Autoras/es: Stella Maris Torre
(Fecha original del artículo: Marzo 2008)
¿Y HOY, QUÉ? Usurpación de tierras, contaminación, hambre y desnutrición: MÁS GENOCIDIO
Por Marcela Valente, IPS Inter Press Service, Agosto 27, 2004
Mapuches denunciaron que el grupo italiano Benetton, dueño de 970.000 hectáreas en el sur de Argentina, posee una compañía minera que encontró oro en un terreno habitado por una familia de esa etnia, desalojada en mayo por la justicia. Mauro Millán, de la Organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre, dijo a IPS que esta revelación ”prueba el verdadero interés de Benetton en esta zona, un interés que tiene poco de ecológico y que no se limita a la ganadería y a la reforestación, como decían”.El conflicto con Benetton se manifestó en octubre de 2002 cuando la familia mapuche Curiñanco-Nahuelquir fue expulsada por la compañía de unas 250 hectáreas, ubicadas en el Cordón de Leleque, una zona alta y marginal de la provincia de Chubut, 1.500 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires.
En mayo, tribunales de la provincia restituyeron formalmente ese predio a la Compañía de Tierras Sud Argentino, empresa de orígenes británicos que pertenece al consorcio textil italiano desde 1991 y que es propietaria de más de 900.000 hectáreas en el sur del país.
La Compañía de Tierras Sud Argentino se había constituido a fines del siglo XIX con capitales británicos para recibir esa porción de las tierras ocupadas por indígenas, como un ”obsequio” del gobierno de la época.
La sentencia de mayo dio lugar a la intervención del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien en una carta publicada por el diario italiano La Repubblica acusó al dueño del consorcio, Luciano Benetton, de desarrollar un ”latifundio medieval improductivo” en Argentina. Benetton se defendió en otra carta en el mismo periódico, aseverando que sus inversiones en Argentina generan ”desarrollo y trabajo”.
Benetton: un minero derecho y humano
Por Sebastián Hacher, para Indymedia
Sus intereses mineros ocultos, y los lazos con las consultoras que sostuvieron a la dictadura. Que hay detrás del desalojo de las familias Mapuche.
La Organización Mapuche-Tehuelche asegura haber descubierto que la Compañía Minera Sud Argentina, creada en 2003, ubicó al menos 140 puntos de cateo (exploración) de oro y otros metales preciosos en el Cordón de Leleque, la zona de la que fue desalojada la familia Curinanco-Nahuelquir. Esta firma tiene su sede en el mismo edificio que la Compañía de Tierras Sud Argentino. Ambas empresas comparten algunos miembros de sus respectivos directorios.
La presentación de los datos, incluidos mapas mineros, fue realizada en Chubut por la agrupación mapuche y el movimiento ”Vecinos Autoconvocados por el No a la mina” de Esquel.
Millán presentó los datos de inscripción de la empresa minera, el mapa con los puntos de cateo en la provincia, y otros elementos de la investigación, señalando que el interés por las tierras es por la explotación de riquezas mineras, resistida por la población de Esquel.
Unos 200.000 mapuches viven en la austral Patagonia argentina, que abarca las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Según estimaciones del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, 94 por ciento de ellos carecen de título sobre las tierras que ocupan.
La Constitución, reformada en 1994, reconoce el derecho de los pueblos originarios a ”poseer las tierras que tradicionalmente ocupan” mediante títulos de propiedad, y asegura además que esos dominios son ”enajenables”. Pero los indígenas afirman que ese derecho no se respeta.
”En Argentina, la venta de tierras con gente adentro es moneda corriente”, aseguró Millán. El dirigente recordó el despojo de fines del siglo XIX cuando una avanzada militar casi extermina a los indígenas. Y la última dictadura militar (1976-1983) también ejerció sistemáticos desalojos de tierras de nativos, añadió. En este país de 37 millones de habitantes se estima que la población aborigen suma entre 800.000 y dos millones de personas, aunque son mediciones no oficiales. ”Ahora el pueblo mapuche se hizo mas fuerte y está resistiendo”, advirtió.
Pocos días atrás, un juez de Río Negro reconoció el derecho de los mapuches a permanecer en un territorio que ocupaban desde antes de la llegada de los españoles a América, en el siglo XV, frente a una demanda específica de un particular que decía ser dueño de un predio.El fallo se emitió en el marco de un litigio de un hacendado, que exhibía un título de propiedad obtenido del gobierno provincial en los años 90. Pero el juez consideró que la familia mapuche ocupante del predio forma parte de la comunidad Kom Kiñé Mu, habitante de esas tierras desde tiempos ancestrales.
