Recopilación y edición: Cecilia Chérrez; César Padilla; Sander Otten; Maria Rosa Yumbla; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, www.ocmal.org); ACCIÓN ECOLÓGICA (Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca; Quito – Ecuador, www.accionecologica.org)
Fotografías: Sander Otten; Juan Pablo Barragán
Con el apoyo de: Broederlijk Delen; Appleton Foundation; Entrepueblos – Entrepobles; Global Greengrants Fund
(Fecha original: Quito, Ecuador - Noviembre 2011)
4. LA MINERIA METALICA Y LA RESISTENCIA
4.2 HONDURAS
Honduras posee un territorio de 112.492 km2, montañoso en más del 80%. Administrativamente se divide en 18 departamentos. El territorio hondureño dispone de un abanico de minerales diversificados como plomo, zinc, oro, plata, antimonio, mercurio, hierro y abundantes reservas de sustancias no metálicas.
En pleno auge neoliberal, en 1998, cuando Honduras aún no había salido de los efectos devastadores del huracán Mitch, el Congreso hondureño aprobó una Ley General de Minería, bajo las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina, cuyo objetivo era intentar atraer la inversión extranjera.
La Ley estaba fuertemente a favor de las empresas mineras, permitiendo la inversión en cualquier parte del país (las áreas protegidas y la propiedad privada no fueron exentas), fracasando en garantizar el acceso al agua de la población antes de permitir las operaciones mineras, ofreciendo moratorias fiscales e incentivos a las empresas, y ofreciendo bajos dividendos a las comunidades afectadas. Además, llama la atención la debilidad estatal para llevar a cabo controles sociales y ambientales: la entidad estatal responsable de la regulación del sector minero, la Dirección de Fomento de la Minería (DEFOMIN), es también responsable de la promoción de la minería.
De la misma forma, la ley no preveía que DEFOMIN dispusiera de laboratorios, ni pudiera llevar a cabo análisis científicos en caso de posible contaminación. Mediante esta ley, el Estado otorgó licencias de explotación a unas 157 empresas transnacionales que, aparte de gozar de beneficios exagerados, instauraron en muchos poblados de Honduras la metodología de explotación a cielo abierto, causando serios daños ambientales a las comunidades.
Hubo intensos esfuerzos por parte de la sociedad civil para rechazar la Ley de Minería de 1998 y movilizar apoyo para una ley minera alternativa más justa. En el 2004, una serie de organizaciones de la sociedad civil, junto con instituciones del Estado, elaboraron un proyecto de ley que trataba de reconducir la extracción minera dentro de un marco de respeto al medio ambiente y a los derechos de los pobladores, pero esta ley nunca llegó a aprobarse. Igual suerte corrió otra propuesta de ley, mucho más restrictiva para las compañías mineras, presentada dos años después por la Alianza Cívica por la Democracia (ACD).
A raíz de daños ambientales irreversibles asociados con la actividad minera en el país, en conjunto con una creciente organización popular, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogó en octubre de 2007 trece artículos de la Ley General de Minería, provocando que la actividad minera desde entonces sea regulada por una ley parcialmente vigente. Uno de los razonamientos expuestos por el pleno de la CSJ es que dicha ley creaba un estatus de privilegios a las empresas mineras al exonerarles del pago de impuestos, permitirles la adquisición de propiedades y hasta darles el derecho a exigir la expropiación por causa de utilidad de los predios concedidos para la explotación.
Durante el gobierno de Zelaya se siguieron impulsando reformas a la legislación minera que fueran más favorables para el país y las comunidades y suspender nuevas concesiones hasta que las reformas sean llevadas a cabo. Zelaya mantuvo esta suspensión y en mayo del 2009 presentó una nueva propuesta de ley minera al Congreso. Entre los puntos más importantes se proponía la actualización impositiva de la actividad, la prohibición de la explotación a cielo abierto, la consideración de la opinión de las comunidades locales para definir la entrega de nuevas concesiones y la prohibición de utilizar reactivos químicos como cianuro, mercurio y arsénico. Esta propuesta de ley fue calendarizada para su discusión en agosto. A consecuencia del golpe de Estado en Honduras del 28 de junio de 2009, el debate nunca ocurrió.
