Recopilación y edición: Cecilia Chérrez; César Padilla; Sander Otten; Maria Rosa Yumbla; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, www.ocmal.org); ACCIÓN ECOLÓGICA (Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca; Quito – Ecuador, www.accionecologica.org)
Fotografías: Sander Otten; Juan Pablo Barragán
Con el apoyo de: Broederlijk Delen; Appleton Foundation; Entrepueblos – Entrepobles; Global Greengrants Fund
(Fecha original: Quito, Ecuador - Noviembre 2011)
4. LA MINERIA METALICA Y LA RESISTENCIA34
4.1 Centroamérica
Reviven del pasado ideas, planteamientos y estrategias que sirvieron en algún momento para darle cierta estabilidad al sistema económico. Entre este tipo de ideas se encuentra el regreso al patrón oro, tema polémico dadas las implicaciones que en el pasado se presentaron, por ejemplo respecto a la rigidez del sistema monetario internacional; aún así la idea cobra fuerza cuando incluso el presidente del Banco Mundial en noviembre de 2010 insinuó el regreso al patrón oro junto con otras propuestas como posibles soluciones a los problemas de especulación monetaria que se dan a nivel internacional.
Si el regreso al patrón oro es o no la solución, es un tema que requiere amplio debate, sin embargo es importante reparar en otras implicaciones que vienen de la mano con la actual relevancia del oro en los mercados internacionales, y es la confianza que tienen los inversionistas en el oro como un activo seguro.
Lo anterior ha llevado a que la onza troy haya llegado a cotizarse por encima de US$1,900 convirtiendo así a cualquier inversión que implique la extracción o manipulación de oro en una inversión extremadamente rentable, ya no sólo por sus usos tecnológicos y de joyería sino que en la actualidad se ha convertido en uno de los principales activos (sino el principal) para mantener y asegurar las fortunas de los inversionistas.
Por tanto la industria minera tiene en la actualidad una verdadera fortuna en sus manos, sobre todo si puede realizar sus operaciones a bajos costos y con muy pocas o nulas regulaciones sobre su actividad. Estas condiciones se cumplen a la perfección en los países terciarizados o periféricos, como se considera a los países de la región centroamericana, es decir, países que poseen importantes reservas naturales, incluyendo un porcentaje considerablemente atractivo de metales preciados, como el oro, plata, cobre, uranio, etc. presentando así un escenario de interés para la industria minera.
La minería se ha presentado en la región centroamericana como una actividad que permite orientar el camino hacia el desarrollo de países que, como los centroamericanos, tradicionalmente se catalogan como “subdesarrollados”. La paradoja surge cuando en vez de permitir o abrir caminos que conlleven a superar las dificultades, la minería se convierte en un instrumento más para perpetuar el empobrecimiento, enfermedades, pobreza y deterioro ambiental, que son obstáculos para alcanzar un mejor futuro y en consecuencia el “subdesarrollo” se convierte en un círculo vicioso.
No se puede negar que la explotación minera en la región traerá ciertos beneficios económicos a determinados sectores, pero sobre la base del despojo a comunidades que serán directamente afectadas por el desalojo, la contaminación, el desmantelamiento de sistemas económicos propios. Bajo la lógica del costo beneficio, los ingresos que pudiera recibir la región deberían compensar en mayor cuantía los daños causados, sin embargo habrá que cuestionar ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto cuesta poner en riesgo la reproducción de la vida y los tejidos comunitarios? ¿Cuánto vale un río?...
Es innegable que la valoración de una vida y la reproducción de la misma no son categorías económicas puesto que dentro de ellas existen valoraciones que jamás podrán ser cuantificadas, por lo cual no pueden ser vistas de manera economicista, por lo que un análisis costo beneficio no es el indicado a la hora de decidir si se permite o no la exploración minera.
Según estudios realizados por diversas instituciones de los países de la región, se tiene información oficial que revela que la empresas mineras en promedio no pagan más del 1.5% de los ingresos generados al Estado, sean éstos en materia de regalías, tasas municipales y otros. Este dato contradice el discurso que sostienen las empresas mineras al decir que a través de sus inversiones y aportes monetarios generan desarrollo en los países.
