Recopilación y edición: Cecilia Chérrez; César Padilla; Sander Otten; Maria Rosa Yumbla; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, www.ocmal.org); ACCIÓN ECOLÓGICA (Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca; Quito – Ecuador, www.accionecologica.org)
Fotografías: Sander Otten; Juan Pablo Barragán
Con el apoyo de: Broederlijk Delen; Appleton Foundation; Entrepueblos – Entrepobles; Global Greengrants Fund
(Fecha original: Quito, Ecuador - Noviembre 2011)
3. LA CRIMINALIZACION, UN FENOMENO REGIONAL
3.2 BRASIL
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| Brasil: represión a indígenas kayapó que protestan contra la hidroeléctrica |
Criminalización de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente en Brasil por acciones de la industria minera y de la siderurgia17
El sistema universal de protección de los Derechos Humanos protege la actividad de los defensores de derechos humanos y la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos18 en el Articulo 1 garantiza que “toda persona tiene derecho, individual o colectivo, a promover y garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales a nivel nacional e internacional”.
Y en el Articulo 14, determina que los Estados tienen la obligación de proteger a esos agentes.
En su informe de la responsabilidad de los actores no estatales, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos reconoce la existencia de un patrón de casos donde se observa una complicidad entre autoridades locales y empresas en cri- minalizar a los defensores, así como el papel jugado por los medios de comunicación en la estigmatización de los defensores de derechos humanos.19 En el mismo informe, la Relatora afirma la responsabilidad de las empresas, en conformidad con la Declaración, “de abstenerse de violar los derechos de los defensores y de obstruir sus actividades en todo momento.”20 En el ámbito regional, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha reiterado la importancia de las tareas desarrolladas por los defensores de derechos humanos21.
En la resolución sobre el tema de junio de 2003, la Asamblea General afirmó “reiterar su respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de los derechos humanos y reconocer su valiosa contribución en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el Hemisferio” y la importancia de que los Estados adoptaren las medidas necesarias para garantizar los derechos de los agentes y de la continuidad.22 A pesar del regreso a la democracia formal y de la re instalación del Estado Democrático de Derecho, con el derrumbe del régimen militar y la aprobación de una nueva Constitución en 1988, el Estado brasileño trata los temas específicos de los defensores de derechos humanos de forma superficial. De hecho, pese a que existe en Brasil desde el 2004 el Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, este no funciona en todo el territorio nacional. Tampoco existe una legislación específica sobre el tema.23 En el Tercer Programa Nacional de Derechos Humanos, aprobado en diciembre de 2009 y actualizado en mayo de 2010, se determina que uno de los objetivos que los órganos públicos deben perseguir es la garantía de la protección de los defensores de derechos humanos y de sus actividades.
(PNDH, 2009). Sin embargo en los últimos años han ocurrido repetidos casos de criminalización de defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Brasil, algunos de ellos con gran repercusión inclusive a nivel internacional. Especialmente a casos relacionados a la lucha por la tierra y por la preservación del medio ambiente en zonas predominantemente rurales.
Pese a la inexistencia de muchos estudios con análisis y datos específicos sobre la criminalización de quienes denuncian los abusos de la industria minera en Brasil, se han contabilizado casos de criminalización relacionados con las actividades de esa industria. A continuación se tratará el caso específico de la empresa minera Vale.
Oposición a la Empresa Vale
Y en el Articulo 14, determina que los Estados tienen la obligación de proteger a esos agentes.
En su informe de la responsabilidad de los actores no estatales, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos reconoce la existencia de un patrón de casos donde se observa una complicidad entre autoridades locales y empresas en cri- minalizar a los defensores, así como el papel jugado por los medios de comunicación en la estigmatización de los defensores de derechos humanos.19 En el mismo informe, la Relatora afirma la responsabilidad de las empresas, en conformidad con la Declaración, “de abstenerse de violar los derechos de los defensores y de obstruir sus actividades en todo momento.”20 En el ámbito regional, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha reiterado la importancia de las tareas desarrolladas por los defensores de derechos humanos21.