Algunos análisis provenientes de los sectores involucrados con el golpe y con fuertes intereses en la minería, como el Presidente de la Asociación Nacional de Industrias (ANDI), Adolfo Facusse, cuyos miembros abarcan un amplio rango de la actividad industrial en el país, así como la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (ANAMINH), propusieron que la minería a cielo abierto fuera permitida con el propósito de atraer nuevamente grandes cantidades de inversión extranjera directa.
En cuanto a la ocupación de los territorios, Honduras cuenta actualmente con el 36.9% del total de concesiones en Centroamérica, teniendo un 31% de su territorio concesionado para la explotación minera metálica. Combinando la minería metálica y la no-metálica, éstas contribuyen en un 1,5% del PIB de Honduras y proveen menos del 0,3% de puestos de trabajo. Movimientos sociales hondureños han reiterado que Honduras no está preparada política ni tecnológicamente para asumir responsabilidades en una actividad tan riesgosa como la minería química de metales.
Una de las concesiones más significativas fue el proyecto minero aurífero San Martín, otorgada en el año 2000 a Minerales EntreMares de Honduras, S.A., empresa que desde 1995 fue subsidiaria de la entonces empresa canadiense Glamis Gold, hasta que en 2006 la también canadiense Goldcorp, la tercera mayor productora de oro en el mundo, compró Glamis Gold convirtiéndose en la empresa matriz. El proyecto, que actualmente se encuentra en la etapa de cierre, está ubicado en el Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán.
Desde el inicio de las operaciones, la mina San Martín ha enfrentado la oposición sistemática de grupos ambientalistas por evidencias de alta contaminación y daños graves a la salud de los pobladores de los municipios de Cedros y El Porvenir, ubicados en el Valle de Siria. Los problemas de salud se resumen principalmente en enfermedades respiratorias, de piel y gastrointestinales, causadas, según las comunidades afectadas, por haber bebido agua potable contaminada por la mina.
Adicionalmente, la organización local, el Comité Ambiental del Valle de Siria, denunció la deforestación de bosques en la proximidad del proyecto, la disminución severa en los niveles de agua superficiales y subterráneas, así como las amenazas personales hacia sus miembros.
El caso San Martín se convirtió en un paradigma de los problemas que la extracción minera a cielo abierto causa a la salud de la población en Honduras. En 2007, la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) multó a Goldcorp con un millón de lempiras, un valor equivalente a aproximadamente US$ 55.000 (en ese momento) por contaminación y daños al medio ambiente. La compañía ha negado sistemáticamente estas pruebas y ha apelado contra la multa. También en 2007, el Tribunal Latinoamericano del Agua dictaminó un acta levantada por los miembros de las comunidades del Valle de Siria, fallando contra Goldcorp como responsable de daños al medio ambiente y uso excesivo del agua. Pedro Landa del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario dijo que “Las evidencias contra Entremares (Goldcorp) finalmente reconocen el daño causado por esta empresa, que ha tenido un profundo efecto en la población local y en todo el país. Es decepcionante que una empresa internacional como Goldcorp se niegue a asumir la responsabilidad de sus acciones. Nos mantendremos vigilantes para que las autoridades apliquen todo el peso de la ley y no permitan a Entremares abandonar la mina sin tomar la responsabilidad por los daños que ha causado a la comunidad local y al medio ambiente.” Otro proyecto minero que ha generado mucha resistencia en Honduras es el proyecto San Andrés, ubicado en la comunidad San Andrés, municipio de La Unión en el departamento de Copán, el cual es operado por Minerales de Occidente S.A (MINOSA), subsidiaria de la compañía canadiense Aura Minerals. Mediante extracción a cielo abierto con un proceso de lixiviación en pilas, las operaciones mineras producen oro, plata de antimonio, cobre, plomo, zinc y hierro. En la actualidad, la mina produce aproximadamente 400.000 toneladas de mineral por mes.
A través de un monitoreo de las aguas del río Lara, en el año 2006, la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) comprobó la presencia de metales pesados como manganeso, plomo y arsénico por encima de los niveles permisibles. La presencia de estos metales afectó las fuentes de agua de muchas comunidades del occidente del país, incluyendo a Santa Rosa de Copán, la ciudad de mayor importancia en esa zona, ocasionando graves daños en la salud de la población, debido a la descarga de cianuro en el río Lara. Posteriormente, en 2010, la ASONOG presentó un nuevo informe sobre la contaminación del río Lara que es el cuerpo receptor de las aguas residuales de la mina San Andrés, con el fin de determinar la presencia de metales pesados en ellas.