En cuanto a las laxas restricciones y obligaciones que se les impone a estas empresas por medio de la legislación de cada país centroamericano, ha quedado demostrado que pueden pasar por encima de ellas muy fácilmente e incluso pueden utilizar acuerdos como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) para quitar todos los obstáculos del camino a su inversión.
En cuanto a la ocupación de los territorios, se tiene información que Honduras cuenta con el 36.9% del total de concesiones en Centroamérica, teniendo un 31% de su territorio concesionado a empresas mineras para la explotación minera metálica. Por su parte Guatemala, según fuentes del movimiento en resistencia anti minero, tiene un área concesionada a las empresas mineras de 32,667 km2, lo que implicaría que según esta información, el área concesionada es cuatro veces mayor que la plasmada en los datos oficiales por parte del Gobierno de Guatemala, lo cual denota una implicación de parte del gobierno central al no publicar las cifras reales.
El país con menor número de concesiones y proporción de área concesionada es El Salvador, con 29 concesiones otorgadas y el 2.35% del territorio concesionado en el área centroamericana, lo que concuerda con el hecho de que en El Salvador no existen proyectos mineros que en la actualidad se encuentren en fase de explotación. Sin embargo, según declaraciones realizadas por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, existe un listado de 73 proyectos mineros pendientes de autorización para el otorgamiento de licencias de exploración y explotación.
La negativa del gobierno salvadoreño a conceder permisos de explotación minera, ha llevado a que dos empresas, una de origen canadiense y otra de origen estadounidense, interpongan demandas millonarias contra el Estado salvadoreño en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ente que forma parte de la estructura del Banco Mundial.
De todo el territorio centroamericano, el 14% se encuentra concesionado a empresas mineras para que éstas realicen sus operaciones, lo que indica que de cada 10 km2 de la región, 1.4 km2 está en poder de la industria minera.
Lo anterior denota una serie de implicaciones para la región centroamericana, uno de ellos es que el acceso al territorio con el que cuenta la minería es el doble del espacio dedicado a la producción de granos básicos; es decir, por cada km2 que se encuentra cultivado con granos básicos en Centroamérica existen 2 km2 sobre los cuales la industria minera ejerce control.
Por otra parte, según información proporcionada por la empresa canadiense Pacific Rim Mining Corporation, en su estudio de impacto ambiental presentado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, sólo en el proyecto minero El Dorado, durante el proceso de lixiviación se utilizarían 10.4 litros de agua por segundo, haciendo un uso aproximado de casi 900 mil litros diarios, la misma cantidad que abastece a una familia promedio durante 20 años. Este análisis se da partiendo de la veracidad de los datos proporcionados por el estudio de impacto ambiental de la empresa minera.
A partir de lo anterior se dibuja un escenario oscuro para el recurso hídrico de la región centroamericana, que se deberá afrontar de cara a los proyecto de explotación de minería metálica.
Dicho escenario se particulariza en tres impactos: En primer lugar, la generación de escasez de agua para el consumo humano versus el uso para la explotación minera, lo cual genera conflictos comunitarios. Dichos conflictos alcanzan incluso altos niveles de violencia y de inseguridad, tanto jurídica como personal, a los defensores del agua y los territorios que aún conservan las comunidades de los países centroamericanos y de América Latina en general. Todo esto reportando incluso escenas de desalojo comunitario, represión estatal y de las empresas mineras, llegando a casos de asesinatos de líderes y liderezas que integran la resistencia anti minera en estos países.
En segundo lugar, el impacto en los mantos acuíferos a partir de las profundas excavaciones de los proyectos mineros, que las empresas realizan mediante la utilización de toneladas de explosivos, con lo que además del desaparecimiento de las fuentes de agua superficial, provocan destrucción en las viviendas por las ondas expansivas.
Y finalmente, el tercer impacto se da a partir del envenenamiento de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por la contaminación producida en el proceso de explotación minera a través de los residuos tóxicos.
Es la misma empresa transnacional Pacific Rim Mining, la que estima el uso de 2 toneladas diarias de cianuro en algunos de sus proyectos en El Salvador, químico que está vedado en algunos estados de Canadá, Estados Unidos y Europa. Para el caso del proyecto minero Cerro Blanco, en el oriente de Guatemala se estima que se utilizarán 6 toneladas diarias de cianuro, haciendo un total de 25,920 toneladas de cianuro, cuyos desechos serán vertidos a la cuenca alta del Río Lempa, la que es compartida por los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, afectando aproximadamente a cerca de 4 millones de personas salvadoreñas que tienen relación directa con estas aguas transfronterizas.
