Recopilación y edición: Cecilia Chérrez; César Padilla; Sander Otten; Maria Rosa Yumbla; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, www.ocmal.org); ACCIÓN ECOLÓGICA (Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca; Quito – Ecuador, www.accionecologica.org)
Fotografías: Sander Otten; Juan Pablo Barragán
Con el apoyo de: Broederlijk Delen; Appleton Foundation; Entrepueblos – Entrepobles; Global Greengrants Fund
(Fecha original: Quito, Ecuador - Noviembre 2011)
4. LA MINERIA METALICA Y LA RESISTENCIA
4.4 EL SALVADOR
El Salvador tiene una población de 6.3 millones personas dentro de una superficie de 21,040.79 kilómetros cuadrados. A pesar de encontrarse dentro del llamado “cordón de oro centroamericano”, hay pocos antecedentes de la actividad minera en territorio salvadoreño. Sin embargo, tal como ocurrió en los otros países centroamericanos, a inicios del siglo el gobierno neoliberal de ARENA produjo cambios en la legislación minera a fin de atraer inversiones extranjeras e iniciar la explotación de las reservas minerales en el país.
Concretamente, en una reforma hecha en el 2001 a la Ley de Minería se redujo de 4 a 2 el porcentaje que las empresas deben dar en regalías por sus ganancias producto de la explotación de minas en el país, 1% para la municipalidad correspondiente y otro 1% para el Estado. Según los datos del Ministerio de Economía, en El Salvador se encuentran activas unas 23 licencias para la exploración de posibles minas de oro y otros metales, repartidas en las zonas montañosas de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas.
Desde que tuvieron efecto las reformas a la Ley de Minería, el deposito mineral que ha generado mayor interés en las empresas mineras, así como mayor conflictividad con la población local, es el proyecto aurífero El Dorado, ubicado en la municipalidad de San Isidro, Departamento de Cabañas. Los depósitos de oro de El Dorado consisten en vetas que sumadas sus reservas (medidas e indicadas) tienen un total de 1.1 millones de onzas de oro y 7.4 millones de onzas de plata. Existen otras 558 mil onzas de oro y 1.2 millones de onzas de plata en la categoría de inferidas o probables.
Cabe mencionar que esta es una zona volcánica de constante movimiento tectónico. Además, la disponibilidad de agua es escasa. Por ende existe un gran temor entre los habitantes de la zona que los proyectos mineros absorberían todos los acuíferos y contaminarían todavía más el río Lempa, la cuenca hidrográfica más importante del país. Una contaminación de este río incidirá en la agricultura, dado que el 60% de la base alimentaria del país se produce en la cuenca del Lempa.
El año 2002 la empresa minera canadiense Pacific Rim Mining Corporation inició trabajos de prospección y exploración en la zona. Posteriormente, en septiembre de 2004, la Pacific Rim solicitó al Ministerio de Medio Ambiente el permiso para la explotación minera en la zona de El Dorado.
Sin embargo, la fuerte oposición popular a este proyecto, las denuncias a nivel internacional36 y las irregularidades encontradas en su Estudio de Impacto Ambiental han hecho que el gobierno salvadoreño resolviera en el 2008 denegar el permiso de explotación del terreno, además de imponer una moratoria sobre los nuevos permisos de minería.
En respuesta, la Pacific Rim demandó al estado de El Salvador en el 2009 ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferendos en Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial con sede en Washington, por negarle el permiso para explotar la mina El Dorado, acogiéndose a disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés). La empresa solicitó a las autoridades salvadoreñas el reembolso de al menos 77 millones de dólares. El Estado salvadoreño presentó una objeción por considerar que la demanda de Pacific Rim carece de fundamento, pero en agosto del 2010 ésta fue rechazada por el CIADI, permitiendo la reanudación del caso. A la fecha, el caso sigue en curso.
Represión y asesinatos en el caso El Dorado El 26 de diciembre de 2009 Dora Alicia Sorto Recinos, de 32 años de edad, fue asesinada en el Cantón Trinidad del municipio de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas. Embarazada de ocho meses, fue acribillada con arma de fuego cuando volvía de lavar en una quebrada cercana con su hijo de 2 años de edad, que resultó herido en una pierna. Tanto ella como su marido, José Santos Rodríguez, eran conocidos activistas contra el proyecto de minería de El Dorado. Santos Rodríguez fue atacado con arma blanca el año pasado, pero sobrevivió.
