Autoras/es: Lavaca.org
Fecha: 13 y 14 de abril. Por el salón Adolfo Bioy Casares del Centro Cultural Borges desfilaron entonces intelectuales, invitados internacionales, ex funcionarios y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a cargo del cierre del seminario junto a Horacio Verbitsky, presidente de CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). Lo que se estaba discutiendo allí representa, entonces, un debate central sobre las políticas de seguridad según la perspectiva estatal. Un debate que, consideramos, debe ser social y, por lo tanto, público y abierto. Este informe representa entonces nuestro humilde aporte para que así sea.
Primer round
Teoría: Paradigma punitivo vs. Paradigma democrático
Gastón Chillier, director ejecutivo del 
CELS, comenzó con una apelación: aprender de los errores. Recordó 
entonces el paradigma consolidado en los 90 que delegó a manos de las 
instituciones policiales la gestación de las políticas de seguridad. La 
teoría de Chillier: la “demagogia política” derivó en un paradigma 
basado en los castigos, pero no en políticas genuinas que escarben el 
fondo del problema. El resultado: corrupción y delitos policiales 
(Chillier enumera: “detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones 
extra-judiciales”, entre otros), que no sólo no equilibraron la 
seguridad y violencia ciudadana, sino que la fomentaron. El nuevo 
paradigma (que no se sabe bien cuándo ni donde nació, pero que sí se 
respira como real al menos en este seminario) sería uno “democrático”. Y
 la creación del Ministerio de Seguridad representaría un puntapié en su
 construcción: gobierno civil de la policía, restructuración y, sobre 
todo, prevención.
Práctica: el caso Arruga
Invitado por lavaca, Chillier aplica
 su teoría a un caso: Luciano Arruga, el joven desaparecido por la 
policía del destacamento de Lomas del Mirador en 2009: “El caso de 
Luciano Arruga, su barrio, sintetiza la problemática y las consecuencias
 nefastas de una determinada política de seguridad: el hostigamiento y 
la represión de pibes excluidos socialmente y las redes de ilegalidad 
coordinadas por la propia policía para cometer distintos delitos, los 
cuales involucran a jóvenes con altos grados de vulnerabilidad”.
Este combo, digamos, pertenecería a 
aquél paradigma punitivo que daba vía libre a prácticas policiales 
delictivas. La nueva idea: intervenir la institución policial a partir 
del control civil e intervenir en el territorio con lo que Chillier 
llama “políticas sociales fuertes”, que son estatales, públicas, de 
prevención e intentan enmendar “los derechos negados y más esenciales, 
como la educación, la salud, el transporte, la infraestructura, la 
vida”.
Éstos serían los paradigmas democráticos que el Estado argentino intenta ahora sintonizar con más de 25 años de retraso.
Los miles de proyectos que nacen 
desde adentro de los territorios incluidos durante años en la 
marginación estatal hablan por sí mismos de la realidad: los mejores y 
únicos anticuerpos fueron creados por los propios vecinos. De allí, 
entonces, deberá ahora aferrarse el Estado para democratizar sus 
políticas.
Pregunta de lavaca a Gastón Chillier:
¿Cómo debe ser esta intervención?
Respuesta: “Tiene 
que haber una interrelación de la participación comunitaria con las 
políticas locales de seguridad del Estado; donde, por un lado, se le 
demanden al Estado políticas públicas y, por el otro, el Estado promueva
 iniciativas. De hecho, ustedes en lavaca conocen muchas experiencias 
políticas, artísticas, sociales… La idea es que eso no nazca de espaldas
 al Estado, sino que éste sea parte responsable de que eso pase”.
Segundo round
Teoría: El barro del asunto
Sofía Tiscornia, doctora en Ciencias
 Antropológicas, docente de la UBA e integrante del CELS, también 
miembro del grupo de académicos que asesoran al Acuerdo de Seguridad 
Democrática. “Muchas veces se nos acusa de no estar en el barro del 
asunto. Pero somos los que hemos leído, convivido, departido, escuchado,
 a las personas de carne y hueso sobre las que las políticas de 
seguridad se aplican, se sufren o se celebran. Quienes paciente y 
pasionalmente hemos reunido los datos, las fuentes, las estadísticas, 
los relatos, para reconstruir los problemas y mirarlos en sus varias 
caras y razones”, dirá Tiscornia, acaso como introducción al panel que 
se preparó para explicar por qué una política de seguridad democrática 
necesita de investigaciones académicas.
Los panelistas:
Lila Caimari, doctora en Ciencias 
Políticas: actualmente investiga sobre policía y orden urbano en los 
inicios del siglo XX en Buenos Aires. Su libro Apenas un 
delincuenteindaga sobre los orígenes de los métodos de control social 
que trazaron la frontera entre la “gente honrada” y “los pibes chorros”.