El magistrado subrayó que la posesión ”es anterior incluso a la formación misma del Estado” y recordó al dos veces presidente Julio Roca (1880-1886 y 1898-1904).
Roca, que condujo el exterminio indígena conocido con el heroico título de Conquista del Desierto, fue quien ”obsequió” las tierras ahora reclamadas a un grupo de mapuches en 1900, como lo había hecho con la antecesora de la Compañía de Tierras Sud Argentino, dijo el juez.
En su fallo, el magistrado recordó que el cacique Ancalao fue premiado por Roca con esas tierras por su colaboración en la conquista, una campaña militar que incorporó al territorio argentino su actual porción patagónica, fieramente defendida por los indígenas.
Comunidad Ava Guaraní de Hipólito Yrigoyen, Salta
Informe realizado por Amigos de la Tierra y lavaca.org, presentado por el CELS ante el Comité contra la Discriminación de la ONU, Agosto de 2004
A principios del mes de septiembre del 2003 las familias de esta comunidad decidieron recuperar sus tierras conocidas como La Loma de donde habían sido desplazados por el Ingenio San Martín. Poco después, el 16 de Septiembre, fueron desalojados mediante una brutal represión policial, sin orden judicial escrita, como consecuencia de una denuncia por usurpación realizada por el Ingenio San Martín, hoy en manos de la multinacional Seabord Corporation. Se llevaron niños detenidos y muchas personas permanecieron presas durante una semana. Las 5000 hectáreas, reclamadas como propias al Ingenio, eran habitadas por los Avá Guaraní desde tiempos inmemoriales. A partir de la década del 40, por acción del Ingenio, comenzaron a ser desplazados compulsivamente. Aún así, los pobladores originarios, instalados en la vecina localidad Hipólito Irigoyen, continuaron haciendo uso de las tierras, tanto para la caza y la recolección de leña como para visitar a los antepasados que descansan en el cementerio allí ubicado. En una situación similar a la aquí descripta se encuentra la Comunidad Río Blanco.
La Comunidad El Tabacal está formada por más de 100 familias -aproximadamente 500 personas- que habitan en el asentamiento del Barrio Estación y en otros barrios de la ciudad de Hipólito Irigoyen. Descendientes de los ava guaraní que fueron despojados de sus tierras por el Ingenio de Patrón Costas, durante gran parte de su vida fueron trabajadores asalariados de la empresa.
El desalojo que expulsó casi definitivamente de La Loma a los guaraníes se produjo recién a finales de la década del 60. Pero éstos se radicaron en las ciudades cercanas como Pichanal e Hipólito Irigoyen y continuaron haciendo uso de las tierras. Por su parte el Ingenio -que jamás realizó cultivos en el paraje- hasta la fecha sólo ha construido un canal que bordea el territorio.
Debido a los despidos masivos encarados por la empresa durante la década de los 90, especialmente cuando ésta fue adquirida por la estadounidense Seabord Corporation, casi la totalidad de los integrantes de la comunidad se encuentran actualmente desocupados y sumidos en la marginación.
Como salida a esta situación de miseria, a principios de septiembre del año pasado la Comunidad El Tabacal impulsó la reocupación de La Loma. En aquel momento 150 familias comenzaron a lotear los terrenos para construir sus viviendas y volver a cultivar en las tierras.
La respuesta del Ingenio no se hizo esperar. Los representantes de la empresa radicaron una denuncia por usurpación y los indígenas fueron desalojados el día 16 por una orden que dio telefónicamente el juez Oscar Blanco. Los efectivos policiales actuaron de noche, tirando disparos al aire en forma de fusilamiento y deteniendo a veintidós personas, veinte de las cuales se encuentran procesadas penalmente por el delito de usurpación.
Comunidad Kolla Guaraní, de Río Blanco Banda Norte, Salta
Fueron desalojadas treinta familias con ancianos y niños, desde el 2 al 5 de marzo de 2004, causando la pérdida de la cosecha, la destrucción de los hogares, agresiones y amenazas a los pobladores. La empresa Higamar además se apropió de los animales y de todas las pertenencias de esta comunidad.