En la resolución sobre el tema de junio de 2003, la Asamblea General afirmó “reiterar su respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de los derechos humanos y reconocer su valiosa contribución en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el Hemisferio” y la importancia de que los Estados adoptaren las medidas necesarias para garantizar los derechos de los agentes y de la continuidad.22 A pesar del regreso a la democracia formal y de la re instalación del Estado Democrático de Derecho, con el derrumbe del régimen militar y la aprobación de una nueva Constitución en 1988, el Estado brasileño trata los temas específicos de los defensores de derechos humanos de forma superficial. De hecho, pese a que existe en Brasil desde el 2004 el Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, este no funciona en todo el territorio nacional. Tampoco existe una legislación específica sobre el tema.23 En el Tercer Programa Nacional de Derechos Humanos, aprobado en diciembre de 2009 y actualizado en mayo de 2010, se determina que uno de los objetivos que los órganos públicos deben perseguir es la garantía de la protección de los defensores de derechos humanos y de sus actividades.
(PNDH, 2009). Sin embargo en los últimos años han ocurrido repetidos casos de criminalización de defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Brasil, algunos de ellos con gran repercusión inclusive a nivel internacional. Especialmente a casos relacionados a la lucha por la tierra y por la preservación del medio ambiente en zonas predominantemente rurales.
Pese a la inexistencia de muchos estudios con análisis y datos específicos sobre la criminalización de quienes denuncian los abusos de la industria minera en Brasil, se han contabilizado casos de criminalización relacionados con las actividades de esa industria. A continuación se tratará el caso específico de la empresa minera Vale.
Oposición a la Empresa Vale
Vale es una compañía transnacional minera con sede en Brasil y con operaciones en más de 30 países en el mundo. Esta misma compañía ha sido considerada por Forbes Magazine como la compañía minera más grande del mundo (Forbes, 2011).
Durante la investigación llevada a cabo por la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Justicia Global y la Rede Justicia nos Trilhos (2011) se constata que las prácticas de Vale con la colaboración de periódicos, órganos públicos de seguridad y justicia, y de otros actores privados en Brasil, son acciones que pueden ser calificadas como de hostigamiento, intimidación y criminalización de aquellos y aquellas que trabajan en defensa de los derechos de las personas que son afectadas por las operaciones de está empresa. De hecho, defensores y defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente han sido víctimas de espionaje, difamación y acciones judiciales directamente relacionados con los intereses de la compañía Vale.
Antes de iniciada la investigación ya eran muy conocidas las denuncias respecto a la criminalización de los movimientos sociales provocadas por acciones de Vale, como son los casos en contra de dirigentes y otros miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil: En el año 2008, Vale ingresó una acción judicial en contra de uno de los dirigentes de MST, -João Pedro Stédile-, y el Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro impuso una multa de 5.000 reales (alrededor de US$ 3.000) en el caso de que este dirigente volviera a mencionar el nombre de la empresa en sus entrevistas a los medios de prensa y en el caso que ocurrieran nuevas manifestaciones de protesta alrededor de las instalaciones de propiedad de la empresa24. Esta acción está mencionada por Vale en el “formulario de referencia 2009”, enviado a la Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA)25 En la misma época, miembros de la dirección ejecutiva de la empresa dieron inicio a una campaña pública, a través de la prensa con duros ataques a los movimientos sociales (en especial el MST). En una entrevista a la periodista Miriam Leitão en la televisión, el Sr. Roger Agnelli, que en aquella época era Gerente de Vale, se refirió a los integrantes de MST como “criminales que no respetan las leyes, que no respetan la democracia” (Globo News, 2008) Otro ejemplo importante fue una encuesta encomendada por la Vale al instituto Ibope26 respecto a la opinión de la sociedad brasilera sobre el comportamiento de los movimientos sociales del campo en Brasil, en especial la Comissão Pastoral da Terra (CPT), la Vía Campesina, el MST, el Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB) y las comunidades renacientes de quilombos.27 La encuesta fue publicada por el periódico ‘O Globo’, en 15 de junio de 2008. En distintas ciudades del país fueron entrevistadas 2.100 personas, a las cuales se les preguntó si los movimientos sociales estaban esparciéndose por el país (a lo que 81% de los entrevistados respondieron que si) y si los movimientos sociales estaban ganando fuerza (a lo que 69% de los entrevistados dijeron que sí). La iniciativa de Vale en cuanto a la realización de esa encuesta y su interés en divulgar los resultados a través de los medios de prensa masivos, genera la sospecha que intenta asociar la violencia y el nivel de conflicto en el campo y en las ciudades.
