Una larga marcha indígena hacia La Paz
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La ruta requiere una inversión de 436,2 millones de dólares: unos 332 millones provendrían de un crédito de Brasil. Imagen: EFE |
Autoras/es: Sebastián Ochoa
Fuente: Página 12
(Fecha original del artículo: Agosto 2011)
Más de 600 personas de todas las edades y pueblos originarios salieron del departamento de Beni a recorrer 640 kilómetros. Pedirán al Ejecutivo que la ruta pase por otro lado y no afecte territorios como Chimán, Yuracaré y Mojeño Trinitario.
Desde Trinidad
Organizaciones indígenas de todo el país, reunidas en la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq), iniciaron en esta ciudad, capital de Beni, la Octava Marcha Indígena en defensa de los derechos de los pueblos originarios y del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), por donde el gobierno pretende hacer pasar una ruta que –según los movilizados– destruiría su territorio. Más de 600 personas de todas las edades y pueblos originarios salieron a recorrer 640 kilómetros hasta la ciudad de La Paz, donde exigirán al presidente Evo Morales que ese camino pase por otro lado, sin afectar las tierras de los pueblos Chimán, Yuracaré y Mojeño Trinitario.
“Marchamos porque es la única manera de que nos escuchen. Queremos mostrar que los pueblos indígenas estamos unidos, porque sabemos que lo que pase en el Tipnis va a pasar en todos los territorios indígenas. Si hacemos que el Tipnis se respete, todos los territorios serán respetados”, dijo Miriam Yubánore, nacida en el Tipnis y vicepresidenta de la Central de los Pueblos Etnicos Mojeños de Beni (Cpemb).
Los representantes de los 36 pueblos indígenas dejaron la precaria ciudad de Trinidad por la avenida Pedro Ignacio Muiba, bordeada de tajibos en flor amarillos y rosados. Esperan avanzar entre 20 y 30 kilómetros diarios, para llegar a La Paz en la segunda quincena de septiembre. Anoche durmieron junto al río Mamoré.
Las organizaciones informaron que se talarían 550 mil árboles si se construyera la ruta de 306 kilómetros, que uniría las ciudades de Villa Tunari, en Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, en Beni. Instituciones cívicas y empresarios de San Ignacio de Moxos –a 88 kilómetros de Trinidad– advirtieron que no dejarán pasar a la marcha porque quieren la carretera. Los indígenas, que resaltaron su ánimo pacífico, adelantaron que en tal caso pueden iniciar cortes de ruta en todo el país, entre otras medidas de confrontación que prefirieron no mencionar.
“En 2009, el presidente Morales nos entregó el título de propiedad del TCO (Territorio Comunitario de Origen). Y nos dijo: ‘Ustedes tienen el deber de defender este territorio’. Eso hacemos ahora. No es desarrollo para nosotros el camino, queremos otro tipo de desarrollo. La ruta es para la gente rica y empresaria. Nuestra vía para movilizarnos es el río, así vamos de comunidad en comunidad”, comentó la vicepresidenta de la Cpemb.
Los 16 suyus quechuas y aymaras de la región andina también se sumaron a la Octava Marcha Indígena. “Conamaq en la marcha está reivindicando los derechos colectivos, de la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas. No hay negociación con el gobierno, no hay nada: vamos directo hasta La Paz”, dijo el mallku de Industrias Extractivas del Conamaq, Rafael Quispe Flores, que llegó a la ciudad junto a 100 hermanas y hermanos, muchos con sus pequeños hijos.
“Pedimos a la población solidaria con esta marcha que nos donen alimentos, agua, medicamentos. Hay muchos niños que ya están mal de salud, también hay señoras embarazadas”, contó Lucio Ayala, del pueblo Tacana, secretario de Tierra y Territorio de la Cidob.
El sol plomizo de la Amazonía, con 35 grados permanentes, se fue sobre los marchistas que iban con ropas livianas, algunos bultos y arcos y flechas de dos metros. Los quechuas y aymaras lucían sus ponchos; pese al gran calor aseguraban que su vestimenta los protege.
En las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hubo marchas, mayormente preparadas por jóvenes, en solidaridad con los defensores del territorio. En la plaza Murillo de La Paz los manifestantes fueron recibidos con gases por la Policía para que dejaran de mostrar sus carteles, del tipo “Evo: El Tipnis se mira y no se toca”.
El Tipnis, que en el mapa parece un triángulo apuntando al sur, tiene 1,2 millón de hectáreas y es una de las zonas más biodiversas de Bolivia. De acuerdo con el Servicio Nacional de Areas Protegidas (Sernap), en esa área protegida hay 108 especies de mamíferos (el 30 por ciento de las especies del país) y más de 470 especies de aves, que son el 34 por ciento del total de Bolivia. También tiene 39 especies de reptiles, 53 especies de anfibios y 188 especies de peces y mamíferos nadadores, como el bufeo, un delfín rosado en peligro de extinción, y otras especies que habitan el territorio, según datos de la Fundación Tierra.
De las 1.236.000 hectáreas del Tipnis, 1.091.000 son del TCO de los indígenas. Las casi 200.000 hectáreas de diferencia están en manos de aproximadamente 20.000 familias de colonizadores, que cultivan mayormente coca.
La ruta requeriría una inversión de 436,2 millones de dólares, de los cuales 332 millones provendrían de un crédito del gobierno de Brasil. Así, cada kilómetro costará en promedio 1,4 millón de dólares.