A pocos kilómetros de la localidad de Hipólito Irigoyen, el martes 2 de marzo de 2004 se procedió al desalojo de treinta familias que estaban asentadas desde hace casi tres décadas en el Paraje Río Blanco Banda Norte. La orden fue dada por la jueza Cristina del Valle Barberá de Morales (hija del intendente de Orán, Eliseo Barberá), quien luego reconoció en el expediente que se trató de un “error”. Sin embargo, las familias desalojados permanecieron en la ruta durante casi 50 días y sus pertenencias personales fueron confiscadas por el juez de paz. Durante ese período, ocuparon el predio personas de seguridad armadas y topadoras que comenzaron a destruir las plantaciones y derribar las casas de los desalojados.
Los damnificados son integrantes de la Comunidad Indígena Kolla y Guaraní de Río Blanco, con una extensión de 500 hectáreas, donde también habitan otras treinta familias que no llegaron a ser desalojados, pero que mientras duró el conflicto fueron obligadas a permanecer en el predio, ya que la seguridad privada les impedía reingresar.
Muchos de los integrantes de esta comunidad trabajaban anteriormente en la Finca Abra Grande, hasta que fueron despedidos cuando el Ingenio San Martín del Tabacal compró las tierras.
El desalojo en Río Blanco se concretó a raíz de un juicio que habría llevado la firma Higamar a principios de la década de los 80. Por su parte, los indígenas aseguran no haber tenido conocimiento de ningún litigio legal. La empresa Higamar, debido a las deudas hipotecarias, fue litigada judicialmente por bancos estatales. Actualmente, la empresa es propiedad de Río Zenta SRL, que según distintas fuentes locales sería una subsidiaria del Ingenio San Martín del Tabacal. La sospecha parece convincente, debido a que el Ingenio ofrece tierras de esta misma empresa en las negociaciones entabladas con otras 150 familias campesinas que pretende desalojar de la banda sur del paraje.
Luego de que la noticia del desalojo se hiciera pública a través de los medios nacionales, el apoderado de la Río Zenta SRL, Sergio Peñalba, ofreció una salida negociada que fue rechazada por los indígenas. La oferta: venderles 250 hectáreas no desmontadas a un precio de 900 dólares cada una.
Luego de denunciar el atropello en el Ministerio de Acción Social, el INAI, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las Cámaras de Diputados y Senadores y el Defensor del Pueblo de la Nación, ante la falta de respuestas concretas y la desesperante situación de las familias arrojadas en la ruta, bajo la lluvia y con hambre, la comunidad decidió reingresar a sus tierras a mediados de mayo. La intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, que envió representantes en dos oportunidades, posibilitó que no sean reprimidos.
A la fecha, la destrucción total de sus cosechas y varias de sus viviendas enfrenta a la comunidad a una situación extrema de hambre y miseria. Las amenazas del personal de seguridad de la empresa que rodea el predio son constantes y continua el trámite judicial por la causa por usurpación.
LA NACION | 08.08.2007 | Página 14 | Información general
Por José V. Derewicki
El flagelo del hambre: la undécima muerte en un mes
Murió otra mujer aborigen en el Chaco
RESISTENCIA.- Otra vez, una mujer aborigen de sólo 46 años falleció anteanoche como consecuencia de un cuadro agudo de desnutrición y ya suman 11 los casos de decesos en el Chaco por las mismas causas durante el último mes, aunque se sospecha que podrían ser más.
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| Una imagen de María del Carmen Moreyra, de 46 años, tomada el 28 de julio pasado; anteayer falleció. Foto: TELAM |
Por eso, hoy, los delegados de las distintas comunidades aborígenes del Chaco realizarán una marcha por las calles de Resistencia para pedir una reparación. Las muertes por desnutrición se produjeron, precisamente, entre aborígenes de la comunidad Toba.
Moreyra vivía en un humilde rancho en Pozo de la China, camino a El Espinillo, una zona de montes ubicada a más de 480 kilómetros de la capital del Chaco.
En tanto, el Centro de Estudios Sociales Nelson Mandela, una organización dedicada a los estudios sociales y aborígenes, difundió que existirían al menos otros 92 casos de desnutrición en El Impenetrable.
En el Centro Mandela señalaron que en julio pasado algunos voluntarios habían visitado a Moreyra y allí comprobaron que "estaba muy mal, con mucha tos, resfriada y profundamente cansada y sin atención". Según comentó, "no tenía ganas de vivir" por sus padecimientos.
La mujer había concurrido para hacerse exámenes el 5 de julio pasado al Hospital Güemes de Castelli y luego al Hospital 4 de Junio de la misma ciudad, donde le habían diagnosticado cáncer en el aparato digestivo, comentaron sus familiares.