En el exterior, uno de los casos más graves atribuidos a Vale se refiere a la práctica de violencia paramilitar y de criminalización de la protesta en contra de algunos de los habitantes de Cajamarca, en Perú, que realizaban manifestaciones para alertar a la sociedad sobre su preocupación respecto a los daños derivados de la instalación de su subsidiaria Miski Mayo (Rede Brasileira de Justicia Ambiental, 2010).
Oposición a la siderúrgica TKCSA
Durante la investigación llevada a cabo por la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Justicia Global y la Rede Justicia nos Trilhos (2011) se constata que las prácticas de Vale con la colaboración de periódicos, órganos públicos de seguridad y justicia, y de otros actores privados en Brasil, son acciones que pueden ser calificadas como de hostigamiento, intimidación y criminalización de aquellos y aquellas que trabajan en defensa de los derechos de las personas que son afectadas por las operaciones de está empresa. De hecho, defensores y defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente han sido víctimas de espionaje, difamación y acciones judiciales directamente relacionados con los intereses de la compañía Vale.
Antes de iniciada la investigación ya eran muy conocidas las denuncias respecto a la criminalización de los movimientos sociales provocadas por acciones de Vale, como son los casos en contra de dirigentes y otros miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil: En el año 2008, Vale ingresó una acción judicial en contra de uno de los dirigentes de MST, -João Pedro Stédile-, y el Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro impuso una multa de 5.000 reales (alrededor de US$ 3.000) en el caso de que este dirigente volviera a mencionar el nombre de la empresa en sus entrevistas a los medios de prensa y en el caso que ocurrieran nuevas manifestaciones de protesta alrededor de las instalaciones de propiedad de la empresa24. Esta acción está mencionada por Vale en el “formulario de referencia 2009”, enviado a la Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA)25 En la misma época, miembros de la dirección ejecutiva de la empresa dieron inicio a una campaña pública, a través de la prensa con duros ataques a los movimientos sociales (en especial el MST). En una entrevista a la periodista Miriam Leitão en la televisión, el Sr. Roger Agnelli, que en aquella época era Gerente de Vale, se refirió a los integrantes de MST como “criminales que no respetan las leyes, que no respetan la democracia” (Globo News, 2008) Otro ejemplo importante fue una encuesta encomendada por la Vale al instituto Ibope26 respecto a la opinión de la sociedad brasilera sobre el comportamiento de los movimientos sociales del campo en Brasil, en especial la Comissão Pastoral da Terra (CPT), la Vía Campesina, el MST, el Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB) y las comunidades renacientes de quilombos.27 La encuesta fue publicada por el periódico ‘O Globo’, en 15 de junio de 2008. En distintas ciudades del país fueron entrevistadas 2.100 personas, a las cuales se les preguntó si los movimientos sociales estaban esparciéndose por el país (a lo que 81% de los entrevistados respondieron que si) y si los movimientos sociales estaban ganando fuerza (a lo que 69% de los entrevistados dijeron que sí). La iniciativa de Vale en cuanto a la realización de esa encuesta y su interés en divulgar los resultados a través de los medios de prensa masivos, genera la sospecha que intenta asociar la violencia y el nivel de conflicto en el campo y en las ciudades.
En el exterior, uno de los casos más graves atribuidos a Vale se refiere a la práctica de violencia paramilitar y de criminalización de la protesta en contra de algunos de los habitantes de Cajamarca, en Perú, que realizaban manifestaciones para alertar a la sociedad sobre su preocupación respecto a los daños derivados de la instalación de su subsidiaria Miski Mayo (Rede Brasileira de Justicia Ambiental, 2010).
