública. En estas condiciones, y tras la renuncia de varios funcionarios del régimen en solidaridad con las víctimas, a más de la campaña internacional de repudio a esta acción, el presidente detuvo el proyecto, pero en forma provisional, lo que pone en serias dudas el compromiso del gobierno con los derechos de los pueblos indígenas y con la Madre Tierra.
Por su parte, el vicepresidente García Linera publica un artículo denominado “El ‘oenegismo’, enfermedad infantil del derechismo”, en el que culpa a las ONG de valerse de dirigentes para criticar al gobierno. (Linera, 2011). Como si esto fuera poco, el gobierno acaba de dar a conocer el resultado de su espionaje telefónico donde registra llamadas de la embajada de Estados Unidos a algunos dirigentes convocantes de la marcha por el TIPNIS. Con ello se hace pública la intención del gobierno de encontrar argumentos para perseguir a los dirigentes indígenas acusándolos de aliados de los enemigos principales del país. Esto constituye una flagrante violación a los derechos de las personas y una maniobra para poder atacar de forma “legítima” las acciones de resistencia de la dirigencia originaria que se opone a algunos planes del gobierno que atentan contra los derechos de los indígenas y la pachamama.
Pensamos que está llegando la hora de preguntamos ¿cuán compatible es hablar en los foros internacionales sobre el cuidado de la pachamama, el “Vivir Bien” por un lado y el neo extractivismo depredador e irrespetuoso de aquellos grupos originarios que sólo exigen el respeto de sus derechos, por otro?. Y la pregunta siguiente es ¿que pasará cuando las organizaciones indígenas -con o sin acompañamiento de esas “malas” ONG- continúen con su oposición al extractivismo y el desarrollo de infraestructura por áreas protegidas y territorios indígenas? ¿Estaremos frente al inicio de prácticas de criminalización provocando un mayor desencanto del proyecto político boliviano y el repudio nacional e internacional frente a escenarios de este tipo? Es un problema de tiempo, ya que la defensa de derechos ciudadanos y originarios se torna cada vez más incompatible con el énfasis extractivista en Bolivia. Criminalizar no debiera resultar tan fácil como en Ecuador o Perú y se espera que las acusaciones de Evo Morales a los pueblos originarios de querer manipular al gobierno al exigir el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT no sea el preludio de procesos de intervención legal en las comunidades impidiéndoles por esa vía el ejercicio y recuperación de sus derechos frente a las obras que garantizan el extractivismo.
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