Organizaciones indígenas de todo el país, reunidas en la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq), iniciaron en esta ciudad, capital de Beni, la Octava Marcha Indígena en defensa de los derechos de los pueblos originarios y del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), por donde el gobierno pretende hacer pasar una ruta que –según los movilizados– destruiría su territorio. Más de 600 personas de todas las edades y pueblos originarios salieron a recorrer 640 kilómetros hasta la ciudad de La Paz, donde exigirán al presidente Evo Morales que ese camino pase por otro lado, sin afectar las tierras de los pueblos Chimán, Yuracaré y Mojeño Trinitario.
“Marchamos porque es la única manera de que nos escuchen. Queremos mostrar que los pueblos indígenas estamos unidos, porque sabemos que lo que pase en el Tipnis va a pasar en todos los territorios indígenas. Si hacemos que el Tipnis se respete, todos los territorios serán respetados”, dijo Miriam Yubánore, nacida en el Tipnis y vicepresidenta de la Central de los Pueblos Etnicos Mojeños de Beni (Cpemb).
Los representantes de los 36 pueblos indígenas dejaron la precaria ciudad de Trinidad por la avenida Pedro Ignacio Muiba, bordeada de tajibos en flor amarillos y rosados. Esperan avanzar entre 20 y 30 kilómetros diarios, para llegar a La Paz en la segunda quincena de septiembre. Anoche durmieron junto al río Mamoré.
Las organizaciones informaron que se talarían 550 mil árboles si se construyera la ruta de 306 kilómetros, que uniría las ciudades de Villa Tunari, en Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, en Beni. Instituciones cívicas y empresarios de San Ignacio de Moxos –a 88 kilómetros de Trinidad– advirtieron que no dejarán pasar a la marcha porque quieren la carretera. Los indígenas, que resaltaron su ánimo pacífico, adelantaron que en tal caso pueden iniciar cortes de ruta en todo el país, entre otras medidas de confrontación que prefirieron no mencionar.
“En 2009, el presidente Morales nos entregó el título de propiedad del TCO (Territorio Comunitario de Origen). Y nos dijo: ‘Ustedes tienen el deber de defender este territorio’. Eso hacemos ahora. No es desarrollo para nosotros el camino, queremos otro tipo de desarrollo. La ruta es para la gente rica y empresaria. Nuestra vía para movilizarnos es el río, así vamos de comunidad en comunidad”, comentó la vicepresidenta de la Cpemb.
Los 16 suyus quechuas y aymaras de la región andina también se sumaron a la Octava Marcha Indígena. “Conamaq en la marcha está reivindicando los derechos colectivos, de la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas. No hay negociación con el gobierno, no hay nada: vamos directo hasta La Paz”, dijo el mallku de Industrias Extractivas del Conamaq, Rafael Quispe Flores, que llegó a la ciudad junto a 100 hermanas y hermanos, muchos con sus pequeños hijos.
“Pedimos a la población solidaria con esta marcha que nos donen alimentos, agua, medicamentos. Hay muchos niños que ya están mal de salud, también hay señoras embarazadas”, contó Lucio Ayala, del pueblo Tacana, secretario de Tierra y Territorio de la Cidob.
El sol plomizo de la Amazonía, con 35 grados permanentes, se fue sobre los marchistas que iban con ropas livianas, algunos bultos y arcos y flechas de dos metros. Los quechuas y aymaras lucían sus ponchos; pese al gran calor aseguraban que su vestimenta los protege.
En las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hubo marchas, mayormente preparadas por jóvenes, en solidaridad con los defensores del territorio. En la plaza Murillo de La Paz los manifestantes fueron recibidos con gases por la Policía para que dejaran de mostrar sus carteles, del tipo “Evo: El Tipnis se mira y no se toca”.
El Tipnis, que en el mapa parece un triángulo apuntando al sur, tiene 1,2 millón de hectáreas y es una de las zonas más biodiversas de Bolivia. De acuerdo con el Servicio Nacional de Areas Protegidas (Sernap), en esa área protegida hay 108 especies de mamíferos (el 30 por ciento de las especies del país) y más de 470 especies de aves, que son el 34 por ciento del total de Bolivia. También tiene 39 especies de reptiles, 53 especies de anfibios y 188 especies de peces y mamíferos nadadores, como el bufeo, un delfín rosado en peligro de extinción, y otras especies que habitan el territorio, según datos de la Fundación Tierra.
De las 1.236.000 hectáreas del Tipnis, 1.091.000 son del TCO de los indígenas. Las casi 200.000 hectáreas de diferencia están en manos de aproximadamente 20.000 familias de colonizadores, que cultivan mayormente coca.
La ruta requeriría una inversión de 436,2 millones de dólares, de los cuales 332 millones provendrían de un crédito del gobierno de Brasil. Así, cada kilómetro costará en promedio 1,4 millón de dólares.
Crece la presión de indígenas bolivianos contra una carretera financiada por Brasil
Por EPA - Thursday, Aug. 04, 2011 at 4:08 PM
Por EPA - Thursday, Aug. 04, 2011 at 4:08 PM
La Paz, 1 ago (EFE).- Los indígenas del altiplano boliviano anunciaron hoy que se sumarán a los grupos de la Amazonía que marcharán desde esa región hacia La Paz contra la construcción de una vía financiada por Brasil que atravesará una reserva natural.