En este informe se detallan los resultados obtenidos del muestreo de aguas superficiales efectuado durante la primera quincena de junio del 2010, lo mismo que los resultados del informe de monitoreo ambiental en la mina San Andrés, ejecutado por la DEFOMIN en marzo del 2010. Según el informe de ASONOG “En los últimos meses han existido una serie de derrames de agua cianurada y además las descargas las hacen directamente sobre el río Lara, lo cual ocasiona muchos daños a la salud de la población y afecta de forma directa las aguas superficiales de las que hacen uso muchas comunidades localizadas en los alrededores de la empresa Minerales de Occidente S.A.
También en el caso de la mina San Andrés se produjeron campañas de represión en contra de las personas que se manifestaron en contra de la presencia de la empresa minera en el municipio de La Unión. Se cuenta el asesinato en el 2003 de Germán Rivas, un periodista que siempre mantuvo una línea muy crítica contra la empresa minera. Y posteriormente, en el 2006, el obispo de la Diócesis de Copán, Monseñor Santos, recibió amenazas de muerte a raíz de sus críticas a la actividad minera en La Unión, así como su involucramiento en el movimiento antiminero.
Oposición a la Mina San Martín, Valle de Siria
En pleno auge neoliberal, en 1998, cuando Honduras aún no había salido de los efectos devastadores del huracán Mitch, el Congreso hondureño aprobó una Ley General de Minería, bajo las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina, cuyo objetivo era intentar atraer la inversión extranjera.
La Ley estaba fuertemente a favor de las empresas mineras, permitiendo la inversión en cualquier parte del país (las áreas protegidas y la propiedad privada no fueron exentas), fracasando en garantizar el acceso al agua de la población antes de permitir las operaciones mineras, ofreciendo moratorias fiscales e incentivos a las empresas, y ofreciendo bajos dividendos a las comunidades afectadas. Además, llama la atención la debilidad estatal para llevar a cabo controles sociales y ambientales: la entidad estatal responsable de la regulación del sector minero, la Dirección de Fomento de la Minería (DEFOMIN), es también responsable de la promoción de la minería.
De la misma forma, la ley no preveía que DEFOMIN dispusiera de laboratorios, ni pudiera llevar a cabo análisis científicos en caso de posible contaminación. Mediante esta ley, el Estado otorgó licencias de explotación a unas 157 empresas transnacionales que, aparte de gozar de beneficios exagerados, instauraron en muchos poblados de Honduras la metodología de explotación a cielo abierto, causando serios daños ambientales a las comunidades.
Hubo intensos esfuerzos por parte de la sociedad civil para rechazar la Ley de Minería de 1998 y movilizar apoyo para una ley minera alternativa más justa. En el 2004, una serie de organizaciones de la sociedad civil, junto con instituciones del Estado, elaboraron un proyecto de ley que trataba de reconducir la extracción minera dentro de un marco de respeto al medio ambiente y a los derechos de los pobladores, pero esta ley nunca llegó a aprobarse. Igual suerte corrió otra propuesta de ley, mucho más restrictiva para las compañías mineras, presentada dos años después por la Alianza Cívica por la Democracia (ACD).
A raíz de daños ambientales irreversibles asociados con la actividad minera en el país, en conjunto con una creciente organización popular, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogó en octubre de 2007 trece artículos de la Ley General de Minería, provocando que la actividad minera desde entonces sea regulada por una ley parcialmente vigente. Uno de los razonamientos expuestos por el pleno de la CSJ es que dicha ley creaba un estatus de privilegios a las empresas mineras al exonerarles del pago de impuestos, permitirles la adquisición de propiedades y hasta darles el derecho a exigir la expropiación por causa de utilidad de los predios concedidos para la explotación.
Durante el gobierno de Zelaya se siguieron impulsando reformas a la legislación minera que fueran más favorables para el país y las comunidades y suspender nuevas concesiones hasta que las reformas sean llevadas a cabo. Zelaya mantuvo esta suspensión y en mayo del 2009 presentó una nueva propuesta de ley minera al Congreso. Entre los puntos más importantes se proponía la actualización impositiva de la actividad, la prohibición de la explotación a cielo abierto, la consideración de la opinión de las comunidades locales para definir la entrega de nuevas concesiones y la prohibición de utilizar reactivos químicos como cianuro, mercurio y arsénico. Esta propuesta de ley fue calendarizada para su discusión en agosto. A consecuencia del golpe de Estado en Honduras del 28 de junio de 2009, el debate nunca ocurrió.
