Autoras/es: Lavaca.org
La mesa está servida
¿Qué diría nuestro estómago si le diéramos de comer arroz con arvejas nueve días seguidos? ¿Qué diría un matemático si les damos a 98 niños 8 pizzas y 25 manzanas como almuerzo? ¿Por cuánto es divisible la hamburguesa? La situación en escuelas del conurbano, la desaparición del alimento, la comida en mal Estado, y cómo se logra que en los chicos ni siquiera se chupen la mandarina.
¿Qué seguridad? Emergencia, linchamientos y Pitágoras
¿Qué tipo de seguridad, o de inseguridad, es la que está en juego con el “plan de emergencia” en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se entrecruza con el anteproyecto del Código Penal o el fenómeno de los linchamientos? ¿Hay una agudización real del delito y la violencia? ¿Qué pasa en los barrios?
(Fecha original del artículo: Abril 2014)
Un día hace tres años, Leticia Walther, docente de Villa Martelli, empezó a notar que lo que comían sus alumnos en el comedor del colegio era poco. No sabía si era consecuencia de una reducción en el presupuesto, un cambio en la dieta, o qué: sencillamente, no alcanzaba. Los chicos de jornada completa volvían con hambre a las clases. Y un viernes que no hubo comedor, uno se desmayó.
Selfie al plato
Leticia es maestra de 6° grado de la EP (Escuela Primaria) N° 7 de Villa Martelli, Vicente López. Empezó entonces una investigación sin métodos detectivescos ni las herramientas de una auditoría de gobierno: bajaba al comedor, comprobaba los platos, les sacaba fotos y revisaba las facturas de compra. “Esto se repite en los colegios de los barrios que rodean a Tecnópolis. Los pibes están acostumbrados a ser maltratados, entonces no cuestionan mucho. Capaz que te dicen que tienen hambre, pero no se van a quejar como reclamando un derecho”, relata. “Para esos pibes, el comedor significa quizá el único plato del día”.
Desde el 2011 a esta parte, la situación “fue empeorando poco a poco”. En los 12 mil comedores de escuelas bonaerenses comen diariamente 2,5 millones de alumnos.
Comida en mal Estado
Leticia cuenta cómo es la triangulación de presupuestos. “La provincia manda plata para los comedores a los municipios, y el municipio elige el proveedor. Desde que asumió Jorge Macri en Vicente López hubo un deterioro en todo el partido. El consejo escolar lo maneja el PRO, y el presidente es José Jaime del Frente Renovador”.
Según denunció el titular de la Asociación Bonaerense de Prestadores de Servicios a Comedores Escolares (Abpsce), Héctor Acevedo, el Ejecutivo mantenía una deuda de 600 millones de pesos que empezó a pagar en septiembre de 2013, pero que congeló en enero: la deuda con los proveedores se mantendría en 50 millones.
El actual titular del Consejo Escolar José Jaime vino a suceder a Silvia Romero, del PRO, quien debió renunciar ante una denuncia penal de SUTEBA por alimentos en mal estado entregados a comedores. “Fuimos a las escuelas con escribano público y se testificó que había comida vencida o en mal estado”, cuenta Walther.
La mosca pone huevos
Un ejemplo literalmente asqueroso de los hallazgos: “Se abría un frasco de dulce y había huevos de mosca”, dice Leticia Walther. La causa detectó además casos de intoxicación por alimentos en mal estado y constató la falta de inversión y de transparencia en la gestión de fondos por parte de las administraciones provinciales.
Según este esquema, el año pasado el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense resolvió aumentar un 25% el monto de la ración por cada chico: de cuatro a cinco pesos. Con Macri, la empresa proveedora de alimentos cambió sin licitación pública. “La empresa se disculpa, dice que prepara el servicio según los 5 pesos para cada chico. Pero nadie la obligó a firmar el acuerdo, que eso lo discutan con el Gobierno”, plantea Leticia.
Cómo dividir hamburguesas
Los resultados se ven día a día todos los días. Por ejemplo, este
miércoles pasado: “No nos mandaron comida, directamente. No llegó nada”.
Los docentes se las ingeniaron: “Los de la mañana se fueron sin
almorzar. Y para los chicos de la tarde agarramos plata de la
cooperadora y salimos a comprar fiambre y pan. Hicimos unos sándwich”.