Crece la presión de indígenas bolivianos
contra una carretera financiada por Brasil
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq) que agrupa a los aimaras, la etnia del presidente Evo Morales, decidió sumarse a la protesta de los 34 pueblos amazónicos para pedir "respeto a los derechos de los indígenas reconocidos en la Constitución", dijo a Efe uno de sus dirigentes, Rafael Quispe.
La marcha partirá el próximo lunes 15 desde la ciudad amazónica de Trinidad (noreste) y pretende recorrer más de 500 kilómetros hasta La Paz, en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), situado en el centro del país.
Quispe exigió al Gobierno respetar el derecho a que se consulte a los indígenas si aceptan o no el proyecto, según lo indicado en la Constitución promovida por Morales y vigente desde 2009.
El mandatario nacionalista e indigenista ha anunciado que consultará a las etnias, pero no frenará la construcción de la carretera, cuya entrega está prevista para 2014, lo que provocó críticas de los indígenas y de sectores ecologistas.
Morales inauguró en junio pasado la construcción de la vía que tendrá más de 300 kilómetros, será realizada por la empresa brasileña OAS y demandará una inversión de 415 millones de dólares, de los que 332 millones son financiados por Brasil.
Esta infraestructura formará parte en un futuro de un "corredor bioceánico" planeado para conectar el puerto de Santos (Brasil) en el Atlántico con el de Iquique (Chile) en el Pacífico.
Las etnias que viven en la reserva natural y la Amazonía temen que el proyecto provoque la invasión de colonos, la deforestación y destrucción de la biodiversidad y la expansión de cultivos ilegales de hoja de coca, dijo a Efe el presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia, Adolfo Chávez.
Anunció que si el Gobierno no respeta el derecho a la consulta, recurrirán al Tribunal Constitucional y luego denunciarán esta "violación a los derechos de los indígenas" ante "instancias internacionales", que no precisó.
Agregó que la única forma de parar la marcha será presentando un trazado alternativo para que la carretera no pase por el parque.
El parque, creado en 1965 y reconocido como "territorio indígena" en 1990, está situado entre las regiones de Cochabamba (centro) y Beni (noreste), en una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados.
La reserva es habitada por unas 7.000 personas, distribuidas en 53 comunidades indígenas y 80 asentamientos de colonos, y tiene 714 especies de fauna y más de 400 de flora, aunque se estima que hay otras 3.000 especies de plantas que aún no han sido registradas.
Los productores de coca del Chapare, una región adyacente a la reserva natural que es el feudo sindical y político de Morales, han cerrado filas para defender el proyecto, al igual que el Gobierno, que asegura que traerá desarrollo al país.
Las autoridades aseguran que la marcha de los indígenas es injustificada y promovida por organizaciones no gubernamentales con fines "políticos", lo que rechazan las etnias.
La marcha partirá el próximo lunes 15 desde la ciudad amazónica de Trinidad (noreste) y pretende recorrer más de 500 kilómetros hasta La Paz, en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), situado en el centro del país.
Quispe exigió al Gobierno respetar el derecho a que se consulte a los indígenas si aceptan o no el proyecto, según lo indicado en la Constitución promovida por Morales y vigente desde 2009.
El mandatario nacionalista e indigenista ha anunciado que consultará a las etnias, pero no frenará la construcción de la carretera, cuya entrega está prevista para 2014, lo que provocó críticas de los indígenas y de sectores ecologistas.
Morales inauguró en junio pasado la construcción de la vía que tendrá más de 300 kilómetros, será realizada por la empresa brasileña OAS y demandará una inversión de 415 millones de dólares, de los que 332 millones son financiados por Brasil.
Esta infraestructura formará parte en un futuro de un "corredor bioceánico" planeado para conectar el puerto de Santos (Brasil) en el Atlántico con el de Iquique (Chile) en el Pacífico.
Las etnias que viven en la reserva natural y la Amazonía temen que el proyecto provoque la invasión de colonos, la deforestación y destrucción de la biodiversidad y la expansión de cultivos ilegales de hoja de coca, dijo a Efe el presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia, Adolfo Chávez.
Anunció que si el Gobierno no respeta el derecho a la consulta, recurrirán al Tribunal Constitucional y luego denunciarán esta "violación a los derechos de los indígenas" ante "instancias internacionales", que no precisó.
Agregó que la única forma de parar la marcha será presentando un trazado alternativo para que la carretera no pase por el parque.
El parque, creado en 1965 y reconocido como "territorio indígena" en 1990, está situado entre las regiones de Cochabamba (centro) y Beni (noreste), en una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados.
La reserva es habitada por unas 7.000 personas, distribuidas en 53 comunidades indígenas y 80 asentamientos de colonos, y tiene 714 especies de fauna y más de 400 de flora, aunque se estima que hay otras 3.000 especies de plantas que aún no han sido registradas.
Los productores de coca del Chapare, una región adyacente a la reserva natural que es el feudo sindical y político de Morales, han cerrado filas para defender el proyecto, al igual que el Gobierno, que asegura que traerá desarrollo al país.
Las autoridades aseguran que la marcha de los indígenas es injustificada y promovida por organizaciones no gubernamentales con fines "políticos", lo que rechazan las etnias.
Ex Secretario de Tierras de Bolivia: “El proceso de cambio corre el riesgo de agotarse”
Por Bolpress - Monday, Jul. 25, 2011 at 1:34 PM
Por Bolpress - Monday, Jul. 25, 2011 at 1:34 PM
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| INMINENTE DESTRUCCIÓN. Se talarían 550 mil árboles para construir la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. |
“Hay serios indicios de restitución del capitalismo de Estado, que en este país no tiene nada ni de nuevo ni de revolucionario”, y se repite la triste historia de la revolución boliviana del 52 que fue derrotada por dentro, expone Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras del primer gobierno de Evo Morales.
