Autoras/es: Federico Puy* y Hernán Cortiñas*
Ilustración: Anahí Rivera
Ilustración: Anahí Rivera
A principios de 2016, se realizó en Jujuy el Consejo Federal de Educación, presidido por el ministro Esteban Bullrich, que reúne a los ministros de educación provinciales y tres representantes del Consejo de Universidades, para discutir las perspectivas generales para educación. Entre otras cuestiones, el documento confirmó cierta continuidad con las políticas educativas del kirchnerismo al afirmar la “unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años y afianzar las bases de una revolución educativa cuyo vértice es la escuela, donde se gesta el futuro del futuro”. A su vez, proponía “promover la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado, acorde a lo establecido por las leyes nacionales vigentes”, pero sin aumentar el presupuesto del sector, que se limitaría a “sostener la inversión en educación establecida en el 6 % del PBI”(1).
Mejorar los resultados sin aumentar la inversión implica, pensando la educación desde un punto de vista de mercado, aumentar la “productividad” de docentes y estudiantes. Con este objetivo, el documento firmado plantea la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa a fin de “promover procesos de evaluaciones anuales en la escuela primaria y secundaria para obtener diagnósticos precisos”.
En ese sentido, el 4 de abril, en el mismo momento en que los docentes protagonizaban un gran paro nacional, el Ministerio de Educación creó por decreto la Secretaría de Evaluación Educativa. Toda una provocación.
Mejorar los resultados sin aumentar la inversión implica, pensando la educación desde un punto de vista de mercado, aumentar la “productividad” de docentes y estudiantes. Con este objetivo, el documento firmado plantea la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa a fin de “promover procesos de evaluaciones anuales en la escuela primaria y secundaria para obtener diagnósticos precisos”.
En ese sentido, el 4 de abril, en el mismo momento en que los docentes protagonizaban un gran paro nacional, el Ministerio de Educación creó por decreto la Secretaría de Evaluación Educativa. Toda una provocación.
El marco de la evaluación
Este tipo de reformas basadas en evaluaciones externas y estandarizadas vienen siendo impulsadas y aplicadas desde hace más de 10 años en toda América latina. El Banco Mundial es su principal impulsor e ideólogo. Hace dos años la institución publicó Profesores excelentes, donde analiza la implementación de reformas educativas durante la primera década de este siglo y saca conclusiones para implementarlas con la “menor resistencia posible”. Centrado en la experiencia de la región, su receta se podría resumir en tres pasos. El primero, evaluaciones de los alumnos; el segundo, el pago de bonificaciones por desempeño y el tercero, la evaluación de los docentes “en forma individual y de manera voluntaria, con el atractivo de recompensas financieras para los profesores que asuman el riesgo de ser evaluados y demuestren un buen desempeño”(2). El trabajo no olvida a los sindicatos y la resistencia docentes: “Por lo general, los sindicatos se han opuesto a esto, pero con programas voluntarios se puede evitar la confrontación”.
Sobre las consecuencias de estas reformas uno de los fundadores de la pedagogía crítica, Peter McLaren, afirma:
Los mandatos de la educación federal ya no se interesan por su apoyo a la igualdad de acceso y de resultados, para centrarse en cambio en la reducción del presupuesto para fondos escolares, la promoción de políticas para encontrar culpables, el pago por méritos o las políticas para reducción o despido del personal escolar, o el apoyo a evaluaciones estandarizadas basadas en un núcleo común de conocimientos –que tienen muy poco que ver con la producción de conocimiento significativo y crítico– y la resolución de problemas, y con otorgar créditos a los “ganadores” escolares en lugar de a aquellos estudiantes con mayor necesidad de asistencia financiera, y al control empresarial del currículum(3).