Los chicos de jornada completa pasan 8 horas en el colegio, y un
sándwich autogestionado.
Más datos: en la Escuela primaria 7 entregan (cuando entregan) 56 hamburguesas para 90 cupos (niños). En la 13, 45 hamburguesas a repartir entre 65. En la 30, 88 hamburguesas para 120, y en la 8, 120 para 180.
Ni alfajores ni chupar mandarinas
Se envió a las escuelas polvo para hacer postres, pero no la leche (versión bonaerense de la metáfora sobre morder el polvo). Para compensar: 50 alfajores entre 100 chicos. El 9 de abril los alumnos de la Escuela Primaria 7 se fueron directamente sin comer. A la 13 mandaron unos sándwiches aplastados y / o rotos, con algo en el medio que simulaba ser una feta de jamón. De postre, mandarinas en mal estado, reventadas. En la Escuela 20 también se fueron sin comer, y no se salva ni el Jardín 916. “No hay cupos suficientes y la calidad es muy mala”.
O sea que la situación es mala, pero democrática: mala para todos.
600 millones de inseguridades
En el acuerdo firmado para levantar el último paro docente, además de las mejoras salariales, se contemplaron dos cuestiones relativas a la alimentación en comedores:
Que la Provincia establezca convenios con el Mercado Central para la
compra de alimentos, para intentar resolver el acotamiento
presupuestario con buenos precios y también para garantizar variedad y
calidad.
Que se establezca un criterio para las redistribuciones
presupuestarias del municipio. Leticia aclara: “Jorge Macri no hizo nada
ilegal, digamos, porque no hay nada que regule las atribuciones de cómo
gestionar los recursos”.
La última partida por 600 millones de pesos destinados a “seguridad”,
show mediático incluido, es una pista de cómo se gestionan esos
recursos: “Esto es inseguridad para los pibes”, remata Leticia.
“Había un loco, creo que era Pitágoras, que decía: ‘Si educas a los niños no será necesario castigar a los hombres’. Así que seguridad y educación son cosas que deberían ir de la mano” reflexiona Waldemar Cubilla, que vive en la villa La Carcova de José León Suárez, estuvo 10 años preso y está a punto de recibirse de sociólogo.
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el joven desaparecido por la Bonaerense en 2009, llama “retroceso” al paquete de medidas que acaba de lanzar el gobernador Daniel Scioli como parte de un “plan de emergencia” que considera que el problema de la provincia de Buenos Aires es la inseguridad. “Yo doy vuelta la discusión, porque no puede ser que se destinen 600 millones de pesos a la seguridad cuando a los docentes se les dijo que no había plata, cuando no hay ni un centro de rehabilitación para el paco, no hay voluntad de reinsertar a los pibes, no hay posibilidades laborales. Los hospitales en la provincia se vienen abajo y las escuelas también”, enumera Vanesa sobre lo que llama la “raíz” del problema que los políticos abordan como “inseguridad”.
Emergencia y narcos
Para Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, la “emergencia” sigue la línea de una serie de políticas de seguridad de provincia, antes y después de los períodos en que el ex juez Carlos Arslanián manejó la cuestión: “No podemos arrancar desde la coyuntura actual sino que es un tema de larga data. En última instancia es un endurecimiento de líneas de pensamiento que dan como única respuesta al llamado problema de la inseguridad, la ocupación territorial a través de fuerzas armadas como es la policía. En el caso de la provincia se plantea todo en términos de conflictividad social como una guerra”. La cadena corta incluiría “las movidas policiales en diciembre, el golpe de mercado en enero, el repudio al código penal y los linchamientos”, dice Cañón.
La directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, ubica los últimos acontecimientos en una serie de medidas que, a corto plazo, tienen como punto de partida “la instalación de lo narco como toda la explicación de la violencia social y delictiva” del país y la reacción del diputado nacional y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, a la reforma del Código Penal. “Esto produjo todo un encadenamiento de situaciones que pretendieron demostrar que no hay otra opción que el endurecimiento del sistema punitivo”, explica a lavaca. “No negamos la relevancia del narcotráfico, pero se lo utiliza como etiqueta para justificar estas salidas sin querer dar respuestas ni analizar el fenómeno criminal, económico y social para intervenir con políticas diversificadas”.