Emma Gascó y Martín Cúneo *
Como viceministro de Tierras en los primeros años del Gobierno de Morales, Almaraz fue uno de los principales impulsores de la distribución de tierras a campesinos e indígenas. Para este abogado, 25 millones de hectáreas repartidas y el fin del trabajo esclavo en el Alto Parapetí son dos de los principales logros de un proceso de transformación ahora en peligro de perderse.
P. ¿Hacia qué modelo económico se dirige Bolivia?
R. Se ha hecho ya célebre la contradicción del vicepresidente Álvaro García Linera, que primero defendió un “capitalismo andino” y luego un “socialismo comunitario”. Se habla bastante de socialismo, incluso se habla de este acercamiento doctrinario hacia Cuba y Venezuela. Pero lo que hay en realidad son serios indicios de restitución del capitalismo de Estado, que en este país no tiene nada ni de nuevo ni de revolucionario. Y lo que parece predominar como orientación doctrinal, sin poner las cartas sobre la mesa, es el nacionalismo revolucionario. Esta matriz ideológica inspiró el modelo de Estado y sociedad constituido con la revolución de 1952.
En esa época el 70% de la población del país estaba en el campo, donde predominaba la hacienda, que era una unidad productiva y social de tipo feudal, con una fuerte carga de colonialismo interno donde los comunarios indígenas trabajaban la tierra a cambio de una retribución en especia. Era un país sin industrialización. Además de este mundo feudal dominado por los hacendados, existía como núcleo de poder económico y político los famosos barones del estaño, que eran los dueños de todas las minas y constituían el eslabón por el que el país se encadenaba al capital trasnacional. Esta Bolivia fue reemplazada en la revolución del ‘52 por este modelo de sociedad llamado Estado Nacional. En ese momento la tierra se redistribuye en el Occidente del país, con un criterio capitalista, pese al discurso de corte socialista. Y en el Oriente se forma un nuevo proceso de concentración latifundiaria. También se habló de restituir las tierras usurpadas a las comunidades indígenas por las haciendas, pero todo eso quedó en el discurso y se impuso una distribución individual de la tierra.
Con la minería, la nacionalización dio lugar a la empresa estatal COMIBOL. Y en un primer momento de ese proceso revolucionario se fortaleció la empresa estatal de los hidrocarburos. Es un esquema típico del capitalismo de Estado. Son empresas que pertenecen al Estado, pero están articuladas a los circuitos del capital internacional. A juzgar por los hechos de nuestro Gobierno volvemos a esto, por lo menos en las orientaciones. En Bolivia la distancia entre las esferas del discurso político y la realidad son siempre grandes.
P. ¿Se puede hablar de un cambio en relación a los gobiernos de los 90?
R. Existen ciertas conquistas evidentes. Aunque sea formalmente hemos recuperado una empresa estatal de nuestro principal recurso estratégico, que son los hidrocarburos. La ley de hidrocarburos de Sánchez de Lozada establecía que (la petrolera estatal) YPFB no podría producir, entonces uno se preguntaba: ¿para qué sirve entonces? Ahora no produce en los hechos, pero formalmente tiene la misión de hacerlo. Ahora por lo menos podemos exigir al Gobierno que YPFB cumpla su misión.
P. ¿Y en relación al reparto de la tierra?
R. Ésa es la otra conquista tangible, y a diferencia de los hidrocarburos, irreversible. Cotejando las experiencias mexicana y boliviana, que son historias que tienen mucho que ver, resulta que es más fácil quitarle a todo un país sus hidrocarburos que quitarle a un campesino su tierra.
Lo que ha hecho este proceso es redistribuir la tierra que el anterior proceso revolucionario, de medio siglo atrás, había más bien concentrado, en las tierras bajas y en el norte de Bolivia. Mientras que aquí en los ‘50 y los ‘60 se distribuía la tierra, allá se la concentraba despojando de sus territorios tradicionales a muchos pueblos indígenas que hasta entonces los habían conservado gracias a la debilidad y la lejanía del Estado.
Lo que ha hecho este Gobierno es redistribuir esa tierra. Hasta diciembre del año pasado se han titulado en favor de indígenas y campesinos alrededor de 25 millones de hectáreas en todo el país. Como Tierras Comunitarias de Origen, que son propiedad comunitaria, inalienable, indivisible, de pueblos y comunidades indígenas, tenemos 16 millones de hectáreas. Cerca de cuatro millones como propiedad comunitaria, igualmente colectiva e indivisible, de comunidades campesinas que no se reconocen explícitamente como indígenas. De dos a tres millones como pequeña propiedad, individual del sector campesino. De todo eso, lo que efectivamente es redistribución es poco más de cuatro millones, entendiendo por redistribución que la propiedad o el dominio de la tierra pasa de unas manos a otras.
Son unos cuatro millones lo que se ha desapropiado. En primer lugar, a empresas madereras, que tenían esas tierras en régimen de concesión, que a efectos jurídicos es lo mismo que propiedad. Luego se expropió a terratenientes como los del Alto Parapetí cerca de dos millones de hectáreas. No hicimos una nueva ley agraria íntegra porque nos hubiera llevado más tiempo y hubiéramos corrido el riesgo de perder el momento político. Así que hicimos solamente una reforma parcial de la ley vigente, en 2006. Yo calcularía que con llegar a los 15 millones de hectáreas redistribuidas se habrá conseguido un resultado total.