Oposición a la siderúrgica TKCSA
Milicias privadas también han sido utilizadas en contra de comunidades de pescadores de Río de Janeiro que están en lucha respecto de los impactos de la instalación y de las operaciones de la siderúrgica TKCSA.
La TKCSA es una alianza de riesgo compartido establecida entre la compañía minera brasileña Vale y la compañía alemana ThyssenKrupp28 Se prevee que TKCSA será la industria siderúrgica más grande de América Latina y representa una de las más grandes inversiones privadas hechas en Brasil en los últimos años.
TKCSA está ubicada en la Baía de Sepetiba, una región que históricamente tiene como actividades productivas la agricultura, el turismo y sobre todo la pesca, abrigando al rededor de 8 mil pescadores artesanales. Pero, tal realidad ha sido totalmente desestimada por los administradores públicos, que han permitido la instalación de grandes emprendimientos en la región. Los pescadores artesanales han sido los primeros en sufrir las consecuencias de la instalación de la industria siderúrgica, siendo obligados a abandonar sus actividades. Ellos han realizado denuncias no solo respecto a los problemas ambientales y sociales sino también sobre el involucramiento de miembros de seguridad de TKCSA con las milicias que conocidamente actúan en la parte oeste de Río de Janeiro.
Por haber recibido amenazas de muerte, uno de los líderes de los pescadores fue incluido en el Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos.29 Otro tipo de criminalización que ha sido llevado a cabo por las empresas en Brasil está dirigido a los investigadores y científicos que han producido investigaciones contrarias a los intereses de las empresas, en procedimientos oficiales instaurados a partir de las denuncias de las comunidades afectadas.
Un caso emblemático es la acción judicial que la misma TKCSA ha iniciado en contra del médico salubrista Hermano de Castro, de la Escuela Nacional de Saúde Pública – Fiocruz, para que sea con- denado a pagar una indemnización por daños causados a la imagen y reputación de la empresa. Los miembros de Justiça nos Trilhos, que es una red de organizaciones que tiene como objetivo central defender los derechos de las personas impactadas por las operaciones de Vale en el eje Carajás, también han sido víctimas de hostigamiento en el ejercicio de las actividades relacionadas con los objetivos de esa red.
En sus ediciones de 21 y 22 de agosto de 2008, el periódico ‘O Liberal´, que es el periódico más importante del Estado de Pará, publicó una serie de reportajes, editoriales y textos de opinión, asociando a los miembros de Justiça nos Trilhos y otras organizaciones que les apoyan (mayormente religiosas) a la planificación de acciones que el periódico calificaba como ilegales, y que tendrían como objetivo generar daños financieros a la empresa Vale.
La noticia sorprendió a los miembros de Justiça nos Trilhos no solamente por la falsedad de las acusaciones, sino sobre todo por el hecho de señalar individualmente a personas que tienen relaciones con los miembros de la organización pero que no son parte de ella, que jamás habían participado de sus actividades, que viven en otros continentes y que nunca habían viajado a Brasil.
Los miembros de Justiça nos Trilhos y de otras organizaciones mencionadas en las páginas del periódico manifestaron su indignación y repudio a través de una nota pública. (Justicia nos Trilhos,2008). Hasta la fecha no se sabe de que manera el periódico tuvo acceso a informaciones y datos que nunca habían sido debatidos en reuniones o hechos públicos de forma alguna. El periódico se ha manifestado según lo que considera su derecho de no revelar su fuente.
Los miembros de Justiça nos Trilhos han constatado, desde los seminarios y talleres que organizó en el Foro Social Mundial de Belén do Pará, en enero de 2009, la presencia frecuente en sus actividades de personas extrañas, siempre dedicadas a hacer registros escritos, fotográficos y en vídeo.
Tal práctica ha ocurrido no solamente en sus actividades públicas, sino también en otros momentos de carácter privado de sus vidas. Los miembros de Justicia nos Trilhos también se han dado cuenta que algunas veces los vehículos en que se transportan son seguidos por otros con intenciones desconocidas. Se sospecha que los autores de esos actos son agentes de seguridad privada, de seguridad pública y también de la Agencia Brasilera de Inteligencia (ABIN).
