Recopilación y edición: Cecilia Chérrez; César Padilla; Sander Otten; Maria Rosa Yumbla; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, www.ocmal.org); ACCIÓN ECOLÓGICA (Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca; Quito – Ecuador, www.accionecologica.org)
Fotografías: Sander Otten; Juan Pablo Barragán
Con el apoyo de: Broederlijk Delen; Appleton Foundation; Entrepueblos – Entrepobles; Global Greengrants Fund
(Fecha original: Quito, Ecuador - Noviembre 2011)
3. LA CRIMINALIZACION, UN FENOMENO REGIONAL
3.1 ARGENTINA
Argentina vivió una de las más sangrientas dictaduras, contemporánea a la de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, entre otras. Incluso en estas circunstancias los regímenes de países llegaron a establecer acuerdos de cooperación para la persecución de los opositores políticos, constituyéndose en la “Operación Cóndor”, uno de los atentados más concertados contra los derechos humanos en América Latina.
Muchos han sido los esfuerzos que han realizado las organizaciones de derechos humanos para lograr revertir las medidas de protección de los criminales de Estado, destinadas a consolidar la impunidad, logrando que se reactiven juicios cerrados, se levanten puntos finales y se establezca lentamente la validez de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Hoy los juicios a los dictadores continúan y la esperanza que vive en la sociedad argentina es que se castigue a todos los responsables de los terribles crímenes de la dictadura.
Argentina fue considerada “el granero del mundo” y con una enorme vocación ganadera. No obstante, una vez inscrita en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia, este país ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales.
Una muestra evidente señala que sólo entre 2003 y 2007 la cantidad de proyectos mineros aumentó en 740% alcanzando el número no despreciable de 336 en diferentes grados de avance. (Swampa y Antonelli, 2010:19).
Este proceso de desarrollo minero no se ha llevado a cabo sin conflictos sociales. Muy por el contrario. Ya en el año 2003 se realizó la primera consulta ciudadana respecto a la implementación de un proyecto minero en Esquel en la provincia de Chubut, siendo también el segundo proyecto minero sujeto a consulta popular en América Latina, luego de Tambo Grande en la región de Piura, Perú.
Desde entonces, la oposición a la minería ha ido creciendo sustancialmente hasta convertirse en una de las luchas más importantes y renombradas. Han sido principalmente las Asambleas Ciudadanas las que se han convertido en el mayor frente nacional contra la imposición de proyectos mineros en ese país. Y es justamente esa oposición a la actividad minera la que se expande por el territorio, la que genera las mayores respuestas de rechazo y que muchas veces conducen a con flictos donde la incompatibilidad de intereses se muestra en su máxima expresión en la represión y la criminalización.
Cabe señalar lo especial de los procesos de resistencia y oposición a la minería materializados principalmente en las “asambleas ciudadanas” organizadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC, que han tenido la particularidad de hacer frente a la minería (aunque no exclusivamente) de tal forma que enfrentarlas y combatirlas ha presentado importantes dificultades para la institucionalidad y las empresas. Este modelo particular de organización responde a la realidad nacional de los movimientos sociales argentinos y se ha transformado en un dolor de cabeza para quienes quieren eliminar la resistencia a la minería: “...desde el inicio la UAC se ha manifestado como un espacio plural, horizontal, apartidario pero cuyos actores centrales continúan siendo las asambleas y las organizaciones de base afectadas, en la medida en que éstas son las protagonistas del conflicto y las encargadas de llevar a cabo las acciones en sus respectivas localidades.” (Swampa y Antonelli, 2010:19).
La criminalización, entonces, tiene un sentido preventivo y aleccionador en tanto “muestra” cómo responde el Estado frente a la demanda de los sectores populares organizados. Así, la definición de delito, delincuentes y su localización, la aparente contraposición de derechos, la jerarquización de los mismos en función de un tipo de ciudadanía, etc.; son elementos que develan, por un lado, que la criminalización de la protesta, estrechamente unida a la criminalización de la pobreza, es una cuestión de clase. Y por otro que, en este proceso, la concepción de la lucha popular como delito, y su “combate”, opera oponiendo la movilización popular y la organización de la pobreza a una supuesta normalidad e institucionalidad democrática. (Musolino, 2009).
En éste como en otros casos, se evidencia a la criminalización como un instrumento ideológico que censura el descontento popular frente a políticas de gobierno que están destinadas a favorecer intereses particulares disfrazados de interés público o colectivo y que redundan en la persecución de sectores populares que demandan el respeto a derechos que se ven amenazados por el otorgamiento de derechos a terceros.
Una de las caracterizaciones otorgadas a la minería según Swampa( 2011) es que, “...Avanza sin el consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad, y una espiral de criminalización de las resistencias que sin duda abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los derechos humanos.” Uno de los casos más conocidos de intentos de criminalización acompañados de desalojo violento de la ocupación de vías en Argentina es el caso de “El Famatina” un conflicto entre la Asamblea de autoconvocados y la empresa Barrick Gold por la amenaza de explotación del cerro que lleva el mismo nombre. La asamblea de El Algarrobo mantuvo por mucho tiempo ocupada la vía que comunica el pueblo con el sitio minero. El violento despeje de vías y la criminalización de los activistas fue conocido a nivel internacional concitando la solidaridad de los movimientos sociales en toda América Latina. (CEN, 2010). Aquí se muestran las secuelas de las acciones de obstrucción de vías, realizadas hace más de un año y que se encuentran a merced de operadores de justicia contra la protesta social por oposición a la minería.
A partir de diciembre de 2009, momento que nace la Asamblea El Algarrobo, formada por Vecinos por la Vida y Autoconvocados, hay aproximadamente 40 personas judicializadas, mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra Agua Rica que no tuvieron trámite, números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera Agua Rica. (Conciencia Solidaria Interprovincial) A pesar de los intentos por criminalizar las luchas antimineras en Argentina, tanto el gobierno federal como algunos gobiernos provinciales han observado un desarrollo que apunta en la dirección contraria. Prohibiciones a la minería, a determinadas sustancias químicas, a determinados tipos de extracción y procesos mineros y la protección de glaciares y áreas peri-glaciares han constituido logros significativos en la lucha por la protección de las comunidades y el ambiente frente a la destrucción y el saqueo que identifica, según los grupos opositores a la minería en Argentina.
Sin duda la judicialización de los conflictos mineros es un elemento que amenaza tanto el desarrollo minero como la resistencia a la minería. Y de acuerdo a los propósitos gubernamentales esa judicialización debiera terminar o al menos menguar la creciente resistencia contra la actividad extractiva en ese país. Lo más probable es que se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo en ese austral país de la región.
No obstante, mientras las UAC sigan haciendo su trabajo de exigencia de derechos y se avance en las restricciones a la minería el problema de la criminalización ha de seguir vigente como expresión de un conflicto cuyas raíces están a la vista pero cuya solución sea postergada indefinidamente.
Existen por otro lado numerosos casos de criminalización a campesinos que rechazan la presencia y expansión de las plantaciones de soja, que se toman pueblos, costados de rutas, e implican constantes fumigaciones a 50 -100 metros, con agrotóxicos desde aviones y camiones se contamina escuelas, centros de salud, viviendas. Un caso es el de Jeremías Chauque que en los diez últimos años vio desaparecer en su entorno las huertas, la producción agrícola diversa, colectiva, más respetuosa de la Ñukemapu “Madre Tierra” y de quienes la habitan, mientras se abría paso aceleradamente el agronegocio, envenenando las tierras que son alquiladas por empresarios de la soja hasta dejarlas desérticas. Desde hace unos dos años Jeremias se encuentra encausado por invasión a la propiedad privada y amenaza agravada luego que decidió con otras personas de su pueblo ir a frenar las fumigaciones ya que las autoridades políticas y judiciales mantuvieron un silencio cómplice frente al problema.
Por otro lado se presentan algunos casos de criminalizacion en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, como una respuesta a sus alegaciones que en Argentina no existe la criminalización la protesta social: • En la ciudad de Gualeguaychú, un grupo de vecinos que se opone a la contaminación y al saqueo de la pastera Botnia-UPM fue denunciado por el Gobierno de la Nación, entre otros delitos por el de sedición (Es un término para referirse a conductas que puedan ser estimadas por la autoridad legal como motivo de insurrección en contra del orden constitucional establecido). Los vecinos llevaron adelante un corte de ruta que fue avalado por el ex presidente Néstor Kirchner.
• En Cruz del Eje existe un juicio contra 8 integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba.
Todos ellos son habitantes de El Chacho, una comunidad ubicada sobre la ruta 77 próxima a La Rioja. Los campesinos y campesinas están acusados de usurpación por el empresario Buttie, que pretende quedarse con sus tierras.
• En Neuquén, vecinos de Loncopué e integrantes de la comunidad mapuche Mellao Morales que se manifestaron contra el intento fallido del gobierno de instalar una minera de origen chino son denunciados por participar de una protesta en la ruta. Hace poco la fiscal de la causa pidió la elevación a juicio de los acusados...
...Además, es neceario mencionar los asesinatos de los Tobas en Formosa. La brutal represión desatada por la policía de Jujuy contra más de 700 familias que defienden su territorio, culminó con 4 muertos y decenas de heridos. En todos los casos los gobernadores de esas provincias son aliados kirchneristas. Cuando sucedieron estos episodios, la Presidenta y sus colaboradores evitaron hablar del hecho. Y en el caso puntual de Formosa y Jujuy ratificaron su apoyo a los gobiernos feudales de Insfran y Barrionuevo.
La criminalización de las luchas sociales es un instrumento utilizado por los distintos gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno Kirchner para intentar frenar las luchas de los diferentes movimientos populares intentando disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan el sistema.
En todo el país, el Gobierno nacional actúa como verdadero gendarme de las multinacionales y desprotege a los ciudadanos que en definitiva están defendiendo un derecho de todos.16
Muchos han sido los esfuerzos que han realizado las organizaciones de derechos humanos para lograr revertir las medidas de protección de los criminales de Estado, destinadas a consolidar la impunidad, logrando que se reactiven juicios cerrados, se levanten puntos finales y se establezca lentamente la validez de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Hoy los juicios a los dictadores continúan y la esperanza que vive en la sociedad argentina es que se castigue a todos los responsables de los terribles crímenes de la dictadura.
Argentina fue considerada “el granero del mundo” y con una enorme vocación ganadera. No obstante, una vez inscrita en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia, este país ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales.
Una muestra evidente señala que sólo entre 2003 y 2007 la cantidad de proyectos mineros aumentó en 740% alcanzando el número no despreciable de 336 en diferentes grados de avance. (Swampa y Antonelli, 2010:19).
Este proceso de desarrollo minero no se ha llevado a cabo sin conflictos sociales. Muy por el contrario. Ya en el año 2003 se realizó la primera consulta ciudadana respecto a la implementación de un proyecto minero en Esquel en la provincia de Chubut, siendo también el segundo proyecto minero sujeto a consulta popular en América Latina, luego de Tambo Grande en la región de Piura, Perú.
Desde entonces, la oposición a la minería ha ido creciendo sustancialmente hasta convertirse en una de las luchas más importantes y renombradas. Han sido principalmente las Asambleas Ciudadanas las que se han convertido en el mayor frente nacional contra la imposición de proyectos mineros en ese país. Y es justamente esa oposición a la actividad minera la que se expande por el territorio, la que genera las mayores respuestas de rechazo y que muchas veces conducen a con flictos donde la incompatibilidad de intereses se muestra en su máxima expresión en la represión y la criminalización.
Cabe señalar lo especial de los procesos de resistencia y oposición a la minería materializados principalmente en las “asambleas ciudadanas” organizadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC, que han tenido la particularidad de hacer frente a la minería (aunque no exclusivamente) de tal forma que enfrentarlas y combatirlas ha presentado importantes dificultades para la institucionalidad y las empresas. Este modelo particular de organización responde a la realidad nacional de los movimientos sociales argentinos y se ha transformado en un dolor de cabeza para quienes quieren eliminar la resistencia a la minería: “...desde el inicio la UAC se ha manifestado como un espacio plural, horizontal, apartidario pero cuyos actores centrales continúan siendo las asambleas y las organizaciones de base afectadas, en la medida en que éstas son las protagonistas del conflicto y las encargadas de llevar a cabo las acciones en sus respectivas localidades.” (Swampa y Antonelli, 2010:19).
La criminalización, entonces, tiene un sentido preventivo y aleccionador en tanto “muestra” cómo responde el Estado frente a la demanda de los sectores populares organizados. Así, la definición de delito, delincuentes y su localización, la aparente contraposición de derechos, la jerarquización de los mismos en función de un tipo de ciudadanía, etc.; son elementos que develan, por un lado, que la criminalización de la protesta, estrechamente unida a la criminalización de la pobreza, es una cuestión de clase. Y por otro que, en este proceso, la concepción de la lucha popular como delito, y su “combate”, opera oponiendo la movilización popular y la organización de la pobreza a una supuesta normalidad e institucionalidad democrática. (Musolino, 2009).
En éste como en otros casos, se evidencia a la criminalización como un instrumento ideológico que censura el descontento popular frente a políticas de gobierno que están destinadas a favorecer intereses particulares disfrazados de interés público o colectivo y que redundan en la persecución de sectores populares que demandan el respeto a derechos que se ven amenazados por el otorgamiento de derechos a terceros.
Una de las caracterizaciones otorgadas a la minería según Swampa( 2011) es que, “...Avanza sin el consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad, y una espiral de criminalización de las resistencias que sin duda abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los derechos humanos.” Uno de los casos más conocidos de intentos de criminalización acompañados de desalojo violento de la ocupación de vías en Argentina es el caso de “El Famatina” un conflicto entre la Asamblea de autoconvocados y la empresa Barrick Gold por la amenaza de explotación del cerro que lleva el mismo nombre. La asamblea de El Algarrobo mantuvo por mucho tiempo ocupada la vía que comunica el pueblo con el sitio minero. El violento despeje de vías y la criminalización de los activistas fue conocido a nivel internacional concitando la solidaridad de los movimientos sociales en toda América Latina. (CEN, 2010). Aquí se muestran las secuelas de las acciones de obstrucción de vías, realizadas hace más de un año y que se encuentran a merced de operadores de justicia contra la protesta social por oposición a la minería.
A partir de diciembre de 2009, momento que nace la Asamblea El Algarrobo, formada por Vecinos por la Vida y Autoconvocados, hay aproximadamente 40 personas judicializadas, mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra Agua Rica que no tuvieron trámite, números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera Agua Rica. (Conciencia Solidaria Interprovincial) A pesar de los intentos por criminalizar las luchas antimineras en Argentina, tanto el gobierno federal como algunos gobiernos provinciales han observado un desarrollo que apunta en la dirección contraria. Prohibiciones a la minería, a determinadas sustancias químicas, a determinados tipos de extracción y procesos mineros y la protección de glaciares y áreas peri-glaciares han constituido logros significativos en la lucha por la protección de las comunidades y el ambiente frente a la destrucción y el saqueo que identifica, según los grupos opositores a la minería en Argentina.
Sin duda la judicialización de los conflictos mineros es un elemento que amenaza tanto el desarrollo minero como la resistencia a la minería. Y de acuerdo a los propósitos gubernamentales esa judicialización debiera terminar o al menos menguar la creciente resistencia contra la actividad extractiva en ese país. Lo más probable es que se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo en ese austral país de la región.
No obstante, mientras las UAC sigan haciendo su trabajo de exigencia de derechos y se avance en las restricciones a la minería el problema de la criminalización ha de seguir vigente como expresión de un conflicto cuyas raíces están a la vista pero cuya solución sea postergada indefinidamente.
Existen por otro lado numerosos casos de criminalización a campesinos que rechazan la presencia y expansión de las plantaciones de soja, que se toman pueblos, costados de rutas, e implican constantes fumigaciones a 50 -100 metros, con agrotóxicos desde aviones y camiones se contamina escuelas, centros de salud, viviendas. Un caso es el de Jeremías Chauque que en los diez últimos años vio desaparecer en su entorno las huertas, la producción agrícola diversa, colectiva, más respetuosa de la Ñukemapu “Madre Tierra” y de quienes la habitan, mientras se abría paso aceleradamente el agronegocio, envenenando las tierras que son alquiladas por empresarios de la soja hasta dejarlas desérticas. Desde hace unos dos años Jeremias se encuentra encausado por invasión a la propiedad privada y amenaza agravada luego que decidió con otras personas de su pueblo ir a frenar las fumigaciones ya que las autoridades políticas y judiciales mantuvieron un silencio cómplice frente al problema.
Por otro lado se presentan algunos casos de criminalizacion en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, como una respuesta a sus alegaciones que en Argentina no existe la criminalización la protesta social: • En la ciudad de Gualeguaychú, un grupo de vecinos que se opone a la contaminación y al saqueo de la pastera Botnia-UPM fue denunciado por el Gobierno de la Nación, entre otros delitos por el de sedición (Es un término para referirse a conductas que puedan ser estimadas por la autoridad legal como motivo de insurrección en contra del orden constitucional establecido). Los vecinos llevaron adelante un corte de ruta que fue avalado por el ex presidente Néstor Kirchner.
• En Cruz del Eje existe un juicio contra 8 integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba.
Todos ellos son habitantes de El Chacho, una comunidad ubicada sobre la ruta 77 próxima a La Rioja. Los campesinos y campesinas están acusados de usurpación por el empresario Buttie, que pretende quedarse con sus tierras.
• En Neuquén, vecinos de Loncopué e integrantes de la comunidad mapuche Mellao Morales que se manifestaron contra el intento fallido del gobierno de instalar una minera de origen chino son denunciados por participar de una protesta en la ruta. Hace poco la fiscal de la causa pidió la elevación a juicio de los acusados...
...Además, es neceario mencionar los asesinatos de los Tobas en Formosa. La brutal represión desatada por la policía de Jujuy contra más de 700 familias que defienden su territorio, culminó con 4 muertos y decenas de heridos. En todos los casos los gobernadores de esas provincias son aliados kirchneristas. Cuando sucedieron estos episodios, la Presidenta y sus colaboradores evitaron hablar del hecho. Y en el caso puntual de Formosa y Jujuy ratificaron su apoyo a los gobiernos feudales de Insfran y Barrionuevo.
La criminalización de las luchas sociales es un instrumento utilizado por los distintos gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno Kirchner para intentar frenar las luchas de los diferentes movimientos populares intentando disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan el sistema.
En todo el país, el Gobierno nacional actúa como verdadero gendarme de las multinacionales y desprotege a los ciudadanos que en definitiva están defendiendo un derecho de todos.16
16 Sergio Giachino y Juan María Machao, Ipodagua.com.ar, 29/09/2011
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