P. Una de las victorias recientes fue el caso de la distribución de tierras en el chaco.
R. Ése es otro logro histórico. El llamado proceso de reconstitución territorial de la nación guaraní supone dotarle de la tierra suficiente para el reconocimiento territorial que le corresponde. Ya se ha abolido en los hechos el régimen de servidumbre que ha venido existiendo sobre muchas comunidades llamadas cautivas en el chaco cruceño y en el chaco chuquisaqueño. En el caso del chaco cruceño, en el Alto Parapetí, se ha aplicado el proceso de saneamiento. Esas 40.000 hectáreas han sido inmediatamente dotadas a esas mismas comunidades que de ser cautivos, serviles a la hacienda, han pasado a ser propietarios comunitarios de la tierra. Los beneficiarios son alrededor de unas dos mil personas en el Alto Parapetí.
P. ¿Qué ha significado la inclusión en la Constitución del límite a la tenencia de tierras en 5.000 hectáreas?
R. No necesitamos esa ley para redistribuir la tierra. Ya teníamos la disposición que dice que toda tierra en propiedad mediana o de empresa que no cumpla una función económico social debe ser revertida a dominio del Estado sin indemnización alguna. No importa si tienes cien o seis hectáreas, estás en la obligación de cumplir la función económico social, que es trabajo y producción en condiciones de sostenibilidad ambiental y compatibilidad con el interés público.
Ya se han producido las primeras reversiones por insostenibilidad de la actividad agrícola. Puede haber propiedades que estén dentro de los límites de hectáreas que les pongas pero ser dañinas desde el punto de vista ecológico. O pueden ser, como es el caso del Alto Parapetí, muy productivas pero tener un costo social y humano muy alto, por la servidumbre de los guaranís. En el chaco hemos revertido predio con miles de cabezas de ganado por el hecho de que había peones en condiciones de servidumbre.
Ahora bien, ese límite es necesario, por otras dos razones. Una es la democratización económica porque funciona como dispositivo antimonopólico; la segunda razón son los motivos sociales, psicológicos y políticos. La virtud que ha tenido esta disposición fue hacerle decir al ciudadano boliviano en el referéndum cuál es su posición frente al latifundio. Y el resultado fue que el 80% del electorado estaba en contra.
P. Pero en el Congreso se aprobó la no retroactividad de la ley.
R. Eso tiene una razón económica. Hubiéramos tenido que revertir alrededor de 5.000 predios productivos en Santa Cruz y sobre todo en el Beni, predios que cumplían esa función económico social. Íbamos a tener que revertir a un montón de gente que tenía un poco más de 5.000 hectáreas, pero que efectivamente estaban respetando la vocación de la tierra y estaban pagando salarios a sus trabajadores. Eso hubiera ampliado la situación de guerra civil hacia ese sector y por supuesto hubiera generado un serio problema de abastecimiento y especulación. Por eso lo hemos convertido en válido sólo para lo venidero y nadie va a ser tan estúpido de comprarse tierra superando el límite establecido por la ley. Es decir, va a cumplir una función disuasoria.
P. Y se pusieron limitaciones a la propiedad estatal de la tierra.
R. Eso es algo que me da una enorme satisfacción porque lo que vimos en la práctica es que las instituciones públicas tienen una gran cantidad de tierras. Y lo único que hacen con ella es corrupción. Miles y miles de hectáreas en manos de las fuerzas armadas o de las universidades públicas, que no producen nada, que no sirven para nada. Ya no puede ser que cada nuevo rector de la universidad vaya a La Paz a pedir tierras, cada nuevo comandante de una de las fuerzas vaya a pedir tierras.
Lo que se ha establecido es el usufructo. Por razones muy bien fundadas, como proyectos productivos de especial importancia, el Estado puede darle tierra a una entidad pública por un tiempo limitado al desarrollo de ese proyecto. Cuando ese proyecto deja de funcionar esa tierra sin más trámite ni costo alguno vuelve a manos del Estado para su redistribución.
El Estado plurinacional debería mantener al Estado como empresario en solamente aquellos puntos estratégicos donde se puede acumular los excedentes que puedan luego reinvertirse en esta ancha economía que tiene que ser la social comunitaria, sin exclusión tampoco del empresariado capitalista convencional, que puede tener lugar en esta economía plural… Eso sí, con condiciones, como no apropiarse de lo que le serviría al Estado o a la empresa comunitaria para prosperar.
P. ¿Existe algún tipo de acompañamiento financiero a la reforma agraria?
R. No existe. El gobierno no lo da, y mucho menos fortaleciendo al sujeto comunitario del proceso agrario, sólo reparte tractores. Es la misma omisión en que incurrió la reforma agraria del 53, que daba la tierra pero no daba ni créditos ni asistencia. Por eso me irrita que se hagan los antioligárquicos criticando las subvenciones, que siguen siendo necesarias. ¿Acaso no competimos con productores de todo el mundo que también tienen subvenciones? Nosotros que somos los campesinos más pobres ¿no vamos a tener?
Existe una enorme dificultad de aterrizar en procesos productivos concretos. Hay un fondo donde se ha venido acumulado el porcentaje del impuesto a los hidrocarburos que le corresponde al sector indígena. La plata acumulada ya ha superado los 150 millones de dólares y no la pueden gastar. Primero era porque no se ponían de acuerdo entre las diferentes confederaciones. Logramos ese acuerdo, hicimos el reglamento, el directorio… Pero después hicieron una norma tan complicada para asignar dinero a los proyectos que no han podido darle plata a ningún proyecto hasta ahora.