Algunos análisis provenientes de los sectores involucrados con el golpe y con fuertes intereses en la minería, como el Presidente de la Asociación Nacional de Industrias (ANDI), Adolfo Facusse, cuyos miembros abarcan un amplio rango de la actividad industrial en el país, así como la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (ANAMINH), propusieron que la minería a cielo abierto fuera permitida con el propósito de atraer nuevamente grandes cantidades de inversión extranjera directa.
En cuanto a la ocupación de los territorios, Honduras cuenta actualmente con el 36.9% del total de concesiones en Centroamérica, teniendo un 31% de su territorio concesionado para la explotación minera metálica. Combinando la minería metálica y la no-metálica, éstas contribuyen en un 1,5% del PIB de Honduras y proveen menos del 0,3% de puestos de trabajo. Movimientos sociales hondureños han reiterado que Honduras no está preparada política ni tecnológicamente para asumir responsabilidades en una actividad tan riesgosa como la minería química de metales.
Una de las concesiones más significativas fue el proyecto minero aurífero San Martín, otorgada en el año 2000 a Minerales EntreMares de Honduras, S.A., empresa que desde 1995 fue subsidiaria de la entonces empresa canadiense Glamis Gold, hasta que en 2006 la también canadiense Goldcorp, la tercera mayor productora de oro en el mundo, compró Glamis Gold convirtiéndose en la empresa matriz. El proyecto, que actualmente se encuentra en la etapa de cierre, está ubicado en el Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán.
Desde el inicio de las operaciones, la mina San Martín ha enfrentado la oposición sistemática de grupos ambientalistas por evidencias de alta contaminación y daños graves a la salud de los pobladores de los municipios de Cedros y El Porvenir, ubicados en el Valle de Siria. Los problemas de salud se resumen principalmente en enfermedades respiratorias, de piel y gastrointestinales, causadas, según las comunidades afectadas, por haber bebido agua potable contaminada por la mina.
Adicionalmente, la organización local, el Comité Ambiental del Valle de Siria, denunció la deforestación de bosques en la proximidad del proyecto, la disminución severa en los niveles de agua superficiales y subterráneas, así como las amenazas personales hacia sus miembros.
El caso San Martín se convirtió en un paradigma de los problemas que la extracción minera a cielo abierto causa a la salud de la población en Honduras. En 2007, la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) multó a Goldcorp con un millón de lempiras, un valor equivalente a aproximadamente US$ 55.000 (en ese momento) por contaminación y daños al medio ambiente. La compañía ha negado sistemáticamente estas pruebas y ha apelado contra la multa. También en 2007, el Tribunal Latinoamericano del Agua dictaminó un acta levantada por los miembros de las comunidades del Valle de Siria, fallando contra Goldcorp como responsable de daños al medio ambiente y uso excesivo del agua. Pedro Landa del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario dijo que “Las evidencias contra Entremares (Goldcorp) finalmente reconocen el daño causado por esta empresa, que ha tenido un profundo efecto en la población local y en todo el país. Es decepcionante que una empresa internacional como Goldcorp se niegue a asumir la responsabilidad de sus acciones. Nos mantendremos vigilantes para que las autoridades apliquen todo el peso de la ley y no permitan a Entremares abandonar la mina sin tomar la responsabilidad por los daños que ha causado a la comunidad local y al medio ambiente.” Otro proyecto minero que ha generado mucha resistencia en Honduras es el proyecto San Andrés, ubicado en la comunidad San Andrés, municipio de La Unión en el departamento de Copán, el cual es operado por Minerales de Occidente S.A (MINOSA), subsidiaria de la compañía canadiense Aura Minerals. Mediante extracción a cielo abierto con un proceso de lixiviación en pilas, las operaciones mineras producen oro, plata de antimonio, cobre, plomo, zinc y hierro. En la actualidad, la mina produce aproximadamente 400.000 toneladas de mineral por mes.