Mercedes Di Virgilio, socióloga y 
doctora de la UBA, investigadora del CONICET, profesora del área de 
metodología de investigación en el instituto Gino Germani. Un ejemplo de
 su área de trabajo: Las estrategias laborales desarrolladas en un 
barrio pobre urbano. VER PDF
Marcelo Saín, doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador de la Universidad de Quilmes. Ex 
viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y ex 
interventor de policía aeroportuaria, primera creada en democracia y con
 gobierno civil. Muestra: su trabajo Democracia, Seguridad Pública y 
Policía. VER PDF
Los argumentos:
Pregunta de Lila Caimari:
¿Para qué sirve la Historia?
Respuestas de Lila Caimari:
- “La perspectiva histórica puede tener cierta eficacia frente a la percepción de puro presente que suele tener la emoción del relato del delito: la historia para calmar la histeria, podríamos decir”.
- “Una de las contribuciones que podemos ofrecer es ayudar en el armado de un mapa de procesos de largo plazo”.
- “La historia, además, puede darnos una perspectiva comparativa. Estamos acostumbrados a comparaciones regionales: esto es mejor o peor que en Brasil, Colombia o lo que fuera. Pero cuando comparamos sociedades diferentes, estamos comparando culturas de la violencia diferentes, instituciones diferentes, etc. Entonces, comparar con otros momentos de la sociedad argentina, me parece que también puede darnos algunas ideas”.
Pregunta de Mercedes Di Virgilio:
¿Qué relación hay entre el espacio urbano y el mapa del delito?
Respuestas de Mercedes Di Virgilio:
- “El espacio urbano aparece como una clave para empezar a mirar las cuestiones de seguridad. Quiero decir que, históricamente, la relación entre ciudad-delito, es una representación que nos acompaña. En los últimos 10 años, ésta interrelación territorio-seguridad se hizo cada vez más visible. Y si uno recorre esta bibliografía desde la sociología urbana, se empieza a plantear que la cuestión de la violencia, el delito y el miedo son componentes básicos de los procesos de cambio social en las políticas contemporáneas”.
- “Si éstos son procesos que en la actualidad estructuran la convivencia, ¿qué pasó históricamente? ¿Qué otros factores estructuran esta convivencia y, de alguna manera, dialogan con estos procesos? Una de las cuestiones parte de las características de la ciudad misma, la ciudad como soporte material, en tanto forma urbana”. La influencia de esta estructura queda clara en la siguiente frase de Di Virgilio: “El otro día paseaba por Palermo Hollywood y están pintadas todas las ochavas; yo hago trabajo de campo en Lugano y no hay ninguna ochava pintada así”. (N d R: El tono de la frase indica que Di Virgilio prefiere las pintadas de Palermo Hollywood).
Pregunta de Marcelo Saín:
¿Hay un complot de los políticos para gobernarnos tan mal en materia de seguridad?
Respuestas de Marcelo Saín:
- “La villa miseria de la década del 30-40 era una villa integrada al circuito industrial. Ahí hay gobierno, ahí hay Estado. Pero también hay Estado en el Parque Indoamericano gobernando esos espacios, gestionando conflictividad. Uno no cree que haya un complot de los políticos para gobernar así. Simplemente eso es viable, porque es efectivo. La única política que hay es la segregación, y para esto, los aparatos de seguridad pública son los grandes actores de segregación”.
- “Cuando se habla ´Estado fallido´ es mentira. Hay un Estado muy activo. El Estado es mucho más complejo que la legalidad. Cuando un policía interviene disciplinando o controlando estas cosas, no lo hace privadamente en su horario de franco; lo hace desde las facultades que le da el Estado, desde el lugar que le da, con su salario, sus dispositivos, etc. Eso es Estado paralelo. Ahí hay mucha estatalidad”.
Práctica: El pensamiento crítico aplicado a la Academia
Pregunta de lavaca a Sofía Tiscornia:
¿La universidad 
pública/estatal no debería revisar sus propios mecanismos de exclusión 
social, como por ejemplo, el rol del CBC en el contexto actual?
Respuesta de Sofía Tiscornia:
“No creo que la universidad sea 
expulsiva, en todo caso tiene que ver con que los chicos no llegan 
preparados a esa instancia. El deterioro de la enseñanza pública media, 
por ejemplo, hace que le sea más difícil a un adolescente pobre acceder,
 pero eso no es tema de la universidad. Habría que poner atención en las
 instancias que la preceden”.