P. ¿Cuál es la relación actual entre el MAS y las organizaciones sociales?
R. Estamos repitiendo el círculo de la revolución que ya tuvimos en el 52. Ahí también hubo un primer momento revolucionario: toda la tierra hacendada se redistribuyó, se nacionalizaron las minas y se les dio el voto a los indios y a las mujeres. Después la revolución fue derrotada por dentro y ya las conquistas pasaron a ser, por ejemplo, darles motos a los policías, uniformes… Está pasando lo mismo ahora. Ahora los logros son kilómetros de carreteras, empresas estatales, conexiones telefónicas…
Todas esas cosas son necesarias, pero para eso no era necesario que mueran los compañeros en El Alto, ni en los bloqueos de caminos, no era necesario hacer una revolución, eso lo podría haber hecho Sánchez de Lozada o Jaime Paz Zamora. Con el neoliberalismo, crecimiento económico también hubiera habido.
P. Tras las movilizaciones de los últimos meses, ¿cuál es la situación del proceso?
R. Está corriendo el grave riesgo de agotarse no en un horizonte verdaderamente transformador, sino como decía, en una restitución del capitalismo del Estado. No es para eso por lo que hemos luchado a lo largo de las últimas dos décadas contra el Estado, que siguió siendo oligárquico y neocolonial pese a la revolución del 52. No es para tener ingenios azucareros de propiedad estatal. No es para que el Estado se vuelva un nuevo terrateniente en el agro. No es para que tengamos un YPFB subordinado a las trasnacionales. No es para que la gente tenga que seguir subvencionando a las trasnacionales para que produzcan gasolina y diesel.
Pero, ¿cuál es la alternativa? Es el modelo social comunitario que está establecido en la constitución política del Estado, como base estructural de la sociedad del vivir bien. Y no queremos socialismo, ni soviético, ni de Chávez ni de Fidel, queremos la sociedad del Vivir Bien. Ahora, que eso se parezca tanto o cuanto al socialismo es un tema propio de quien tenga interés en estudiarlo, de los teóricos y los politólogos.
Nosotros sabemos en términos básicos que iremos desarrollando a través de nuestras vivencias en qué consiste esa sociedad, ese modelo social comunitario. Consiste en una empresa comunitaria de amplia base social, efectivamente incluyente donde la gente a través de su organización social tradicional, ancestral o innovada finalmente sea dueña de los medios de producción, decida sobre el proceso productivo y también sobre el proceso redistributivo. Y que se reproduzcan las formas solidarias que ya existen y permitan una apropiación democrática del excedente, de la riqueza.
* Fuente: http://losmovimientoscontraatacan.wordpress.com/author/losmovimientoscontraatacan/
Como viceministro de Tierras en los primeros años del Gobierno de Morales, Almaraz fue uno de los principales impulsores de la distribución de tierras a campesinos e indígenas. Para este abogado, 25 millones de hectáreas repartidas y el fin del trabajo esclavo en el Alto Parapetí son dos de los principales logros de un proceso de transformación ahora en peligro de perderse.
P. ¿Hacia qué modelo económico se dirige Bolivia?
R. Se ha hecho ya célebre la contradicción del vicepresidente Álvaro García Linera, que primero defendió un “capitalismo andino” y luego un “socialismo comunitario”. Se habla bastante de socialismo, incluso se habla de este acercamiento doctrinario hacia Cuba y Venezuela. Pero lo que hay en realidad son serios indicios de restitución del capitalismo de Estado, que en este país no tiene nada ni de nuevo ni de revolucionario. Y lo que parece predominar como orientación doctrinal, sin poner las cartas sobre la mesa, es el nacionalismo revolucionario. Esta matriz ideológica inspiró el modelo de Estado y sociedad constituido con la revolución de 1952.
En esa época el 70% de la población del país estaba en el campo, donde predominaba la hacienda, que era una unidad productiva y social de tipo feudal, con una fuerte carga de colonialismo interno donde los comunarios indígenas trabajaban la tierra a cambio de una retribución en especia. Era un país sin industrialización. Además de este mundo feudal dominado por los hacendados, existía como núcleo de poder económico y político los famosos barones del estaño, que eran los dueños de todas las minas y constituían el eslabón por el que el país se encadenaba al capital trasnacional. Esta Bolivia fue reemplazada en la revolución del ‘52 por este modelo de sociedad llamado Estado Nacional. En ese momento la tierra se redistribuye en el Occidente del país, con un criterio capitalista, pese al discurso de corte socialista. Y en el Oriente se forma un nuevo proceso de concentración latifundiaria. También se habló de restituir las tierras usurpadas a las comunidades indígenas por las haciendas, pero todo eso quedó en el discurso y se impuso una distribución individual de la tierra.
Con la minería, la nacionalización dio lugar a la empresa estatal COMIBOL. Y en un primer momento de ese proceso revolucionario se fortaleció la empresa estatal de los hidrocarburos. Es un esquema típico del capitalismo de Estado. Son empresas que pertenecen al Estado, pero están articuladas a los circuitos del capital internacional. A juzgar por los hechos de nuestro Gobierno volvemos a esto, por lo menos en las orientaciones. En Bolivia la distancia entre las esferas del discurso político y la realidad son siempre grandes.