El CELS y la Comisión por la Memoria coinciden: “Es el quinto plan de Scioli que va en la misma línea, sin nada nuevo, y con medidas punitivas que ya implicaron un fracaso. Se está declarando la emergencia a sí mismo”.
Derechización del escenario
“Me parece increíble que ninguna fuerza política salga a discutir esta medida”, se indigna Vanesa Orieta, señalando no sólo al kirchnerismo (“estoy cansada de que 678 me pase los tapes de lo que hace la derecha. ¿Ellos qué dicen? ¿Qué proponen?”) si no por ejemplo a las fuerzas que convocaron un paro general sin discutir esta mirada de la seguridad, ni las variables que ella implica (salud, educación, prevención). Litvachky del CELS sostiene: “La sensación es que vivimos estos últimos días con un pico de generación de este escenario punitivo, y vemos con alguna preocupación que no hubo una respuesta muy articulada ni de peso del arco político que pudiera contrarrestar esa derechización del escenario”.
Las no soluciones
¿Cómo juegan los medios? “Mediáticamente se está instalando como que hay alguien que está dando una respuesta. Pero: ¿cuál es?”, pregunta Litvachky. “Pareciera una respuesta destinada a cobrar centralidad política más que a trabajar sobre los fenómenos concretos que preocupan. Nosotros no desmerecemos el problema ni negamos la preocupación social. Pero las preocupaciones son las de todos los sectores sociales, no sólo los sectores pudientes que tienen miedo. En general, la violencia social y los fenómenos delictivos afectan de forma desigual, sobre todo a los sectores populares, que tienen menos recursos para defenderse. Entonces, lo que planteamos es que eso no se resuelve con políticas de endurecimiento, porque son básicamente antipopulares: pueden traer tranquilidad mediática, efectista, pero en los hechos concretos no resuelve lo que siguen sufriendo los mismos sectores”.
Linchamientos, Recoleta y villa
Waldemar Cubilla, desde villa La Carcova (así la llaman los vecinos, sin el acento), analiza los medios con el ejemplo reciente de los linchamientos: “En los barrios donde yo vivo y camino, la justicia por mano propia muchas veces está establecida como la solución legitima. No deja de llamarme la atención el hecho de cómo la sociedad civil viene a reemplazar al Estado en materia de seguridad. Pero ha habido muchísimos casos como estos al interior de las villas y muchas veces no llegaron ni a denuncias. Me sorprende, entonces, cómo los medios de comunicación ponen este tema en escena como una cosa extraordinaria, que da sustento a campañas partidarias, pero sin embargo en muchas comunidades es habitual este tipo de resolución. Lo que digo es que si pasa algo por fuera de las villas, en Recoleta, inmediatamente repercute hacia adentro nuestros barrios. Y no al revés. ¿Por qué? Escuché testimonios de gente que estuvo en los linchamientos y todos decían: “Hay que ir a las villas, ahí están todos los chorros”. Entonces es una cuestión de clase y de ubicación geográfica. Pero si pasa algo al interior del barrio, si matan una persona o se da un caso de justicia propia entre gente de las villas, no repercute en ningún lado”.
Los barrios y 2015
La situación en las villas, explicada por Waldemar: “En este último mes aumentó la presencia policial dentro de los barrios, y ya no solo pasan con el patrullero: se bajan y paran a los pibes que andan en las esquinas”, cuenta, y dice que, como efecto culata, muchos de esos jóvenes se acercaron a la Biblioteca Popular La Carcova que él creó hace ya dos años. “Estas últimas semanas empezaron a venir muchos pibes jóvenes, de los que antes estaban en las esquinas. La biblioteca se convirtió en uno de los puntos del barrio donde encuentran un poco de tranquilidad a tanta persecución policial”, expresa. No es que la policía genera más lecturas: “Es que los pibes, que no tienen contención, que no son los barderos, están asustados”. Además, porque no son actores nuevos los que entran en el barrio para traer “seguridad”: “Es la misma policía que los invitó a robar alguna otra vez, que mantiene los negocios” dice Waldemar que, se recuerda, estuvo preso durante 10 años, estudió en el penal de San Martín gracias la instalación del CUSAM (Centro Universitario de la Universidad de San Martín) y hoy está a punto de recibirse de sociólogo en aquella universidad.