Gems: la llegada de las consultoras
El gobierno incluyó en la declaración de Purmamarca la intención de:
… promover iniciativas de cooperación internacional que contribuyan a fortalecer la política educativa mediante la generación de espacios de diálogo, el intercambio de aprendizajes y la integración para hacer frente a los desafíos de la sociedad global en el siglo XXI(4).En su primera jornada en el Foro de Davos el presidente Mauricio Macri se reunió con Sunny Varkey, fundador de Gems Education, una consultora de servicios a sistemas y redes para la educación. Desde el gobierno informaron que la empresa está interesada en “una propuesta para realizar un entrenamiento a maestros y profesores, que se está aplicando en otras partes del mundo. También hicieron hincapié en un proyecto de escuelas privadas con nuevas tecnologías”(5).
Como señalábamos, el objetivo de estos acuerdos es mejorar la “productividad docente”. En 2015 la consultora GEMS Education llegó a los titulares de los diarios europeos por su “Índice de eficiencia”, en base a las consultorías que financian los gobiernos con el objetivo de “mejorar sus estándares en educación”. Comparan los resultados obtenidos en las pruebas PISA de 2012 con el promedio de salario anual docente en base al concepto de “paridad de poder adquisitivo (PPA). Según Gems, el índice muestra que los países con profesores mejor pagos no son necesariamente los que obtienen los mejores resultados en las pruebas internacionales. Aplicando la lógica empresarial, ¿por qué pagar costos más altos si se consiguen los mismos resultados? De esta forma, se abona el discurso que legitima el ajuste.
La polémica por el informe estalló en el Estado español, cuyo sistema educativo Gems ubicó en la posición 26 de 30 países. A pesar de ser el país hispanoparlante con mejores resultados en el ranking PISA, el estudio califica el sistema español como “ineficiente” por contar con “más profesores de los necesarios con salarios excesivos”. El informe señala que ese país tiene mejor rendimiento en términos de calidad que de eficiencia, es decir, buenos resultados, pero “caros”. Gems recomendó, entonces, incrementar la proporción de alumnos por profesores en un 68 %, de los 10 actuales a 17 alumnos por profesor. Además, plantea la posibilidad de mejorar sus resultados en las evaluaciones PISA reduciendo los salarios docentes en un 20 %. A “menor rendimiento”, “menor salario”. Claramente, una consultora contratada para justificar un plan de ajuste educativo en toda la línea(6).
El modelo PRO en la Ciudad de Buenos Aires
El modelo educativo del PRO puede evaluarse en los resultados alcanzados en los nueve años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el mayor presupuesto general. Su principal “medida” educativa fue aumentar la transferencia millonaria de dinero de la educación pública hacia la educación privada y una suerte de “guerra de desgaste” con implementaciones de políticas de corte neoliberal. La Ciudad pasó de destinar el 14,93 % del presupuesto educativo en 2007 a un 16,22 % en 2015, con un pico del 18,5 % en 2009. Esto resultó en una transferencia de $2.837 millones a la educación privada durante el último año, mientras que el dinero destinado a educación pública viene reduciéndose de 2007 hasta la fecha, y ha disminuido de un 27,8 % del presupuesto total en 2007 a un 21 % en 2015 (17.502 millones de pesos)(7).
Esta transferencia de fondos que favorece a escuelas privadas y confesionales vino de la mano de ataques parciales, como el cierre masivo de más de 100 grados o cursos, con el que buscaron aumentar la cantidad de alumnos por docente, como recomienda Gems para mejorar la eficiencia. Abundan las escuelas en la zona sur de Buenos Aires donde hay entre 30 y 40 alumnos por grado, un verdadero hacinamiento que empeora las condiciones de enseñanza y de aprendizaje.
Esto es fruto también del recorte presupuestario que determina la ausencia de un plan para construir las escuelas y jardines de infantes que faltan en la ciudad. Hay más de 4.800 niños y niñas sin vacantes en el nivel inicial y primario. Entre otras políticas importantes se encuentran la reforma de la escuela secundaria como la NES, que elimina orientaciones y vacía contenidos, la eliminación del carácter democrático de las Juntas de Clasificación y Disciplina y la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa.