P. ¿Se puede hablar de un cambio en relación a los gobiernos de los 90?
R. Existen ciertas conquistas evidentes. Aunque sea formalmente hemos recuperado una empresa estatal de nuestro principal recurso estratégico, que son los hidrocarburos. La ley de hidrocarburos de Sánchez de Lozada establecía que (la petrolera estatal) YPFB no podría producir, entonces uno se preguntaba: ¿para qué sirve entonces? Ahora no produce en los hechos, pero formalmente tiene la misión de hacerlo. Ahora por lo menos podemos exigir al Gobierno que YPFB cumpla su misión.
P. ¿Y en relación al reparto de la tierra?
R. Ésa es la otra conquista tangible, y a diferencia de los hidrocarburos, irreversible. Cotejando las experiencias mexicana y boliviana, que son historias que tienen mucho que ver, resulta que es más fácil quitarle a todo un país sus hidrocarburos que quitarle a un campesino su tierra.
Lo que ha hecho este proceso es redistribuir la tierra que el anterior proceso revolucionario, de medio siglo atrás, había más bien concentrado, en las tierras bajas y en el norte de Bolivia. Mientras que aquí en los ‘50 y los ‘60 se distribuía la tierra, allá se la concentraba despojando de sus territorios tradicionales a muchos pueblos indígenas que hasta entonces los habían conservado gracias a la debilidad y la lejanía del Estado.
Lo que ha hecho este Gobierno es redistribuir esa tierra. Hasta diciembre del año pasado se han titulado en favor de indígenas y campesinos alrededor de 25 millones de hectáreas en todo el país. Como Tierras Comunitarias de Origen, que son propiedad comunitaria, inalienable, indivisible, de pueblos y comunidades indígenas, tenemos 16 millones de hectáreas. Cerca de cuatro millones como propiedad comunitaria, igualmente colectiva e indivisible, de comunidades campesinas que no se reconocen explícitamente como indígenas. De dos a tres millones como pequeña propiedad, individual del sector campesino. De todo eso, lo que efectivamente es redistribución es poco más de cuatro millones, entendiendo por redistribución que la propiedad o el dominio de la tierra pasa de unas manos a otras.
Son unos cuatro millones lo que se ha desapropiado. En primer lugar, a empresas madereras, que tenían esas tierras en régimen de concesión, que a efectos jurídicos es lo mismo que propiedad. Luego se expropió a terratenientes como los del Alto Parapetí cerca de dos millones de hectáreas. No hicimos una nueva ley agraria íntegra porque nos hubiera llevado más tiempo y hubiéramos corrido el riesgo de perder el momento político. Así que hicimos solamente una reforma parcial de la ley vigente, en 2006. Yo calcularía que con llegar a los 15 millones de hectáreas redistribuidas se habrá conseguido un resultado total.
P. Una de las victorias recientes fue el caso de la distribución de tierras en el chaco.
R. Ése es otro logro histórico. El llamado proceso de reconstitución territorial de la nación guaraní supone dotarle de la tierra suficiente para el reconocimiento territorial que le corresponde. Ya se ha abolido en los hechos el régimen de servidumbre que ha venido existiendo sobre muchas comunidades llamadas cautivas en el chaco cruceño y en el chaco chuquisaqueño. En el caso del chaco cruceño, en el Alto Parapetí, se ha aplicado el proceso de saneamiento. Esas 40.000 hectáreas han sido inmediatamente dotadas a esas mismas comunidades que de ser cautivos, serviles a la hacienda, han pasado a ser propietarios comunitarios de la tierra. Los beneficiarios son alrededor de unas dos mil personas en el Alto Parapetí.
P. ¿Qué ha significado la inclusión en la Constitución del límite a la tenencia de tierras en 5.000 hectáreas?
R. No necesitamos esa ley para redistribuir la tierra. Ya teníamos la disposición que dice que toda tierra en propiedad mediana o de empresa que no cumpla una función económico social debe ser revertida a dominio del Estado sin indemnización alguna. No importa si tienes cien o seis hectáreas, estás en la obligación de cumplir la función económico social, que es trabajo y producción en condiciones de sostenibilidad ambiental y compatibilidad con el interés público.
Ya se han producido las primeras reversiones por insostenibilidad de la actividad agrícola. Puede haber propiedades que estén dentro de los límites de hectáreas que les pongas pero ser dañinas desde el punto de vista ecológico. O pueden ser, como es el caso del Alto Parapetí, muy productivas pero tener un costo social y humano muy alto, por la servidumbre de los guaranís. En el chaco hemos revertido predio con miles de cabezas de ganado por el hecho de que había peones en condiciones de servidumbre.
Ahora bien, ese límite es necesario, por otras dos razones. Una es la democratización económica porque funciona como dispositivo antimonopólico; la segunda razón son los motivos sociales, psicológicos y políticos. La virtud que ha tenido esta disposición fue hacerle decir al ciudadano boliviano en el referéndum cuál es su posición frente al latifundio. Y el resultado fue que el 80% del electorado estaba en contra.
P. Pero en el Congreso se aprobó la no retroactividad de la ley.
R. Eso tiene una razón económica. Hubiéramos tenido que revertir alrededor de 5.000 predios productivos en Santa Cruz y sobre todo en el Beni, predios que cumplían esa función económico social. Íbamos a tener que revertir a un montón de gente que tenía un poco más de 5.000 hectáreas, pero que efectivamente estaban respetando la vocación de la tierra y estaban pagando salarios a sus trabajadores. Eso hubiera ampliado la situación de guerra civil hacia ese sector y por supuesto hubiera generado un serio problema de abastecimiento y especulación. Por eso lo hemos convertido en válido sólo para lo venidero y nadie va a ser tan estúpido de comprarse tierra superando el límite establecido por la ley. Es decir, va a cumplir una función disuasoria.