Por otra parte, sumada a la contaminación de los cuerpos de agua, la explotación minera metálica también afecta la atmósfera por medio de los residuos gaseosos de los químicos utilizados durante la explotación minera, tales como el cianuro, entre otros, provocando graves repercusiones en la salud humana, como insuficiencia renal, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, trastornos en el sistema nervioso, esterilidad en la mujeres, cáncer y el síndrome de Guillain-Barré, entre otras.
Este último síndrome fue identificado en los recientes estudios realizados por la bióloga investigadora Cidia Nínive Cortés del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, en una zona del oriente del país en donde se encuentra ubicado el drenaje ácido de minas provocado por la empresa transnacional Commerce Group de capital estadounidense. Dicho estudio revela que, según opinión del único médico especialista en El Salvador sobre esta enfermedad, y según artículos científicos, este síndrome puede ser causado por la presencia de metales pesados en la sangre, tales como manganeso, arsénico, entre otros; tal y como lo están demostrando las investigaciones científicas que se están realizando en la zona de San Sebastián.
Sumado a estos impactos, la actividad minera en Centroamérica ha desatado una serie de conflictos sociales, los cuales se caracterizan principalmente por aspectos tales como familias que se dividen tomando posiciones encontradas a partir de los intereses particulares a favor o en contra de la minería, influenciadas por los “beneficios” que esta industria deriva en las personas que habitan en las zonas de intervención minera, o por el contrario, por el grado de concientización que la persona ha alcanzado respecto a los impactos que la minería metálica provoca.
Asimismo existen conflictos de grupos de personas dentro de la comunidad, es decir, las personas organizadas han logrado confrontar con las empresas mineras, generando un nivel de re- sistencia que ha obligado a las empresas a abandonar los proyectos. Esta resistencia ha dado lugar al surgimiento de amenazas, encarcelamiento y, en el peor de los casos, asesinatos de líderes y liderezas de la resistencia anti minera.
Estos últimos casos se vivieron en las zonas de Cabañas y Chalatenango en El Salvador, el Valle de Siria en Honduras, las áreas aledañas a la mina Marlin y el proyecto minero Fénix en Guatemala y comunidades indígenas de Panamá, por mencionar algunos ejemplos. Todos estos casos de criminalización de la resistencia anti minera han gozado del silencio de las autoridades estatales, y no se ha llegado a determinar en ninguna instancia judicial la corresponsabilidad de las empresas transnacionales en estos crímenes, ni siquiera a nivel de investigación.
Por otra parte, es necesario resaltar que las poblaciones afectadas directa e indirectamente han avanzando en la lucha contra los proyectos mineros, alcanzando un nivel de organización y de incidencia a nivel nacional. Esto ha provocado una intensa presión social en los tomadores de decisiones para que se prohíba la minería metálica en los países centroamericanos.
Tal es el caso de la experiencia de Costa Rica, en donde se produjo durante el año 2010 una fuerte campaña en contra del proyecto minero Crucitas, el que, además de representar una gran amenaza al agua, medio ambiente y salud humana, también amenazaba con desencadenar un conflicto binacional entre Costa Rica y Nicaragua, ya que la contaminación que resultara de este proyecto desembocaría al Río San Juan, cuenca compartida entre ambas Naciones. Dicha campaña en contra del proyecto minero, logró incluso que el congreso de Costa Rica reformara su ley de minería, estableciendo en ella la prohibición de explorar y explotar la minería metálica.
Asimismo, en Guatemala hay un proceso de resistencia en contra de la minería metálica, que se manifiesta principalmente en la organización y movilización de comunidades indígenas, las cuales reivindican su derecho de ser consultadas para tomar decisiones libres e informadas en torno a los proyectos mineros, pese a todos los obstáculos que el Gobierno central está implementando. Ante esto y casi por unanimidad, la población se está declarando abiertamente en contra de las medidas que apoyan la minería.