Dos modelos: Chile y México
En plena campaña electoral en una entrevista al ministro Bullrich, la periodista preguntó si proyectaba atar los salarios docentes a los resultados de las evaluaciones. El ministro respondió:
...vos tenés que construir un historial, discutir esto en 10 o 15 años como hizo Chile (…) lo importante es generar el incentivo para que la sociedad use los resultados para presionar a mejorar la calidad educativa (…) vamos a trabajar en incentivos de equipo, de grupo de docentes(8).Pareciera que el ministro calcara sus respuestas de las recetas del Banco Mundial que recomienda el modelo chileno:
En Chile, los profesores que obtienen puntajes sobresalientes en las evaluaciones pueden recibir una bonificación (…) y es el parámetro más justo para determinar los ascensos. En lugar de promover a los profesores únicamente en función de la antigüedad (como ocurre hoy en día en la mayor parte de los países latinoamericanos), se los puede ascender sobre la base de la aptitud reconocida. Una estructura salarial alineada con el desempeño evaluado genera los incentivos necesarios para los profesores en ejercicio y vuelve más atractiva la profesión para futuros candidatos talentosos(9).
Según denuncian los docentes, quienes se movilizan sufren represalias que incluyen la extensión de su jornada horaria para recuperar hasta 54 horas semanales en algunos casos. Ya existen sectores que rechazaron estos castigos, como ilustra la experiencia de profesores en Antofagasta y la región de la Araucanía.
En el caso de México el avance de las políticas neoliberales en educación, con la evaluación a todos los docentes, sigue siendo resistido por el magisterio. La “reforma educativa” impuesta, ha dejado ya más de 3.300 familias sin sustento. El carácter punitivo de la evaluación se evidencia con el despido de miles de maestros y maestras que rechazaron la reforma. La intervención de las fuerzas represivas del Estado fue clave para golpear a un movimiento de protesta extendido a lo largo del país. Diversos especialistas señalan que los resultados de la evaluación que promueve el gobierno son mentirosos, las evaluaciones están arregladas(10) y las cifras manipuladas(11).
Los docentes en México denunciaron que a las presiones y la carga de trabajo que ya tienen los maestros se añadirá lo que deben preparar para la evaluación. ¿O acaso la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa reducirán la extenuante carga de trabajo que tienen la mayoría de los maestros que serán evaluados para que puedan llevar a cabo todo lo que están solicitando? Reunir evidencias, escribir informes, estudiar para un examen cuya guía contiene al menos cincuenta obras de consulta, además de colaborar con la escuela, hablar con las familias, planificar, diseñar estrategias para abatir el rezago y la reprobación, diseñar y aplicar exámenes finales, entre otras, son tareas que rebasan a cualquier persona. El informe de responsabilidades que debe llenar el director coarta el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, pues establece que “todas las escuelas y todos los docentes deben brindar el servicio todos los días del ciclo escolar”(12).
Una cuestión de tiempos
Un primer paso para implementar la evaluación es lograr cierto “consenso” en la sociedad y en los docentes en particular, tras años de segmentarlos entre el que “falta a trabajar” y el que no. La descalificación constante del trabajo docente va en este sentido, a tono con una de las premisas del neoliberalismo: atacar los trabajos “más reconocidos”, instalar la idea de que los docentes son vagos y, en última instancia, alentar la idea de que lo mejor es la escuela privada donde “no hay paros”. Es, también, una forma de atacar el derecho a huelga. Vale recordar el discurso del inicio de sesiones legislativas de marzo de 2012 cuando la presidenta Cristina Fernández señaló:
Yo no digo que sea la panacea, ni que sean salarios perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad rente al resto de los trabajadores, con jornadas laborales de 4 horas y 3 meses de vacaciones, cómo es posible que sólo tengamos que hablar de salarios y no hablemos de los pibes que no tienen clases(13).Ideas similares permearon la última campaña electoral, que fue un gran punto de apoyo de este “desgaste” contra la educación pública y el trabajo docente, como por ejemplo el famoso Spot de Massa.
Actualmente, en la provincia Mendoza, maestras y maestros resisten en las calles la implementación del “ítem aula”, una medida claramente disciplinaria, que busca inaugurar las medidas punitivas para “mejorar” el desempeño y aumentar la “productividad”. La medida implica que un 10 % del salario solo se cobrará si el trabajador no necesita más de 3 días de licencia por mes, o 10 en el año. Solo se exceptúan las licencias por enfermedad laboral y maternidad. También se excluye de esta parte del aumento a parte de los trabajadores de la educación como bibliotecarios y celadores. Un doble ataque a los derechos: diferenciación salarial y presentismo(14).