A través de un monitoreo de las aguas del río Lara, en el año 2006, la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) comprobó la presencia de metales pesados como manganeso, plomo y arsénico por encima de los niveles permisibles. La presencia de estos metales afectó las fuentes de agua de muchas comunidades del occidente del país, incluyendo a Santa Rosa de Copán, la ciudad de mayor importancia en esa zona, ocasionando graves daños en la salud de la población, debido a la descarga de cianuro en el río Lara. Posteriormente, en 2010, la ASONOG presentó un nuevo informe sobre la contaminación del río Lara que es el cuerpo receptor de las aguas residuales de la mina San Andrés, con el fin de determinar la presencia de metales pesados en ellas.
En este informe se detallan los resultados obtenidos del muestreo de aguas superficiales efectuado durante la primera quincena de junio del 2010, lo mismo que los resultados del informe de monitoreo ambiental en la mina San Andrés, ejecutado por la DEFOMIN en marzo del 2010. Según el informe de ASONOG “En los últimos meses han existido una serie de derrames de agua cianurada y además las descargas las hacen directamente sobre el río Lara, lo cual ocasiona muchos daños a la salud de la población y afecta de forma directa las aguas superficiales de las que hacen uso muchas comunidades localizadas en los alrededores de la empresa Minerales de Occidente S.A.
También en el caso de la mina San Andrés se produjeron campañas de represión en contra de las personas que se manifestaron en contra de la presencia de la empresa minera en el municipio de La Unión. Se cuenta el asesinato en el 2003 de Germán Rivas, un periodista que siempre mantuvo una línea muy crítica contra la empresa minera. Y posteriormente, en el 2006, el obispo de la Diócesis de Copán, Monseñor Santos, recibió amenazas de muerte a raíz de sus críticas a la actividad minera en La Unión, así como su involucramiento en el movimiento antiminero.
Oposición a la Mina San Martín, Valle de Siria
Carlos Amador es uno de los fundadores del Comité Ambiental del Valle de Siria, creado en 1999 por las comunidades de San Ignacio, El Porvenir y Cedros (que conforman el Valle de Siria) para velar por el estricto cumplimiento de las leyes ambientales del país y principalmente para su aplicación en el desarrollo del proyecto minero. Durante los últimos años, el dirigente se ha convertido en un opositor público a la actividad en la zona de la minera Entremares, filial de la transnacional de origen canadiense Goldcorp.
Amador fue capturado el 25 de junio de 2011 por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC). La orden judicial de captura contra él y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández fue emitida por el Tribunal de Letras de Talanga, por denuncia de la familia Raudales Urrutia, que los acusa de obstaculizar la implementación de un plan de manejo forestal, autorizado por el Instituto de Conservación Forestal, para un área de 600 hectáreas en el cerro La Terracita, municipio de El Porvenir, en Francisco Morazán.
El Comité Ambiental del Valle de Siria vincula la detención de Amador también a su oposición al accionar de Entremares (Goldcorp). Según el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras, Amador acompaña solidariamente desde 2010 la lucha de más de 1000 familias de comunidades de esa zona que se oponen a la explotación de la reserva forestal, con el fin de proteger sus fuentes de agua. Amador encabezó la movilización de la comunidad del Valle de Siria para defender el bosque en el cerro La Terracita cuando en abril hombres armados con motosierras intentaron talarlo.
Alrededor de 700 personas se hicieron presentes en el lugar para evitar la destrucción. En ese entonces el dirigente denunció la irresponsabilidad tanto de la Fiscalía del Ambiente como del Instituto de Conservación Forestal, que ya sabían de las intentonas de deforestación y no habían tomado medidas para frenarlas. El arresto de Carlos Amador pone una vez más en tela de juicio el aparato judicial en Honduras, donde la mayoría de los operadores de justicia están al servicio de los intereses de la elite que controla el país.
Oposición a la mina San Andrés, Copán
Amador fue capturado el 25 de junio de 2011 por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC). La orden judicial de captura contra él y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández fue emitida por el Tribunal de Letras de Talanga, por denuncia de la familia Raudales Urrutia, que los acusa de obstaculizar la implementación de un plan de manejo forestal, autorizado por el Instituto de Conservación Forestal, para un área de 600 hectáreas en el cerro La Terracita, municipio de El Porvenir, en Francisco Morazán.
