Caso Daniel Solano: Desaparición e impunidad en Río Negro

En la madrugada del 5 de noviembre de 2011 desapareció Daniel Solano, un joven salteño, de Tartagal, que por segundo año iba a trabajar en la temporada a Lamarque (Río Negro) en la recolección de fruta a la empresa Expofrut, una multinacional que produce y empaca manzanas y peras para vender en el exterior. Daniel había cobrado ese día el trabajo de una semana, y salió a bailar con sus amigos a un boliche de Choele Choel de donde fue sacado por la policía, siendo esta la última vez que se lo vio. Desde ese momento todo fue incógnita sobre su paradero... incógnita y encubrimiento. Por Martín Lamas.

Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

Las primeras semanas de investigación policial no dieron ningún resultado positivo: los mismos policías que lo habían sacado del boliche fueron los que dirigieron la investigación, y la jueza de la causa manejó la hipótesis -desde todo punto de vista descabellada- de que Daniel se había ido de vacaciones.
Solo a mediados de enero la jueza original de la causa fue reemplazada por otro juez y la investigación comenzó a avanzar, pero se habían perdido momentos muy importantes -las primeras semanas- para dar con el paradero de Daniel.

Las causas de la desaparición

Después de meses de la desaparición y a esta altura de los acontecimientos, en la región, en la provincia e incluso a nivel nacional, nadie duda de que Daniel Solano fue víctima de un crimen. No hay cuerpo, pero sí hay testigos de identidad reservada que habrían visto que Daniel fue sacado del boliche y golpeado ferozmente por la policía.
Los móviles que se apuntan pueden ser interpretados de diferente manera, para algunos es un caso más de una golpiza policial - la que en la comisaría de Choele Choel ocurren todas las semanas- a un joven obrero de la fruta, que en este caso termina en muerte; para otros tiene un tinte más social o gremial: Daniel habría comenzado algún tipo de organización entre sus compañeros para reclamar mejores salarios en su empresa.
Más allá de las causas puntuales -las dos son factibles en esta altura de la investigación y las dos son igualmente graves-, lo cierto que es que un joven trabajador de la fruta está desaparecido y si bien la investigación ha avanzado, no se tienen rastros concretos de su paradero, con o sin vida.

Red de explotación y red de impunidad: actores que participan de la desaparición

El caso de Daniel Solano pone en evidencia una serie de condiciones que vienen sufriendo los jóvenes y los trabajadores del Valle Medio y de Río Negro desde hace mucho tiempo: por un lado la arbitrariedad policial, las golpizas en comisarias: en los últimos años hay una lista de 98 casos de apremios ilegales en la región del Valle Medio del Río Negro. Tenemos que aclarar que esta región abarca un total de 7 pueblos que entre todos no pasan de los 30 mil a 40 mil habitantes.
Pero hay una realidad más profunda que se mezcla con las condiciones laborales y las condiciones de vida de los trabajadores: la realidad de los “trabajadores golondrina”, como se llama a los que vienen del norte a trabajar durante el verano en la recolección de fruta. Estos trabajadores son traídos en colectivos con promesas de buenos salarios y mejores condiciones de trabajo, pero al llegar a las explotaciones agrarias son hacinados en “gamelas”, grandes galpones con malas condiciones de habitabilidad, muchas veces lejos de lugares poblados y sujetos a las arbitrariedades de la policía provincial, que actúa como seguridad privada de las empresas.
La red de explotación abarca obviamente a las grandes empresas exportadoras de frutas, y a los organismos del Estado que deben controlar la situación de los trabajadores en las empresas, y la policía.
También entran allí las empresas que se dedican a contratar trabajadores en Salta para traerlos a la provincia tercerizando la tarea. En el caso de Daniel Solano esa empresa se llama Agrocosecha. La misma red de explotación es la que una vez ocurrida la desaparición de Daniel actúa como red de impunidad para que no se sepa nada de qué pasó con él. A eso se agregan los responsables del boliche, que niegan cualquier vínculo con el hecho, cuando hay muchos testigos que saben que Daniel fue sacado del boliche por la policía por pedido de empleados del mismo boliche.

Reacción policial

Pero la búsqueda de impunidad no termina ahí. A mediados de Julio la investigación dio un paso decisivo: el juez ordenó detener a 7 policías en cárceles federales con la causa bajo carátula “investigación de homicidio”. Desde ese momento la opinión pública del pueblo se vio dividida: por un lado, los familiares de los policías reaccionaron organizando movilizaciones en favor de los encarcelados, con mucho apoyo de medios de comunicación locales y naturalemente de buena parte de la institución policial. Su argumento principal es que la causa está politizada (solo porque el gobernador de la provincia expresó su apoyo a la familia Solano), y que por lo tanto, sus familiares serían “presos políticos”. Además de un par de movilizaciones hubo que escuchar a algunos altos funcionarios policiales de la localidad defendiendo a sus colegas y consignas provocadoras de defensa de la corporación policial como “tocan a uno, tocan a todos”.
Por otro lado, muchos sectores de los barrios de Choele Choel y trabajadores en general, que se definieron a favor de la familia Solano, los fueron a acompañar a la carpa que tienen instalada enfrente al juzgado, y colaboran materialmente todos los días. Sin ningún tipo de apoyo mediático, muchos aprovecharon para expresar su bronca por tantos años de abusos policiales cuando la gendarmería fue a detener a los policías implicados.
Mientras tanto, los abusos policiales continuaron. Algunos jóvenes que se solidarizaban con la familia sufrieron aprietes, detenciones arbitrarias e incluso hay casos de torturas con picana.

Reflexión final

En este marco es que se esperan más definiciones de la investigación. Por primera vez en muchos años, en el Valle Medio y en Río Negro se produce un avance en una investigación relacionada con miembros del poder policial y las muchas denuncias de apremios ilegales en comisarias de la región (casi 100 en los últimos 5 años) tiene repercusión mediática y son tomadas seriamente por la llamada “opinión pública”. Muchos lo ven como un avance tibio, pero sin duda es un avance que si tiene apoyo del pueblo puede ayudar a detener la brutalidad policial y la impunidad.
Algo parecido debiera pasar con las denuncias sobre las malas condiciones de vida y de trabajo en las empresas frutícolas: toda la población conoce esas condiciones, todos manejan la información, pero las posibilidad reales de organización de los trabajadores es poca por el nivel de represión en el interior de las empresas y por el miedo al despido arbitrario. Eso hace que se instale la sensación de que “no se puede hacer nada” en la cabeza de los trabajadores de las empresas y en la población en general. En lo inmediato, pensamos que tenemos que seguir peleando por la aparición de Daniel Solano, por el castigo a los culpables, pero además poner sobre la mesa la red de explotación e impunidad que garantiza que hechos así ocurran.
Martín Lamas, Luis Beltrán, Río Negro

Agosto, 2012
Fuente: Periódico de Rompiendo Cadenas