En tanto, el referente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza Pablo Pimentel apunta que en 2009 habían sugerido al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reajustar las políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo y las cooperativas de Argentina Trabaja. “Fueron políticas positivas y concretas” rescata, pero observa que actualmente hay un desborde de los planes sociales, que además han quedado económicamente muy atrasados. “Hay un sector importante de la población que sigue excluida, y que observa que en 2015 cualquier cambio que venga de la política va a ser por derecha”, señala.
Pimental agrega otra variable. “Hace unos años que la producción de paco y otras sustancias se han instalado fuertemente en distintos barrios, generando una creación de fuentes de trabajo marginales, con chicos muy jóvenes armados. Hay una desolación en los barrios como La Matanza, donde el grado de enfrentamiento entre grupos que peleaban por el territorio era tal, que el riesgo era tener una cocina al lado de tu ventana”, explica. “Hay una instalación de grupos que antes no estaban y ahora sí, y porque se los han permitido. Ahí hago responsable a un Estado que ha sido permisivo, y no ha tenido políticas de control, de contención ni prevención”.
¿Qué hacer?
Más allá de políticas que apunten a un control democrático de la seguridad, ¿qué hacer en lo inmediato para la prevención de la violencia y el delito? Pimentel: “Hay una masificación de la violencia en la calle donde se pone en riesgo la vida de cualquiera, por lo que hay que hacer una tarea de prevención, pero en base a un tipo de seguridad democrática basada en una filosofía de respeto a los derechos humanos”. Además, el referente local sostiene la necesidad de sacar a la calle al personal de Desarrollo Social (trabajadores sociales, sociólogos y otros especialistas) para hacer trabajo territorial en zonas pobres. “Hay que marcarle a los jóvenes un camino de liberación. Así como Scioli destinará 600 millones en seguridad, hay que triplicar la cifra en políticas sociales. Yo les decía a gente del Sedronar, que tiene intenciones de trabajar en un barrio de La Matanza, que son territorios donde el Estado tiene que venir a quedarse un tiempo muy largo. Si vienen, tocan y se van, con todo respeto, mejor que no vengan”.
Por su parte, Litvachky apunta más allá de las políticas sociales: “No solo con mayor inclusión se acaba la violencia y el delito. Hay políticas concretas de seguridad para hacer, que tienen que estar dirigidas a los sectores populares. Y para eso no podés dejar la policía como está. No ha habido ni una sola medida dirigida a revisar el trabajo de la propia Bonaerense, cuando ella también es parte del problema”. Recordamos que el Ministerio de Seguridad nacional a cargo de Nilda Garré intentó una serie de reformas (descabezamiento de las cúpulas, cambio de comisarios, gobierno civil y reformulación de los planes de estudio) en la Policía Federal, la órbita en la que le correspondía hacerlo. “No estamos diciendo que no sea necesario un trabajo profesionalizado de la policía para intervenir en determinados fenómenos delictivos, ¿pero lo vas a hacer con la Bonaerense, que está corrompida y no define prioridades específicas a partir de la gravedad de la situación sino de sus propios intereses?” plantea Litvachky, del CELS.
Hugo Cañón también subraya la urgencia de reformar las fuerzas de seguridad. “Es la gran asignatura de la democracia”. Y Vanesa Orieta remata: “Hay que entender que las botas que ya pisaron nuestros barrios y que mataban a gente que tenía un discurso elaborado, hoy están matando a los pibes de los barrios”. Por su lado Waldemar filosofa trazando el puente entre la Carcova y la Antigua Grecia, Pitágoras y un proyecto de humanidad que todavía está pendiente.
Para aportar luces en un debate y un panorama desafortunado, aquí la cobertura de la presentación del Acuerdo de Seguridad Democrática que cubrimos en soledad en 2011:
El CELS realizó un informe sobre las reformas, contrarreformas, emergencias y planes de seguridad dictados por los sucesivos gobiernos de la provincia de Buenos Aires desde 2000 en adelante. “Cronología sobre el fracaso de la mano dura”, se titula, y demuestra la consolidación de un sistema punitivo que, lejos de calmar la “inseguridad”, reforzó los fracasos: cada vez más policías, más patrulleros, más control y más limitaciones a las excarcelaciones fueron las fórmulas que las autoridades bonaerenses aplicaron para barrer con sus propias políticas. Puede leerse completo acá.