P. Y se pusieron limitaciones a la propiedad estatal de la tierra.
R. Eso es algo que me da una enorme satisfacción porque lo que vimos en la práctica es que las instituciones públicas tienen una gran cantidad de tierras. Y lo único que hacen con ella es corrupción. Miles y miles de hectáreas en manos de las fuerzas armadas o de las universidades públicas, que no producen nada, que no sirven para nada. Ya no puede ser que cada nuevo rector de la universidad vaya a La Paz a pedir tierras, cada nuevo comandante de una de las fuerzas vaya a pedir tierras.
Lo que se ha establecido es el usufructo. Por razones muy bien fundadas, como proyectos productivos de especial importancia, el Estado puede darle tierra a una entidad pública por un tiempo limitado al desarrollo de ese proyecto. Cuando ese proyecto deja de funcionar esa tierra sin más trámite ni costo alguno vuelve a manos del Estado para su redistribución.
El Estado plurinacional debería mantener al Estado como empresario en solamente aquellos puntos estratégicos donde se puede acumular los excedentes que puedan luego reinvertirse en esta ancha economía que tiene que ser la social comunitaria, sin exclusión tampoco del empresariado capitalista convencional, que puede tener lugar en esta economía plural… Eso sí, con condiciones, como no apropiarse de lo que le serviría al Estado o a la empresa comunitaria para prosperar.
P. ¿Existe algún tipo de acompañamiento financiero a la reforma agraria?
R. No existe. El gobierno no lo da, y mucho menos fortaleciendo al sujeto comunitario del proceso agrario, sólo reparte tractores. Es la misma omisión en que incurrió la reforma agraria del 53, que daba la tierra pero no daba ni créditos ni asistencia. Por eso me irrita que se hagan los antioligárquicos criticando las subvenciones, que siguen siendo necesarias. ¿Acaso no competimos con productores de todo el mundo que también tienen subvenciones? Nosotros que somos los campesinos más pobres ¿no vamos a tener?
Existe una enorme dificultad de aterrizar en procesos productivos concretos. Hay un fondo donde se ha venido acumulado el porcentaje del impuesto a los hidrocarburos que le corresponde al sector indígena. La plata acumulada ya ha superado los 150 millones de dólares y no la pueden gastar. Primero era porque no se ponían de acuerdo entre las diferentes confederaciones. Logramos ese acuerdo, hicimos el reglamento, el directorio… Pero después hicieron una norma tan complicada para asignar dinero a los proyectos que no han podido darle plata a ningún proyecto hasta ahora.
P. ¿Cuál es la relación actual entre el MAS y las organizaciones sociales?
R. Estamos repitiendo el círculo de la revolución que ya tuvimos en el 52. Ahí también hubo un primer momento revolucionario: toda la tierra hacendada se redistribuyó, se nacionalizaron las minas y se les dio el voto a los indios y a las mujeres. Después la revolución fue derrotada por dentro y ya las conquistas pasaron a ser, por ejemplo, darles motos a los policías, uniformes… Está pasando lo mismo ahora. Ahora los logros son kilómetros de carreteras, empresas estatales, conexiones telefónicas…
Todas esas cosas son necesarias, pero para eso no era necesario que mueran los compañeros en El Alto, ni en los bloqueos de caminos, no era necesario hacer una revolución, eso lo podría haber hecho Sánchez de Lozada o Jaime Paz Zamora. Con el neoliberalismo, crecimiento económico también hubiera habido.
P. Tras las movilizaciones de los últimos meses, ¿cuál es la situación del proceso?
R. Está corriendo el grave riesgo de agotarse no en un horizonte verdaderamente transformador, sino como decía, en una restitución del capitalismo del Estado. No es para eso por lo que hemos luchado a lo largo de las últimas dos décadas contra el Estado, que siguió siendo oligárquico y neocolonial pese a la revolución del 52. No es para tener ingenios azucareros de propiedad estatal. No es para que el Estado se vuelva un nuevo terrateniente en el agro. No es para que tengamos un YPFB subordinado a las trasnacionales. No es para que la gente tenga que seguir subvencionando a las trasnacionales para que produzcan gasolina y diesel.
Pero, ¿cuál es la alternativa? Es el modelo social comunitario que está establecido en la constitución política del Estado, como base estructural de la sociedad del vivir bien. Y no queremos socialismo, ni soviético, ni de Chávez ni de Fidel, queremos la sociedad del Vivir Bien. Ahora, que eso se parezca tanto o cuanto al socialismo es un tema propio de quien tenga interés en estudiarlo, de los teóricos y los politólogos.
Nosotros sabemos en términos básicos que iremos desarrollando a través de nuestras vivencias en qué consiste esa sociedad, ese modelo social comunitario. Consiste en una empresa comunitaria de amplia base social, efectivamente incluyente donde la gente a través de su organización social tradicional, ancestral o innovada finalmente sea dueña de los medios de producción, decida sobre el proceso productivo y también sobre el proceso redistributivo. Y que se reproduzcan las formas solidarias que ya existen y permitan una apropiación democrática del excedente, de la riqueza.
* Fuente: http://losmovimientoscontraatacan.wordpress.com/author/losmovimientoscontraatacan/
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