Tercer Round
Teoría: Seguridad democrática vs. guerra avisada
El
 gran teórico moderno Peter Capusotto lo expresó como nadie: “Es esto o 
invadir el barrio con tanques”. Una síntesis satírica de lo que 
representaron los paradigmas en juego en el siguiente debate.
Los protagonistas
Enrique
 Font, secretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe, y coordinador 
de un proyecto de “intervención multiagencial para el abordaje del 
delito” que cuenta con el asesoramiento del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (Pnud). Esta experiencia se desarrolla 
solamente en dos ciudades: Santa Fe y Neuquén.
Robson
 Rodríguez, coordinador general de la Policía de la Paz de Río de 
Janeiro. Sociólogo -comenzó citando a Bordieu-, abogado -hizo alguna 
referencia al Estado de Derecho- pero, fundamentalmente y como él mismo 
confesó, policía.
Del tanque a la guitarra
Robson
 Rodriguez mostró un power point basado en imágenes. Las debilidades del
 marketing policial quedaron entonces a la vista: tanques entrando a las
 favelas de Río de Janeiro, militarización de la pobreza y, finalmente, 
como premio consuelo, las clases de guitarra que ofrece un agente de la 
autoproclamada Policía de la Paz. Así de brutal fue la simplificación 
del plan del Estado de Lula para recuperar el territorio perdido a manos
 del mayor poder para-estatal de la modernidad, el narcotráfico. Algo 
que sin duda es más complejo que lo expuesto por Robson, pero que quedó 
sintetizado así en la siguiente diapositiva:
- Intervención
- Estabilización
- Implementación de los UPT (unidades policiales territoriales).
- Aval social y normalización.
Robson comentó así esta última etapa: “A mayor legitimidad, menos fuerza”.
La
 diferencia con cualquier otro modelo de ocupación militar es señalada 
en la siguiente diapo. Su título: “Guerra avisada”. Según simplifica 
Robson, es central el rol de la inteligencia previa a la ocupación para 
detectar los núcleos duros del control delictivo del territorio a 
disputar. Una vez reunida la información, se proclama públicamente la 
ocupación por parte de las fuerzas estatales. Esto se supone que, si 
bien alerta a los decentes y a los delincuentes por igual, alcanza y 
sobra el día de la invasión para diferenciarlos.
Para el 2017 se prevé que el plan alcanzará a 175 favelas que tendrán ya instaladas 45 “unidades pacificadoras” cada una.
Pregunta de Horacio Verbistky a Robson Rodriguez: “¿Cuántos efectivos intervinieron en la ocupación?”.
 Robson no respondió, ya que recibió varias preguntas que intentaban 
contextualizar la aplicación de este modelo y que consumieron el tiempo 
que quedaba para esta, la última mesa del primer día. Las crónicas 
periodísticas aproximan ese dato: en febrero de 2011 la ocupación de 9 
favelas incluyó 526 agentes, 105 fusileros de la marina, un helicóptero 
artillado y 21 vehículos blindados.
El delito como expresión del fracaso de las políticas sociales
A
 su turno, Enrique Font acercó una experiencia de trabajo de campo en 
Santa Fe, Capital, que tuvo como protagonista al sector más excluido 
social y políticamente: el adolescente pobre. El proyecto llevó el nombre de Estrategias para la inclusión socio-cultural con jóvenes para la prevención del delito,
 y se llevó a cabo bajo el concepto de “multiagencialidad”: si se trata 
de un fenómeno complejo de múltiples causas, debe ser abordado desde 
agencias diversas. Dice Font: “Sería pluralizar el gobierno de la 
seguridad, convocando a la construcción de las políticas de seguridad a 
actores distintos a la policía y que ya traen una sensibilidad, una 
lógica más afín a una política democrática de la seguridad”. El problema
 que hace necesarias estas intervenciones es, según el propio Font, el 
fracaso de las políticas sociales.
Las bandas
El
 primer dato de la realidad: en los barrios hay bandas. “Esas bandas 
construyen identidades, vínculos y respetos a través de situaciones de 
trasgresión: robos o enfrentamientos. En general, los integrantes de 
estas bandas tuvieron como última relación con el Estado una experiencia
 traumática: la interrupción del colegio secundario. Son, además, 
“difícilmente alcanzables” por esas políticas públicas, “o bien por el 
rechazo a los actores estatales como la policía, o porque los espacios 
de esparcimiento, educación y salud se manifiestan como femeninos”, 
explica Font. “Las políticas sociales no llegan. Es más: no llega lo más
 elemental: muchos ni siquiera tienen DNI”.