Pero hay más: el coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela, Rolando Núñez, denunció que hay una estadística del Ministerio de Salud del Chaco en la que se habrían identificado 92 casos de desnutrición en Villa Río Bermejito, a más de 450 kilómetros de esta capital.
"El trabajo fue cerrado el 29 de mayo pasado y los doctores que trabajaron sobre terreno señalan que es muy bajo el nivel socioeconómico de la población, que es de alto riesgo social. La estadística determina que hay 92 desnutridos de distintos grados, con la especificación de algunas enfermedades endémicas como tuberculosis y chagas", explicó Nuñez.
Y agregó: "Este es un informe oficial y demuestra que no se hizo absolutamente nada. Estamos en presencia de fallecimientos en serie y Salud (el organismo provincial) no hizo nada, simplemente está diciendo que no es un problema sanitario, pero lo cierto es que hay una emergencia sanitaria y socioalimentaria".
Piden medidas urgentes
En un duro documento, la Iglesia reiteró críticas al Instituto Chaqueño del Aborigen y al gobierno provincial al reclamar medidas urgentes para evitar la desnutrición y más muertes.
A su vez, las autoridades provinciales pidieron la intervención del gobierno nacional. "No puede estar ausente", señalaron ayer funcionarios chaqueños.
El gobernador del Chaco, Roy Nikisch, admitió que hay desnutridos y que no son casos aislados, aunque señaló que, "más allá de lo que nos duele e impacta, creo que (el problema) está orientado. Hemos logrado resultados positivos y sacado muchos chicos de la desnutrición. Estamos trabajando mucho y el sistema de salud funciona muy bien en todos los rincones".
Por su parte, el ministro de Salud, Ricardo Mayol, defendió ayer la atención sanitaria a los 50.000 aborígenes que viven en el Chaco. "En todo el interior provincial se brindan los servicios, agentes sanitarios visitando y empadronando las familias", expresó. Respecto de las muertes consideró que "la mayoría de los casos no son por desnutrición sino por afecciones renales, cardíacas y oncológicas, derivando en desnutrición del paciente".
Descontento y marcha
"¿La muerte es una cuestión política? Sí, en realidad lo es, porque se trata de la falta de política para el pueblo aborigen", expresó ayer el presidente del Instituto del Aborigen, Orlando Charole, enfrentado con el gobierno provincial por cuestiones presupuestarias. "Otra vez estamos en Resistencia, en lucha por nuestros derechos", dijo Charole al anunciar que hoy un centenar de delegados de comunidades aborígenes manifestarán frente a la Casa de Gobierno local, donde pedirán la renuncia del ministro Mayol.
En los asentamientos aborígenes se vive en condiciones infrahumanas y están ubicados en la capital chaqueña, General San Martín, Sáenz Peña, Villa Angela, Castelli y, la mayoría, en el monte El Impenetrable.
Moreyra vivía en un humilde rancho en Pozo de la China, camino a El Espinillo, una zona de montes ubicada a más de 480 kilómetros de la capital del Chaco.
En tanto, el Centro de Estudios Sociales Nelson Mandela, una organización dedicada a los estudios sociales y aborígenes, difundió que existirían al menos otros 92 casos de desnutrición en El Impenetrable.
En el Centro Mandela señalaron que en julio pasado algunos voluntarios habían visitado a Moreyra y allí comprobaron que "estaba muy mal, con mucha tos, resfriada y profundamente cansada y sin atención". Según comentó, "no tenía ganas de vivir" por sus padecimientos.
La mujer había concurrido para hacerse exámenes el 5 de julio pasado al Hospital Güemes de Castelli y luego al Hospital 4 de Junio de la misma ciudad, donde le habían diagnosticado cáncer en el aparato digestivo, comentaron sus familiares.
Pero hay más: el coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela, Rolando Núñez, denunció que hay una estadística del Ministerio de Salud del Chaco en la que se habrían identificado 92 casos de desnutrición en Villa Río Bermejito, a más de 450 kilómetros de esta capital.
"El trabajo fue cerrado el 29 de mayo pasado y los doctores que trabajaron sobre terreno señalan que es muy bajo el nivel socioeconómico de la población, que es de alto riesgo social. La estadística determina que hay 92 desnutridos de distintos grados, con la especificación de algunas enfermedades endémicas como tuberculosis y chagas", explicó Nuñez.
Y agregó: "Este es un informe oficial y demuestra que no se hizo absolutamente nada. Estamos en presencia de fallecimientos en serie y Salud (el organismo provincial) no hizo nada, simplemente está diciendo que no es un problema sanitario, pero lo cierto es que hay una emergencia sanitaria y socioalimentaria".