Son desconocidas las razones que han llevado a esos actos y mucho menos de que manera tales registros podrán ser utilizados en el futuro. Por último, en 10 de abril de 2010, Vale interpuso una acción legal ante el Poder Judicial de Açailândia, Estado de Maranhão, en contra de la Rede Justiça nos Trilhos, mencionando una lista de organizaciones y especialmente cinco personas que ella consideraba como sus líderes, y que según su punto de vista iban realizar acciones con el propósito de causarle daños financieros.30 La acción fue interpuesta en el contexto en que se realizaba la “Caravana Internacional de los Afectados por la Vale”, cuando personas oriundas de zonas impactadas por operaciones de la misma empresa en distintas localidades del mundo31 visitaban la región del eje Carajás y participaban de conferencias y debates sobre el Programa Gran Carajás y sus implicancias negativas sobre las comunidades y trabajadores.32 En la petición inicial, la empresa, a través de sus abogados, presentó alegatos respecto al programa de seminarios, debates y visitas de la caravana y en cuanto a sus objetivos, con acusaciones que jamás fueron comprobadas.33 A pesar de eso, y aunque la empresa no hubiera cumplido el deber de pagar las tasas judiciales que le impone la ley, el juez atendió inmediatamente los pedidos de la empresa, determinando medida preliminar de “interdito proibitório”, imponiendo individualmente a los miembros de Justiça nos Trilhos una multa de 5.000,00 reales (aproximadamente 3.085 USD) diarios por la hipótesis de transgresión de tal decisión judicial y designando a la fuerza policial para darle cumplimiento. En 13 de enero de 2011 la medida preliminar fue revocada y el proceso fue extinguido sin juzgamiento de mérito, porque a pesar de haber sido notificada para tal finalidad, la empresa no comprobó haber pagado regularmente las tasas judiciales. Los acusados jamás fueron oficialmente notificados de la decisión preliminar.
A través de esa acción judicial y de los demás actos de hostigamiento y de intimidación, se ve la forma en que la empresa minera Vale y otras asociadas a ella, han tratado a quienes son afectados por sus operaciones, a los que cometen el “pecado” de tener una visión crítica sobre sus actividades y luchan por la protección y respeto de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.
Los ejemplos también sirven para ilustrar que los órganos públicos de seguridad y de justicia, por su parte, basan sus decisiones en criterios sospechosos y aparentemente no mantienen una posición de imparcialidad y de respecto a la ley en situaciones como las descritas anteriormente.
La TKCSA es una alianza de riesgo compartido establecida entre la compañía minera brasileña Vale y la compañía alemana ThyssenKrupp28 Se prevee que TKCSA será la industria siderúrgica más grande de América Latina y representa una de las más grandes inversiones privadas hechas en Brasil en los últimos años.
TKCSA está ubicada en la Baía de Sepetiba, una región que históricamente tiene como actividades productivas la agricultura, el turismo y sobre todo la pesca, abrigando al rededor de 8 mil pescadores artesanales. Pero, tal realidad ha sido totalmente desestimada por los administradores públicos, que han permitido la instalación de grandes emprendimientos en la región. Los pescadores artesanales han sido los primeros en sufrir las consecuencias de la instalación de la industria siderúrgica, siendo obligados a abandonar sus actividades. Ellos han realizado denuncias no solo respecto a los problemas ambientales y sociales sino también sobre el involucramiento de miembros de seguridad de TKCSA con las milicias que conocidamente actúan en la parte oeste de Río de Janeiro.
Por haber recibido amenazas de muerte, uno de los líderes de los pescadores fue incluido en el Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos.29 Otro tipo de criminalización que ha sido llevado a cabo por las empresas en Brasil está dirigido a los investigadores y científicos que han producido investigaciones contrarias a los intereses de las empresas, en procedimientos oficiales instaurados a partir de las denuncias de las comunidades afectadas.