En
 palabras del Secretario de Seguridad Comunitaria hay que redirigir la 
labor policial: “Que un patrullero agarre a un pibe adentro de un auto 
robado es de un probabilidad estadística realmente baja y, si lo hace, 
es probable que nuestra policía produzca una masacre. Ahora, la 
capacidad de controlar las redes de desarmaderos, compra ilegal de 
autopartes, etc, es alta y está a mano, pero en los hechos es el 
circuito que nutre la corrupción policial y por eso no se hace. Siempre 
pensamos que el fenómeno es social y la policía no tiene nada que hacer,
 pero es mucho lo que tiene que hacer, y la idea es redirigirla hacia 
estas tareas”.
La solución de las bicicletas
- “¿Cómo hicimos esto en 2008 en Santa Fe? El problema era la tasa de homicidios dolosos sobre el oeste de la ciudad, donde hay un cordón de pobreza y de exclusión social intenso. Obviamente el grueso de victimas y victimarios eran hombres jóvenes de 18 a 25 años. Se eligieron los barrios con alta tasa de homicidios y, entre ellos, unos en los que ya había políticas, pero que había que reconducirlas”.
- “Cuando se les preguntó en una encuesta a los chicos cómo veían su futuro, la respuesta mayoritaria fue: muerto o preso, que es más o menos lo mismo. Pero también reconocían que por un proceso de maduración, a los 23-24 años, algunos se ‘rescataban’ y ‘salían’, sin ayuda de ninguna política pública”.
- “Algunos elementos clave: poca profesionalidad en los robos y violencia altamente expresiva –se comunica todo el tiempo-, porque además es muy divertida. No son cosas de una subcultura criminal, son el apego al peligro y otras conductas que están presentes en toda la cultura social actual”.
- “No hay una subcultura criminal: hay deriva. Hay una cultura convencional y sus valores y, por otro lado, actividades que se construyen por la pertenencia a la banda, por robos fluctuantes. Se ve claro en algunos argumentos: ¿por qué no salí a robar anoche? Porque me quedé cuidando a mi hermanita. El entendimiento de que esta no es una conducta cultural permanente, propia y estructural es lo que abrió una puerta a trabajar sobre otros mecanismos de construcción de identidad, de respeto, de resolución de cuestiones materiales, etc”.
- “¿Cómo se hizo? Primero, reconocimos la banda que venían construyendo. La propuesta fue, simplemente, mostrarles nuestra preocupación por lo que estaba ocurriendo y acercarlos y sumarlos a la oferta territorial, que es poca y escasa, lo que tiene disponible en cultura, esparcimiento. Coincidió que era verano y teníamos acceso a una pileta. Pasó algo interesante para pensar las políticas de seguridad: tuvimos que hacer un trabajo muy complicado con los profesores y coordinadores para que los soportaran, abrieran un espacio y construyeran algo junto con ellos”.
- “Pensamos luego en micro-emprendimientos colectivos. Y con lo que nos encontramos fue con miles de bicicletas secuestradas abandonadas en las comisarías. Lo que fuimos organizando y dio mejor resultado fueron micro emprendimientos de reparación de bicicletas que luego fueron usados socialmente. Ahora se alquilan en distintos lugares de la ciudad, por los mismos chicos que las reparan”.
- “Empezar a variar su status socio-cultural, vincularlos al Estado, que el barrio y la policía empiecen a mirarlos de otra manera, que se limiten las prácticas abusivas de esa institución: esos son los pasos.”
- “Hay que repensar el rol de lo local, la densidad de una política social es hoy ser un Estado local, de territorio”.
Pregunta de lavaca a Enrique Font: ¿qué
 rol cumplen los códigos contravencionales, es decir, las normativas del
 Estado municipal, en la exclusión social de los adolescentes pobres?
Respuesta
 de Enrique Font: “Es la herramienta de exclusión, la que marca el 
territorio. La que señala dónde pueden y dónde no pueden estar. La que 
los obliga a quedarse en el barrio. En ese barrio donde no llega nada.”
El
 final de la primera jornada tuvo un actor inesperado: a la salida, un 
nutrido grupo de comerciantes de la calle Florida protestaba, cortando 
la avenida Córdoba, contra los manteros que venden en la calle. El 
cronista le pregunta a la vendedora de una boutique de la marca Cacharel
 qué propone hacer con esas personas que ofrecen chucherías para ganarse
 la vida. 
Su
 respuesta redimensiona entonces todo lo escuchado durante la primera 
jornada de este seminario, justifica que haya que volver sobre el tema e
 incluso, que ahora se aliente al lector que leyó hasta aquí a renovar 
su esfuerzo con la segunda parte de este informe, que publicaremos en 
breve.
Porque la respuesta de la vendedora fue, desde todo punto de vista, histórica: 
-“Que desaparezcan”.

 

 
 
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