Autoras/es: Federico Puy* y Hernán Cortiñas*
Ilustración: Anahí Rivera
A principios de 2016, se realizó en Jujuy el Consejo Federal de Educación, presidido por el ministro Esteban Bullrich, que reúne a los ministros de educación provinciales y tres representantes del Consejo de Universidades, para discutir las perspectivas generales para educación. Entre otras cuestiones, el documento confirmó cierta continuidad con las políticas educativas del kirchnerismo al afirmar la “unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años y afianzar las bases de una revolución educativa cuyo vértice es la escuela, donde se gesta el futuro del futuro”. A su vez, proponía “promover la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado, acorde a lo establecido por las leyes nacionales vigentes”, pero sin aumentar el presupuesto del sector, que se limitaría a “sostener la inversión en educación establecida en el 6 % del PBI”(1).
Mejorar los resultados sin aumentar la inversión implica, pensando la educación desde un punto de vista de mercado, aumentar la “productividad” de docentes y estudiantes. Con este objetivo, el documento firmado plantea la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa a fin de “promover procesos de evaluaciones anuales en la escuela primaria y secundaria para obtener diagnósticos precisos”.
En ese sentido, el 4 de abril, en el mismo momento en que los docentes protagonizaban un gran paro nacional, el Ministerio de Educación creó por decreto la Secretaría de Evaluación Educativa. Toda una provocación.
(Fecha original del artículo: Mayo 2016)
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