En general, a pesar de haber sufrido asesinatos de líderes en las comunidades, se acrecienta la organización y la exigencia de una nueva legislación minera en la que prevalezca el derecho de los pueblos a rechazar y no permitir los proyectos mineros en las comunidades, en medio de una coyuntura marcada por las elecciones presidenciales y en la que, con excepción de una sola candidata, todos los demás candidatos han manifestado reiteradamente su apoyo a la minería metálica.
Por su parte, en Honduras, existe un movimiento de resistencia anti minero conformado por una diversidad de sectores, que incluyen a sectores de la Iglesia Católica que encabezan buena parte de la resistencia, la cual está encaminada a la reforma de la ley de minería. Pero no alcanza como estrategia central la prohibición de la explotación, sino más bien una estrategia basada en elevar las exigencias y controles a la industria minera por parte del Estado.
Esta lucha no logra correlación favorable, generando incertidumbre en la resistencia anti minera, porque no ven condiciones propicias para una ley que beneficie a la mayor parte de la población, y al contrario, ven tanto en las autoridades centrales como en los diputados, una inclinación favorable a los intereses de las transnacionales mineras, que sólo están esperando que se resuelva la moratoria declarada por ex presidente Manuel Zelaya, para desarrollar todos los proyectos mineros que tienen pendientes en este país.
En el caso salvadoreño se caracteriza el conflicto nacional en torno a la conquista de una nueva ley de minería que prohíba la explotación minera metálica, propuesta que ha venido en ascenso en la lucha de la resistencia anti minera, la que ha ganado cada vez más la voluntad política incluso del presidente de la república, y de algunos diputados de la Asamblea Legislativa. Tal decisión, según el Gobierno, está en función de los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica, que se está realizando a solicitud del Ministerio de Economía, en la que hay expectativas de que ésta pueda demostrar la inviabilidad del desarrollo de la industria minera metálica en El Salvador, considerando, entre otros factores, la estrechez territorial, la densidad poblacional y la ubicación de los proyectos mineros sobre las pocas zonas de recargas acuíferas que existen en el país.
Finalmente, toda la problemática que genera la explotación minera en Centroamérica, ha trascendido de los territorios nacionales, puesto que cada vez más los proyectos mineros se están asentando en zonas aledañas a las cuencas compartidas entre dos e incluso tres países de la región.
Además, las legislaciones no contemplan regulaciones más allá de los territorios nacionales, por tanto no tienen la posibilidad de analizar las problemáticas con el resto de países involucrados.
Lo anterior devela la posibilidad de que se desencadenen conflictos binacionales o trinacionales, tanto de comunidades como de gobiernos, unos defendiendo su agua y calidad de vida y otros, aspectos de soberanía, que no reconocen el derecho de los pueblos vecinos. Tal es el caso de Guatemala con su proyecto minero Cerro Blanco y el proyecto Marlin, los cuales afectan cuencas compartidas entre Guatemala y El Salvador, y Guatemala y México, respectivamente.
Honduras, por su parte, contempla 42 proyectos en la zona sur de ese país, la que abarca las cuencas del río Lempa, Goascorán, Sumpul y el Golfo de Fonseca, que son de las más importantes de El Salvador, y en algunos casos se comparten entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Estas cuencas se encuentran amenazadas por 21 proyectos mineros de Honduras.
Los potenciales conflictos también presentan la posibilidad de agregar un elemento en la agenda de integración centroamericana, discutiendo la solución de problemas ambientales que aquejan a la región, y que, por supuesto, deben ser resueltos de forma articulada entre los países, teniendo como base el derecho de los pueblos al acceso al agua limpia y por consiguiente, a una mejor calidad de vida.
En definitiva, estamos viviendo un momento histórico de crisis en el que la naturaleza empieza a manifestarse, y los Estados no salen al encuentro de sus necesidades en función de las necesidades humanas, más bien perfilan sus intenciones de favorecer al gran capital transnacional minero, a costa de conflictos transfronterizos, asesinatos y el derecho a la vida. En ese sentido la resistencia anti minera debe asumir su rol de defensor de la naturaleza y de la vida humana, demostrando que cuanto más se sabe del oro, menos deslumbra su brillo.
34. Benjamín Ramos y David Pereira, miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, de El Salvador, para mayor información consultar en el sitio www.ceicom.org.sv
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