¿Qué diría nuestro estómago si le diéramos de comer arroz con arvejas nueve días seguidos? ¿Qué diría un matemático si les damos a 98 niños 8 pizzas y 25 manzanas como almuerzo? ¿Por cuánto es divisible la hamburguesa? La situación en escuelas del conurbano, la desaparición del alimento, la comida en mal Estado, y cómo se logra que en los chicos ni siquiera se chupen la mandarina.
¿Qué seguridad? Emergencia, linchamientos y Pitágoras
¿Qué tipo de seguridad, o de inseguridad, es la que está en juego con el “plan de emergencia” en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se entrecruza con el anteproyecto del Código Penal o el fenómeno de los linchamientos? ¿Hay una agudización real del delito y la violencia? ¿Qué pasa en los barrios?
(Fecha original del artículo: Abril 2014)
La mesa está servida
¿Qué diría nuestro estómago si le diéramos de comer arroz con arvejas nueve días seguidos? ¿Qué diría un matemático si les damos a 98 niños 8 pizzas y 25 manzanas como almuerzo? ¿Por cuánto es divisible la hamburguesa? La situación en escuelas del conurbano, la desaparición del alimento, la comida en mal Estado, y cómo se logra que en los chicos ni siquiera se chupen la mandarina.Un día hace tres años, Leticia Walther, docente de Villa Martelli, empezó a notar que lo que comían sus alumnos en el comedor del colegio era poco. No sabía si era consecuencia de una reducción en el presupuesto, un cambio en la dieta, o qué: sencillamente, no alcanzaba. Los chicos de jornada completa volvían con hambre a las clases. Y un viernes que no hubo comedor, uno se desmayó.
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| Este es el almuerzo para los chicos de la
Escuela Primaria 7, de Villa Martelli. Al día siguiente, directamente, no enviaron nada.Cuando mandan hamburguesas, son 56 para 90 niños |
Leticia es maestra de 6° grado de la EP (Escuela Primaria) N° 7 de Villa Martelli, Vicente López. Empezó entonces una investigación sin métodos detectivescos ni las herramientas de una auditoría de gobierno: bajaba al comedor, comprobaba los platos, les sacaba fotos y revisaba las facturas de compra. “Esto se repite en los colegios de los barrios que rodean a Tecnópolis. Los pibes están acostumbrados a ser maltratados, entonces no cuestionan mucho. Capaz que te dicen que tienen hambre, pero no se van a quejar como reclamando un derecho”, relata. “Para esos pibes, el comedor significa quizá el único plato del día”.
Desde el 2011 a esta parte, la situación “fue empeorando poco a poco”. En los 12 mil comedores de escuelas bonaerenses comen diariamente 2,5 millones de alumnos.
Comida en mal Estado
Leticia cuenta cómo es la triangulación de presupuestos. “La provincia manda plata para los comedores a los municipios, y el municipio elige el proveedor. Desde que asumió Jorge Macri en Vicente López hubo un deterioro en todo el partido. El consejo escolar lo maneja el PRO, y el presidente es José Jaime del Frente Renovador”.
Según denunció el titular de la Asociación Bonaerense de Prestadores de Servicios a Comedores Escolares (Abpsce), Héctor Acevedo, el Ejecutivo mantenía una deuda de 600 millones de pesos que empezó a pagar en septiembre de 2013, pero que congeló en enero: la deuda con los proveedores se mantendría en 50 millones.
El actual titular del Consejo Escolar José Jaime vino a suceder a Silvia Romero, del PRO, quien debió renunciar ante una denuncia penal de SUTEBA por alimentos en mal estado entregados a comedores. “Fuimos a las escuelas con escribano público y se testificó que había comida vencida o en mal estado”, cuenta Walther.
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La mosca pone huevos
Un ejemplo literalmente asqueroso de los hallazgos: “Se abría un frasco de dulce y había huevos de mosca”, dice Leticia Walther. La causa detectó además casos de intoxicación por alimentos en mal estado y constató la falta de inversión y de transparencia en la gestión de fondos por parte de las administraciones provinciales.