Un caso emblemático es la acción judicial que la misma TKCSA ha iniciado en contra del médico salubrista Hermano de Castro, de la Escuela Nacional de Saúde Pública – Fiocruz, para que sea con- denado a pagar una indemnización por daños causados a la imagen y reputación de la empresa. Los miembros de Justiça nos Trilhos, que es una red de organizaciones que tiene como objetivo central defender los derechos de las personas impactadas por las operaciones de Vale en el eje Carajás, también han sido víctimas de hostigamiento en el ejercicio de las actividades relacionadas con los objetivos de esa red.
En sus ediciones de 21 y 22 de agosto de 2008, el periódico ‘O Liberal´, que es el periódico más importante del Estado de Pará, publicó una serie de reportajes, editoriales y textos de opinión, asociando a los miembros de Justiça nos Trilhos y otras organizaciones que les apoyan (mayormente religiosas) a la planificación de acciones que el periódico calificaba como ilegales, y que tendrían como objetivo generar daños financieros a la empresa Vale.
La noticia sorprendió a los miembros de Justiça nos Trilhos no solamente por la falsedad de las acusaciones, sino sobre todo por el hecho de señalar individualmente a personas que tienen relaciones con los miembros de la organización pero que no son parte de ella, que jamás habían participado de sus actividades, que viven en otros continentes y que nunca habían viajado a Brasil.
Los miembros de Justiça nos Trilhos y de otras organizaciones mencionadas en las páginas del periódico manifestaron su indignación y repudio a través de una nota pública. (Justicia nos Trilhos,2008). Hasta la fecha no se sabe de que manera el periódico tuvo acceso a informaciones y datos que nunca habían sido debatidos en reuniones o hechos públicos de forma alguna. El periódico se ha manifestado según lo que considera su derecho de no revelar su fuente.
Los miembros de Justiça nos Trilhos han constatado, desde los seminarios y talleres que organizó en el Foro Social Mundial de Belén do Pará, en enero de 2009, la presencia frecuente en sus actividades de personas extrañas, siempre dedicadas a hacer registros escritos, fotográficos y en vídeo.
Tal práctica ha ocurrido no solamente en sus actividades públicas, sino también en otros momentos de carácter privado de sus vidas. Los miembros de Justicia nos Trilhos también se han dado cuenta que algunas veces los vehículos en que se transportan son seguidos por otros con intenciones desconocidas. Se sospecha que los autores de esos actos son agentes de seguridad privada, de seguridad pública y también de la Agencia Brasilera de Inteligencia (ABIN).
Son desconocidas las razones que han llevado a esos actos y mucho menos de que manera tales registros podrán ser utilizados en el futuro. Por último, en 10 de abril de 2010, Vale interpuso una acción legal ante el Poder Judicial de Açailândia, Estado de Maranhão, en contra de la Rede Justiça nos Trilhos, mencionando una lista de organizaciones y especialmente cinco personas que ella consideraba como sus líderes, y que según su punto de vista iban realizar acciones con el propósito de causarle daños financieros.30 La acción fue interpuesta en el contexto en que se realizaba la “Caravana Internacional de los Afectados por la Vale”, cuando personas oriundas de zonas impactadas por operaciones de la misma empresa en distintas localidades del mundo31 visitaban la región del eje Carajás y participaban de conferencias y debates sobre el Programa Gran Carajás y sus implicancias negativas sobre las comunidades y trabajadores.32 En la petición inicial, la empresa, a través de sus abogados, presentó alegatos respecto al programa de seminarios, debates y visitas de la caravana y en cuanto a sus objetivos, con acusaciones que jamás fueron comprobadas.33 A pesar de eso, y aunque la empresa no hubiera cumplido el deber de pagar las tasas judiciales que le impone la ley, el juez atendió inmediatamente los pedidos de la empresa, determinando medida preliminar de “interdito proibitório”, imponiendo individualmente a los miembros de Justiça nos Trilhos una multa de 5.000,00 reales (aproximadamente 3.085 USD) diarios por la hipótesis de transgresión de tal decisión judicial y designando a la fuerza policial para darle cumplimiento. En 13 de enero de 2011 la medida preliminar fue revocada y el proceso fue extinguido sin juzgamiento de mérito, porque a pesar de haber sido notificada para tal finalidad, la empresa no comprobó haber pagado regularmente las tasas judiciales. Los acusados jamás fueron oficialmente notificados de la decisión preliminar.