El domingo 20 de diciembre de 2009 varios desconocidos asesinaron a tiros a Ramiro Rivera, en el cantón Trinidad, municipio de Sensuntepeque (Cabañas), miembro destacado del Comité Ambiental de Cabañas y rostro visible del movimiento popular contrario a la explotación minera en dicho departamento. Junto a él, falleció también Felicita Echeverría, de 57 años de edad, pobladora del cantón Trinidad, y resultó herida una adolescente de 13 años. Con anterioridad, el pasado mes de agosto, Ramiro Rivera había sido herido de gravedad al recibir ocho impactos de bala por lo que en el momento de los hechos iba escoltado por dos miembros de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. A esta muerte se une la desaparición, el pasado mes de junio, de otro líder de la comunidad y activista ambiental, Gustavo Marcelo Rivera, quien fue encontrado muerto 12 días después, con graves signos de tortura. Todas estas personas habían destacado por su oposición a la actividad minera en el Departamento de Cabañas.
Paralelamente, los casos de represión, amenazas, asesinatos y violencia se han incrementado alarmantemente en los últimos meses, poniendo en grave riesgo la seguridad e integridad física de los miembros de las diferentes organizaciones sociales movilizadas en contra de estos proyectos mineros. El sacerdote católico Luis Alberto Quintanilla fue interceptado el 27 de julio mientras viajaba en su coche y sufrió un intento de secuestro, logrando huir de sus victimarios por los montes y barrancos colindantes. Los periodistas de la emisora comunitaria Radio Victoria son objeto de una campaña de persecución y amenazas de muerte. Tras los dos últimos asesinatos han resurgido estas amenazas a través de una carta que llegó a las instalaciones del medio de comunicación. El documento reza así: “Bueno, ya mandamos al hoyo a dos, la pregunta es quién va ser el tercero, será acaso el Padre Quintanilla o alguno de los de la radio. No es mala idea seguir mejor con alguno de los bocones de la Radio Victoria”.
La emisora previamente ha estado fuera de emisión por la destrucción de la instalación eléctrica de la antena transmisora a manos de desconocidos. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, pidió protección policial para tres de ellos, dado el alto riesgo que corren sus vidas. Otros activistas como Miguel Rivera, hermano de Marcelo y Héctor García Berrios, abogado e investigador de los casos, también han recibido amenazas de muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decretado medidas cautelares en estos dos últimos casos, así como para los periodistas de Radio Victoria, obligando al Estado de El Salvador a ofrecerles protección policial.
La MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERIA METALICA, plataforma que agrupa a más de una decena de ONGs y organizaciones sociales salvadoreñas, ha denunciado que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República han cometido serias irregularidades en la investigación del asesinato de Marcelo Rivera. Para los miembros de Mesa, la catalogación de este crimen como violencia común impide indagar en la autoría intelectual del mismo.
Legislaciones que criminalizan la protesta social
Concretamente, en una reforma hecha en el 2001 a la Ley de Minería se redujo de 4 a 2 el porcentaje que las empresas deben dar en regalías por sus ganancias producto de la explotación de minas en el país, 1% para la municipalidad correspondiente y otro 1% para el Estado. Según los datos del Ministerio de Economía, en El Salvador se encuentran activas unas 23 licencias para la exploración de posibles minas de oro y otros metales, repartidas en las zonas montañosas de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas.
Desde que tuvieron efecto las reformas a la Ley de Minería, el deposito mineral que ha generado mayor interés en las empresas mineras, así como mayor conflictividad con la población local, es el proyecto aurífero El Dorado, ubicado en la municipalidad de San Isidro, Departamento de Cabañas. Los depósitos de oro de El Dorado consisten en vetas que sumadas sus reservas (medidas e indicadas) tienen un total de 1.1 millones de onzas de oro y 7.4 millones de onzas de plata. Existen otras 558 mil onzas de oro y 1.2 millones de onzas de plata en la categoría de inferidas o probables.
Cabe mencionar que esta es una zona volcánica de constante movimiento tectónico. Además, la disponibilidad de agua es escasa. Por ende existe un gran temor entre los habitantes de la zona que los proyectos mineros absorberían todos los acuíferos y contaminarían todavía más el río Lempa, la cuenca hidrográfica más importante del país. Una contaminación de este río incidirá en la agricultura, dado que el 60% de la base alimentaria del país se produce en la cuenca del Lempa.
El año 2002 la empresa minera canadiense Pacific Rim Mining Corporation inició trabajos de prospección y exploración en la zona. Posteriormente, en septiembre de 2004, la Pacific Rim solicitó al Ministerio de Medio Ambiente el permiso para la explotación minera en la zona de El Dorado.
Sin embargo, la fuerte oposición popular a este proyecto, las denuncias a nivel internacional36 y las irregularidades encontradas en su Estudio de Impacto Ambiental han hecho que el gobierno salvadoreño resolviera en el 2008 denegar el permiso de explotación del terreno, además de imponer una moratoria sobre los nuevos permisos de minería.