Abrir un verdadero debate sobre la educación
La política de las evaluaciones busca mediante el discurso de “mejorar la calidad educativa”, implementar medidas de mercado en la educación, como aumentar la “productividad” o mejorar el “desempeño”. Sin embargo, ninguna de las medidas impulsadas desde el gobierno apunta a los verdaderos problemas que atraviesa la educación pública, entre la desinversión pública y el empeoramiento de las condiciones de la vida en la escuela (peores condiciones laborales para docentes y malas condiciones edilicias que afectan a toda la comunidad educativa).
El rechazo de las evaluaciones por su carácter punitivo y antidemocrático y por los objetivos políticos que persiguen, plantea la oportunidad de repensar los objetivos de la escuela pública, los planes de estudios o la relación de sus contenidos con la sociedad. En ese marco, las evaluaciones, tanto de estudiantes como de docentes, deberían considerar el conjunto de los factores sociales y económicos, además de una metodología de evaluación constante, con jornadas pedagógicas para abrir el debate y compartir experiencias. Un factor importante a la hora de pensar la evaluación docente es el acceso a formación constante y gratuita, con capacitaciones en servicio, sobre la base de nuevas y mejores condiciones de trabajo en una jornada de 6 hs de trabajo, con 4 hs frente a clase para que el trabajo administrativo-pedagógico sea remunerativo.
Nos preguntamos al igual que McLaren:
¿Cómo luchamos contra la opresión en el aula cuando maestros y alumnos son ambos evaluados en exámenes estandarizados que están haciendo mucho dinero para las compañías que están produciendo y desarrollando esos exámenes? Los exámenes estandarizados son una forma de control social que evita que los estudiantes exploren sus propias experiencias mediante enfoques epistemológicos basados en la reflexión crítica(15)Esta sola reflexión abre un debate amplísimo, que supera por mucho este artículo, pero es necesario su abordaje para completar una verdadera crítica a la implementación de la lógica empresarial en una educación pública en crisis.
1. “Declaración de Purmamarca”, en Resoluciones del Consejo Federal de Educación, disponible en www.me.gov.ar. Vale aclarar que es el 5,3 % del PBI lo que gasta el Estado nacional en educación, no llega al 6 % como plantea la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo.
2. Bruns, B y Luque, J. Profesores Excelentes. Como mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Washington, DC, Banco Mundial, 2014.
3. “La educación como una cuestión de clase. Entrevista a Peter McLaren”, disponible en iberoamericasocial.com, enero 2014.
4. “Declaración de Purmamarca”, ob. cit.
5. Arancibia, M. “Davos: empezó la entrega macrista al capital”, La Izquierda Diario, 21/01/2016.
6. “España, a la cola de la OCDE en eficiencia educativa por su número de docentes”. La Vanguardia, 05/09/2014.
7. Puy, F. y Navarro Palacios, A. “CABA: polémica sesión contra la educación pública”. La Izquierda Diario, 03/12/2015.
8. “Los desafíos educativos del próximo gobierno”, La Nación, 15/10/2015.
9. Bruns, B y Luque, J. op. Cit.
10. Hernández Navarro, L. “Las mentiras sobre la reforma educativa”. La Jornada, 15/01/2013.
11. Santos Ramírez, L. “Evaluación Sonora”. La Jornada, 17/11/2015.
12. Parra, E. “Las evaluaciones punitivas en el Distrito Federal”. La Izquierda Diario México, 25/06/2015.
13. Puy, F. “¿Vuelven los planes del Banco Mundial para educación o nunca se fueron?” IdZ, diciembre 2015.
14. “Mendoza: ‘ítem aula’, persecución y ataque a los derechos de la docencia”, La Izquierda Diario, 24/02/2016.
15. “La educación como una cuestión de clase. Entrevista a Peter McLaren”, ob. cit.
*Congresales UTE-CTERA
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