Según este esquema, el año pasado el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense resolvió aumentar un 25% el monto de la ración por cada chico: de cuatro a cinco pesos. Con Macri, la empresa proveedora de alimentos cambió sin licitación pública. “La empresa se disculpa, dice que prepara el servicio según los 5 pesos para cada chico. Pero nadie la obligó a firmar el acuerdo, que eso lo discutan con el Gobierno”, plantea Leticia.
Cómo dividir hamburguesas
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Más datos: en la Escuela primaria 7 entregan (cuando entregan) 56 hamburguesas para 90 cupos (niños). En la 13, 45 hamburguesas a repartir entre 65. En la 30, 88 hamburguesas para 120, y en la 8, 120 para 180.
Ni alfajores ni chupar mandarinas
Se envió a las escuelas polvo para hacer postres, pero no la leche (versión bonaerense de la metáfora sobre morder el polvo). Para compensar: 50 alfajores entre 100 chicos. El 9 de abril los alumnos de la Escuela Primaria 7 se fueron directamente sin comer. A la 13 mandaron unos sándwiches aplastados y / o rotos, con algo en el medio que simulaba ser una feta de jamón. De postre, mandarinas en mal estado, reventadas. En la Escuela 20 también se fueron sin comer, y no se salva ni el Jardín 916. “No hay cupos suficientes y la calidad es muy mala”.
O sea que la situación es mala, pero democrática: mala para todos.
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600 millones de inseguridades
En el acuerdo firmado para levantar el último paro docente, además de las mejoras salariales, se contemplaron dos cuestiones relativas a la alimentación en comedores:
¿Qué seguridad? Emergencia, linchamientos y Pitágoras
¿Qué tipo de seguridad, o de inseguridad, es la que está en juego con el “plan de emergencia” en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se entrecruza con el anteproyecto del Código Penal o el fenómeno de los linchamientos? ¿Hay una agudización real del delito y la violencia? ¿Qué pasa en los barrios? |
“Había un loco, creo que era Pitágoras, que decía: ‘Si educas a los niños no será necesario castigar a los hombres’. Así que seguridad y educación son cosas que deberían ir de la mano” reflexiona Waldemar Cubilla, que vive en la villa La Carcova de José León Suárez, estuvo 10 años preso y está a punto de recibirse de sociólogo.
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el joven desaparecido por la Bonaerense en 2009, llama “retroceso” al paquete de medidas que acaba de lanzar el gobernador Daniel Scioli como parte de un “plan de emergencia” que considera que el problema de la provincia de Buenos Aires es la inseguridad. “Yo doy vuelta la discusión, porque no puede ser que se destinen 600 millones de pesos a la seguridad cuando a los docentes se les dijo que no había plata, cuando no hay ni un centro de rehabilitación para el paco, no hay voluntad de reinsertar a los pibes, no hay posibilidades laborales. Los hospitales en la provincia se vienen abajo y las escuelas también”, enumera Vanesa sobre lo que llama la “raíz” del problema que los políticos abordan como “inseguridad”.
Emergencia y narcos
Para Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, la “emergencia” sigue la línea de una serie de políticas de seguridad de provincia, antes y después de los períodos en que el ex juez Carlos Arslanián manejó la cuestión: “No podemos arrancar desde la coyuntura actual sino que es un tema de larga data. En última instancia es un endurecimiento de líneas de pensamiento que dan como única respuesta al llamado problema de la inseguridad, la ocupación territorial a través de fuerzas armadas como es la policía. En el caso de la provincia se plantea todo en términos de conflictividad social como una guerra”. La cadena corta incluiría “las movidas policiales en diciembre, el golpe de mercado en enero, el repudio al código penal y los linchamientos”, dice Cañón.
La directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, ubica los últimos acontecimientos en una serie de medidas que, a corto plazo, tienen como punto de partida “la instalación de lo narco como toda la explicación de la violencia social y delictiva” del país y la reacción del diputado nacional y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, a la reforma del Código Penal. “Esto produjo todo un encadenamiento de situaciones que pretendieron demostrar que no hay otra opción que el endurecimiento del sistema punitivo”, explica a lavaca. “No negamos la relevancia del narcotráfico, pero se lo utiliza como etiqueta para justificar estas salidas sin querer dar respuestas ni analizar el fenómeno criminal, económico y social para intervenir con políticas diversificadas”.
El CELS y la Comisión por la Memoria coinciden: “Es el quinto plan de Scioli que va en la misma línea, sin nada nuevo, y con medidas punitivas que ya implicaron un fracaso. Se está declarando la emergencia a sí mismo”.
Derechización del escenario
“Me parece increíble que ninguna fuerza política salga a discutir esta medida”, se indigna Vanesa Orieta, señalando no sólo al kirchnerismo (“estoy cansada de que 678 me pase los tapes de lo que hace la derecha. ¿Ellos qué dicen? ¿Qué proponen?”) si no por ejemplo a las fuerzas que convocaron un paro general sin discutir esta mirada de la seguridad, ni las variables que ella implica (salud, educación, prevención). Litvachky del CELS sostiene: “La sensación es que vivimos estos últimos días con un pico de generación de este escenario punitivo, y vemos con alguna preocupación que no hubo una respuesta muy articulada ni de peso del arco político que pudiera contrarrestar esa derechización del escenario”.
Las no soluciones
¿Cómo juegan los medios? “Mediáticamente se está instalando como que hay alguien que está dando una respuesta. Pero: ¿cuál es?”, pregunta Litvachky. “Pareciera una respuesta destinada a cobrar centralidad política más que a trabajar sobre los fenómenos concretos que preocupan. Nosotros no desmerecemos el problema ni negamos la preocupación social. Pero las preocupaciones son las de todos los sectores sociales, no sólo los sectores pudientes que tienen miedo. En general, la violencia social y los fenómenos delictivos afectan de forma desigual, sobre todo a los sectores populares, que tienen menos recursos para defenderse. Entonces, lo que planteamos es que eso no se resuelve con políticas de endurecimiento, porque son básicamente antipopulares: pueden traer tranquilidad mediática, efectista, pero en los hechos concretos no resuelve lo que siguen sufriendo los mismos sectores”.
Linchamientos, Recoleta y villa
Waldemar Cubilla, desde villa La Carcova (así la llaman los vecinos, sin el acento), analiza los medios con el ejemplo reciente de los linchamientos: “En los barrios donde yo vivo y camino, la justicia por mano propia muchas veces está establecida como la solución legitima. No deja de llamarme la atención el hecho de cómo la sociedad civil viene a reemplazar al Estado en materia de seguridad. Pero ha habido muchísimos casos como estos al interior de las villas y muchas veces no llegaron ni a denuncias. Me sorprende, entonces, cómo los medios de comunicación ponen este tema en escena como una cosa extraordinaria, que da sustento a campañas partidarias, pero sin embargo en muchas comunidades es habitual este tipo de resolución. Lo que digo es que si pasa algo por fuera de las villas, en Recoleta, inmediatamente repercute hacia adentro nuestros barrios. Y no al revés. ¿Por qué? Escuché testimonios de gente que estuvo en los linchamientos y todos decían: “Hay que ir a las villas, ahí están todos los chorros”. Entonces es una cuestión de clase y de ubicación geográfica. Pero si pasa algo al interior del barrio, si matan una persona o se da un caso de justicia propia entre gente de las villas, no repercute en ningún lado”.
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Los barrios y 2015
La situación en las villas, explicada por Waldemar: “En este último mes aumentó la presencia policial dentro de los barrios, y ya no solo pasan con el patrullero: se bajan y paran a los pibes que andan en las esquinas”, cuenta, y dice que, como efecto culata, muchos de esos jóvenes se acercaron a la Biblioteca Popular La Carcova que él creó hace ya dos años. “Estas últimas semanas empezaron a venir muchos pibes jóvenes, de los que antes estaban en las esquinas. La biblioteca se convirtió en uno de los puntos del barrio donde encuentran un poco de tranquilidad a tanta persecución policial”, expresa. No es que la policía genera más lecturas: “Es que los pibes, que no tienen contención, que no son los barderos, están asustados”. Además, porque no son actores nuevos los que entran en el barrio para traer “seguridad”: “Es la misma policía que los invitó a robar alguna otra vez, que mantiene los negocios” dice Waldemar que, se recuerda, estuvo preso durante 10 años, estudió en el penal de San Martín gracias la instalación del CUSAM (Centro Universitario de la Universidad de San Martín) y hoy está a punto de recibirse de sociólogo en aquella universidad.