En respuesta, la Pacific Rim demandó al estado de El Salvador en el 2009 ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferendos en Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial con sede en Washington, por negarle el permiso para explotar la mina El Dorado, acogiéndose a disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés). La empresa solicitó a las autoridades salvadoreñas el reembolso de al menos 77 millones de dólares. El Estado salvadoreño presentó una objeción por considerar que la demanda de Pacific Rim carece de fundamento, pero en agosto del 2010 ésta fue rechazada por el CIADI, permitiendo la reanudación del caso. A la fecha, el caso sigue en curso.
Represión y asesinatos en el caso El Dorado El 26 de diciembre de 2009 Dora Alicia Sorto Recinos, de 32 años de edad, fue asesinada en el Cantón Trinidad del municipio de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas. Embarazada de ocho meses, fue acribillada con arma de fuego cuando volvía de lavar en una quebrada cercana con su hijo de 2 años de edad, que resultó herido en una pierna. Tanto ella como su marido, José Santos Rodríguez, eran conocidos activistas contra el proyecto de minería de El Dorado. Santos Rodríguez fue atacado con arma blanca el año pasado, pero sobrevivió.
El domingo 20 de diciembre de 2009 varios desconocidos asesinaron a tiros a Ramiro Rivera, en el cantón Trinidad, municipio de Sensuntepeque (Cabañas), miembro destacado del Comité Ambiental de Cabañas y rostro visible del movimiento popular contrario a la explotación minera en dicho departamento. Junto a él, falleció también Felicita Echeverría, de 57 años de edad, pobladora del cantón Trinidad, y resultó herida una adolescente de 13 años. Con anterioridad, el pasado mes de agosto, Ramiro Rivera había sido herido de gravedad al recibir ocho impactos de bala por lo que en el momento de los hechos iba escoltado por dos miembros de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. A esta muerte se une la desaparición, el pasado mes de junio, de otro líder de la comunidad y activista ambiental, Gustavo Marcelo Rivera, quien fue encontrado muerto 12 días después, con graves signos de tortura. Todas estas personas habían destacado por su oposición a la actividad minera en el Departamento de Cabañas.
Paralelamente, los casos de represión, amenazas, asesinatos y violencia se han incrementado alarmantemente en los últimos meses, poniendo en grave riesgo la seguridad e integridad física de los miembros de las diferentes organizaciones sociales movilizadas en contra de estos proyectos mineros. El sacerdote católico Luis Alberto Quintanilla fue interceptado el 27 de julio mientras viajaba en su coche y sufrió un intento de secuestro, logrando huir de sus victimarios por los montes y barrancos colindantes. Los periodistas de la emisora comunitaria Radio Victoria son objeto de una campaña de persecución y amenazas de muerte. Tras los dos últimos asesinatos han resurgido estas amenazas a través de una carta que llegó a las instalaciones del medio de comunicación. El documento reza así: “Bueno, ya mandamos al hoyo a dos, la pregunta es quién va ser el tercero, será acaso el Padre Quintanilla o alguno de los de la radio. No es mala idea seguir mejor con alguno de los bocones de la Radio Victoria”.
La emisora previamente ha estado fuera de emisión por la destrucción de la instalación eléctrica de la antena transmisora a manos de desconocidos. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, pidió protección policial para tres de ellos, dado el alto riesgo que corren sus vidas. Otros activistas como Miguel Rivera, hermano de Marcelo y Héctor García Berrios, abogado e investigador de los casos, también han recibido amenazas de muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decretado medidas cautelares en estos dos últimos casos, así como para los periodistas de Radio Victoria, obligando al Estado de El Salvador a ofrecerles protección policial.
La MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERIA METALICA, plataforma que agrupa a más de una decena de ONGs y organizaciones sociales salvadoreñas, ha denunciado que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República han cometido serias irregularidades en la investigación del asesinato de Marcelo Rivera. Para los miembros de Mesa, la catalogación de este crimen como violencia común impide indagar en la autoría intelectual del mismo.
Legislaciones que criminalizan la protesta social
• Código Penal http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/ed400a03431a688906256a84005aec75/ 29961fcd8682863406256d02005a3cd4
• Ley de Minería
• Ley de Inversiones http://www.elsalvador.org/Embajadas/eeuu/Leyes.nsf/0c5ee6bc7ccdc91f852 5696800486c14/8bdc376972fdba408525696700701d86?OpenDocument
Legislaciones que protegen a criminalizados
• Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
36 El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) presentó en marzo de 2006 ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, una demanda por explotación minera metálica al Gobierno Salvadoreño, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Pacific Rim Mining Corporation. Se demandó al gobierno salvadoreño y a sus instancias por promover actividades económicas que van en claro detrimento a la población en su conjunto y al medio ambiente, por contemplar leyes para la administración y para el fomento al desarrollo de dichas actividades económicas tan perniciosas y no para la protección de la sociedad y su entorno natural. A la empresa Pacific Rim se demandó por no garantizar la no contaminación del agua, vital para la población aledaña al proyecto y a El Salvador en general, ya que dicho proyecto se encuentra dentro de la cuenca del río Lempa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario