Recopilación y edición: Cecilia Chérrez; César Padilla; Sander Otten; Maria Rosa Yumbla; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, www.ocmal.org); ACCIÓN ECOLÓGICA (Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca; Quito – Ecuador, www.accionecologica.org)
Fotografías: Sander Otten; Juan Pablo Barragán
Con el apoyo de: Broederlijk Delen; Appleton Foundation; Entrepueblos – Entrepobles; Global Greengrants Fund
(Fecha original: Quito, Ecuador - Noviembre 2011)
3. LA CRIMINALIZACION, UN FENOMENO REGIONAL
La explotación de los recursos naturales de América Latina tiene una larga historia. Empieza en los tiempos de la conquista y ha sido permanente causa de conflictos. Chile, Perú, Bolivia y Argentina son testigos de extensas historias de saqueo de sus recursos naturales, en especial los metales y los minerales. En Colombia y Ecuador la extracción del petróleo ha desencadenado graves conflictos locales, como lo ha hecho en Bolivia la extracción de gas.
Paralelo a la explotación de los recursos naturales en América Latina, se ha incrementado la criminalización a las y los defensores de los derechos humanos, pues desde que inició el proceso para despojar a la tierra de sus riquezas, se han suscitado procesos de resistencia o protesta social para impedir que estas pretensiones de despojo se cumplan. Es importante visibilizar que hasta el día de hoy se registra un número muy que considerable de casos de descalificación, obstrucción y criminalización de la labor voluntaria y profesional de defensores y defensoras de derechos humanos y la naturaleza.
Una muestra de lo anteriormente señalado son los casos de Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador, países en los que se puede observar cómo la criminalización de la protesta social está dirigida a intentar callar las voces de las comunidades campesinas, pueblos indígenas, poblaciones rurales o urbanas que están siendo afectadas por actividades extractivas, como los emprendimientos mineros y hidrocarburos.
Del estudio de estos casos se ha podido constatar que fundamentalmente son procesados los líderes, dirigentes, autoridades locales porque parecería más fácil frenar las cabezas que organizan la protesta para de esta manera intimidar a las comunidades. También, son criminalizados asesores técnicos de las comunidades y organizaciones, para evitar que éstas cuenten con apoyos técnicos y legales que son indispensables para desentrañar los alcances de los proyectos o contar con defensas legales.
Es evidente que el mayor número de personas afectadas son miembros de las comunidades pero también perjudica a alcaldes que han actuado como autoridades comprometidas en la defensa de los derechos de las comunidades sobre su territorio. Igualmente constan magistrados que han sido criminalizados cuando sus fallos hacen valer los derechos de los criminalizados, ya sea porque los absuelven o los excluyen de los procesos al considerar que se tratan de imputaciones falsas e inconsistentes.
El presente estudio analiza primero los casos de criminalización de la protesta que se dan en países como Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, luego examina lo que sucede en países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador, así como la situación de Ecuador, Perú y Colombia. El hecho de centrar la investigación en países andinos y centroamericanos no significa que en otros no exista criminalización de la protesta social por oposición a la minería y otras actividades extractivas y agroindustriales. Sólo significa que en los países sujetos de estudio la criminalización ha alcanzado fenómenos sumamente preocupantes y que se ha transformado en un problema social de tal magnitud que ha influido profundamente en el comportamiento de los movimientos sociales.
Es importante mencionar que en cada país se señalan algunos ejemplos específicos y no todos los casos de criminalización, esto se debe a la falta de información y la complejidad del tema. Sin embargo se quiere dejar claro que este es un fenómeno regional que está vinculado con el modelo extractivista de gobiernos y empresas en la región.
Cabe observar que en aquellos países que pasaron por regímenes autoritarios o dictatoriales nunca se derogaron las leyes anti-terrorismo que en su momento fueron motivadas por la amenaza de enemigos internos. Esto resulta ser ahora útil en la medida en que la oposición a las actividades mineras es realizada por supuestos “enemigos del desarrollo” y por tanto supuestos “enemigos” del país. Es decir, enemigos internos que de acuerdo a esas legislaciones, habría que combatir en beneficio o para protección de supuestos intereses nacionales.
Paralelo a la explotación de los recursos naturales en América Latina, se ha incrementado la criminalización a las y los defensores de los derechos humanos, pues desde que inició el proceso para despojar a la tierra de sus riquezas, se han suscitado procesos de resistencia o protesta social para impedir que estas pretensiones de despojo se cumplan. Es importante visibilizar que hasta el día de hoy se registra un número muy que considerable de casos de descalificación, obstrucción y criminalización de la labor voluntaria y profesional de defensores y defensoras de derechos humanos y la naturaleza.
Una muestra de lo anteriormente señalado son los casos de Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador, países en los que se puede observar cómo la criminalización de la protesta social está dirigida a intentar callar las voces de las comunidades campesinas, pueblos indígenas, poblaciones rurales o urbanas que están siendo afectadas por actividades extractivas, como los emprendimientos mineros y hidrocarburos.
Del estudio de estos casos se ha podido constatar que fundamentalmente son procesados los líderes, dirigentes, autoridades locales porque parecería más fácil frenar las cabezas que organizan la protesta para de esta manera intimidar a las comunidades. También, son criminalizados asesores técnicos de las comunidades y organizaciones, para evitar que éstas cuenten con apoyos técnicos y legales que son indispensables para desentrañar los alcances de los proyectos o contar con defensas legales.
Es evidente que el mayor número de personas afectadas son miembros de las comunidades pero también perjudica a alcaldes que han actuado como autoridades comprometidas en la defensa de los derechos de las comunidades sobre su territorio. Igualmente constan magistrados que han sido criminalizados cuando sus fallos hacen valer los derechos de los criminalizados, ya sea porque los absuelven o los excluyen de los procesos al considerar que se tratan de imputaciones falsas e inconsistentes.
El presente estudio analiza primero los casos de criminalización de la protesta que se dan en países como Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, luego examina lo que sucede en países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador, así como la situación de Ecuador, Perú y Colombia. El hecho de centrar la investigación en países andinos y centroamericanos no significa que en otros no exista criminalización de la protesta social por oposición a la minería y otras actividades extractivas y agroindustriales. Sólo significa que en los países sujetos de estudio la criminalización ha alcanzado fenómenos sumamente preocupantes y que se ha transformado en un problema social de tal magnitud que ha influido profundamente en el comportamiento de los movimientos sociales.
Es importante mencionar que en cada país se señalan algunos ejemplos específicos y no todos los casos de criminalización, esto se debe a la falta de información y la complejidad del tema. Sin embargo se quiere dejar claro que este es un fenómeno regional que está vinculado con el modelo extractivista de gobiernos y empresas en la región.
Cabe observar que en aquellos países que pasaron por regímenes autoritarios o dictatoriales nunca se derogaron las leyes anti-terrorismo que en su momento fueron motivadas por la amenaza de enemigos internos. Esto resulta ser ahora útil en la medida en que la oposición a las actividades mineras es realizada por supuestos “enemigos del desarrollo” y por tanto supuestos “enemigos” del país. Es decir, enemigos internos que de acuerdo a esas legislaciones, habría que combatir en beneficio o para protección de supuestos intereses nacionales.
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