El Comité Ambiental del Valle de Siria vincula la detención de Amador también a su oposición al accionar de Entremares (Goldcorp). Según el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras, Amador acompaña solidariamente desde 2010 la lucha de más de 1000 familias de comunidades de esa zona que se oponen a la explotación de la reserva forestal, con el fin de proteger sus fuentes de agua. Amador encabezó la movilización de la comunidad del Valle de Siria para defender el bosque en el cerro La Terracita cuando en abril hombres armados con motosierras intentaron talarlo.
Alrededor de 700 personas se hicieron presentes en el lugar para evitar la destrucción. En ese entonces el dirigente denunció la irresponsabilidad tanto de la Fiscalía del Ambiente como del Instituto de Conservación Forestal, que ya sabían de las intentonas de deforestación y no habían tomado medidas para frenarlas. El arresto de Carlos Amador pone una vez más en tela de juicio el aparato judicial en Honduras, donde la mayoría de los operadores de justicia están al servicio de los intereses de la elite que controla el país.
Oposición a la mina San Andrés, Copán
La lucha de los pobladores del departamento de Copán culminó en un asesinato y varios arrestos.
Germán Antonio Rivas fue asesinado el 26 de noviembre de 2003 cuando llegaba al canal de televisión a realizar su programa diario. Rivas recibió un impacto de bala en su cabeza proveniente de un revolver con silenciador sin que nadie pudiera ser capturado por el asesinato. Según el canal de televisión donde trabajó, su asesinato se produjo dado que días antes había denunciado en su programa televisivo las graves consecuencias que ocasionaba Minerales de Occidente, con la descarga de agua cianurada en los canales de vertido al río Lara. “No me atrevo a asegurarlo, pero no lo descarto. Decirlo pone en grave riesgo mi vida y la de mi familia”, admitió en ese entonces Rivas.
En abril de 2009, en una manifestación contra la tala de un bosque a manos de la compañía minera Aura Minerals, fueron capturados siete pobladores de las comunidades de San Andrés y Azacualpa, quienes posteriormente fueron acusados de atentar contra la seguridad interna del Estado.
La acción se originó cuando trabajadores de la empresa minera estaba destruyendo la última parte del bosque, misma que fue destruida con maquinaria de la empresa y con la venia del ejército que en un despliegue custodió el proceso para evitar que la población interrumpiera la destrucción.
Los pobladores, ante los oídos sordos de las autoridades frente a los reclamos y las denuncias, decidieron tomarse la carretera que conduce hacia la empresa minera. A raíz de esto hubo represión policial contra los manifestantes. Durante el violento ataque elementos de la Dnic de Copán al mando del inspector Reinaldo Rubio golpearon salvajemente a pobladores, irrumpieron en las viviendas y amenazaron a la gente.
Legislaciones que criminalizan la protesta social
Germán Antonio Rivas fue asesinado el 26 de noviembre de 2003 cuando llegaba al canal de televisión a realizar su programa diario. Rivas recibió un impacto de bala en su cabeza proveniente de un revolver con silenciador sin que nadie pudiera ser capturado por el asesinato. Según el canal de televisión donde trabajó, su asesinato se produjo dado que días antes había denunciado en su programa televisivo las graves consecuencias que ocasionaba Minerales de Occidente, con la descarga de agua cianurada en los canales de vertido al río Lara. “No me atrevo a asegurarlo, pero no lo descarto. Decirlo pone en grave riesgo mi vida y la de mi familia”, admitió en ese entonces Rivas.
En abril de 2009, en una manifestación contra la tala de un bosque a manos de la compañía minera Aura Minerals, fueron capturados siete pobladores de las comunidades de San Andrés y Azacualpa, quienes posteriormente fueron acusados de atentar contra la seguridad interna del Estado.
La acción se originó cuando trabajadores de la empresa minera estaba destruyendo la última parte del bosque, misma que fue destruida con maquinaria de la empresa y con la venia del ejército que en un despliegue custodió el proceso para evitar que la población interrumpiera la destrucción.
Los pobladores, ante los oídos sordos de las autoridades frente a los reclamos y las denuncias, decidieron tomarse la carretera que conduce hacia la empresa minera. A raíz de esto hubo represión policial contra los manifestantes. Durante el violento ataque elementos de la Dnic de Copán al mando del inspector Reinaldo Rubio golpearon salvajemente a pobladores, irrumpieron en las viviendas y amenazaron a la gente.
Legislaciones que criminalizan la protesta social
Código Penal
Ley de Minería
Ley de Inversiones
CAFTA-DR
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