Pena de muerte en la provincia de Buenos Aires

Autoras/es: Esteban Rodríguez Alzueta*

La pena de muerte está vigente en la provincia de Buenos Aires y se llama “muerte en enfrentamiento”. En cinco meses, lo que lleva la Emergencia en Seguridad en la provincia (Decreto 220/14), ya son 85 los supuestos "abatidos".

Decimos “supuestos” porque los muertos en manos de la Bonaerense nunca podrán probar su inocencia. Y ponemos “abatidos” entre comillas, porque fue la misma categoría que usaron los militares para nombrar los fusilamientos durante la última dictadura. Nada es casual, hace tiempo que el gobernador y su séquito, viene coqueteando con la “guerra de policía”, contribuyendo a militarizar la seguridad. Y está visto que ya no se trata de pirotecnia verbal sino de puntería efectiva.

(Fecha original del artículo: Agosto 2014)

Si la clase dirigente tenía un problema con la Bonaerense, ahora tiene dos o por lo menos uno más grande. Lo digo porque en menos de dos años se ha duplicado el número de efectivos de policías en la provincia. De hecho, lo primero que dijo Alejandro Granados cuando llegó al Ministerio de Seguridad fue manifestar que una de las prioridades de su gestión era alcanzar los cien mil efectivos. Es cierto, la policía de la provincia es una de las fuerzas de seguridad con menos efectivos. Si Córdoba tiene 880 (equivalente 27 mil efectivos) y Santa Fe 600 (equivalente a 18 efectivos), la provincia de Buenos Aires tiene la mitad, es decir, 433 cada cien mil habitantes. Y lo está logrando: en el 2013 se inscribieron en la Vucetich alrededor de 10 mil jóvenes, y este año, en lo que fue una inscripción histórica, se anotaron 26 mil. Si a eso le sumamos los 6 mil nuevos inscriptos a la nueva Policía de Prevención Local y le agregamos los miles de efectivos integrantes de las patrullas municipales que se sumarán a este flamante cuerpo, entonces nos damos cuenta que Granados está a punto de alcanzar su meta.

Si el encarcelamiento en la provincia es consecuencia del acrecimiento de la policía es de esperar que el aumento exponencial de policías se traduzca en un acrecentamiento de la tasa de encarcelamiento. En otras palabras: aumenta la población prisonizada no porque haya aumentado el delito (de hecho se mantiene relativamente estable), sino porque hay más policías en la calle, más patrulleros, más policías deteniendo sistemáticamente por averiguación de identidad, más retenes, más rastrillajes, más allanamientos, más operativos. Además, en un contexto inflacionario, cuando empiezan otra vez las suspensiones en las fábricas y la construcción, es de suponer –y ya se está viendo- que la conflictividad social se traducirá en una mayor presión punitiva. Prueba de ello es la resolución (N°642/14) firmada por Granados, habilitando el alojamiento “transitorio” de los detenidos en calabozos de las Comisarías de la Provincia, hasta tanto se construyan nuevas cárceles y alcaidías. Según la Comisión por la Memoria, y a partir de datos tomados del Registro Único de Detenidos de la Provincia de Buenos Aires (RUD), en diciembre de 2003 existían en la Provincia de Buenos Aires (y sólo en el fuero de adultos), 29.928 personas detenidas sin concesión de arresto o prisión domiciliaria. En la actualidad hay 33.166 personas detenidas en esos términos, lo que implica un incremento del 10,8%, representando, en consecuencia, un aumento porcentual en lo que va del año superior al detectado durante la totalidad de 2013. Por su parte las detenciones en comisarías aumentaron también un 13% sólo en el período que abarca desde diciembre a abril, cuando se declaró la Emergencia en Seguridad. Para Scioli no debería hablarse de “sobrepoblación”, toda vez que el sistema penitenciario abrió 9 mil nuevas plazas en las distintas unidades. Pero en rigor, el hacinamiento y las condiciones deplorables van a empeorar. Porque como denunció la abogada del CELS, Paula Litvachtky, en el espacio Bicameral de Derechos Humanos inaugurado la semana pasada en la Legislatura provincial -una iniciativa de la senadora Mónica Macha (Nuevo Encuentro) y la diputada Fernanda Raverta (FPV)-, lo que en realidad hizo el Ministerio de Justicia fue “tirar más colchones en cada unidad”, y donde antes cabían 100 ahora tienen que entrar 130 personas. Pero repasemos los números que festeja Scioli, el nuevo parte de guerra: hubo 394 enfrentamientos policiales en los que se registraron 137 delincuentes heridos y 85 abatidos. La Bonaerense participó en 285 hechos en los que fueron detenidos 485 personas, incautándose 270 motocicletas y 133 armas. Se realizaron 43.067 procedimientos policiales; hubo 30.799 delitos esclarecidos; 38.926 personas fueron puestas a disposición de la Justicia; se secuestraron más de 20.000 vehículos, casi 4.000 armas y más de 44 mil municiones. Otros datos que destacan las estadísticas de la emergencia es que desde agosto se produjeron 41 homicidios en ocasión de robos, 15 casos menos que el mismo período del año pasado. En cuanto a la modalidad de robo denominada “motochorrro”. Las consecuencias del impacto punitivo son inmediatas: Más policías es más cárcel. Cuando hay que desplazar lo social por lo policial, la seguridad se convierte en la vidriera de la política. Cuando Scioli, precandidato a Presidente, no tiene números exitosos para mostrar en materia de salud, desarrollo social y educación, puede no obstante dar cuenta de la “efectividad policial”. Allí se mueve como pez en el agua. Cuando el “miedo al delito” se convierte en la preocupación de los bonaerenses, los candidatos prometen más policías a cambio de votos. Parafraseando a Galtieri podemos imaginar a Scioli diciendo “estamos ganando!” y lo imaginamos al Ministro levantando el pulgar; por eso se lo suele escuchar repitiendo: “La policía bonaerense ha subido los brazos y está trabajando con todo”.

*Docente e investigador de la UNQ. Autor de “Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno” (Futuro Anterior, 2014). Miembro de la Campaña Contra la Violencia Institucional.