En tanto, el referente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza Pablo Pimentel apunta que en 2009 habían sugerido al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reajustar las políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo y las cooperativas de Argentina Trabaja. “Fueron políticas positivas y concretas” rescata, pero observa que actualmente hay un desborde de los planes sociales, que además han quedado económicamente muy atrasados. “Hay un sector importante de la población que sigue excluida, y que observa que en 2015 cualquier cambio que venga de la política va a ser por derecha”, señala.
Pimental agrega otra variable. “Hace unos años que la producción de paco y otras sustancias se han instalado fuertemente en distintos barrios, generando una creación de fuentes de trabajo marginales, con chicos muy jóvenes armados. Hay una desolación en los barrios como La Matanza, donde el grado de enfrentamiento entre grupos que peleaban por el territorio era tal, que el riesgo era tener una cocina al lado de tu ventana”, explica. “Hay una instalación de grupos que antes no estaban y ahora sí, y porque se los han permitido. Ahí hago responsable a un Estado que ha sido permisivo, y no ha tenido políticas de control, de contención ni prevención”.
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¿Qué hacer?
Más allá de políticas que apunten a un control democrático de la seguridad, ¿qué hacer en lo inmediato para la prevención de la violencia y el delito? Pimentel: “Hay una masificación de la violencia en la calle donde se pone en riesgo la vida de cualquiera, por lo que hay que hacer una tarea de prevención, pero en base a un tipo de seguridad democrática basada en una filosofía de respeto a los derechos humanos”. Además, el referente local sostiene la necesidad de sacar a la calle al personal de Desarrollo Social (trabajadores sociales, sociólogos y otros especialistas) para hacer trabajo territorial en zonas pobres. “Hay que marcarle a los jóvenes un camino de liberación. Así como Scioli destinará 600 millones en seguridad, hay que triplicar la cifra en políticas sociales. Yo les decía a gente del Sedronar, que tiene intenciones de trabajar en un barrio de La Matanza, que son territorios donde el Estado tiene que venir a quedarse un tiempo muy largo. Si vienen, tocan y se van, con todo respeto, mejor que no vengan”.
Por su parte, Litvachky apunta más allá de las políticas sociales: “No solo con mayor inclusión se acaba la violencia y el delito. Hay políticas concretas de seguridad para hacer, que tienen que estar dirigidas a los sectores populares. Y para eso no podés dejar la policía como está. No ha habido ni una sola medida dirigida a revisar el trabajo de la propia Bonaerense, cuando ella también es parte del problema”. Recordamos que el Ministerio de Seguridad nacional a cargo de Nilda Garré intentó una serie de reformas (descabezamiento de las cúpulas, cambio de comisarios, gobierno civil y reformulación de los planes de estudio) en la Policía Federal, la órbita en la que le correspondía hacerlo. “No estamos diciendo que no sea necesario un trabajo profesionalizado de la policía para intervenir en determinados fenómenos delictivos, ¿pero lo vas a hacer con la Bonaerense, que está corrompida y no define prioridades específicas a partir de la gravedad de la situación sino de sus propios intereses?” plantea Litvachky, del CELS.
Hugo Cañón también subraya la urgencia de reformar las fuerzas de seguridad. “Es la gran asignatura de la democracia”. Y Vanesa Orieta remata: “Hay que entender que las botas que ya pisaron nuestros barrios y que mataban a gente que tenía un discurso elaborado, hoy están matando a los pibes de los barrios”. Por su lado Waldemar filosofa trazando el puente entre la Carcova y la Antigua Grecia, Pitágoras y un proyecto de humanidad que todavía está pendiente.
Para aportar luces en un debate y un panorama desafortunado, aquí la cobertura de la presentación del Acuerdo de Seguridad Democrática que cubrimos en soledad en 2011:
El CELS realizó un informe sobre las reformas, contrarreformas, emergencias y planes de seguridad dictados por los sucesivos gobiernos de la provincia de Buenos Aires desde 2000 en adelante. “Cronología sobre el fracaso de la mano dura”, se titula, y demuestra la consolidación de un sistema punitivo que, lejos de calmar la “inseguridad”, reforzó los fracasos: cada vez más policías, más patrulleros, más control y más limitaciones a las excarcelaciones fueron las fórmulas que las autoridades bonaerenses aplicaron para barrer con sus propias políticas. Puede leerse completo acá.
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