Dijeron que el sistema de inscripción, selección y designación de docentes se encuentra colapsado, mentira. Dijeron que el objetivo era democratizar y transparentar el sistema, eso ya existe. Que era necesaria una reforma para modernizar los mecanismos incorporando tecnología, eso es cierto y es necesario. Pero para eso no hace falta ley ni reforma de Estatuto alguna, sólo decisión política para implementarla; y el macrismo en estos cuatro años no hizo nada.
Dijeron que las juntas no funcionan, mentira. Vayan hoy y vean cómo se están llevando a cabo los concursos, en forma amplia, democrática y transparente. Que había más de 300 docentes fuera de las aulas en funciones en las juntas, mentira. Las juntas son 15, a 6 miembros electos por junta, a mí me da 90.
Presentaron el proyecto, en septiembre, en qué contexto; cuando los gremios estaban denunciando al macrismo porque no enviaba los padrones a la junta electoral para las elecciones de juntas que debían realizarse el 3 de noviembre. El ministro Bullrich no quería llevar a cabo las elecciones y quería que la ley presentada, que contaba ya con la desaprobación de toda la docencia, se aprobara rápidamente.
El macrismo desata ahí el comienzo del conflicto docente.
El proyecto no se aprueba y las elecciones se realizan. La docencia responde con contundencia, vota a sus representantes con una presencia ampliamente superior a la de los años anteriores y adhiere a los paros y a las marchas en forma masiva.
El macrismo y sus aliados desoyeron a los docentes y legislaron en su contra. Aprobaron la ley que modifica el Estatuto, que al no haber paritaria funciona como la convención colectiva y todos sus cambios se deben consensuar con sus destinatarios. La ley les quita las funciones a las Juntas de Clasificación, les quita a los docentes el ser parte del organismo que lleva adelante la instrumentación de los mecanismos para acceder al cargo, y se las otorga a una Comisión que estará integrada por tres "especialistas" nombrados por el gobierno. La aprobada es una ley anti-docente y anti-sindical. Le da al Estado un papel centralizador y totalizador que les quita derechos a los docentes y les resta transparencia a los nombramientos. Este conflicto no terminó. La docencia sabe que la única lucha que se pierde es la que se abandona y esta lucha continúa.
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