A través de esa acción judicial y de los demás actos de hostigamiento y de intimidación, se ve la forma en que la empresa minera Vale y otras asociadas a ella, han tratado a quienes son afectados por sus operaciones, a los que cometen el “pecado” de tener una visión crítica sobre sus actividades y luchan por la protección y respeto de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.
Los ejemplos también sirven para ilustrar que los órganos públicos de seguridad y de justicia, por su parte, basan sus decisiones en criterios sospechosos y aparentemente no mantienen una posición de imparcialidad y de respecto a la ley en situaciones como las descritas anteriormente.
17. Elaborado por Danilo Chammas (2011), abogado y miembro de la Rede Justiça nos Trilhos, Brasil. Reproduce parte del informe “Quanto Valem os Direitos Humanos? Os Impactos sobre os direitos humanos da industria da mineração e siderurgia em Açailândia” (páginas 76 a 79). (FIDH, GO y Rede Justicia nos Trilhos , 2011)
18. Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, A/RES/53/144 - 8 de marzo de 1999.
19. Relator especial para la situación de los defensores de derechos humanos, « Human Rights Defenders », A/65/223, 4 de Agosto de 2010, sección II.2.
20. Traducción libre. Ibid, §54.
21. El tema fue objeto de las resoluciones AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), AG/RES. 1711 (XXX-O/00), AG/RES. 1818 (XXXI-O/01), AG/RES. 1842 (XXXII-O/02) y AG/RES. 1920 (XXXIII-O/03).
22. Resolución AG/RES. 1920 (XXXIII-O/03) - Defensores de Derechos Humanos: Apoyo a las Tareas que Desarrollan las Personas, Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en las Américas, 10 de junio de 2003.
23. Más informaciones están disponibles en: http://www.direitoshumanos.gov.br/protecao/defensores
19. Relator especial para la situación de los defensores de derechos humanos, « Human Rights Defenders », A/65/223, 4 de Agosto de 2010, sección II.2.
20. Traducción libre. Ibid, §54.
21. El tema fue objeto de las resoluciones AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), AG/RES. 1711 (XXX-O/00), AG/RES. 1818 (XXXI-O/01), AG/RES. 1842 (XXXII-O/02) y AG/RES. 1920 (XXXIII-O/03).
22. Resolución AG/RES. 1920 (XXXIII-O/03) - Defensores de Derechos Humanos: Apoyo a las Tareas que Desarrollan las Personas, Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en las Américas, 10 de junio de 2003.
23. Más informaciones están disponibles en: http://www.direitoshumanos.gov.br/protecao/defensores
24 Tribunal de Justicia do Estado do Río de Janeiro, 41ª. Vara Cível, Processo no 0063023-34.2008.8.19.0001.
25. Formulário de Referência 2009 (relatório arquivado na Comissão de Valores Mobiliários em 30 de junho de 2010, conforme a Instrução CVM No. 480, anexo 24), página 37: “Principais fatos: A Vale ingressou com ação ordinária com pedido de tutela antecipada de obrigação de não fazer, com objetivo de cessar atos atentatórios, violentos, ou de incitação que gerem a paralisação das atividades operacionais da Companhia, por parte do MST. A tutela foi deferida, tão logo o ajuizamento da ação no ano de 2008, determinando que o MST se abstenha de tais atos. Chance de perda: Remota”
25. Formulário de Referência 2009 (relatório arquivado na Comissão de Valores Mobiliários em 30 de junho de 2010, conforme a Instrução CVM No. 480, anexo 24), página 37: “Principais fatos: A Vale ingressou com ação ordinária com pedido de tutela antecipada de obrigação de não fazer, com objetivo de cessar atos atentatórios, violentos, ou de incitação que gerem a paralisação das atividades operacionais da Companhia, por parte do MST. A tutela foi deferida, tão logo o ajuizamento da ação no ano de 2008, determinando que o MST se abstenha de tais atos. Chance de perda: Remota”
26 IBOPE es una multinacional brasileira de capital privado, considerada una de las empresas de encuesta de mercado más grandes y prestigiosas en América Latina.