Piden medidas urgentes
En un duro documento, la Iglesia reiteró críticas al Instituto Chaqueño del Aborigen y al gobierno provincial al reclamar medidas urgentes para evitar la desnutrición y más muertes.
A su vez, las autoridades provinciales pidieron la intervención del gobierno nacional. "No puede estar ausente", señalaron ayer funcionarios chaqueños.
El gobernador del Chaco, Roy Nikisch, admitió que hay desnutridos y que no son casos aislados, aunque señaló que, "más allá de lo que nos duele e impacta, creo que (el problema) está orientado. Hemos logrado resultados positivos y sacado muchos chicos de la desnutrición. Estamos trabajando mucho y el sistema de salud funciona muy bien en todos los rincones".
Por su parte, el ministro de Salud, Ricardo Mayol, defendió ayer la atención sanitaria a los 50.000 aborígenes que viven en el Chaco. "En todo el interior provincial se brindan los servicios, agentes sanitarios visitando y empadronando las familias", expresó. Respecto de las muertes consideró que "la mayoría de los casos no son por desnutrición sino por afecciones renales, cardíacas y oncológicas, derivando en desnutrición del paciente".
Descontento y marcha
"¿La muerte es una cuestión política? Sí, en realidad lo es, porque se trata de la falta de política para el pueblo aborigen", expresó ayer el presidente del Instituto del Aborigen, Orlando Charole, enfrentado con el gobierno provincial por cuestiones presupuestarias. "Otra vez estamos en Resistencia, en lucha por nuestros derechos", dijo Charole al anunciar que hoy un centenar de delegados de comunidades aborígenes manifestarán frente a la Casa de Gobierno local, donde pedirán la renuncia del ministro Mayol.
En los asentamientos aborígenes se vive en condiciones infrahumanas y están ubicados en la capital chaqueña, General San Martín, Sáenz Peña, Villa Angela, Castelli y, la mayoría, en el monte El Impenetrable.
Martes 18 Diciembre 2007
Sociedad
EN CHACO
Luego de 22 muertes de indígenas, decretan la emergencia sanitaria
El gobierno chaqueño dispuso ayer la emergencia sanitaria, alimentaria, educativa y de viviendas, y ordenó la constitución de un comité intergubernamental para resolver la grave crisis que causó la muerte de 22 indígenas por desnutrición y enfermedades de la miseria, en tres pueblos toba y wichí del Impenetrable.
Jorge Capitanich cumplió así con la promesa que había hecho a Orlando Charole y Egidio García, del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), antes de asumir como gobernador. "No podemos permitir que se mueran de hambre y tuberculosis, sufriendo mal de Chagas a causa de condiciones habitacionales lamentables", sostuvo, en referencia a la situación que precipitó la muerte de 21 adultos de la etnia toba y un nene wichí de 3 años.
Esto motivó que el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentara una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que a su vez ordenó a los gobiernos nacional y provincial que tomaran medidas inmediatas para atender a los indígenas.
Ayer, Capitanich se reunió en la Casa de Gobierno con Charole y García, quienes asistieron con 300 delegados toba, mocoví y wichí a la firma de tres decretos. El Nº 115 establece que se podrá requerir asistencia a la OMS, Unicef, Cruz Roja Argentina y otras organizaciones, "para evitar que se sigan perdiendo y deteriorando vidas y el estado de salud en que se encuentran".
El decreto 116 dispone el relevamiento topográfico y poblacional y la mensura perimetral, en un plazo de seis meses, de la Reserva Indígena de El Impenetrable, en el departamento General Güemes, medida largamente esperada por sus habitantes. La medida establece que los títulos de propiedad serán "comunitarios, inembargables, intransferibles, indivisibles e imprescindibles".
El decreto 117 prevé un programa de trabajo de propiedad y titularización de todas las tierras indígenas, que rondarían las 351.000 hectáreas.
Capitanich anunció además un aumento en el presupuesto del IDACH. Esto, según Charole, coloca al organismo "en otro escenario más apropiado para planificar sus actividades".
Egidio García, por su parte, en diálogo con Telam declaró que los decretos "son apenas un comienzo". Anticipó que el aumento del presupuesto del IDACH será empleado "para fortalecer proyectos de contención rural" y también para los que, desplazados de sus tierras, terminaron estableciéndose en la periferia de las ciudades del Chaco.
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