27 “Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” (artigo 2º. do Decreto 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.)
27 “Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” (artigo 2º. do Decreto 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.)
28 Más información en la página web de la compañía (en inglés): http://www.thyssenkrupp.com/.
29. Más informaciones en el artículo « Chuva de poeira prateada » (en portugués), escrito por Bruno Milanez, Marcelo Firpo de Souza Porto, Dario Bossi, Danilo Chammas, Karina Kato, publicado en el periodico Le Monde Diplomatique Brasil, abril 2011, disponible en: http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=908.
30. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 2ª. Vara Judicial de Açailândia, processo nº. 1083-83.2010.8.10.0022 . La acción fue propuesta por la Vale S/A en contra de los “integrantes do Movimento dos Atingidos pela Vale, que integra varios movimientos sociales, dentre eles, o movimiento “JUSTIÇA NOS TRILHOS” (que possui como integrantes Gustavo Covarrubias, Raimundo Nonato, Dario Bossi, Danilo Chammas e Padre Antonio) representantes do Fórum Reage São Luís, representantes do Fórum Carajás, representantes do Cáritas Maranhão, representantes do Sindicato dos Ferroviários do Pará/Maranhão/Tocantins, representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
31. Participaron de la caravana de los afectados por la Vale personas que representaban comunidades y trabajadores impactados por las operaciones de Vale en distintos estados de Brasil y también en Canadá, Chile, Mozambique y Peru 32. El programa de la caravana empezó el 05 y terminó el 11 de abril de 2010. Incluyó visitas a los municípios de Barcarena-PA, Marabá-PA y Açailândia-MA.
33. discriminados, aproveitarão a ocorrência de Seminário a ser realizado na cidade de Açailândia/MA, no dia 10/04/2010, que reunirá lideranças missionárias e religiosas, membros de ntidades sindicais e representantes de movimentos sociais, para movimentar os integrantes no sentido de efetivar a interdição das estradas de ferro que cortam a cidade de Açailândia/MA, neste final de semana. Consta, inclusive, na referida programação, visitas às comunidades de Piquiá de Baixo e Califórnia, para incitar conflitos dessas comunidades com a requerente.”
29. Más informaciones en el artículo « Chuva de poeira prateada » (en portugués), escrito por Bruno Milanez, Marcelo Firpo de Souza Porto, Dario Bossi, Danilo Chammas, Karina Kato, publicado en el periodico Le Monde Diplomatique Brasil, abril 2011, disponible en: http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=908.
30. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 2ª. Vara Judicial de Açailândia, processo nº. 1083-83.2010.8.10.0022 . La acción fue propuesta por la Vale S/A en contra de los “integrantes do Movimento dos Atingidos pela Vale, que integra varios movimientos sociales, dentre eles, o movimiento “JUSTIÇA NOS TRILHOS” (que possui como integrantes Gustavo Covarrubias, Raimundo Nonato, Dario Bossi, Danilo Chammas e Padre Antonio) representantes do Fórum Reage São Luís, representantes do Fórum Carajás, representantes do Cáritas Maranhão, representantes do Sindicato dos Ferroviários do Pará/Maranhão/Tocantins, representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
31. Participaron de la caravana de los afectados por la Vale personas que representaban comunidades y trabajadores impactados por las operaciones de Vale en distintos estados de Brasil y también en Canadá, Chile, Mozambique y Peru 32. El programa de la caravana empezó el 05 y terminó el 11 de abril de 2010. Incluyó visitas a los municípios de Barcarena-PA, Marabá-PA y Açailândia-MA.
33. discriminados, aproveitarão a ocorrência de Seminário a ser realizado na cidade de Açailândia/MA, no dia 10/04/2010, que reunirá lideranças missionárias e religiosas, membros de ntidades sindicais e representantes de movimentos sociais, para movimentar os integrantes no sentido de efetivar a interdição das estradas de ferro que cortam a cidade de Açailândia/MA, neste final de semana. Consta, inclusive, na referida programação, visitas às comunidades de Piquiá de Baixo e Califórnia, para incitar conflitos dessas comunidades com a requerente.”
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